Jorge Pinto Quintana y Otros.

Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
12/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Jorge Pinto Quintana y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, once de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de dos de marzo de dos mil veintidós, en el C.C.A. 3/2022, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de esta Ciudad y este juzgado, ejecutoria en la que se determinó: "PRIMERO. Se declara legalmente competente para conocer del presente asunto al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO. Hágase del conocimiento de esta resolución al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.". Acúsese, recibo de estilo correspondiente. Entonces, nada habiendo que cumplimentar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, inclúyase a este expediente el oficio y testimonio de referencia y archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese la intervención del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Atento a su contenido, se advierte que se encuentra dirigida al Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; por tanto, previa copia simple se deje en autos, remítase a la autoridad correspondiente, para sus efectos legales. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de esta ciudad, el cual registró bajo el número C.C.A. 3/2022; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En otro aspecto, intégrese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, a través del cual remite el diverso del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, atento a su contenido, se toma conocimiento de la determinación dictada dentro de los autos del juicio de amparo 1511/2021, de índice. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, comunica los proveídos de diecisiete de noviembre y veinte de diciembre último, a través de los cuales declina competencia en favor de este juzgado para conocer del juicio de amparo número 1511/2021, de su índice, promovido en por ********, a favor de *********, ********* Y *********, contra actos del Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades; al respecto, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número 12/2022-IV. ACÚSESE RECIBO DE ESTILO. En atención al contenido del oficio de referencia y de un estudio íntegro de las constancias remitidas, el suscrito juzgador no acepta la competencia declinada para conocer del presente asunto, en atención las consideraciones siguientes. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Ahora, el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 56. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo (.).". Por su parte, el diverso 57 del mismo ordenamiento legal, dispone: "Artículo 57. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. (.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente.". (Lo destacado es nuestro) Lo que se traduce en que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa conocerán entre otros, de las controversias surgidas con motivo de la aplicación de las leyes federales, al decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. Ahora, de la demanda se desprende que, entre otros, de la lectura integral de demanda, se advierte que los actos destacados consisten en el alojamiento, negativa de reconocer su condición de refugiados, entre otros. En este punto, a efecto de establecer la naturaleza del acto reclamados, es oportuno tener en cuenta que los artículos 11, párrafo primero y 33, párrafo segundo, de la Constitución, los cuales establecen el derecho de libertad de tránsito, por virtud del cual toda persona puede entrar, salir, cambiar de residencia o viajar en territorio nacional sin necesidad del permiso de la autoridad. Solo las autoridades judiciales, por causas de responsabilidad civil o penal, o bien, las autoridades administrativas, con base en las políticas estatales de emigración, inmigración o salubridad general podrán limitar tal prerrogativa e impedir que una o más personas la ejerzan. La salvedad contenida en el artículo 33 se refiere a la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal para restringir este derecho y expulsar, previa audiencia, a extranjeros perniciosos. El Instituto Nacional de Migración, como órgano desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, están facultados para ejecutar, controlar y supervisar los actos realizados por las autoridades migratorias e instrumentar las políticas de la materia. Concretamente, le corresponde, entre otras atribuciones, resolver sobre la legalidad de la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, ordenar su retorno asistido o deportación, y presentar en las estaciones migratorias o lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de la ley de la materia. Si con motivo de la revisión migratoria se obtiene que el extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación regular en el país, debe ser puesto a disposición del instituto, quien substanciara´ el procedimiento de carácter administrativo que se integra por las etapas de presentación, alojamiento, retorno asistido y deportación de extranjeros, según corresponda. Tales medidas son consideradas como de orden público y les resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ahora, la presentación es la medida dictada por el instituto, con base en la que se detiene al extranjero en los casos en que no tenga acreditada su estancia legal en el país y se le otorga alojamiento temporal a fin de que regularice esa situación, o bien, abandone voluntariamente el territorio nacional. El instituto debe resolver la situación migratoria del extranjero, por regla general, en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de su presentación; sin embargo, puede exceder dicho plazo cuando se actualicen los supuestos que se establecen en el artículo 111 de la ley de la materia, en que se tendrá´ como limite el de sesenta dilas hábiles, salvo que se hubiera interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se combatan aspectos inherentes a su situación migratoria en territorio nacional, o se haya promovido juicio de amparo en que se prohíba expresamente su traslado o el abandono del país. En dicho supuesto, deberá´ permanecer en la estación migratoria. De lo expuesto se desprende que los tramites llevados a cabo ante el Instituto Nacional de Migración por nacionales y extranjeros, respecto de su ingreso, egreso o permanencia en el país, y las resoluciones que dicha autoridad emita al respecto, son de carácter administrativo, pues versan sobre el derecho de libre tránsito de las personas y la ejecución de las políticas migratorias estatales. El acto aquí reclamado, entre otros, consistente en el alojamiento emitido por la misma autoridad en el marco de los aspectos migratorios. Tal medida deriva de la aplicación de las disposiciones administrativas respectivas, que establecen los requisitos y condiciones que deben satisfacer los migrantes. En consecuencia, dicho acto es materialmente administrativo, no penal, pues las disposiciones migratorias que le dan sustento legal solo tienen el propósito de regular el tránsito de personas desde y hacia México, a efecto de preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que pretendan ingresar al país. En este contexto, atendiendo a la naturaleza de diversos actos reclamados, los cuales pueden analizarse a la luz de la materia que los rige -administrativa-. Por el tema que aborda, merece invocarse la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la foja 2889, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, junio de 2016, Tomo IV, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL QUEJOSO ES EXTRANJERO Y RECLAMA QUE FUE RECHAZADO SU INGRESO AL PAÍS POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA Y QUE SUFRIÓ ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, AL SER EL PRIMERO UN ACTO QUE PUEDE ESTUDIARSE INDEPENDIENTE A LA LUZ DE LA MATERIA QUE LO RIGE, PUEDE DIVIDIRSE AQUÉLLA SIN AFECTAR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA, PARA QUE SU CONSTITUCIONALIDAD SEA ANALIZADA POR UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE QUE UNO EN MATERIA PENAL CONOZCA RESPECTO DE LOS DEMÁS ACTOS RECLAMADOS. El Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola un todo. Esta interpretación obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encontraban fuertemente ligados entre sí; sin embargo, cuando el citado libelo contenga actos aislados o independientes que puedan examinarse de manera autónoma, no opera esa regla y sí es factible que su análisis se efectúe separadamente, máxime si éstos son de diversas materias en las que, por especialización, deben conocer juzgadores con la competencia en la rama de que se trate. En ese sentido, si el quejoso es extranjero y en su demanda de amparo indirecto reclama que fue rechazado su ingreso al país por la autoridad migratoria y que sufrió actos de incomunicación, detención y/o privación de su libertad, de acuerdo con el artículo 78, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Migración, aquél jurídicamente se encuentra fuera del territorio nacional, lo cual implica que no pueda considerarse que en virtud de ello esté incomunicado, detenido y menos aún privado de su libertad; por tanto, el mencionado rechazo, al ser un acto que puede estudiarse independiente a la luz de la materia que lo rige (administrativa), puede dividirse la demanda sin afectar la continencia de la causa, para el efecto de que la constitucionalidad de ese acto, sea analizada por un Juez de Distrito de dicha especialidad; sin perjuicio de que uno en materia penal conozca respecto de los demás actos de incomunicación, detención y privación de la libertad.". Finalmente, para el caso de que la autoridad oficiante insista en declinar competencia, deberá dividir la continencia de la causa, a efecto de que este juzgado esté en aptitud de pronunciarse en torno a los actos reclamados de naturaleza penal. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvase el expediente original y anexo a su lugar de origen; solicitando atentamente acuse de recibo. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de plano, toda vez que el juez declinante se pronunció al respecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Cúmplase.

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