Jorge Pino Quintana

Expediente 961/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
961/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Jorge Pino Quintana

Actuaciones

  1. Principal

    mesa"1"Ciudad de México; diez de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio ---, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo del diverso con el que este órgano jurisdiccional remitió el juicio de amparo en que se actúa y un anexo, para substanciar el conflicto competencial planteado; el cual se admitió a trámite y quedó radicado bajo el número 3/2022; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "1" "...Lo anterior, debido a que no afectan la libertad personal del peticionario de derechos fundamentales, pues los mismos constituyen actos y omisiones derivados de un procedimiento migratorio de naturaleza meramente administrativa y se conforman por medidas administrativas previstas en la Ley de Migración. Asimismo, no debe perderse de vista que en este órgano de control constitucional, se encuentra radicado el juicio de amparo 822/2021, controvertido en el que se analizará la constitucionalidad y legalidad de los actos afectan la libertad personal del peticionario de derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, debe destacarse que de la lectura del ocurso génesis del presente juicio, no se desprende que la parte quejosa haya reclamado actos a los que se refiere el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Motivo por el cual, al insistir que los actos reclamados no contienen una interpretación de normas operables en materia penal, ni su naturaleza jurídica se traduce en una afectación a la libertad personal del impetrante, se insiste en que la competencia legal por razón de materia, se surte a favor del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Por lo anteriormente expuesto, con apoyo en lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno, para que proceda a resolver lo conducente respecto de la contienda de competencia suscitada. Asimismo, remítase copia certificada del juicio de amparo 822/2021 a efecto de que el Tribunal de Alzada cuente con mayores elementos para proveer al respecto. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, glósense al presente cuaderno las últimas actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes y solicítese de la manera más atenta al tribunal correspondiente, el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.---

  3. Principal

    MESA "1" En la Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 24679/2021 mediante el cual se ordenó al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, turnara a este juzgado federal el escrito de ampliación de demanda hecho valer por ---------------------------- autorizado del quejoso -----------------------------, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Aspectos Generales - Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 961/2021-1. - Genérese el expediente electrónico e impreso. - Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete y hágase de su conocimiento que se le autoriza la consulta del expediente electrónico. Se pide suspensión de plano y oficio, pero no procede por las siguientes consideraciones No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito de demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Consideración previa En ese sentido, y vista la certificación de cuenta, es dable precisar que los actos reclamados en esta instancia constitucional son los siguientes: ". 1. ------------------------------------------------------------------------- En ese orden de ideas, puntualizando los actos que pretende combatir la parte quejosa, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados por razón de materia, de conformidad con las siguientes consideraciones. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. En razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Por tanto, la competencia obedece a razones de distribución de esa tarea del juzgamiento entre los diversos organismos judiciales, por lo que la misma se delimita no sólo por los aspectos de grado y territorio, sino también por la materia del asunto. Así, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de distrito, entre las que destacan: a) Competencia por territorio. b) Competencia por materia. c) Competencia por grado; y d) Competencia auxiliar. Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. De lo anterior, se destaca conforme a lo establecido por el artículo 56 de dicha legislación, la competencia de un juzgado de amparo en materia penal, se surte para conocer de los asuntos que se promuevan en los siguientes casos: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el numeral 57 de la ley invocada, dispone que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de una autoridad distinta a la judicial. ". I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Pues bien, de la interpretación de la primera de las disposiciones transcritas, se aprecia como regla general, la competencia de los jueces de Distrito en Materia Penal, para conocer de los actos de autoridad que impliquen una afectación a la libertad personal del gobernado, así como, de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, excepción hecha de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Asimismo contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. También es oportuno señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver conflictos competenciales por razón de la materia, ha sostenido criterio respecto a que debe atenderse a la naturaleza intrínseca de los actos combatidos, para así delimitar aquellos casos en que se susciten conflicto entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización. Con base en lo anterior, se deduce que los actos que reclama la parte quejosa, así como las potestades a quienes se los atribuye son meramente administrativos. Efectivamente, a través del ocurso de cuenta se reclaman los siguientes actos jurídicos: 1. La recepción del quejoso y autorización de acuerdo de presentación, misma que tuvo como consecuencia su prolongación de privación de libertad en la estación migratoria de la ciudad de México. 2. La emisión del acuerdo de presentación en la Estación Migratoria de la Ciudad de México y apertura ilegal de procedimiento administrativo migratorio en perjuicio del quejoso pese a ser identificado previamente como solicitante de asilo en el aeropuerto. 3. La omisión de la obligación de garantizar el contacto del quejoso con la COMAR para efectos de formalizar su solicitud de asilo. 4. La omisión de la obligación de garantizar el contacto del quejoso con sus asesores jurídicos hasta el día de hoy. 5. La omisión de la obligación de poner en libertad al quejoso para que lleve proceso desde un domicilio cercano a la estación migratoria. 6. La omisión de una alerta migratoria "restrictiva", en ausencia de garantías de debido proceso, incluyendo la ausencia de notificación y de derecho de audiencia. 7. La discusión, aprobación y emisión de los artículos 99, 100, 101, mismos que regulan la presentación de extranjeros en estaciones migratorias. En esa tesitura, es menester precisar que un acto administrativo se define como la declaración unilateral de voluntad, concreta y ejecutiva de la administración pública que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica y su finalidad es la de satisfacer el interés general, basado en una relación de supra a subordinación. De ahí que sus elementos son: 1. Sujeto. Órgano del Estado competente que se manifiesta a través de su titular, el servidor público; 2. Voluntad. Facultad interna por la que el servidor público se mueve a realizar o no un acto administrativo; 3. Objeto. Materia del acto, debe ser determinado o determinable, posible y lícito, preciso en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar previsto por la ley; 4. Motivo. Es el antecedente que provoca la adecuación a un caso concreto al supuesto de la ley; 5. Fin. La autoridad sólo debe perseguir los fines del interés general o el bien común; y, 6. Forma. Son las manifestaciones materiales u objetivas en que se plasma el acto. Son las solemnidades necesarias de todo mandamiento de autoridad competente. Establecido lo anterior y con base en los antecedentes narrados, este Juzgado de Distrito estima, en principio, que los actos reclamados se encuentran relacionados con un procedimiento migratorio de naturaleza meramente administrativa, ya que del análisis de las constancias de autos se desprende que los actos que reclamó la parte quejosa se tratan de medidas administrativas previstas en la Ley de Migración. Aunado a lo anterior, debe destacarse que de la lectura de la demanda de amparo no se desprende que las quejosas hayan reclamado actos a los que se refiere el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Bajo ese panorama, tratándose de actos de autoridad distintos del ministerial o judicial penal debe conocer un juez de Distrito en Materia Administrativa en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior se considera que no pueden considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba seguir en el conocimiento y resolución del juicio, dado que no encuadran en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que, se insiste,no se trata de acciones que sustituyan a las que se confieren expresamente en los distintos ordenamientos al Ministerio Público para integrar la averiguación previa o carpeta de investigación correspondiente; tampoco deriva de una indagatoria, ni fueron dictados por una autoridad judicial de orden penal. En ese sentido, al no contener los actos reclamados una interpretación de normas operables en materia penal, este órgano de control constitucional considera carecer de competencia para conocer del asunto por cuestión de materia, por lo que se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, puesto que, en términos del artículo 56, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se vio, tanto los actos combatidos como las autoridades responsables que los emitieron, revisten tal naturaleza. En relatadas condiciones, con fundamento en lo previsto en el ordinal 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo; motivo por el que, previa copia certificada que se obtenga de las constancias pertinentes para conocer la historia procesal de este asunto, deberá remitirse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que por su conducto se turne al juzgado que corresponda, a cuyo titular se solicita atentamente acuse recibo del mismo y comunique si acepta o no la competencia declinada. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con el usuario alinebecerril; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales....Notifíquese.....

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