Jorge Perez Melchor

Expediente 365/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
365/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Perez Melchor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. I. Causado estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. II. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que se negó el amparo, no es de relevancia documental, y es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó y se concedió la medida cautelar definitiva, se decreta que es conservable y susceptible de ser transferido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso b), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Devolución de documentos. En otro orden, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en complemento al informe justificado, se ordena devolver a la autoridad responsable Karla Ivonne Munguía Olmos, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en Tepeaca, la documental siguiente: ( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la causa penal 21/2023/TEPEACA, con la cual se formó el cuaderno auxiliar I de pruebas del presente juicio. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad responsable se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que, dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con las constancias que se anexan. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista al quejoso Jorge Pérez Melchor y al tercero interesado José Deibi Barrientos Salazar, por conducto de su defensor particular José Noé Martínez López; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  2. Principal

    PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA, POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR PARTICULAR JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ LÓPEZ, LA SENTENCIA DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: R E S U E L V E:********************Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ********************, respecto a la resolución dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, en donde la jueza de control responsable declaró infundado e inoperante el recurso de revocación que el quejoso interpuso, por propio derecho y en su carácter de Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en contra de la diversa determinación seis de marzo de la misma anualidad; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia.********************Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo.********************Notifíquese por lista al quejoso ********************; personalmente al tercero interesado ********************, por conducto de su defensor particular ********************; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a la autoridad foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 365/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************; y,********************R E S U L T A N D O********************Primero. Demanda de amparo. ********************Por escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, turnado el mismo día al Juzgado Cuarto de Distrito en esas materias, ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra una resolución dictada por ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en Tepeaca.********************El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Segundo. Incompetencia.********************Mediante determinación dictada el cuatro de abril del año en curso, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 619/2013; asimismo, se declaró incompetente para conocer de la misma por razón de materia, al considerar que correspondía a la materia de amparo penal y, por ende, ordenó la remisión de los autos a la entonces denominada Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.********************Tercero. Auto de radicación en este Juzgado, aceptación de competencia y admisión.********************Por acuerdo dictado el doce de abril de la presente anualidad, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 365/2023; asimismo, aceptó la competencia planteada, admitió a trámite el asunto -con incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.********************Cuarto. Parte tercera interesada.********************En términos del artículo 5, fracción III, incisa a), de la ley de la materia, se tuvo y se emplazó con el carácter de tercero interesado a ******************** -imputado de origen-, por conducto de su defensor particular ********************.********************Quinto. Ampliación de competencia y cambio de denominación de este órgano jurisdiccional.********************En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula.********************Sexto. Cita para audiencia.********************En proveído de cuatro de mayo del actual, se fijaron las diez horas con doce minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y,********************C O N S I D E R A N D O********************Primero. Competencia. ********************Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues el acto reclamado se atribuye a una autoridad de esa materia (penal), cuya emisión tuvo lugar en la residencia donde se ejerce su jurisdicción.****************************************Segundo. Precisión de los actos reclamados. ********************Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.********************Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso ******************** reclama lo siguiente:********************( La resolución dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, en donde la jueza de control responsable declaró infundado e inoperante el recurso de revocación que interpuso, por propio derecho y en su carácter de Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en contra de la diversa determinación seis de marzo de la misma anualidad; por la que, entre otras cuestiones: i) se impuso al recurrente una multa por la cantidad de $10,374.00 pesos, equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de la infracción ($103.74); y, ii) se reservó el trámite del recurso de apelación intentado contra la resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se calificó de ilegal el traslado del imputado ******************** del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla al diverso de Tepexi de Rodríguez, Puebla.********************Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. ********************Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto.********************Ahora bien, el quejoso atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente:********************No. Orden********************Autoridad responsable********************Sentido del informe justificado********************Fojas****************************************1****************************************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en Tepeaca.********************Acepta.********************91 y 92.****************************************Tabla única.********************La citada autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado.********************Certeza que se corrobora con la documental que se remitió en apoyo al informe justificado, consistente en la copia certificada de diversos registros que obran dentro de la causa penal ********************, la cual, por tratarse de una documental pública, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.********************En tal virtud, se tiene por cierto el acto reclamado en la presente instancia constitucional.********************Cuarto. Ponderaciones previas.********************I. Jurisprudencias y criterios aplicados. ********************Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente.********************II. Normas aplicables. ********************La causa penal de la que deriva la resolución reclamada, se tramita conforme al sistema de justicia penal acusatorio, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este sistema.********************En consecuencia, para verificar su constitucionalidad se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales y, en su caso, en la Ley Nacional de Ejecución Penal.********************III. Principio de estricto derecho o su excepción (suplencia de la queja). ********************En el presente asunto, rige el principio de estricto derecho y no opera la suplencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no tiene el carácter de imputado, procesado o sentenciado en el procedimiento penal de origen ni se desprende que se ubique en alguno de los demás supuestos que indica dicho numeral.********************Quinto. Oportunidad de la presentación de la demanda. ********************Este órgano de control constitucional advierte que la promoción de la demanda de amparo es oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo.********************Se explica.********************En primer lugar, debe decirse que, dada la naturaleza jurídica de la resolución reclamada, esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento judicial, se sigue que la acción de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el citado precepto legal; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo.********************Así, la resolución reclamada, dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés dentro de la causa penal de origen, se notificó personalmente -por correo electrónico- al quejoso el veintitrés de marzo del mismo año, por conducto de la cuenta de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; por lo que esa notificación surtió efectos el mismo día, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 87 -puesto que de la constancia respectiva se advierte la confirmación de recepción del correo electrónico- y 94 del ordenamiento legal en cita; todos aplicados supletoriamente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, por disposición expresa de su artículo 8.********************Lo anterior, es acorde con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 6/2023.********************De modo que, el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio transcurrió del veinticuatro de marzo al dieciocho de abril de dos mil veintitrés, previo descuento de los siguientes días:********************i) Veinticinco y veintiséis de marzo, así como uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de abril, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y,********************ii) Cinco, seis y siete de abril, por haber sido declarados días no laborables con motivo de la Semana Santa, como se comunicó mediante circular 12/2023 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el tres de abril de dos mil veintitrés de forma física ante la Oficina Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción es oportuna.********************Sexto. Procedencia del amparo indirecto. ********************Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que este juzgador advierta que se actualice alguna de las hipótesis contenidas en los artículos 107 y 61 de la Ley de Amparo, luego, el juicio de derechos fundamentales resulta procedente y debe analizarse la resolución reclamada, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por el quejoso.********************Séptimo. Antecedentes.********************Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar algunos de los antecedentes relacionados con el quejoso, que derivan del informe justificado y de las probanzas ofrecidas por las partes, y que son los siguientes:********************1. En audiencia inicial celebrada el quince de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, entre otras cuestiones, vinculó a proceso a los imputados ******************** y ********************, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de: i) portación de arma de fuego sin licencia y cartuchos; ii) contra la salud en su modalidad de posesión del narcótico denominado metanfetamina con fines de suministro; y, iii) cohecho. Asimismo, una vez resuelta su situación jurídica, se declaró incompetente, por razón de fuero, por cuanto al primero delito mencionado y, por razón de territorio, respecto al resto de los delitos.********************2. En determinación de uno de marzo de dos mil veintitrés, ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en Tepeaca, realizó los siguientes actos: i) radicó la causa penal ******************** por la incompetencia por territorio; ii) aceptó dicha competencia; y, iii) calificó de ilegal el traslado del imputado ******************** del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla al diverso de Tepexi de Rodríguez, Puebla, además, requirió, entre otras autoridades, al Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla para que en el plazo de seis horas, computado legalmente, efectuara el traslado del citado imputado del segundo centro penitenciario referido al primer mencionado, con el apercibimiento de no hacerlo, se le impondría una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización.********************3. En acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, la citada jueza control, entre otros asuntos: i) impuso al aludido subsecretario una multa por la cantidad de $10,374.00 pesos, equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de la infracción ($103.74), por considerar que no dio cumplimiento al requerimiento formulado en determinación de uno de marzo de este año; y, ii) reservó el trámite del recurso de apelación intentado por el subsecretario multado contra esa resolución.********************4. En auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, entre otros aspectos, la jueza de control dio trámite al recurso de apelación antes citado, al verificar que se dio cumplimiento al regreso del imputado ******************** al Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla; de igual forma, dio trámite al recurso de revocación interpuesto por el quejoso ********************, por propio derecho y en su carácter de Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en contra del acuerdo de seis de marzo antes descrito.********************5. En resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, la jueza de control resolvió el recurso de revocación, declarándolo infundado e inoperante -acto reclamado-.****************************************Octavo. Estudio del asunto. ********************El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello.********************Primero, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.********************El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad.********************Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior.********************Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental del quejoso, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia.********************Por otra parte, cabe hacer la aclaración que si bien, como se adelantó, el suscrito no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado.********************Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención del promovente, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones.********************En ese tenor, son inoperantes los conceptos de violación formulados, porque no combaten las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, sin que en el caso, como se adelantó en el considerando cuarto de esta sentencia, proceda la suplencia en la deficiencia o ausencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no tiene el carácter de imputado, procesado o sentenciado en el procedimiento penal de origen ni se desprende que se ubique en alguno de los demás supuestos que indica dicho numeral.********************Se explica.********************Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo.********************Asimismo, que si el quejoso, sustancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, y además no existe violación manifiesta de la ley que le hubiera dejado en estado de indefensión, que ameritara suplir la deficiencia de la queja, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo ni resultan manifiestamente violatorios de la ley, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama.********************En el particular, el quejoso ******************** reclama la resolución dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, en donde la jueza de control declaró infundado e inoperante el recurso de revocación que aquél interpuso, por propio derecho y en su carácter de Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en contra de la diversa determinación seis de marzo de la misma anualidad; por la que, entre otras cuestiones: ********************i) Se le impuso una multa por la cantidad de $10,374.00 pesos, equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de la infracción ($103.74), al no cumplir con el requerimiento que se le efectuó en determinación de uno de marzo de este año, en el sentido de regresar al imputado ******************** al Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla; y,********************ii) Se reservó el trámite del recurso de apelación intentado contra la resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se calificó de ilegal el traslado del imputado ******************** del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla al diverso de Tepexi de Rodríguez, Puebla.********************Ahora bien, para explicar lo inoperante de los motivos de disenso, primero deben exponerse los fundamentos y consideraciones de la resolución reclamada:********************A. La jueza de control señaló que el recurso de revocación no se ajustaba al fundamento legal correspondiente, pues refirió que el recurrente -el quejoso- citó los artículos 456, 457, 458, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pasando por alto, señaló, el contenido del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, siendo que dicho código, afirmó, no era supletorio a la citada ley nacional.********************B. En relación con el agravio en el que el recurrente se dolía de la reserva o suspensión del trámite del recurso de apelación interpuesto contra la determinación que calificó de ilegal el traslado del imputado ******************** del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla al diverso de Tepexi de Rodríguez, Puebla, la jueza de control reconoció que si bien había reservado el trámite de ese medio de impugnación, ello se debía a que en ese momento procesal no se tenía conocimiento del paradero de dicho imputado, por lo que, indicó, resultaba necesario el informe respectivo del centro penitenciario en el que se encontraba interno, a fin de salvaguardar sus derechos y poder notificarle la interposición del recurso.********************C. Por cuanto a la multa impuesta, la jueza de control señaló que la misma obedeció a que el recurrente no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, consistente en realizar el traslado del imputado de referencia del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla al de la ciudad de Puebla, dentro del término "razonable" que se concedió para tal efecto; aunado a que, precisó, no informó en ese plazo lo relativo a esa orden y/o alguna imposibilidad para realizar el traslado; es decir, el recurrente no justificó el incumplimiento a su mandato.********************Luego, el quejoso, en su demanda de amparo, formuló los siguientes conceptos de violación:********************( Refiere que la jueza de control dejó de lado la existencia real de actos y omisiones que le son atribuibles, como el hecho de que, para el traslado ordenado por ella, no es posible analizarlo sin antes establecer de manera concienzuda y meticulosa un operativo adecuado para cada caso específico.********************( Señala que tanto el término de seis horas, concedido en determinación de uno de marzo, como el de una hora otorgado en auto de seis de marzo del mismo año, resultan por demás insuficientes para llevar a cabo el traslado del imputado del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla al diverso de la ciudad de Puebla; ello, debido a las acciones que el caso particular ameritaba, derivado del perfil criminológico de aquél -el cual reproduce en su demanda- y con el fin de proteger el orden público -del cual brinda una definición en su demanda- y el interés de la sociedad en general.********************( Indica que, a pesar de lo anterior, se realizó de manera oportuna el traslado ordenado por la jueza de control.********************( Afirma que no existió apercibimiento alguno en caso de incumplimiento al mandato judicial por parte de la jueza de control.********************( Indica que no se encuentra dentro del marco jurídico condicionar el trámite del recurso de apelación al traslado del imputado ******************** del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla al diverso de la ciudad de Puebla.********************( Señala que la multa impuesta es excesiva e incongruente, al no haberse lesionado algún bien jurídico o derecho humano.********************( Refiere que la jueza de control no lo previno acerca de la posibilidad de informar oportunamente la existencia de algún impedimento para realizar el traslado requerido y no tomó en consideración que los traslados son realizados por la Dirección de Supervisión de Centros Penitenciarios, la cual, tiene debidamente organizadas y calendarizadas diversas actividades, tales como traslados, operativos de revisión, simulacros de motín en los Centros Penitenciarios en el Estado de Puebla, como los ubicados en Puebla, Tepexi de Rodríguez, Ciudad Serdán, Tehuacán, entre otros; lo cual, -aduce- impide acatar de manera inmediata los requerimientos de las autoridades judiciales, debido a que se debe programar con anticipación la logística que conlleva a trasladar a una persona privada de su libertad, en especial las medidas de seguridad; de modo que -dice- no existió una negativa de su parte para realizar el traslado encomendado por la jueza responsable y que el plazo de seis horas concedido resulta insuficiente para tal fin.********************( Afirma que la jueza de control no realizó un juicio de valor para emitir la multa, es decir, dejando de lado la apariencia del buen derecho y el principio de equidad.********************( Sostiene que la orden de traslado, no se dictó de manera fundada y motivada por la jueza de control.********************( Concluye en que la jueza de control en ningún momento le dio oportunidad de manifestar la causa o los motivos por los cuales no procedió de manera inmediata a realizar el traslado ordenado, dejándolo en estado de indefensión, además de que en su oportunidad se realizó el traslado respectivo.********************Como se aprecia, los motivos de disenso no cuestionan ni combaten, de forma frontal ni eficaz, los tres argumentos por los que la jueza de control declaró infundado e inoperante el recurso de revocación, a saber: i) el fundamento equivocado al interponer el recurso de revocación, al no ser supletorio el Código Nacional de Procedimientos Penales a la Ley Nacional de Ejecución Penal; ii) la justificación de la reserva al trámite del recurso de apelación, basada en salvaguardar los derechos del imputado; y, iii) el incumplimiento o la falta de justificación del mismo al requerimiento de traslado dentro del plazo de seis horas concedido.********************En efecto, el quejoso no explica en su demanda de amparo el porqué, en su caso, el referido código nacional sí es aplicable, de forma supletoria, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, ni cómo esa consideración de la jueza de control, sobre el fundamento equivocado, evitó que el recurso de revocación se declarara fundado; lo cual, cobra especial relevancia por el hecho de que la jueza de control, a pesar de ese "fundamento erróneo", entró al estudio del fondo del recurso y no lo declaró improcedente.********************Por otro lado, en relación con la reserva del trámite del recurso de apelación y su justificación, el quejoso si bien señaló que no se encuentra dentro del marco jurídico condicionar el trámite de ese medio de impugnación al traslado del imputado ******************** del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla al diverso de la ciudad de Puebla, lo cierto es que no explicó en sus conceptos de violación, cómo esa parte de la determinación afecta a sus derechos fundamentales, es decir, cómo restringe el ejercicio de un derecho como persona particular y no como funcionario de la administración pública.********************Al respecto, es conveniente señalar que el quejoso promovió la demanda de amparo por propio derecho para reclamar, en el fondo, la multa que le fue impuesta por no haber dado cumplimiento a un requerimiento judicial; y, por otro, en su carácter de Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para controvertir, en el fondo, la reserva del trámite del aludido recurso de apelación.********************Sin embargo, por cuanto al segundo de los reclamos, también es preciso indicar que el juicio de amparo está diseñado normativamente para proteger derechos fundamentales de los gobernados, es decir, de los particulares. El artículo 7 de la Ley de Amparo establece, excepcionalmente, que las personas morales públicas podrán acudir a solicitar amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto que reclamen afecte sus intereses patrimoniales respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, lo que significa que debe tratarse de un acto en el que no actúen con su facultad de imperio, sino en el mismo plano que un particular dentro de una relación de recíprocos derechos y obligaciones.********************Entonces, si bien la interposición del recurso de apelación, en su carácter de funcionario, lo hizo en un plano de igualdad en relación con los sujetos procesales que intervienen dentro del controvertido penal de origen, lo cierto es que lo que se dirima o resuelva en relación con dicho medio de impugnación no actualiza la excepción antes precisada, al no verse inmiscuidos los intereses patrimoniales de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, sino, en su caso, sus atribuciones como dependencia pública -como la facultad de asegurar la gobernabilidad de los centros penitenciarios-.********************Por otro lado, en relación con el tercer argumento por el que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto, el quejoso únicamente se limitó a señalar que era insuficiente el plazo otorgado por la jueza responsable para cumplir con su requerimiento, que el monto de la multa resultaba excesivo e incongruente y que la jueza nunca realizó el apercibimiento condigno, siendo motivos de disenso que, en su caso, debieron usarse para impugnar esa medida de apremio.********************Mientras el quejoso debió combatir, a través de este juicio de amparo, la consideración de la jueza responsable en la que justificó la imposición de la multa por el incumplimiento al requerimiento formulado en resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés y por no haber informado alguna imposibilidad para ello, y no los vicios iniciales en su imposición, puesto que, se insiste, eso era materia de agravio del recurso de revocación.********************En virtud de lo inoperante de los conceptos de violación, se declara constitucional la resolución dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, en donde la jueza de control responsable declaró infundado e inoperante el recurso de revocación que el quejoso interpuso, por propio derecho y en su carácter de Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en contra de la diversa determinación seis de marzo de la misma anualidad; y, por ende, se le niega el amparo y la protección de la Justicia Federal.********************Finalmente, el suscrito no soslaya que no se emplazó al fiscal tercero interesado interviniente en la causa penal con el carácter de parte tercera interesada; sin embargo, ello obedece a que no se advierte alguna hipótesis que legitime a la fiscalía para acudir al juicio de amparo como tercera interesada en este supuesto, en atención a que no es contraparte del quejoso en la subsistencia y confirmación de la multa que se impuso a este último y, por tanto, el acto reclamado resulta una cuestión ajena a su representación social en el proceso penal, pues únicamente impacta en el haber patrimonial del quejoso.********************Aunado a lo anterior, no resulta necesario que obre en el expediente la constancia de emplazamiento respectiva, por no irrogar algún perjuicio a dicha parte el sentido de esta sentencia; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido de la sentencia, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 Constitucional.********************Noveno. Forma de publicación de la sentencia.********************En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término.****************************************Décimo. Integración al expediente físico. ********************La presente resolución se integra al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues se trata de la sentencia definitiva, dictada en audiencia constitucional.********************Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se:********************R E S U E L V E:********************Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ********************, respecto a la resolución dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, en donde la jueza de control responsable declaró infundado e inoperante el recurso de revocación que el quejoso interpuso, por propio derecho y en su carácter de Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en contra de la diversa determinación seis de marzo de la misma anualidad; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia.********************Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo.********************Notifíquese por lista al quejoso ********************; personalmente al tercero interesado ********************, por conducto de su defensor particular ********************; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a la autoridad foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable siguiente: 1.Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Tepeaca, Puebla -Karla Ivonne Munguía Olmos-. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. PRUEBAS. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la citada autoridad responsable, la documental que anexa, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. FORMA CUADERNO AUXILIAR Con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con la documental indicada, fórmese el CUADERNO AUXILIAR I, respetando el folio original. DIGITALIZACIÓN De conformidad a lo establecido por los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, existe imposibilidad material y jurídica para la digitalización e integración de la documental referida en el expediente electrónico, dado su volumen, por lo que se ponen a la vista de las partes para su consulta en el local de este juzgado. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a ******; en tales condiciones, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción realice lo siguiente: 1) Notifique al tercero interesado ******, por conducto de su defensor particular ******, en el domicilio siguiente: Avenida treinta y uno (31) Sur, número tres mil quinientos once (3511) o tres mil quinientos uno (3501), interior cinco (5), Colonia el Vergel, código postal 72400 de la ciudad de Puebla, teléfono: 2224736980, email: lopezjuridicopenal@hotmail.com. 2) Corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como con copia autorizada del presente acuerdo, y del diverso de doce de abril de dos mil veintitrés (admisión); 3) Emplace a juicio a la parte tercero interesada de mérito, con la finalidad de que, si a su interés conviene, se apersone en el presente asunto; de igual forma, haga de su conocimiento el derecho que tiene para ofrecer pruebas y formular alegatos; 4) Hagan de su conocimiento la hora y fecha que se señala para la celebración de la audiencia constitucional; 5) La requiera en el acto de la diligencia o le haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, y señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla. Apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; 6) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. DIFERIMIENTO ANTICIPADO En consecuencia, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, SE DIFIERE; y, en su lugar se señalan las diez horas con doce minutos del treinta mayo de dos mil veintitrés, para su celebración. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue presentada físicamente e impulsa el procedimiento, además de general una notificación a la parte tercero interesada. Notifíquese personalmente al tercero interesado (vía emplazamiento); y, por lista a las partes.

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