Jorge Peréz López
Expediente 344/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Jorge Peréz López
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que obra a foja 105 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido al instituto quejoso y al tercero interesado mediante proveído de catorce de enero de dos mil veinte, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna, en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y acorde con las facultades conferidas en el Instrumento Normativo contenido en la circular 11/2017-AGP, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano jurisdiccional procede analizar en definitiva el cumplimiento de la sentencia constitucional. En el caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado, solicitó la protección constitucional contra el laudo de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, en el expediente 961/2018, de su índice. En sesión de catorce de noviembre de dos mil diecinueve este órgano colegiado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el que: 1. Reitere su determinación de condenar al instituto al otorgamiento y pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, así como a las prestaciones accesorias a la misma. 2. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, de manera fundada y motivada, realice un juicio de verosimilitud del salario promedio asentado en la demanda presentada por la actora y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda". Mediante oficio 10714/2019 este órgano jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como las constancias de autos que sirvieron para el conocimiento del asunto, previniendo a la responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia. En acato a lo anterior, a través del oficio MA. 1410/2019 la Junta responsable remitió copia certificada del proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, del que se advierte que dejó sin efectos el laudo de veinte de febrero de dos mil diecinueve e informó que dentro del plazo correspondiente remitiría la resolución de cumplimiento. Por comunicado MA. 0059/2020 la Junta laboral remitió copia certificada del laudo emitido el trece de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de las constancias que obran en autos y de los razonamientos plasmados en el laudo dictado en cumplimiento se desprende que en acatamiento al fallo protector, la autoridad responsable se aprecia que: A. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente el laudo de veinte de febrero del año en mención (cumplimiento del lineamiento "I", foja 86 de autos). B. El trece de diciembre de dos mil diecinueve dictó otro laudo (cumplimiento del lineamiento "II"), en el que reiteró su determinación de: Condenar al instituto enjuiciado de otorgar y pagar al actor una pensión de cesantía en edad avanzada a partir del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, los incrementos correspondientes, la asistencia médica, las asignaciones familiares y el aguinaldo anual; dejó a salvo los derechos del instituto respecto de la excepción de retención de impuestos y absolvió el pago de ayuda asistencial (cumplimiento parcial del lineamiento "II, punto 1", fojas 96 vuelta y 97 de autos). Es así, toda vez que si bien la responsable condenó al pago de asignaciones familiares; sin embargo, en el resolutivo tercero, por una parte, condenó al pago de esa prestación y, por otra, absolvió, lo que implica un defecto en el cumplimiento del fallo constitucional. Para hacer patente lo anterior en seguida se plasma la parte conducente (foja 100): "Tercero.- Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar y pagar al actor Severino Esteban Tlachi Lima, una pensión por cesantía en edad avanzada partir del 04 de octubre de 2017, por la cantidad mensual, salvo error u omisión de carácter aritmético de $2,702.35 (dos mil setecientos dos pesos 35/100 M.N.) mensuales, así como los incrementos correspondientes en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de 1973, la asistencia médica en términos del artículo 144 del ordenamiento legal invocado, asignaciones familiares y correspondiente aguinaldo; y se le absuelve de pagar cantidad alguna por concepto de asignaciones familiares y ayuda asistencial, esto de conformidad con lo analizado y valorado en el considerando III.". Por otro lado, tampoco está cumplido el lineamiento "II, punto 2", en el cual se estableció lo siguiente: "2. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, de manera fundada y motivada, realice un juicio de verosimilitud del salario promedio asentado en la demanda presentada por la actora y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda". En acato a lo anterior, la Junta determinó lo que sigue: a) Que del análisis del salario señalado por el actor en el escrito inicial de demanda ($350.00 pesos) y de la consulta de los salarios mínimos vigentes en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 a la fecha en que el actor dejó de prestar sus servicios (según la responsable en el 2012), se desprendía que los salarios mínimos generales y profesionales para costurera (sic), eran los siguientes: Año Salario mínimo general Área geográfica "B" Salario mínimo profesional (vigilante) 2013 $61.38 $73.38 2014 $63.77 $82.48 2015 $68.28 $90.50 2016 $73.04 $94.30 2017 $80.04 $97.98 Total $364.51/5=$69.30 (salario promedio mínimo general de las últimas 250 semanas) $438.67/5=$87.72 (salario promedio mínimo profesional de las últimas 250 semanas) No obstante lo anterior, en el escrito inicial laboral el actor señaló que el último puesto que desempeñó fue el de vigilante en el 2014 y no en el 2012, según se desprende de la siguiente trascripción: "3.- Mí representado durante su vida activa laboral trabajó para: (.) En industrias Texel, S.A., con domicilio en kilómetro 5.1 Carr. Federal San Martin- Tlaxcala, Villa Alta, Tlax. desempeñándose como vigilante quien lo dio de alta ante el I.M.S.S. a partir del 15 de febrero de 2012, generando una antigüedad de 2 años (.)". b) Posteriormente, la Junta precisó: "(.) que de la consulta de la Tabla de Salarios Mínimos vigentes en los años 2013 a 2017 cuyos salarios corresponden a los cinco años anteriores a la fecha en que la actora dejó de prestar sus servicios (.)"; se obtenía que el salario promedio mínimo general de las últimas 250 semanas era por la cantidad de "$69.30" y "(.) como promedio de los salarios profesionales que corresponde a la categoría de vigilante que fue la última actividad realizada por el actor resulta un salario promedio salvo error u omisión de carácter aritmético de $87.72"; no obstante que el último puesto que desempeñó el actor fue en el 2014. c) En otra parte del laudo dictado en cumplimento, la Junta del conocimiento estableció: "En consecuencia, para el cálculo de la pensión demandada debe tomarse en cuenta el salario mínimo general del Distrito Federal vigente en el año 2016 (que es la anualidad a la que se retrotrae la Litis), que asciende a la cantidad de $80.04; esto en razón que tal y como se precisó en líneas anteriores derivado del cálculo del salario promedio de las últimas 250 semanas que corresponden a los 5 años anteriores a la fecha en que fue dada de baja la parte actora, y que asciende salvo error u omisión de carácter aritmético de $69.30, dicho salario es inferior al salario mínimo del año 2017 (.)"; sin embargo, como resultó procedente la excepción de prescripción que opuso el instituto enjuiciado, por ende, la condena del pago de la pensión de cesantía en edad avanzada y demás prestaciones accesorias a la misma, es a partir del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, esto es, un año anterior a la presentación de la demanda. En conclusión, ante el defectuoso actuar de la responsable (por las incongruencias antes apuntadas en los inciso a), b) y c; que preceden), procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de veinticuatro horas deje insubsistente el laudo de trece de diciembre de dos mil diecinueve y, en su lugar, dicte otro en el que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es, la autoridad responsable deberá tener en consideración que el último puesto que desempeñó al actor fue el de vigilante en el 2014, por lo que ese año es el que deberá tomar en cuenta para calcular el salario promedio de las últimas 250 semanas que corresponden a los 5 años anteriores a la fecha en que fue dado de baja actor, y caso de que dicho salario resulte inferior al salario mínimo general del Distrito Federal (hoy ciudad de México) vigente en el 2017 (que es la anualidad a la que se retrotrae la litis), para cuantificar la pensión, deberá tomar en consideración el salario mínimo de ese año (2017). Asimismo, se hace de su conocimiento, que de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 258, del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, nueve de octubre de dos mil veinte. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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