Jorge Perez Avilez
Expediente 178/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/07/2023
Partes del expediente
- Jorge Perez Avilez
- Secretaria de Educacion del Estado de Baja California, En Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa a fin que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver de oficio con base en los elementos que obran en el expediente. Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el veintiuno de junio de dos mil veintidós, misma que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a********************, contra los actos que reclamó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, y otras autoridades, para lo siguiente: "Efectos del fallo protector. Así, ante la transgresión de los derechos del quejoso y en reparación de los mismos, procede concederle el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos reclamados a las autoridades Coordinador e Prestaciones Económicas y Sociales, Zona Costa y Jefa del Departamento de Nominas, de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión otorgada. Para lo cual, las autoridades responsables, deberán, en el ámbito de su competencia: 1. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por el promovente del amparo, con la precisión, que la concesión del amparo no vincula a las responsables a resolver en determinado sentido. 2. Notificarle la contestación respectiva." Acciones realizadas para cumplir la sentencia. Por su parte, la delegada de las autoridades responsables, mediante oficio registrado con el folio 9958, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo, remitió el diverso comunicado de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, a través del cual dio contestación al escrito de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, signado por el aquí quejoso********************, y ordenó la formación del expediente respectivo e inició el trámite correspondiente a la pensión de jubilación que solicitó. Asimismo, solicitó que dicha resolución se le notificara a********************, por conducto de este juzgado, lo que así aconteció el siete de julio de dos mil veintitrés. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que a través del oficio emitido el veintinueve de junio de dos mil veintitrés: 1. Dio contestación al escrito de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, signado por el aquí quejoso********************, 2. Ordenó la formación del expediente respectivo e inició el trámite correspondiente a la pensión de jubilación que solicitó, y 3. Solicitó que dicha resolución se le notificara********************, por conducto de este juzgado, lo que así aconteció el siete de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro gobierno respectivo del índice de este juzgado. Manifestaciones. Sin que obste a lo anterior las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa mediante el escrito de cuenta, en las que sustancialmente sostiene que debe declararse no cumplida la ejecutoria de amparo con base en los siguientes argumentos: a) Que la resolución emitida el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, no cumple con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, en atención a que la razón dada por la autoridad responsable relativa a que no se cuente con el comunicado por parte de la patronal en el que se indique la fecha a partir de la cual causó baja la quejosa, no es un requisito previo a la realización del trámite de pensión o jubilación, ya que el punto 9 del apartado "políticas de operación" del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, únicamente establece que el departamento de gestión de pensiones y jubilaciones deberá asegurarse que los trámites de pensión por jubilación y por edad y tiempo de servicios, hayan sido promovidos por el patrón del trabajador de base en coordinación con la organización sindical. b) Que la respuesta dada a través del oficio de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, no cumple con el fallo protector, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía de impartir justicia de manera pronta ya que no se resolvió el trámite relativo en los términos previstos por los artículos 58 y 120 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, 3, 4, 6, 7, 8, 23 y 27 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de la ley en cita. Devienen los motivos de disenso referidos inatendibles e ineficaces, en atención a que a través de ellos la parte quejosa hace valer cuestiones que se relacionan directamente con el fondo de la respuesta emitida a su solicitud de pensión por jubilación presentada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, ya que mediante los argumentos planteados por la parte quejosa se pretende evidenciar que la contestación contenida en el oficio de veintinueve de junio de dos mil veintitrés es ilegal, al contrariarse diversas disposiciones legales contempladas en la normatividad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Sin embargo, tales aspectos no pueden considerarse materia del cumplimiento al fallo protector, por tratarse de cuestiones que implican aspectos de fondo que no fueron materia de la sentencia de amparo, y por ende no son susceptibles de ser abordadas en un proveído como el que ahora se emite, el cual sólo tiene por objeto verificar si las responsables acataron o no el fallo protector conforme a lo que les fue exigido, es decir, en lo relativo a emitir la contestación respectiva a la solicitud de jubilación presentada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el peticionario del amparo y notificarle la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J.14/2016 (registro 2010983) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 717 del Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". Aunado a que no debe perderse de vista que el hecho de que la decisión adoptada por las autoridades responsables fuera desfavorable a la parte quejosa no implica un incumplimiento al fallo protector, ya que si bien el artículo 8 constitucional garantiza que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido (lo cual fue materia de la sentencia de amparo), ello no significa necesariamente que se resuelva en determinado sentido a favor de sus intereses. Se corrobora lo anterior con la jurisprudencia PC.XV.J/6 A (11a.), del Pleno del Decimoquinto Circuito, visible en la página 2141, Libro 9, enero de 2022, Tomo III, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2024038, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Se cita como apoyo la jurisprudencia 130 (con número de registro electrónico 391020) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, que establece: "PETICION, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido". Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo impiden que este órgano jurisdiccional pueda examinar los motivos o fundamentos que sustentan la respuesta, ya que estos deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Se invoca como sustento, la jurisprudencia 2a./J.1/2001 (con número de registro electrónico 190356) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia". Similar criterio el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali al resolver el amparo en revisión administrativo 138/2022. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es conservable, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintitrés. Recepción de ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 387-P1 que remite la Secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, al que acompaña: El cuaderno original del presente juicio de amparo; y, Testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 541/2022. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes los puntos resolutivos del tenor siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 178/2022, promovido por el quejoso Jorge Pereza Aviléz, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el propio considerando. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Jorge Pérez Aviléz, contra el acto que reclamo de las autoridades responsables indicadas en el considerando séptimo de la sentencia recurrida, para los efectos precisados en el considerando octavo de la propia sentencia." En consecuencia, se ordena agregar a los presentes autos el oficio y anexos de cuenta, así como las promociones y actuaciones subsecuentes a la formación del cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo, dado que las copias certificadas con que se formó dicho expediente son susceptibles de destrucción. Acusa recibo. Acúsese recibo al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Requerimiento de cumplimiento. Ahora, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional en la sentencia dictada fue para el efecto siguiente: "Efectos del fallo protector. Así, ante la transgresión de los derechos del quejoso y en reparación de los mismos, procede concederle el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos reclamados a las autoridades Coordinador e Prestaciones Económicas y Sociales, Zona Costa y Jefa del Departamento de Nominas, de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión otorgada. Para lo cual, las autoridades responsables, deberán, en el ámbito de su competencia: 1. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por el promovente del amparo, con la precisión, que la concesión del amparo no vincula a las responsables a resolver en determinado sentido. 2. Notificarle la contestación respectiva." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Coordinador de Prestaciones Económicas y Sociales, Zona Costa y Jefa del Departamento de Nominas, de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector y dentro del citado término remitan la totalidad de constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o bien, informen el impedimento legal que tengan para ello. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a las autoridades antes señaladas, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberán atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de diversas autoridades ligadas por cualquier motivo a las autoridades responsables, éstas deberán, dentro del término que les ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Se informa admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 6851 que remite la secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, mediante el cual informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Coordinación de Prestaciones Económicas y Sociales Zona Costa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por conducto de su delegada Carmen Patricia Vázquez Sánchez en contra de la resolución de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio, el cual quedó registrado bajo número de amparo en revisión 541/2022. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Solicita expediente. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 6554 que remite la Secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, mediante el cual solicita se le remitan los autos del juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, tal y como lo solicita, remítase el expediente original de cuenta al Tribunal Colegiado de referencia para efectos de su substanciación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y actúese en él, una vez que se remita el expediente principal. Sin perjuicio de ello, se comisiona a la Oficial Judicial A (antes Analista Jurídico SISE) para que realice la vinculación del expediente electrónico del cual deriva este asunto, con el diverso relativo al recurso de revisión ******************** de la estadística del mencionado órgano colegiado. Notifíquese.
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