Jorge Peña Alvarado

Expediente 224/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
224/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Jorge Peña Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, del que se advierte que acusa recibo de la misiva 8619/2020 de este índice, con la que se remitió la demanda de amparo promovida por Jorge Peña Alvarado, e informa que aceptó la competencia declinada a su favor. Archivo del expediente. Como no existe asunto pendiente de diligenciar, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino: En cumplimiento al artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte, que ordena la destrucción de los expedientes auxiliares que cuenten con más de seis meses después de ordenado su archivo; en consecuencia, dado que este cuaderno de antecedentes se ubica en dicho supuesto, por tanto, destrúyase una vez transcurrido el lapso de seis meses y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; en el entendido que deberá realizarse a los treinta días posteriores a ese plazo, incluyendo los noventa en los que de ser el caso, se dejen a disposición de las partes documentos que hayan sido exhibidos, lo que no acontece en la especie. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de ****mediante el cual da cumplimiento en tiempo al requerimiento que se le hiciera en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso para lo cual manifiesta que su fuente de trabajo se encuentra en Minatitlán, Veracruz. COMPETENCIA Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en Salina Cruz, carece de legal competencia por razón de territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo y al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación. Es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la transcripción del anterior artículo se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, ante el que se presente la demanda, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras regias de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecido lo referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de fijar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, escritos aclaratorios del quejoso y atendiendo preferentemente a la intención de su autor, se precisa como acto reclamado de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el siguiente: La sentencia dictada dentro del expediente civil número 437/2019 relativo al juicio ordinario civil de cancelación de alimentos, instaurado por Jorge Peña Alvarado contra Norma Guadalupe Montaño López, en el que se condenó al demando a continuar dado alimentos a ésta a razón del 15 por ciento de su salario y demás prestaciones. Ahora bien, como se estableció este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para resolver el presente juicio, lo anterior debido a que se trata de un acto que tiene ejecución en Minatitlán, Veracruz, puesto que en dicha ciudad se encuentra la fuente de trabajo de éste, lugar donde este juzgador no ejerce jurisdicción. En efecto, lo que aquí se reclama no es un acto declarativo sino que tiene ejecución material, pues se traduce en seguir descontando al aquí quejoso, el quince por ciento sobre su salario y demás prestaciones que percibe como trabajador de Petróleos Mexicanos en la Refinería General Lázaro Carenas. Ahora bien, como se dijo, para determinar las reglas de competencia para conocer de un juicio de amparo tratándose de actos que requieran ejecución material, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado; así será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. Y eso permite contribuir a la asequibilidad del juicio de amparo ante el justiciable, ya que pese a que dicho instrumento se erige como un medio de control constitucional, no pueden desconocerse las reglas de competencia para su ventilación, en las que, además, con su observancia hacen viable las medidas que al efecto se adopten en dicho controversial o, en su caso, comprometan la eficacia de los efectos de la sentencia protectora. Lo que no sucede tratándose de actos declarativos, pues cuando se reclamen actos de esta naturaleza, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías, como ya se apuntó, no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En el caso, no se trata de una resolución de carácter declarativo, pues el pronunciamiento recaído al incidente de cancelación de pensión alimenticia, se traduce en la materialización del descuento a la pensión alimenticia decretada en favor de Norma Guadalupe Montaño López, respecto del salario y prestaciones del aquí promovente; por tanto, no se puede aplicar la regla de lugar de presentación de la demanda de amparo. Así, la fijación de la competencia debe ser atendiendo a las reglas de ejecución, ya que, como se dijo, dicha resolución se traduce en seguir descontando del salario del deudor alimentario, un quince por ciento de su salario. Luego, si se debe de atender al lugar de ejecución del acto reclamado, en el caso, donde tuvo ejecución y se sigue teniendo ejecución el acto reclamado es en Minatitlán Veracruz, lugar donde este juzgado, desde luego, no ejerce jurisdicción. De esta forma, resulta inconcuso que no se surte la competencia de este Órgano Jurisdiccional para conocer del presente asunto, pues el hecho de que por ahora no se advierta que se envió oficio para ejecutar la sentencia reclamada no implica que deba considerarse que el acto reclamado carece de ejecución, dado que esto se determina por su naturaleza y con independencia de si la autoridad responsable ya lo ejecutó o no, y por ende, se concluye así dado que el descuento del que reclamó el quejoso la cancelación en el juico natural continua teniendo ejecución. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 458/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y el entonces Tercero en Materia Civil del Séptimo Circuito, actual Tercero en Materias Penal y de Trabajo del mismo circuito, determinó lo siguiente Según se aprecia, una vez que el acreedor alimenticio demanda el pago de la correspondiente pensión, el Juez podrá, en el mismo auto que dé entrada al escrito inicial, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento. La legislación procesal civil del Estado de Guerrero, actualmente en vigor, ilustra un poco más en torno al procedimiento a seguir Artículo 563. Demanda. En el juicio de alimentos la demandada podrá presentarse por escrito o expresarse por comparecencia personal ante el juzgador, debiendo acompañarse los documentos en que funde su derecho. El Juez fijará en un plazo no mayor a tres días, la pensión alimenticia provisional, sin que para ello medie audiencia del deudor alimentario, mientras se resuelve el juicio. Hecho lo anterior, el Juez girará oficio al centro laboral del demandado, al registro público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola del Estado, las instituciones de seguridad social, a la secretaria de Hacienda y Crédito Público Federal, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado o a la Auditoria General del Estado, según corresponda, para que informe sobre sueldos, prestaciones, ingresos y bienes declarados por el deudor alimentario, debiéndose remitir la información solicitada en un plazo no mayor de ocho días, con el apercibimiento que de no hacerlo se aplicaran medidas de apremio. Sin embargo, en materia de alimentos, no bastaría con un mero acto declarativo para procurar la pronta ministración de los requerimientos básicos y de subsistencia de quien se dice acreedor, sino que es indispensable su aseguramiento; para lo cual, es muy común ordenar al patrón del deudor que lleve a cabo los descuentos correspondientes al salario en la cantidad o proporción que fije de manera provisional el Juez. La legislación procesal del Estado de Veracruz lo refleja del siguiente modo: Artículo 69. Cuando el oficio que se gire tenga por objeto garantizar el cobro de alimentos, el Juez que conozca del asunto lo remitirá en un término máximo de 48 horas, directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Asimismo, el Alto Tribunal Constitucional se pronunció en interpretación al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo contenido es similar al correlativo 37, párrafo primero, de la ley de la materia vigente) en donde fijó su postura en el sentido que cuando el acto reclamado se trate de la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: a) Que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución. b) Que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez. c) Si la legislación procesal lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Ante ello, el Máximo Tribunal determinó que si se trata del primer supuesto, el juez federal competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad la que giró el citado oficio, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. En el último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez rector del procedimiento. Bajo ese contexto, en cualquiera de los supuestos aludidos en párrafos precedentes, si el acto reclamado al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, tiene ejecución, y la fuente de empleó del deudor se encuentra en la ciudad de Minatitlán de ese Estado, lugar sobre el que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Refuerza a tales consideraciones, la jurisprudencia 25/2012 (10a.), que emitió la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 145, del libro XI, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia común, agosto de dos mil doce, con folio digital 2001236, de lectura: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el Juez de Distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad la que giró el citado oficio, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. SE DECLINA COMPETENCIA. Por ello, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Salina Cruz, no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno con residencia en Coatzacoalcos el presente juicio de amparo, así como las copias de la demanda y sus anexos. FORMACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias relativas. Notifíquese mediante lista al quejoso.

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