Jorge Pedro Moreno Martínez

Expediente 432/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
432/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Pedro Moreno Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a cuatro de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.C. 233/2023, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, devuelve un legajo de copias certificadas relativas al juicio de amparo en que se actúa; acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al catorce de julio de dos mil veintitrés. En ese sentido, se comunica que, con fundamento en los artículos 14 fracción III y 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es DESTRUIBLE, por lo que de conformidad con lo establecido en el último numeral invocado, consérvese en el archivo de este juzgado federal durante tres años, y después de ese lapso, procédase a su destrucción. Por otra parte, toda vez que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por oficio al tribunal oficiante y por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta del quejoso ****, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el informe materia de la queja, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del citado recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Turno, enviándole por separado el escrito de expresión de agravios y hágase del conocimiento que se hace disponible el expediente electrónico, para su consulta. Notifíquese por lista al quejoso y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Turno

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierten los motivos por los cuales el fedatario judicial de la adscripción no pudo notificar al quejoso ****, el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en virtud que el domicilio señalado por dicha parte para tal efecto resultó incorrecto; en esas condiciones, se ordena notificarle el auto de referencia, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Notifíquese y por lista a la parte quejosa. AUTO DE 28/04/2023.- ...México, Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO. Visto el oficio de cuenta del Juzgado Septuagésimo Quinto de Proceso Oral de la Ciudad de México, mediante el cual, rinde el informe que le fue solicitado en auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, atento a su contenido y a las constancias que en copia certificada anexa, se provee respecto de la demanda de garantías presentada por *****. DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL escrito inicial de demanda fue presentado por Jorge Pedro Moreno Martínez, por su propio derecho, por el que promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Septuagésimo Quinto de Proceso Oral de lo Civil de la Ciudad de México. ...FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA. De la demanda de garantías, así como del informe y de las constancias que en copia certificada remitió el Juez Septuagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, se advierte que LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO ES EXTEMPORÁNEA y por tanto, en la especie SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 17 y 18 del ordenamiento jurídico invocado, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, el plazo para promover el juicio de garantías se computará desde el día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución. Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y si durante el mismo no lo hace aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido, lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede advertirse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de esta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en los preceptos 17 y 19 de la Ley de la materia. Luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días. Ahora bien, del informe y de las constancias remitidas en copia certificada por el Juez Septuagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, se advierte el escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós por Jorge Pedro Moreno Martínez, por el que promovió tercería excluyente de dominio, a fin de excluir el vehículo que le fue embargado en los autos del juicio del que señala deriva el acto reclamado; por tanto, el termino de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo directo, transcurrió del veinticuatro de febrero al dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en términos de los artículos 18 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el quejoso tenía conocimiento del juicio del que deriva el acto que reclama desde el VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que presentó escrito por el que promovió tercería excluyente de dominio -escrito en el que, dicho sea de paso, señaló el mismo domicilio para oír y recibir notificaciones que en la demanda de garantías que nos ocupa-; y sin embargo, se advierte que la demanda de garantías se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México hasta el VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, según se advierte del sello fechador de dicha oficina; entonces, es indiscutible que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho término transcurrió y el cual se debe computar a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del juicio de que deriva el acto reclamado, es decir, a partir del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Entonces, es indiscutible que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho término transcurrió en exceso, ya que se debe computar a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, tal como se indicó. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 14, visible en la página once del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual manera, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 105 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS "CONSENTIDOS.- Se entiende que un acto que puede vulnerar las garantías individuales, ha sido consentido, cuando no se interpone dentro del término de quince días, el amparo contra la resolución respectiva, exceptuándose sólo de esa regla los actos clasificados en los incisos a), b) y c) de la fracción V del artículo 43 de la Ley Reglamentaria del Amparo (hoy artículo 22)." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: (IV Región) 2o.7 K (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2007883, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Materia Constitucional, consultable en la página 2926, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 432/2023-II DE ABRIL DE 2013). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al establecer que la demanda deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, respetan el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el plazo referido es razonablemente extenso para permitir a los gobernados preparar una adecuada impugnación de los actos de autoridad que consideren lesivos de su esfera jurídica; situación que resulta congruente con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente. En efecto, la fijación de dicho plazo no significa un obstáculo para el acceso a la jurisdicción constitucional, pues su extensión permite que desde la notificación del acto reclamado hasta la resolución del juicio de amparo en que se controvierta, sea pronta; además de que tal temporalidad es apta para que los particulares afectados estén en aptitud material de preparar su defensa, porque al referirse a días hábiles (numeral 19 de la citada ley) se traduce, aproximadamente, a tres semanas naturales, lapso en el cual el quejoso puede allegarse de las constancias necesarias para sustentar su pretensión, o bien, solicitar las que no estén a su disposición, así como efectuar las reflexiones sobre qué otros medios probatorios puede ofrecer y los estudios jurídicos necesarios para argumentar en favor de la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad del acto de autoridad. Consiguientemente, la previsión en la Ley de Amparo de un plazo genérico de quince días para ejercer la acción constitucional, es congruente con el referido derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, con los principios de justicia pronta y expedita. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO por extemporánea la demanda de amparo promovida por Jorge Pedro Moreno Martínez. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se 432/2023-II circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Notifíquese personalmente al promovente."

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor proveído el escrito del quejoso *****, toda vez que en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda en que se actúa. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables

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