Jorge Paz Castro

Expediente 818/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 28 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
818/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Jorge Paz Castro
  • JORGE PAZ CASTRO y Otros.
  • LIVAN LAZO ROMAN y Otros.
  • Karen Elizabeth Grande Carranza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    mesa 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el siete de julio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge Paz Castro, Karen Elizabeth Grande Carranza, por sí y en representación de su menor hijo D.A.G.C., Daimy Trista Rodríguez y Livan Lazo Román; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCION DE CONSTANCIAS De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, un tomo de pruebas relativas al acto reclamado, el cual se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Incidental

    mesa 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la suspensión definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  3. Principal

    En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con diez minutos del siete de julio de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 818/2019-7, promovido por Jorge Paz Castro, Karen Elizabeth Grande Carranza, por sí y en representación de su menor hijo D.A.G.C., Daimy Trista Rodríguez y Livan Lazo Román. Acto seguido, el secretario certifica: que en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó notificar a los quejosos Daimy Trista Rodríguez y Livian Lazo Román, la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Jefe de Departamento de Protección a Grupos Vulnerables 2 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Oficina de Representación en el Estado de Tabasco, que anexó a su recurso de revisión la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, y para el caso de que así lo consideraran, ampliaran su demanda de amparo dentro del término de quince días, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se continuaría el trámite del expediente en los términos planteados por los quejosos originalmente en su demanda de amparo, siendo notificados del citado acuerdo el diez de junio de dos mil veintiuno (fojas 246 y 247), por lo que el término concedido transcurrió del catorce de junio al dos de julio del presente año, sin que hayan formulado manifestación al respecto. Asimismo, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste. El Juez, acuerda: Vista; la certificación de cuenta se desprende que el término de quince días concedido a los quejosos Daimy Trista Rodríguez y Livian Lazo Román, en proveído de veintisiete de mayo del año en curso, para el caso de que así lo consideraran, ampliaran su demanda de amparo dentro del término de quince días, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, transcurrió del catorce de junio al dos de julio del presente año, sin que hayan hecho lo propio. En esa razón, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el precitado auto; esto es, se ordena continuar el trámite del expediente en los términos planteados por los quejosos originalmente en su demanda de amparo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, consistentes en:  Copias fotostáticas simples de diversas documentales.  La instrumental de actuaciones.  La presuncional legal y humana. Asimismo, con las constancias que la autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México , anexó a su informe justificado consistentes en copia certificada de los expedientes administrativos a nombre de los quejosos, constantes de un tomo, que obran por cuerda separada. Así como con copia certificada del acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Jefe de Departamento de Protección a Grupos Vulnerables 2 en el expediente administrativo 20191401-58665, en el que consideró a Daimy Trista Rodríguez por abandonado el trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (fojas 165 a 167). Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 818/2019-7, promovido por Jorge Paz Castro, Karen Elizabeth Grande Carranza, por sí y en representación de su menor hijo D.A.G.C., Daimy Trista Rodríguez y Livan Lazo Román, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades, por estimarlo violatorios de los artículos 1°, 8º, 11, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, y turnado a éste órgano jurisdiccional al día siguiente, Jorge Paz Castro, Karen Elizabeth Grande Carranza, por sí y en representación de su menor hijo D.A.G.C., Daimy Trista Rodríguez y Livan Lazo Román, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: 1) La privación de la libertad con fines de deportación, expulsión, puesta a disposición ante el Instituto Nacional de Migración y la emisión del acuerdo de presentación correspondientes y ejecución de los mismos. 2) La negativa de renovación del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. 3) El impedimento al libre tránsito. 4) La falta de respuesta a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 2. Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. 3. Encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco,. 4. Titular de la Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tenosique, Tabasco. 5. Titular de la Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en le Ciudad de México. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, se registró la demanda bajo el expediente 818/2019-7, se otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados consistente en la posible orden de deportación y/o expulsión y su ejecución; y se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SENTENCIA DE DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. El doce de agosto de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Paz Castro, Karen Elizabeth Grande Carranza, por sí y en representación de su menor hijo D.A.G.C., Daimy Trista Rodríguez y Livan Lazo Román; y en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Daimy Trista Rodríguez y Livan Lazo Román (Fojas 124 a 134). CUARTO. TRAMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN. Inconforme con la sentencia antes mencionada, la autoridad responsable denominada Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México , interpuso recurso de revisión, el cual le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien en proveído de dos de enero de dos mil veinte , admitió a trámite el recurso de revisión bajo el expediente 411/2019 de su índice. QUINTO. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. En proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por la Actuaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con el cual remitió testimonio de la ejecutoria emitida el seis de mayo de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 411/2019, en la que en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 818/2019-7, promovido por Daimy Trista Rodríguez y Livian Lazo Román, en los términos precisados en esta ejecutoria." SEXTO. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Por tanto, en cumplimiento a la referida ejecutoria, mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno (Fojas 241 a 243), se ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, se dejó insubsistente la audiencia constitucional y sentencia dictada el doce de agosto de dos mil diecinueve. Asimismo, se ordenó notificar a los quejosos Daimy Trista Rodríguez y Livian Lazo Román, la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Jefe de Departamento de Protección a Grupos Vulnerables 2 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Oficina de Representación en el Estado de Tabasco, que anexó a su recurso de revisión la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, y para el caso de que así lo consideraran, ampliaran su demanda de amparo dentro del término de quince días, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se continuaría el trámite del expediente en los términos planteados por los quejosos originalmente en su demanda de amparo. Al respecto, los referidos quejosos fueron notificados del citado acuerdo el diez de junio de dos mil veintiuno (fojas 246 y 247), por lo que el término de quince días que se les concedió para que en caso de que así lo consideraran, ampliaran su demanda de amparo trascurrió del catorce de junio al dos de julio del presente año. SÉPTIMO.- EFECTIVO APERCIBIMIENTO. En proveído de esta fecha dictado en la audiencia constitucional, se hizo efectivo el apercibimiento a los quejosos Daimy Trista Rodríguez y Livian Lazo Román, en proveído de veintisiete de mayo del año que trascurre, por lo que se ordenó continuar el trámite del presente juicio, únicamente en los términos planteados originalmente en su demanda de amparo; posteriormente se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior es así, porque se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: 1) La privación de la libertad con fines de deportación, expulsión, puesta a disposición ante el Instituto Nacional de Migración y la emisión del acuerdo de presentación correspondientes y ejecución de los mismos. 2) La negativa de renovación del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. 3) El impedimento al libre tránsito. 4) La falta de respuesta a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS. La Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos "A" en la Oficina de Representación del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y Encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco (foja 67 y 68), el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México (Fojas 76 a 95), negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en: 1) La privación de la libertad con fines de deportación, expulsión, puesta a disposición ante el Instituto Nacional de Migración y la emisión del acuerdo de presentación correspondientes y ejecución de los mismos; 2) La negativa de renovación del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas; y 3) El impedimento al libre tránsito; sin que la parte quejosa desvirtuara lo anterior, lo cual era indispensable a efecto de que este juzgador estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por su parte, las autoridades responsables denominadas Comisionado del Instituto Nacional de Migración y el Titular de la Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tenosique, Tabasco, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante habérseles requerido el mismo, mediante oficios 17259/2019 y 17261/2019, los cuales fueron recibidos respectivamente el veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 99) y diez del mismo mes y año (foja 75), tal y como se advierte de las referidas constancias de notificación que obran en autos. Sin embargo, no ha lugar a tener por presuntivamente cierto el acto que se les reclama, toda vez que la parte quejosa omitió exhibir medio de prueba que corroborara fehacientemente la existencias de los mismos. Por ende, se consideran inexistentes los referidos actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Sin que pase inadvertido para el suscrito quien resuelve que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo anexó copia fotostática simple de las constancias de trámite respecto a la condición de refugiados (fojas 20 a 42); sin embargo, al ser copias simples, su valor probatorio se reduce a un indicio, que no arroja certeza jurídica de que su contenido sea verdadero, aunque no hayan sido objetadas por alguna de las partes, y el valor indiciario referido sólo podría robustecerse si se adminiculara con alguna otra probanza, para que así el suscrito juzgador estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se les pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió; por ello, las referidas documentales son insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 18, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 379, Tomo III, primera parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Bajo ese panorama, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo en vigor, ante la inexistencia del citado acto reclamado. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México (fojas 76 a 95), al rendir informe justificado admite la existencia del acto que se les reclama, consistente en la falta de resolución a su solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado respecto de los quejosos Daimy Trista Rodríguez y Livan Lazo Román, lo cual se corrobora con las constancias que anexó a su referido informe, consistentes en copia certificada de los expedientes administrativos de los referidos quejosos. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso en estudio, el quejoso reclamó la falta de respuesta a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados que llevaron a cabo los quejosos; sin embargo, la autoridad responsable mediante oficio recibido en este juzgado el uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 165 a 167), remitió copia certificada del acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por la Jefe de Departamento de Protección a Grupos Vulnerables 2 en el expediente administrativo 20191401-58665, en el que consideró a Daimy Trista Rodríguez por abandonado el trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el tres de junio de dos mil diecinueve, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable pues no había dado respuesta a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados que llevaron a cabo los quejosos ante la autoridad responsable; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó-, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior que en la ejecutoria del amparo en revisión 411/2019, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Circuito en el Estado de Tabasco, ordenó reponer el procedimiento al estimar que en en el presente caso en el que se promueve un juicio de garantías por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8º Constitucional, en el que la autoridad responsable finalmente emitió una respuesta a la petición de los impetrantes de amparo aunque sea con posterioridad al dictado del fallo protector, dicha contestación podía ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de amparo o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, pues la circunstancia de que los quejosos acudieron al amparo haciendo valer la violación al derecho constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituían actos nuevos desconocidos por los accionantes relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, podían analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal también referidas en el artículo 17 Constitucional. Hizo hincapié que en caso, ordenaba la reposición a fin de garantizar a los quejosos el acceso real, completo y efectivo a la administración a la administración de justicia, tal y como lo exige el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, ya que de no ordenarse aquélla podría dejárseles en estado de indefensión al vedárseles la oportunidad de controvertir el contenido de la resolución con la que la responsable pretendía acreditar que dio respuesta a la petición que formularon y su notificación, máxime que el contenido de la pretendida respuesta sería materia de fondo del asunto, en cuanto a su congruencia, fundamentación y motivación. Por lo que en cumplimiento a la referida ejecutoria, mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 241 a 243), se ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, se dejó insubsistente la audiencia constitucional y sentencia dictada el doce de agosto de dos mil diecinueve; asimismo, se ordenó notificar a los quejosos Daimy Trista Rodríguez y Livian Lazo Román, la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Jefe de Departamento de Protección a Grupos Vulnerables 2 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Oficina de Representación en el Estado de Tabasco, que anexó a su recurso de revisión la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, y para el caso de que así lo consideraran, ampliaran su demanda de amparo dentro del término de quince días, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se continuaría el trámite del expediente en los términos planteados por los quejosos originalmente en su demanda de amparo. De lo anterior, los referidos quejosos fueron notificados el diez de junio de dos mil veintiuno (fojas 246 y 247), por lo que el término de quince días que se les concedió para que en caso de que así lo consideraran, ampliaran su demanda de amparo trascurrió del catorce de junio al dos de julio del presente año; sin que hayan manifestación a respecto, de ahí que en esta fecha se hizo efectivo el apercibimiento a los impetrantes y se ordenó continuar el trámite del presente juicio, únicamente en los términos planteados originalmente en su demanda de amparo. De ahí, tal y como lo consideró el citado tribunal que la autoridad responsable finalmente emitió una respuesta a la petición de los impetrantes de amparo aunque sea con posterioridad al dictado de la primera sentencia dictada en el presente juicio de amparo, las cuáles en la presente resolución el suscrito quien resuelve estuvo en aptitud de analizar las citadas constancias y resolver en los términos descritos. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de junio de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Jorge Paz Castro, Karen Elizabeth Grande Carranza, por sí y en representación de su menor hijo D.A.G.C., Daimy Trista Rodríguez y Livan Lazo Román, contra actos de las autoridades señaladas como responsables, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del presente juicio de amparo y un tomo de prueba; asimismo adjuntó copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 411/2019; en la cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 818/2019-7, promovido por Daimy Triste Rodríguez y Livian Lazo Román, en los términos precisados en esta ejecutoria." En ese contexto, acúsese recibo, regístrese su llegada; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas y con apoyo en la fracción I, inciso k, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la ejecutoria de mérito y remítase copia de la ejecutoria de mérito a las autoridades responsables. Ahora bien, en estricto acatamiento a la ejecutoria pronunciada por la Superioridad, se repone el procedimiento en el presente juicio de amparo, por lo que, se ordena dejar sin efecto únicamente la audiencia constitucional y la sentencia dictada en este juicio de garantías. De la misma manera, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, notifíquese a los quejosos Daimy Triste Rodríguez y Livian Lazo Román, la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Jefe de Departamento de Protección a Grupos Vulnerables 2 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Oficina de Representación en el Estado de Tabasco, que anexó, a su recurso de revisión, y para el efecto de que en caso de así creerlo conveniente, estén en posibilidades de ampliar su demanda de amparo dentro del término de quince días, tal y como lo dispone el artículo 111 de la Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se continuará el trámite del presente expediente en los términos planteados originalmente en su demanda de amparo. En virtud de lo anterior, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese personalmente a las partes.

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