Jorge Patricio González Monroy
Expediente 583/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Patricio González Monroy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que los quejosos omitieron recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por otra parte, se ordena devolver al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, las copias certificadas que se recibieron en este juicio y que contienen datos de inscripciones registrales. Se descarta requerir acuse, porque solo se remiten copias y existe seguridad en la entrega del oficio de notificación. Por último, se deja establecido que ningún pronunciamiento debe hacerse para el incidente de suspensión, porque este nunca se formó en el presente juicio; y se hace notar que es innecesario notificar a los quejosos en forma personal, el contenido del presente acuerdo, porque ningún derecho procesal está involucrado.
- Principal
dieciocho. En las actuaciones de este juicio, se observa que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, tramita en la actualidad la causa penal +++, formada con la averiguación +++, que generó los actos reclamados. Por lo que se tiene un escenario de autoridad sustituta, ya que los actos de la referida averiguación quedaron incorporados a la causa en mención, al grado de haber quedado excluido el agente del Ministerio Público que en su momento realizó la investigación. Incluso porque el agente que consignó la referida indagatoria, ha dejado de existir y ningún otro fue designado para atender requerimientos, porque nunca se dejó triplicado abierto como lo informó el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (foja 472). Bajo este contexto, se tiene como autoridad responsable en el presente sumario, al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial Puebla, Estado de Puebla, dado que tiene a su cargo el proceso +++, formado con la averiguación +++, que generó los actos reclamados. Luego, se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) efectuar las anotaciones correspondientes a la nueva autoridad responsable -por sustitución-. Apoya lo considerado, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 85, Sexta Parte, página 21, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SUSTITUCIÓN DE LAS.". Pero se descarta remitir copia de la demanda de amparo y del proveído de admisión, al referido juez, porque en este asunto ya se le remitieron dichas constancias. Establecido lo anterior, se hace notar que los juicios de amparo +++++, todos de este juzgado, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Tales juicios fueron promovidos por el quejoso ++++, quien también es uno de los quejosos en el presente asunto constitucional. Pero también se observa que aquellos juicios involucraron el mismo bien que se defiende en esta instancia: predio rústico denominado +++ perteneciente al Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. De modo que las condiciones de los juicios de amparo ++++, de este órgano jurisdiccional, impactan el presente asunto, en específico la postura adoptada en aquellos: sobreseimiento por cambio de situación jurídica, debido a que el inmueble reclamado por los quejosos ha sido objeto de una pena de decomiso, en otra causa penal. A fin de demostrarlo, se acude a las copias certificadas del proceso penal +++, del entonces Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, las cuales obran en los juicios de amparo ++++, de este juzgado que constituye un hecho notorio como se dijo con antelación. Tales copias derivan de una averiguación que comprende el mismo inmueble defendido por los quejosos en el presente juicio, y generan la improcedencia de este asunto por la hipótesis de cambio de situación jurídica, respecto de los actos relativos al proceso +++, que contiene el aseguramiento del inmueble antes descrito, ordenado en su momento por el agente del Ministerio Público encargado de la averiguación ++++ (foja 407 vuelta). Cabe puntualizar que el citado inmueble, al parecer, fue adquirido en compra-venta por los quejosos de este juicio y otra persona, el cinco de junio de dos mil siete, como se advierte del instrumento notarial ++++ de la Notaría Pública número Dos de la ciudad de Puebla (foja 75). Pero las copias que obran en los juicios de amparo ++++, conducen en este asunto a la hipótesis de cambio de situación jurídica prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación) respecto de la orden de aseguramiento e inscripción de la misma. Lo anterior, porque las referidas copias reflejan otros aseguramientos impuestos al bien inmueble antes descrito -que tratan de defender los quejosos en este juicio de amparo-. Tales aseguramientos fueron ordenados en diversas averiguaciones criminales, que comprendieron el referido inmueble; luego se consignaron a la autoridad judicial correspondiente mediante el ejercicio de la acción penal, contra las personas a quienes se consideró indiciados y se les imputó la comisión de ilícitos de fraude. Una de las indagatorias que se consignó a través del ejercicio de la acción penal, fue la averiguación previa ++++ y sus acumuladas, como se observa en el pliego de consignación suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Mesa de Trámite de la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur . Ese pliego de consignación revela que los bienes asegurados por esa indagatoria, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial con la solicitud de que se ratificara la medida cautelar, hasta que en su momento procesal se utilizaran (los bienes) para la restitución a los derechos de las víctimas. Entre esos bienes obra el inmueble defendido por los quejosos de este juicio, y en los diversos juicios de amparo +++++, de este juzgado, pues al examinar las constancias de este juicio resalta la inscripción registral que se le hizo (al bien afectado) respecto del aseguramiento decretado en la indagatoria (++++). Recibió el entonces Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, la averiguación previa +++++ y sus acumuladas, motivo por el cual emitió un acuerdo el veintisiete de agosto de dos mil diez, a través del cual radicó la causa penal ´++ y de inmediato examinó las pruebas de cargo, hasta librar orden de aprehensión contra los indiciados señalados como probables responsables del delito de fraude. De ahí que se hubiese instruido el cumplimiento de la orden de aprehensión. El quince de abril de dos mil once fue detenido el inculpado Edmundo Tiro Moranchel, razón por la cual fue recabada su declaración preparatoria hasta llegar al acuerdo de formal prisión, que le fue decretado el veinte de abril de dos mil once por los delitos de fraude materia de la consignación. Se siguió el periodo de instrucción con el procesado ++++; y después de celebrar la audiencia de vista, le fue dictada una sentencia condenatoria el seis de junio de dos mil catorce. Dicha sentencia genera la improcedencia de este juicio bajo la hipótesis de cambio de situación jurídica, pues al examinar lo resuelto por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en la causa +++, resalta una pena de decomiso que impactó al bien afectado, cuya propiedad alegan los quejosos en este juicio. Para evidenciarlo se hace notar que el decomiso impuesto como pena pública, en la referida sentencia condenatoria, es del tenor siguiente: ".NOVENO.- Ahora bien tomando en consideración que el Agente del Ministerio Público Investigador, en acuerdo de fecha 17 diecisiete de Mayo de 2010; decretó el aseguramiento sobre los bienes inmuebles cuyo listado obra de la foja 2002 dos mil dos a la 2010 dos mil diez de autos, girando para tal efecto el oficio número 803/2010/DMS-III al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Puebla; y toda vez que dentro de los autos obran indicios que conducen a establecer que tales bienes inmuebles son producto de actividades ilícitas que ejecutaron el ahora acusado y otros; por consecuencia en términos del diverso 53 de la Ley Punitiva de la Entidad, se decreta el decomiso de los citados bienes inmuebles.". Ese decomiso afecta al inmueble defendido por los quejosos en la presente instancia constitucional, dado que se impuso como pena pública (el decomiso) en términos del artículo 53 del Código Penal del Estado de Puebla , al grado de generar un cambio de situación jurídica respecto de todos los aseguramientos que fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Cholula, Puebla (sobre el bien de los quejosos en este asunto y en los diversos que se invocaron como hecho notorio). Cierto, el aseguramiento decretado en la indagatoria que generó el proceso ++++, trascendió hasta el decomiso impuesto en la referida sentencia con el rango de pena pública, debido a que todos los inmuebles asegurados se visualizaron como producto del delito de fraude genérico, como el de este juicio. De modo que la situación del inmueble defendido por los quejosos en este juicio, se encuentra sujeto desde la mencionada sentencia condenatoria al decomiso que fue decretado como pena pública, y conforme al cual se les ha privado de los derechos de propiedad que afirmaron tener. Lo cual permite visualizar todos los supuestos relativos a la fracción XVII del artículo 61 de la legislación, en la forma siguiente: a). El aseguramiento inscrito en el bien cuya propiedad alegan los quejosos, deriva de la averiguación que tramitó el fiscal investigador, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 21 de la constitución; b). El decomiso fue impuesto en la sentencia condenatoria de la causa penal +++++, inclusive previo a la presentación de la demanda de amparo, al punto de cambiar la situación jurídica de los quejosos respecto del inmueble cuya propiedad alegan tener, porque a la fecha está sujeto a los alcances de la pena pública que aquél representa (el decomiso); c). Resulta imposible decidir sobre la legalidad del aseguramiento inscrito en el bien cuya propiedad alegaron los quejosos, porque de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica que generó el decomiso de la sentencia condenatoria, al extremo de impactar las condiciones actuales de la causa penal +++, donde ya se realizó una privación de los derechos de propiedad al haberse estimado todos los inmuebles asegurados, como producto de delito; y d). Existe autonomía entre el aseguramiento inscrito y las nuevas condiciones de la referida causa, pues aquél se decretó en la fase de averiguación y el decomiso fue impuesto en una sentencia condenatoria -respecto de la cual se descarta la figura de ampliación de demanda prevista en la Ley de Amparo, pues la vía indirecta resulta inviable para el análisis del decomiso en mención-. Bajo este contexto se afirma que la pena de decomiso impuesta en la sentencia condenatoria de seis de junio de dos mil catorce (de la causa penal +++) ha producido un cambio de situación jurídica. Lo cual impide examinar las posibles violaciones que hubiera generado el aseguramiento que se emitió en la fase de averiguación previa, hasta quedar inscrito en el registro público respectivo (los actos reclamados en este juicio). Ello porque uno de los aseguramientos que impactó el bien de los quejosos en la fase de averiguación -y del cual existe constancia- fue considerado en la sentencia condenatoria de seis de junio de dos mil catorce, dictada en el proceso +++ del otrora Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Luego, deben tenerse consumadas las violaciones que pudiera haber causado el aseguramiento inscrito, así como su ejecución, como lo determina la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la legislación. Sobre todo porque existe correspondencia entre el aseguramiento decretado en la averiguación +++ y sus acumuladas, con el decomiso de bienes que se impuso en la sentencia condenatoria, con impacto al inmueble defendido por los quejosos en este juicio, porque también quedó comprendido en el aseguramiento de la citada indagatoria. Basta decir que el oficio +++ mencionado en la referida sentencia (de la causa +++) fue emitido en la averiguación +++ y sus acumuladas (integradas a la causa ++++). Aunado a que el oficio en mención corresponde a uno de los aseguramientos inscritos sobre el bien materia de este juicio, como se advierte en las constancias que se recabaron durante el trámite. De ahí que se corrobore la improcedencia por cambio de situación jurídica, respecto del aseguramiento inscrito en el bien defendido por los quejosos, pues al haber sido objeto de una pena de decomiso se generó la pérdida de todos los derechos que afirmaron tener sobre el inmueble controvertido, aun cuando otras averiguaciones continúen integradas a diversos procesos en etapa de instrucción. Así las cosas, resulta innecesario examinar la existencia de alguna diversa causa de improcedencia, pues la relativa al cambio de situación jurídica es notoria e indudable conforme al decomiso que obra en la sentencia condenatoria (del proceso ++++). En consecuencia, al existir un cambio en la situación jurídica, se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma ley. Funda lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Tal sobreseimiento impacta los actos reclamados de este juicio: orden de aseguramiento del inmueble afectado y su ejecución, que obran en la causa penal ++++, formada con la averiguación +++ -que generó los actos reclamados-. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha que se encontraban señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, esto es, las diez horas cuarenta y cuatro minutos de hoy dieciséis de julio de dos mil dieciocho. La determinación anterior, también se apoya en las ejecutorias que dictaron los tribunales colegiados que decidieron los recursos interpuestos por el quejoso, de los juicios de amparo ++++. Máxime que todos los sobreseimientos decretados en los citados juicios, fueron confirmados por la superioridad. Al margen de lo anterior, se hace notar que si llegara a interponerse recurso de revisión en este asunto, deberán recabarse copias de las actuaciones invocadas para el sobreseimiento de este acuerdo. Sin embargo, de momento se apoya el sobreseimiento en el hecho notorio invocado (los juicios de amparo referidos) a fin de evitar un desgaste innecesario de recursos públicos, dado que se reproduciría un legajo superior a quinientas copias. Por último, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA. dieciocho. En las actuaciones de este juicio, se observa que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, tramita en la actualidad la causa penal +++, formada con la averiguación +++, que generó los actos reclamados. Por lo que se tiene un escenario de autoridad sustituta, ya que los actos de la referida averiguación quedaron incorporados a la causa en mención, al grado de haber quedado excluido el agente del Ministerio Público que en su momento realizó la investigación. Incluso porque el agente que consignó la referida indagatoria, ha dejado de existir y ningún otro fue designado para atender requerimientos, porque nunca se dejó triplicado abierto como lo informó el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (foja 472). Bajo este contexto, se tiene como autoridad responsable en el presente sumario, al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial Puebla, Estado de Puebla, dado que tiene a su cargo el proceso +++, formado con la averiguación +++, que generó los actos reclamados. Luego, se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) efectuar las anotaciones correspondientes a la nueva autoridad responsable -por sustitución-. Apoya lo considerado, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 85, Sexta Parte, página 21, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SUSTITUCIÓN DE LAS.". Pero se descarta remitir copia de la demanda de amparo y del proveído de admisión, al referido juez, porque en este asunto ya se le remitieron dichas constancias. Establecido lo anterior, se hace notar que los juicios de amparo +++++, todos de este juzgado, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Tales juicios fueron promovidos por el quejoso ++++, quien también es uno de los quejosos en el presente asunto constitucional. Pero también se observa que aquellos juicios involucraron el mismo bien que se defiende en esta instancia: predio rústico denominado +++ perteneciente al Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. De modo que las condiciones de los juicios de amparo ++++, de este órgano jurisdiccional, impactan el presente asunto, en específico la postura adoptada en aquellos: sobreseimiento por cambio de situación jurídica, debido a que el inmueble reclamado por los quejosos ha sido objeto de una pena de decomiso, en otra causa penal. A fin de demostrarlo, se acude a las copias certificadas del proceso penal +++, del entonces Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, las cuales obran en los juicios de amparo ++++, de este juzgado que constituye un hecho notorio como se dijo con antelación. Tales copias derivan de una averiguación que comprende el mismo inmueble defendido por los quejosos en el presente juicio, y generan la improcedencia de este asunto por la hipótesis de cambio de situación jurídica, respecto de los actos relativos al proceso +++, que contiene el aseguramiento del inmueble antes descrito, ordenado en su momento por el agente del Ministerio Público encargado de la averiguación ++++ (foja 407 vuelta). Cabe puntualizar que el citado inmueble, al parecer, fue adquirido en compra-venta por los quejosos de este juicio y otra persona, el cinco de junio de dos mil siete, como se advierte del instrumento notarial ++++ de la Notaría Pública número Dos de la ciudad de Puebla (foja 75). Pero las copias que obran en los juicios de amparo ++++, conducen en este asunto a la hipótesis de cambio de situación jurídica prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación) respecto de la orden de aseguramiento e inscripción de la misma. Lo anterior, porque las referidas copias reflejan otros aseguramientos impuestos al bien inmueble antes descrito -que tratan de defender los quejosos en este juicio de amparo-. Tales aseguramientos fueron ordenados en diversas averiguaciones criminales, que comprendieron el referido inmueble; luego se consignaron a la autoridad judicial correspondiente mediante el ejercicio de la acción penal, contra las personas a quienes se consideró indiciados y se les imputó la comisión de ilícitos de fraude. Una de las indagatorias que se consignó a través del ejercicio de la acción penal, fue la averiguación previa ++++ y sus acumuladas, como se observa en el pliego de consignación suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Mesa de Trámite de la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur . Ese pliego de consignación revela que los bienes asegurados por esa indagatoria, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial con la solicitud de que se ratificara la medida cautelar, hasta que en su momento procesal se utilizaran (los bienes) para la restitución a los derechos de las víctimas. Entre esos bienes obra el inmueble defendido por los quejosos de este juicio, y en los diversos juicios de amparo +++++, de este juzgado, pues al examinar las constancias de este juicio resalta la inscripción registral que se le hizo (al bien afectado) respecto del aseguramiento decretado en la indagatoria (++++). Recibió el entonces Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, la averiguación previa +++++ y sus acumuladas, motivo por el cual emitió un acuerdo el veintisiete de agosto de dos mil diez, a través del cual radicó la causa penal ´++ y de inmediato examinó las pruebas de cargo, hasta librar orden de aprehensión contra los indiciados señalados como probables responsables del delito de fraude. De ahí que se hubiese instruido el cumplimiento de la orden de aprehensión. El quince de abril de dos mil once fue detenido el inculpado Edmundo Tiro Moranchel, razón por la cual fue recabada su declaración preparatoria hasta llegar al acuerdo de formal prisión, que le fue decretado el veinte de abril de dos mil once por los delitos de fraude materia de la consignación. Se siguió el periodo de instrucción con el procesado ++++; y después de celebrar la audiencia de vista, le fue dictada una sentencia condenatoria el seis de junio de dos mil catorce. Dicha sentencia genera la improcedencia de este juicio bajo la hipótesis de cambio de situación jurídica, pues al examinar lo resuelto por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en la causa +++, resalta una pena de decomiso que impactó al bien afectado, cuya propiedad alegan los quejosos en este juicio. Para evidenciarlo se hace notar que el decomiso impuesto como pena pública, en la referida sentencia condenatoria, es del tenor siguiente: ".NOVENO.- Ahora bien tomando en consideración que el Agente del Ministerio Público Investigador, en acuerdo de fecha 17 diecisiete de Mayo de 2010; decretó el aseguramiento sobre los bienes inmuebles cuyo listado obra de la foja 2002 dos mil dos a la 2010 dos mil diez de autos, girando para tal efecto el oficio número 803/2010/DMS-III al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Puebla; y toda vez que dentro de los autos obran indicios que conducen a establecer que tales bienes inmuebles son producto de actividades ilícitas que ejecutaron el ahora acusado y otros; por consecuencia en términos del diverso 53 de la Ley Punitiva de la Entidad, se decreta el decomiso de los citados bienes inmuebles.". Ese decomiso afecta al inmueble defendido por los quejosos en la presente instancia constitucional, dado que se impuso como pena pública (el decomiso) en términos del artículo 53 del Código Penal del Estado de Puebla , al grado de generar un cambio de situación jurídica respecto de todos los aseguramientos que fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Cholula, Puebla (sobre el bien de los quejosos en este asunto y en los diversos que se invocaron como hecho notorio). Cierto, el aseguramiento decretado en la indagatoria que generó el proceso ++++, trascendió hasta el decomiso impuesto en la referida sentencia con el rango de pena pública, debido a que todos los inmuebles asegurados se visualizaron como producto del delito de fraude genérico, como el de este juicio. De modo que la situación del inmueble defendido por los quejosos en este juicio, se encuentra sujeto desde la mencionada sentencia condenatoria al decomiso que fue decretado como pena pública, y conforme al cual se les ha privado de los derechos de propiedad que afirmaron tener. Lo cual permite visualizar todos los supuestos relativos a la fracción XVII del artículo 61 de la legislación, en la forma siguiente: a). El aseguramiento inscrito en el bien cuya propiedad alegan los quejosos, deriva de la averiguación que tramitó el fiscal investigador, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 21 de la constitución; b). El decomiso fue impuesto en la sentencia condenatoria de la causa penal +++++, inclusive previo a la presentación de la demanda de amparo, al punto de cambiar la situación jurídica de los quejosos respecto del inmueble cuya propiedad alegan tener, porque a la fecha está sujeto a los alcances de la pena pública que aquél representa (el decomiso); c). Resulta imposible decidir sobre la legalidad del aseguramiento inscrito en el bien cuya propiedad alegaron los quejosos, porque de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica que generó el decomiso de la sentencia condenatoria, al extremo de impactar las condiciones actuales de la causa penal +++, donde ya se realizó una privación de los derechos de propiedad al haberse estimado todos los inmuebles asegurados, como producto de delito; y d). Existe autonomía entre el aseguramiento inscrito y las nuevas condiciones de la referida causa, pues aquél se decretó en la fase de averiguación y el decomiso fue impuesto en una sentencia condenatoria -respecto de la cual se descarta la figura de ampliación de demanda prevista en la Ley de Amparo, pues la vía indirecta resulta inviable para el análisis del decomiso en mención-. Bajo este contexto se afirma que la pena de decomiso impuesta en la sentencia condenatoria de seis de junio de dos mil catorce (de la causa penal +++) ha producido un cambio de situación jurídica. Lo cual impide examinar las posibles violaciones que hubiera generado el aseguramiento que se emitió en la fase de averiguación previa, hasta quedar inscrito en el registro público respectivo (los actos reclamados en este juicio). Ello porque uno de los aseguramientos que impactó el bien de los quejosos en la fase de averiguación -y del cual existe constancia- fue considerado en la sentencia condenatoria de seis de junio de dos mil catorce, dictada en el proceso +++ del otrora Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Luego, deben tenerse consumadas las violaciones que pudiera haber causado el aseguramiento inscrito, así como su ejecución, como lo determina la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la legislación. Sobre todo porque existe correspondencia entre el aseguramiento decretado en la averiguación +++ y sus acumuladas, con el decomiso de bienes que se impuso en la sentencia condenatoria, con impacto al inmueble defendido por los quejosos en este juicio, porque también quedó comprendido en el aseguramiento de la citada indagatoria. Basta decir que el oficio +++ mencionado en la referida sentencia (de la causa +++) fue emitido en la averiguación +++ y sus acumuladas (integradas a la causa ++++). Aunado a que el oficio en mención corresponde a uno de los aseguramientos inscritos sobre el bien materia de este juicio, como se advierte en las constancias que se recabaron durante el trámite. De ahí que se corrobore la improcedencia por cambio de situación jurídica, respecto del aseguramiento inscrito en el bien defendido por los quejosos, pues al haber sido objeto de una pena de decomiso se generó la pérdida de todos los derechos que afirmaron tener sobre el inmueble controvertido, aun cuando otras averiguaciones continúen integradas a diversos procesos en etapa de instrucción. Así las cosas, resulta innecesario examinar la existencia de alguna diversa causa de improcedencia, pues la relativa al cambio de situación jurídica es notoria e indudable conforme al decomiso que obra en la sentencia condenatoria (del proceso ++++). En consecuencia, al existir un cambio en la situación jurídica, se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma ley. Funda lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Tal sobreseimiento impacta los actos reclamados de este juicio: orden de aseguramiento del inmueble afectado y su ejecución, que obran en la causa penal ++++, formada con la averiguación +++ -que generó los actos reclamados-. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha que se encontraban señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, esto es, las diez horas cuarenta y cuatro minutos de hoy dieciséis de julio de dos mil dieciocho. La determinación anterior, también se apoya en las ejecutorias que dictaron los tribunales colegiados que decidieron los recursos interpuestos por el quejoso, de los juicios de amparo ++++. Máxime que todos los sobreseimientos decretados en los citados juicios, fueron confirmados por la superioridad. Al margen de lo anterior, se hace notar que si llegara a interponerse recurso de revisión en este asunto, deberán recabarse copias de las actuaciones invocadas para el sobreseimiento de este acuerdo. Sin embargo, de momento se apoya el sobreseimiento en el hecho notorio invocado (los juicios de amparo referidos) a fin de evitar un desgaste innecesario de recursos públicos, dado que se reproduciría un legajo superior a quinientas copias. Por último, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, por el cual da cumplimiento al requerimiento de dos de julio de dos mil dieciocho (foja 465). En particular informa a este juzgado federal, haber realizado una búsqueda minuciosa sin que en sus libros de gobierno exista antecedente de alguna orden o determinación, mediante la cual se decrete el aseguramiento del inmueble denominado predio rústico ++++. Por tanto, este juzgador queda enterado de la inexistencia del aseguramiento antes citado, motivo por el cual se deja insubsistente el apercibimiento de multa que se había formulado al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, en el acuerdo de dos de julio del año en curso
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