Jorge Patricio Gonzalez Monroy

Expediente 709/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
709/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Jorge Patricio Gonzalez Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte: La parte quejosa omitió recurrir el auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria encargada del expediente para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Al expediente la razón del actuario judicial adscrito. En ella manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso ***, el auto de veintiséis de julio del presente año, pues el domicilio señalado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, no cuenta con el nombre de la colonia correspondiente. Asimismo, el número de dicho domicilio corresponde a una plaza comercial y al preguntar por el quejoso y sus autorizados, nadie le razón de los mismos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación al quejoso del referido proveído así como de las subsecuentes determinaciones, por medio de lista, aun las que deban notificarse de manera personal.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por **, por propio derecho, contra actos de la Facilitadora adscrita al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular respecto de asuntos que desde un inicio se advierte terminarán, indudablemente, en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de la lectura integral a la demanda, se advierten como actos reclamados destacados los siguientes: "a) La ilegal Constancia de Comparecencia de fecha 3 de julio de 2019 en el expediente **. b) Vicios propios de la Ilegal Constancia de Comparecencia de fecha 3 de julio de 2019 en el expediente **. c) La negativa a celebrar acuerdo reparatorio por parte del quejoso e imputado en el expediente ** Luego, de lo expresado en los ordinales 5 y 7, del capítulo de hechos, se advierte: Ante la responsable, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el quejoso en su carácter de víctima y **, en su calidad de representante legal de la moral "**." y probable participe del delito de fraude cometido en agravio del primero de los citados, llegaron a un acuerdo de pago de reparación de daños. Sin embargo, en esa data no se redactó acuerdo reparatorio alguno, motivo por el cual se señaló el tres de julio el año en curso, para continuar con la sesión de mediación. Llegado el tres de julio del año en curso y reunidos nuevamente, tanto la víctima como el probable responsable, la Facilitadora adscrita al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado, hizo constar (constancia de comparecencia) que: ".ha girado oficios correspondientes a efecto de saber si existe aseguramiento o puesta a disposición de alguna autoridad Judicial o Ministerial del predio rústico denominado **" ubicado en . toda vez que resulta indispensable ya que han aceptado someterse al mecanismo alternativo y expresaron su voluntad de ajustarse a las reglas que lo disciplinan, así como han señalado el inmueble que se alude para que se realice un pago en especie; por lo que hasta en tanto se cuente con dicha información, esta autoridad se encontrará en posibilidades de señalar una nueva fecha de sesión, manifestando los intervinientes que en atención al término de suspensión otorgado, solicita se solicite una prórroga a la autoridad pertinente." En tales condiciones, éste órgano judicial considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no es uno de aquellos que de acuerdo a su naturaleza produzca efectos que sean de imposible reparación y que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales e los que el Estado Mexicano sea parte; .". De esas porciones normativas se desprende: Por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del cual derivan aun obteniendo resolución favorable, como sería, a guisa de ejemplo, la libertad, la vida o la salud. Esto, en razón de que los daños y perjuicios que puedan revestir en los gobernados, no se les podrían resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate y por ningún medio; es decir, la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas queden reparadas en la resolución final que llegue a pronunciarse. Hecha la anterior precisión, debe decirse: Si el quejoso se duele del acuerdo por el cual la Facilitadora adscrita al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado, sólo hizo constar que se giraron los oficios necesarios para que ella, estuviera en aptitud de dictar una nueva fecha de sesión para continuar la mediación. Es evidente que esa actuación, de acuerdo a su naturaleza, no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte; pues sus efectos se pueden enmendar al momento de que la responsable emita la resolución final, esto es, el Acuerdo Reparatorio o el proveído por el cual declare fracasada la mediación y ordene la continuación del proceso penal ***. Así es, sobre todo porque a dicho del propio quejoso, en la constancia de comparecencia de tres de julio de dos mil diecinueve, solo se hizo constar que la responsable estaba efectuando las gestiones necesarias para allegarse de datos para poder continuar con el procedimiento de mediación, y no una negativa expresa de suscribir algún acuerdo reparatorio (en cuyo caso, el quejoso tendría los medios ordinarios previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, para impugnarla). En tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa V, a contrario sensu, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo. Asimismo, quedan autorizados en términos amplios **, por encontrarse inscritas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales Y a las demás personas, solo se les autoriza recibir notificaciones e imponerse de los autos de este expediente. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en los artículo 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por **, por propio derecho, contra actos de la Facilitadora adscrita al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular respecto de asuntos que desde un inicio se advierte terminarán, indudablemente, en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de la lectura integral a la demanda, se advierten como actos reclamados destacados los siguientes: "a) La ilegal Constancia de Comparecencia de fecha 3 de julio de 2019 en el expediente **. b) Vicios propios de la Ilegal Constancia de Comparecencia de fecha 3 de julio de 2019 en el expediente **. c) La negativa a celebrar acuerdo reparatorio por parte del quejoso e imputado en el expediente ** Luego, de lo expresado en los ordinales 5 y 7, del capítulo de hechos, se advierte: Ante la responsable, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el quejoso en su carácter de víctima y **, en su calidad de representante legal de la moral "**." y probable participe del delito de fraude cometido en agravio del primero de los citados, llegaron a un acuerdo de pago de reparación de daños. Sin embargo, en esa data no se redactó acuerdo reparatorio alguno, motivo por el cual se señaló el tres de julio el año en curso, para continuar con la sesión de mediación. Llegado el tres de julio del año en curso y reunidos nuevamente, tanto la víctima como el probable responsable, la Facilitadora adscrita al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado, hizo constar (constancia de comparecencia) que: ".ha girado oficios correspondientes a efecto de saber si existe aseguramiento o puesta a disposición de alguna autoridad Judicial o Ministerial del predio rústico denominado **" ubicado en . toda vez que resulta indispensable ya que han aceptado someterse al mecanismo alternativo y expresaron su voluntad de ajustarse a las reglas que lo disciplinan, así como han señalado el inmueble que se alude para que se realice un pago en especie; por lo que hasta en tanto se cuente con dicha información, esta autoridad se encontrará en posibilidades de señalar una nueva fecha de sesión, manifestando los intervinientes que en atención al término de suspensión otorgado, solicita se solicite una prórroga a la autoridad pertinente." En tales condiciones, éste órgano judicial considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no es uno de aquellos que de acuerdo a su naturaleza produzca efectos que sean de imposible reparación y que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales e los que el Estado Mexicano sea parte; .". De esas porciones normativas se desprende: Por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del cual derivan aun obteniendo resolución favorable, como sería, a guisa de ejemplo, la libertad, la vida o la salud. Esto, en razón de que los daños y perjuicios que puedan revestir en los gobernados, no se les podrían resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate y por ningún medio; es decir, la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas queden reparadas en la resolución final que llegue a pronunciarse. Hecha la anterior precisión, debe decirse: Si el quejoso se duele del acuerdo por el cual la Facilitadora adscrita al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado, sólo hizo constar que se giraron los oficios necesarios para que ella, estuviera en aptitud de dictar una nueva fecha de sesión para continuar la mediación. Es evidente que esa actuación, de acuerdo a su naturaleza, no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte; pues sus efectos se pueden enmendar al momento de que la responsable emita la resolución final, esto es, el Acuerdo Reparatorio o el proveído por el cual declare fracasada la mediación y ordene la continuación del proceso penal ***. Así es, sobre todo porque a dicho del propio quejoso, en la constancia de comparecencia de tres de julio de dos mil diecinueve, solo se hizo constar que la responsable estaba efectuando las gestiones necesarias para allegarse de datos para poder continuar con el procedimiento de mediación, y no una negativa expresa de suscribir algún acuerdo reparatorio (en cuyo caso, el quejoso tendría los medios ordinarios previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, para impugnarla). En tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa V, a contrario sensu, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo. Asimismo, quedan autorizados en términos amplios **, por encontrarse inscritas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales Y a las demás personas, solo se les autoriza recibir notificaciones e imponerse de los autos de este expediente. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en los artículo 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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