Jorge Pastor Pech Rosado
Expediente 886/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Pastor Pech Rosado
- Mario Humberto Carballo Villajuana
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO--- Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito del promovente Juan Carlos de Jesús Toledo Sauri o Juan Carlos del Jesús Toledo Sauri, con el que pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de dos de julio del año en curso. Al respecto, debe decirse que no se tiene por cumplida la prevención de mérito, toda vez que no acreditó con la documentación idónea el carácter con el que promueve el presente juicio y que lo faculte como tal, pues de las constancias que adjuntó a su escrito aclaratorio de demanda, no se advierte que ostente el carácter de apoderado legal de los directos quejosos. En virtud de lo anterior, resérvese proveer sobre el trámite de la demanda de amparo, hasta en tanto precluya el término otorgado en autos para el cumplimiento de dicha prevención, en el entendido que la presentación de dicho escrito aclaratorio interrumpió el mismo, por lo cual continuará su cómputo a partir de que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo. Tiene aplicación la tesis III.2º.A.38 K, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Tercer Circuito, visible en la página 1323, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 178830, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." Notifíquese personalmente a la parte promovente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, dos de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ********************o********************, quien se ostenta apoderado legal de ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** alias ******************** y ********************, contra el acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; al efecto, se acuerda: fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 886/2019-V-A, que le corresponde. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción III, en relación con el numeral 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente ********************o********************, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, acredite con la documentación idónea, el carácter con el que promueve el presente juicio y que lo faculte como tal, toda vez que de las constancias que adjuntó al escrito de demanda, las cuales fueron exhibidas en copia simple, no se advierte que ostente el carácter de apoderado legal de los directos quejosos. En ese sentido, es menester destacar que la fracción I del numeral 108 de la Ley de Amparo, impone al peticionario del juicio, la obligación de acreditar la representación con la que se ostenta, a fin de que el juzgador de amparo, se encuentre en aptitud de proveer en forma adecuada. Asimismo, debe decirse que el acreditamiento de la personalidad no es una cuestión que sólo incumba al peticionario y al juzgador de amparo o que no trascienda a la litis constitucional, sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108 fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en la defensa de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro-para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto-efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho de las demás partes a conocer el contenido del escrito de demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la Ley de la materia, se logra a través de las copias respectivas, carga que corresponde al propio quejoso. Se apercibe al promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de mérito, como lo dispone el penúltimo párrafo del invocado numeral 114, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo para arribar a tal determinación, la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, con número de registro en Ius Intranet 167431, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Asimismo, hágase saber a la parte impetrante, que de igual forma deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, los señalados en el escrito de demanda. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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