Jorge Pascacio Roman Salomón

Expediente 965/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
965/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Jorge Pascacio Roman Salomón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran la resolución constitucional dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, sin que hayan interpuesto recurso alguno contra la misma; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Ahora, al no existir diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente.

  2. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia definitiva, los autos del juicio de amparo 965/2020-VI-A, promovido por Jorge Pascacio Román Salomón, contra actos de Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y Presidente adscrito a ese órgano jurisdiccional, derivados del expediente 3-25/2014 y sus acumulados; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Javier Pascacio Román Salomón, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y Presidente adscrito a ese órgano jurisdiccional, derivados del expediente 3-25/2014 y sus acumulados, que serán debidamente precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán; se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, se otorgó la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, se emplazó al tercero interesado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, cuenta habida que, se trata de un amparo en el que se reclama un acto omisivo de autoridad residente en esta jurisdicción territorial en términos de los preceptos y acuerdo general de previa cita. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer cuáles son los actos reclamados por la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la intención de la parte quejosa es reclamar el siguiente acto: De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y Presidente adscrito a ese órgano jurisdiccional: a) La omisión de pronunciarse en relación con la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 3-25/2014 y sus acumulados. b) Las omisiones o dilaciones subsecuentes que se genere durante el trámite del juicio laboral de origen. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Respecto del acto reclamado identificado en el inciso b), consistente en las omisiones o dilaciones subsecuentes que se genere durante el trámite del juicio laboral de origen, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". De lo anterior, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio, cuando de autos no se apreciare claramente demostrado el acto reclamado, o cuando el quejoso no probare su existencia. Con la finalidad de corroborar lo anterior, resulta necesario precisar que la palabra acto debe ser entendida en sentido amplio, pudiendo representar una norma jurídica, un hacer, o una omisión (acto en sentido negativo) por parte de la autoridad señalada como responsable, y no ser concebida como el vocablo que implica únicamente un actuar positivo de aquélla. Lo anterior cobra sentido, si se toma en consideración que el artículo 1 de la Ley de Amparo, establece que este juicio de control constitucional tiene como objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos (en sentido estricto) u omisiones de autoridades; de ahí que las causas de sobreseimiento del mismo, al hacer referencia al acto reclamado, evidentemente acogen en ella las omisiones, las normas generales, y por supuesto, la conducta positiva por parte de la autoridad señalada como responsable. Incluso, así lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al emitir la tesis de la octava época, tomo XIV, julio de 1994, página 390 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I constitucional, y 1o., fracción I de la ley reglamentaria; los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. La expresión "leyes o actos de autoridad" recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular. Es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el elemento voluntariedad, que lo distingue de un acontecimiento cualquiera, el de intencionalidad que estriba en la causación de una afectación, esto es que tiende a la obtención de un fin determinado, así como la índole decisoria o ejecutiva del acto dotado de imperatividad, unilateralidad y coercitividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en bienes o derechos del particular. Por lo tanto, el acto de autoridad reclamable a través del juicio de garantías, necesariamente debe inferir un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado, para que le asista interés jurídico en reclamarlo." Partiendo de ello, debe decirse que, conforme a la técnica del juicio de amparo, un presupuesto necesario, jurídica y materialmente, para que el juzgador proceda al estudio de la constitucionalidad de un acto, omisión o norma general (que se considera, es violatorio de derechos sustantivos y que produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del solicitante, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico), es que éste sea existente. No obstante, en aras de salvaguardar y garantizar efectivamente los derechos fundamentales de los gobernados, se ha establecido que el juicio de amparo también resulta procedente contra actos inminentes, respecto de los que se tiene plena certidumbre de que se consumarán por así indicarlo actos preexistentes, pues sólo falta que se cumplan determinadas formalidades que corresponde satisfacer a las autoridades. Sirve de apoyo, en sentido contrario, la tesis que sobre el tema sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la séptima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 139-144, tercera parte, pagina 9, que dice: "ACTOS INMINENTES, AMPARO PROCEDENTE CONTRA LOS. Es procedente el juicio de amparo en contra de los actos que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos." Por tanto, cuando de las constancias de autos o en la audiencia constitucional no apareciere probada la existencia o, en su caso, la inminencia del acto, omisión o norma general que se reclama, ello trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio de amparo; esto es así, pues no cobra sentido analizar la constitucionalidad de un acto que, de antemano, se sabe que no es susceptible de producir afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso, precisamente porque no se ha verificado y no se puede determinar con certeza si se producirá. Así lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en la tesis de la octava época, publicada en el tomo IX, enero de 1992, página 120 del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS FUTUROS, PROBABLES E INCIERTOS. SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. Cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, se hace consistir en el auto que apercibe a una de las partes litigantes, mediante cualquiera de las medidas de apremio, en el caso de incumplir con el requerimiento de la autoridad, es indudable que constituye un acto futuro, probable e incierto, cuenta habida que de una correcta interpretación de la tesis relacionada en tercer lugar con la jurisprudencia número 74, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, visible en la Página 123, que dice: "ACTOS FUTUROS", se desprende que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de dictar, hipótesis que no se actualiza, cuando el actuar de la responsable, se encuentra condicionado por la conducta previa de los particulares o partes en litigio, como sucede con la probable utilización de las medidas de apremio, pues bastaría cumplir con lo ordenado por la autoridad para que aquéllas no se hicieran efectivas y, por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, y por ello, procede sobreseer en el juicio de amparo." Ahora, tomando en consideración lo anterior, así como que la parte quejosa reclama las omisiones y dilaciones subsecuentes que se generen durante el trámite del juicio laboral de origen; debe decirse que tales actos, por su naturaleza, no son susceptibles de considerarse existentes, o bien, inminentes, pues la actualización o no de dichas omisiones futuras se encuentran sujetas al actuar de las autoridades responsables e incluso, al de las partes, por lo que puede válidamente establecerse que las indicadas autoridades actuarán dentro de los términos legales que prevé la Ley Federal del Trabajo, y solo en el caso de que no suceda así y ello se evidencia de las constancias que integran el juicio de origen, se estaría en presencia de las omisiones y dilaciones reclamadas, lo que, se reitera, puede no suceder. En esas condiciones, no existe certeza sobre su futura o inminente realización; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento por lo que ve a los actos reclamados precisados en el inciso b) del considerando segundo del presente fallo constitucional. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y el Presidente adscrito a ese órgano jurisdiccional al rendir informe justificado, admitieron la existencia del acto reclamado. Por tanto, se tiene como cierto. Al respecto se cita la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Lo que se corrobora con la documental pública que la Junta responsable allegó, consistente en copias certificadas del juicio laboral 3-25/2014 y sus acumulados, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo y por ser una cuestión de oficio debe analizarse el tema inherente a la improcedencia de este, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto se cita la Jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado identificado en el inciso a), consistente en la omisión de pronunciarse en relación con la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 3-25/2014 y sus acumulados. La causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama que la junta responsable ha sido omisa en pronunciarse en relación con la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 3-25/2014 y sus acumulados. Por su parte, se tiene que la junta responsable remitió algunas de las constancias que integran el juicio laboral de origen de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (doce de noviembre de dos mil veinte), la autoridad del conocimiento emitió el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el cual se pronunció en relación con la admisión y la forma en que se desahogarían las pruebas ofrecidas por las partes. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios de los actos reclamados han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo) procede sobreseer en el presente juicio conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En este sentido y ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se hace innecesario emprender el estudio del conceptos de violación expresado por la parte quejosa, tal y como lo establece el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado bajo el número 509, consultable en la página 335, Séptima Época, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que menciona: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Pascacio Román Salomón, contra el acto de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y Presidente adscrito a ese órgano jurisdiccional, precisado en el considerando segundo de la presente resolución, conforme a lo resuelto en el considerando tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente en privilegio del trabajo a distancia, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la Jueza Abigaíl Cháidez Madrigal, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el Secretario Jesús Iván Nieblas Valdez, quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Dese vista a las partes, con el informe justificado rendido por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y por el Presidente adscrito.

  4. Principal

    Se admite la demanda de amparo; se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio, sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa, emplácese a juicio al tercero interesado.

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