Jorge Padilla Pintor

Expediente 1654/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1654/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Padilla Pintor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo el cinco de septiembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a la autoridad responsable el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo, por ende, es el legitimado para interponer el citado recurso, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por ---- quien se apersona como tercero interesado dentro del presente juicio de amparo; al respecto, tan solo agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar en virtud de que en proveído de cinco de septiembre pasado se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Téngasele como domicilio el que indica en su ocurso de cuenta. De acuerdo a la certificación de cuenta, se tiene como autorizada de su parte únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Martha Corina Zepeda Rocha, por no contar con cédula profesional de abogado registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito en la materia penal, civil, mercantil, y administrativa. Se le tiene señalando como medios de contacto el correo electrónico y número telefónico, para el único fin de mantener comunicación no procesal con las partes.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto de lo Familiar de Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual informa en relación con el cumplimiento de la sentencia, esto es, que mediante auto de uno de septiembre de la presente anualidad, dictado en el expediente 888/2020, de su índice, ordenó tener a la vista los autos a efecto de dictar sentencia interlocutoria en el incidente de reposición de documentos admitido el quince de agosto del año en curso, por lo que una vez que se resuelva la misma, procederá a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, de conformidad con los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el libelo y anexo de cuenta, para los efectos legales conducentes, y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio, se aprecia que por acuerdo ocho de junio del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión 25/2023, cuyos puntos resolutivos señalan: "PRIMERO. Se revoca la resolución. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido, en los términos y para los efectos precisados en ésta resolución.". Los efectos de la sentencia de mérito, fueron los siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. A fin de restituir a la parte solicitante del juicio de amparo en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal se otorga para el efecto de que la autoridad responsable Juez Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: 1. Deje insubsistente las resoluciones de diecinueve de marzo y de uno de abril, ambas de dos mil veintiuno (en la porción en donde otorgan la pensión alimenticia provisional al tercero interesado); y 2. Dicte una sola resolución en la cual, atendiendo a lo expuesto en esta ejecutoria, aborde nuevamente la solicitud de pensión de alimentos provisionales, empero bajo la totalidad de elementos que tiene a su alcance para proveerla, esto es, además de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el solicitante de la medida en su escrito de reconvención, tome en cuenta además, la totalidad de elementos aportados por la acreedora alimentaria hasta ese estadio procesal; y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. 3. Una vez resuelto lo relativo a la pensión alimenticia provisional solicitada, al final de esa determinación provea lo que en derecho corresponda respecto al recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa.". Con base en los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, se ordenó requerir a la autoridad responsable por su cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de veintiocho de junio la actual anualidad, se tuvo por recibido el oficio 6374/2023, signado por el mencionado juez responsable, mediante el cual informó que el veinticuatro de febrero del año en curso, dictó sentencia definitiva en el expediente 888/2020, en la cual condenó a la parte actora y demandada reconvencional Martha Cecilia Kadzuko Hirata López (parte aquí quejosa) al pago de una pensión alimentaria definitiva a favor de Mauricio Medina Brambila (parte tercera interesada en este asunto), por cantidad de $12,446.40 (doce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 40/100 moneda nacional), por lo que los autos de diecinueve de marzo y uno de abril, ambos de dos mil veintiuno, quedaron sin efecto; al respecto, remitió copia certificada de dicha resolución. Enseguida, por acuerdo de doce de julio pasado, este Juzgado de Distrito se pronunció respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, declarándose que no había quedado cumplida; y por ende, se requirió de nueva cuenta por su cumplimiento. Las razones por las cuales se determinó que la ejecutoria no estuvo cumplida, son las siguientes: ". Ello es así, toda vez que la resolución provisional alimentaria no queda substituida, en cuanto a su monto, al dictarse la sentencia definitiva sobre el derecho del demandante a recibirlos. Lo que así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 133/2008-PS, en la que sostuvo, esencialmente, que la resolución dictada en un juicio de alimentos que determina provisionalmente el monto de una pensión, no se modifica su situación jurídica con la sentencia emitida en el juicio natural fijando la pensión alimenticia definitiva, ya que si bien crea una nueva situación jurídica, no modifica la creada con motivo de la pensión provisional. Al efecto, consideró que la pensión alimenticia se otorga en dos etapas procedimentales diversas: I. Una provisional, la cual tiene el propósito de asegurar la subsistencia de quienes demandan alimentos mientras se resuelve en definitiva el juicio respectivo. II. Otra definitiva, la cual se otorga al dictarse la sentencia en el juicio de alimentos, con apoyo en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, y que regirá a partir de ese momento y hasta que la obligación alimentaria se extinga. Si bien el propósito de ambas determinaciones consiste en lograr la manutención y subsistencia del acreedor alimentario, la decisión provisional se constriñe al margen del tiempo existente entre la fecha en que se determina y el dictado de la sentencia; se basa generalmente en la información aportada por el acreedor o la recabada discrecionalmente por el juzgador, que se toma como elemento de la decisión en aras de evitar demora en la fijación de la pensión y entrega al o a los acreedores, además de que no admite discusión respecto del derecho a recibir alimentos. Así, la fijación en la sentencia de una pensión definitiva hace cesar los efectos de la pensión provisional; genera una situación jurídica que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho del acreedor alimentario y en la determinación de una pensión que regirá a partir de la sentencia y hasta el momento en que se extinga la obligación alimentaria por alguna causa legal. Empero, si bien es verdad el dictado de la sentencia que fija la pensión definitiva crea una situación jurídica nueva que se funda en el reconocimiento pleno del derecho de alimentos y en una pensión sustentada en las pruebas aportadas por las partes, y que regirá hasta que la obligación en cuestión sea extinguida, tal evento no incide en la situación jurídica creada con motivo de la pensión provisional. Dicha sala expuso tal aserto, puesto que la pensión provisional, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal, rige o subsiste exclusivamente hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos en que se pueden afectar derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, sino sólo fijar el monto alimentario que habrá de regir hasta que se extinga la obligación relativa, es decir, no repercute en la situación jurídica derivada de la pensión alimentaria provisional. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia, con número de registro digital: 166030, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: 1a./J. 58/2009, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 29, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: "ALIMENTOS. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU MONTO PROVISIONALMENTE, SI ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE DICTA LA SENTENCIA DEL JUICIO NATURAL EN QUE SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA (LEGISLACIONES PROCESALES CIVILES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y GUERRERO). Conforme a dichas legislaciones, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional, el cual debe respetar los principios de equidad, justicia y proporcionalidad; de manera que tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dicho monto en el juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos -previo agotamiento del recurso de apelación, en el caso del Estado de Guerrero-; el acreedor, por considerar que ésta resulta insuficiente para asegurar su subsistencia durante la tramitación del juicio de alimentos, y el deudor, por estimar que representa más de lo que puede dar o de lo que aquél requiere para su manutención durante ese tiempo; lo cual genera una afectación que no puede resarcirse con el mero dictado de la sentencia que fija el monto de la pensión definitiva, ya que ésta no incide en la etapa provisional de alimentos, en tanto que su objeto consiste únicamente en determinar el monto alimentario que habrá de regir desde la sentencia y hasta que la obligación alimentaria se extinga por alguna causa legal, además de que no tiene efectos restitutorios o indemnizatorios. En ese sentido, se concluye que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica, respecto del amparo indirecto promovido contra la resolución dictada en un juicio de alimentos que determina su monto provisionalmente, si antes de resolverse el juicio de garantías se dicta la sentencia del juicio natural en que se fija la pensión alimenticia definitiva, pues si bien es cierto que esta sentencia hace cesar la pensión provisional y genera una situación jurídica que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho del acreedor alimentario y en la determinación de una pensión sustentada en las pruebas ofrecidas por las partes, también lo es que no repercute en la situación jurídica creada con motivo de la pensión provisional que, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal y, por tanto, subsiste exclusivamente hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos donde pueden afectarse derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, ni corregir la insuficiencia o excesividad del monto provisional de alimentos y las consecuencias que tuvo en el patrimonio del acreedor o del deudor alimentario; de ahí que es posible analizar el acto reclamado sin afectar la situación creada por el nuevo que no se reclamó en el amparo solicitado.". Bajo ese orden de ideas, no existe impedimento legal para que la autoridad responsable manifieste tiene imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por haber emitido sentencia en el juicio natural 888/2020, pues como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución provisional alimentaria no queda substituida, en cuanto a su monto, al dictarse la sentencia definitiva sobre el derecho del demandante a recibirlos, por lo que deberá pronunciarse al respecto.". En consecuencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere al Juez Quinto de lo Familiar de Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos que para tal efecto se precisaron en la misma, remitiendo constancia fehaciente de ello. Bajo apercibimiento DE LEY CUMPLA CON LO REQUERIDO

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta, suscrito por el autorizado de la parte quejosa --, mediante el cual, se inconforma respecto de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, por los motivos y razones expuestas en el referido acuerdo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, se le tiene promoviendo recurso de inconformidad, a cuyo efecto, atento a lo previsto en el artículo quinto, fracción IV, del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; remítanse los autos originales del juicio de amparo número 1807/2021-VI, el original del escrito de cuenta y una copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Por otra parte, se ordena formar cuaderno de antecedentes, para los efectos legales a que haya lugar. Efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. Se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico, a fin de que el Tribunal Colegiado correspondiente, este en posibilidad de resolver lo que en derecho corresponda. En atención a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto.

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