Jorge Oswaldo Ibarra Noyola

Expediente 1280/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1280/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • Jorge Oswaldo Ibarra Noyola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que no les ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables, a fin de impugnen el contenido del proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, toda vez que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión contra del referido auto, pues no se les ocasiona afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible a fojas 2464, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 34, septiembre de 2016, tomo IV, que dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se desprende que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes, generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veinte de diciembre de dos mi dieciocho, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, el cual causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años, conforme a lo previsto en el citado punto; sin que obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto Además, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Finalmente, se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Quinto Familiar de esta ciudad, en atención a su contenido se provee: Téngase a la autoridad oficiante informando que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio, ello en virtud de que se llevó acabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen 992/2018 relativo al juicio de controversia familiar por guardia y custodia. Por tanto, visto el estado de los autos se advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La citada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar y hacer cumplir el derecho fundamental de que se trate. En la especie, el peticionario del amparo reclama de la autoridad señalada como responsable: ".B).- LA FALTA Y OMISIÓN DE EMPLAZAR A JUICIO A LA DEMANDADA JOCABED HERNÁNDEZ PÉREZ ORDENADO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 992/2018 RELATIVO AL JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR POR GUARDIA Y CUSTODIA RESPECTO DE MIS MENORES HIJOS E.O.I.H. DE 14 AÑOS DE EDAD Y S.I.H. DE 8 AÑOS DE EDAD, JUICIO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DE ESTA CIUDAD DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL CUAL EL SUSCRITO SOY PARTE ACTORA.". Se afirma lo anterior, pues del anexo que la responsable acompañó al informe de cuenta, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el diez de diciembre del año en curso se llevó acabo el emplazamiento de la demandada Jocabed Hernández Pérez en los autos del juicio 992/2018 relativo al juicio de controversia familiar por guardia y custodia. De lo expuesto, resulta claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que, según lo precisado, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la autoridad responsable. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81 del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al haber sobrevenido en el juicio la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas con treinta minutos del nueve de enero de dos mil diecinueve, quedando sin efectos la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Estado, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Quinto Familiar de esta ciudad, en atención a su contenido se provee: Téngase a la autoridad oficiante informando que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio, ello en virtud de que se llevó acabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen 992/2018 relativo al juicio de controversia familiar por guardia y custodia. Por tanto, visto el estado de los autos se advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La citada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar y hacer cumplir el derecho fundamental de que se trate. En la especie, el peticionario del amparo reclama de la autoridad señalada como responsable: ".B).- LA FALTA Y OMISIÓN DE EMPLAZAR A JUICIO A LA DEMANDADA JOCABED HERNÁNDEZ PÉREZ ORDENADO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 992/2018 RELATIVO AL JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR POR GUARDIA Y CUSTODIA RESPECTO DE MIS MENORES HIJOS E.O.I.H. DE 14 AÑOS DE EDAD Y S.I.H. DE 8 AÑOS DE EDAD, JUICIO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DE ESTA CIUDAD DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL CUAL EL SUSCRITO SOY PARTE ACTORA.". Se afirma lo anterior, pues del anexo que la responsable acompañó al informe de cuenta, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el diez de diciembre del año en curso se llevó acabo el emplazamiento de la demandada Jocabed Hernández Pérez en los autos del juicio 992/2018 relativo al juicio de controversia familiar por guardia y custodia. De lo expuesto, resulta claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que, según lo precisado, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la autoridad responsable. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81 del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al haber sobrevenido en el juicio la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas con treinta minutos del nueve de enero de dos mil diecinueve, quedando sin efectos la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Estado, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta al que se acompaña copia certificada del juicio de amparo 1188/2018-V, promovido por Jorge Oswaldo Ibarra Noyola y de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, este Juzgado resuelve conocer respecto del juicio constitucional, por lo que hace a los actos reclamados del aludido juzgador y actuario de su adscripción derivados del juicio relativo a la controversia familiar por guarda y custodia 992/2018; fórmese el expediente respectivo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1280/2018-V. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Asimismo, no ha lugar a solicitar los informes justificados a las autoridades responsables, toda vez que éstos ya obran en autos; en consecuencia, con sus contenidos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de que se haga relación de los mismos en la audiencia respectiva. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Solicítese a las partes que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 64 de la ley de la materia; en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado y el 251 de la citada ley, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente. Para hacer más práctico el estudio y manejo del expediente en que se actúa, guárdese por separado el tomo de constancias que se formó con la documental que remitió la autoridad responsable Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad en apoyo a su informe justificado rendido en el juicio de amparo 1188/2018-V de la estadística de este tribunal y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda y en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lauro Abelardo González Reyes, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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