Jorge Oswaldo Escoto Palacios
Expediente 852/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2019
Partes del expediente
- Jorge Oswaldo Escoto Palacios
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, por medio del cual acusa recibo del diverso por el que le fue devuelto el original del juicio administrativo 637/2017 que fue remitido a los presentes autos; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse a su lugar de origen los autos originales del juicio administrativo 637/2017 remitidas a este juicio, solicitando acuse de recibo correspondiente.
- Principal
EN ATENCIÓN AL AVISO DE TRES DE LOS CURSANTES, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, declina competencia, respecto del juicio de amparo directo 335/2019 2/C de su índice y adjunta las siguientes constancias: Amparo directo 335/2019. Oficio 8860; Juicio administrativo **/2017 en un tomo. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se asume el conocimiento de la demanda que promueve Jorge Oswaldo Escoto Palacios; asimismo, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo regístrese bajo el número 852/2019-II-B; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO En la especie, del ocurso de cuenta se advierte que el quejoso reclama el acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio administrativo **/2017 del índice de la responsable, en el cual se declara cumplida la sentencia definitiva, ordenando el archivo del juicio de que se trata. Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, establecida en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto pueda ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) Que por virtud de esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que puedan suspenderse sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. A continuación, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse el recurso de revisión previsto en el artículo 285 del citado ordenamiento. "Artículo 285.- Procede el recurso de revisión en contra de: . VI. Las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia. . Artículo 288.- Al resolver el recurso de revisión, las secciones podrán modificar, revocar o confirmar la resolución impugnada, observando lo siguiente: I. Si se considera infundada alguna causal de sobreseimiento del juicio, se modificará esta resolución cuando apareciere probado otro motivo legal para ello, o bien se revocará la determinación, para emitir sentencia en la que decida la cuestión planteada; II. Si se acreditan violaciones cometidas durante el procedimiento del juicio, que hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de las sentencias, se revocarán éstas y se mandará reponer el procedimiento; III. Cuando se estimen fundados los agravios en los que se sostenga que se omitió el análisis de determinados argumentos o la valoración de algunas pruebas, se realizará el estudio de unos y de otras; IV. Sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen aportado en el juicio respectivo, salvo que no se haya tenido la oportunidad procesal para rendirlas; y V. Se suplirá la deficiencia de los agravios del particular demandante, cuando el caso lo requiera, pero sin cambiar los hechos planteados. ." En atención al artículo transcrito se evidencia que contra del auto reclamado en la presente vía procede el recurso de revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, pues el acto aquí reclamado es un acuerdo emitido en el juicio administrativo **/2017 del índice de la responsable, en el cual se declara cumplida la sentencia definitiva, ordenando el archivo del juicio de que se trata. Por tanto, al no ubicarse la parte quejosa en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, está obligada a agotar el recurso de revisión en contra del acto reclamado. De ahí que se estime que no se cumplió con el principio citado necesario para estar en aptitud de acudir ante la autoridad judicial de amparo para el estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Por tanto, procede desechar de plano la demanda intentada por el quejoso. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones, aún las de carácter personal, a través de la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto, señale domicilio dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (municipio de Toluca) o dentro de la zona conurbada del mismo (Metepec, Estado de México). No obstante, atendiendo al sentido de ésta determinación, por única ocasión, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que notifique a la parte quejosa el presente acuerdo en el domicilio que señala en el proemio de su demanda. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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