Jorge Oswaldo Curiel Muñoz

Expediente 1014/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1014/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Jorge Oswaldo Curiel Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, con el que comunica que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1014/2022 del índice de este órgano de control constitucional, registrándolo bajo el diverso 812/2022 de su control; en consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Se hace constar que el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia declinada carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO. Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de quince de noviembre del año en curso, que en lo conducente dice: "INCOMPETENCIA: Por cuestión de estudio y método, debe analizarse en primer lugar si este órgano jurisdiccional es constitucional y legalmente competente para conocer del asunto de que se trata, por ser una circunstancia de orden público, estudio preferente y oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial I. 2 P. J/40, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". Así la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo que indican. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrán ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por su parte el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dispositivo legal del que se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito a saber: a) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, emitida en el expediente E.P. 267/2022, relativa al cómputo de la pena de prisión impuesta en la causa penal 71/2019; acto que se está ejecutando en el centro de reclusión de Puente Grande en el Estado de Jalisco, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en ese lugar, por lo que en la especie es aplicable la primera de las reglas mencionadas, ya que el acto que aquí se reclama no corresponde a la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. De lo que se desprende que la ejecución de los actos reclamados tiene lugar en el territorio en que ejerce jurisdicción un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, ya que es incuestionable que los efectos jurídicos derivados del acto reclamado se están ejecutando en el centro de reclusión de Puente Grande en el Estado de Jalisco (lugar donde bajo protesta de decir verdad el quejoso señaló que se encuentra privado de su libertad con motivo de los hechos relacionados con el acto reclamado) y no en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. Ello es así, ya que de lo afirmado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, el cómputo que constituye el acto reclamado es indebido, por lo que, a su consideración ya se encuentra compurgada la pena, lo que de ser así, tiene afectación en su libertad; de ahí que se estima que se está ejecutando en el lugar en que el quejoso se encuentra recluido, esto es, en el centro de reclusión de Puente Grande en el Estado de Jalisco. De ahí que se sostenga que la acción reclamada no implique ejecución dentro de la demarcación territorial de este juzgado, por tanto, es evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda. En esa tesitura, de acuerdo con las reglas que sobre la competencia establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado sea el órgano jurisdiccional competente para conocer de este juicio, es menester, que el acto reclamado se haya ejecutado, se estuviera ejecutando o se tratare de ejecutar en esta ciudad, lo que en el caso no acontece, pues los actos reclamados se están ejecutando en el Estado de Jalisco. En consecuencia, se estima que debe conocer del presente juicio de garantías el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, que ejerce jurisdicción en aquélla entidad en términos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Tiene aplicación la tesis con número de registro 316005, publicada en la página 119, Quinta Época, tomo CXXX, materia administrativo, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia." Sin que en el caso sea aplicable lo establecido en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. [.] Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. [.]" Dado que si bien es cierto la demanda de amparo se presentó en la Ciudad de México y fue turnada a este órgano jurisdiccional, lo cierto es que, como quedó expuesto, no podrá existir ejecución alguna del acto reclamado en el territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, de ahí que el supuesto normativo contemplado en el dispositivo legal referido no opera en el caso concreto, tal como quedó precisado. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, este órgano de control constitucional SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para resolver este juicio de amparo y se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a quien deberá remitirse el presente expediente, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal. Solicítese al juez que corresponda conocer de la presente demanda, acuse recibo y comunique la determinación correspondiente. DE LA PARTE QUEJOSA: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por autorizada a la persona que refiere en los términos que indica, así como el correo electrónico y número telefónico que indica para, de ser el caso, entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    INCOMPETENCIA: Por cuestión de estudio y método, debe analizarse en primer lugar si este órgano jurisdiccional es constitucional y legalmente competente para conocer del asunto de que se trata, por ser una circunstancia de orden público, estudio preferente y oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial I. 2 P. J/40, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". Así la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo que indican. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrán ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por su parte el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dispositivo legal del que se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito a saber: a) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, emitida en el expediente E.P. 267/2022, relativa al cómputo de la pena de prisión impuesta en la causa penal 71/2019; acto que se está ejecutando en el centro de reclusión de Puente Grande en el Estado de Jalisco, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en ese lugar, por lo que en la especie es aplicable la primera de las reglas mencionadas, ya que el acto que aquí se reclama no corresponde a la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. De lo que se desprende que la ejecución de los actos reclamados tiene lugar en el territorio en que ejerce jurisdicción un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, ya que es incuestionable que los efectos jurídicos derivados del acto reclamado se están ejecutando en el centro de reclusión de Puente Grande en el Estado de Jalisco (lugar donde bajo protesta de decir verdad el quejoso señaló que se encuentra privado de su libertad con motivo de los hechos relacionados con el acto reclamado) y no en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. Ello es así, ya que de lo afirmado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, el cómputo que constituye el acto reclamado es indebido, por lo que, a su consideración ya se encuentra compurgada la pena, lo que de ser así, tiene afectación en su libertad; de ahí que se estima que se está ejecutando en el lugar en que el quejoso se encuentra recluido, esto es, en el centro de reclusión de Puente Grande en el Estado de Jalisco. De ahí que se sostenga que la acción reclamada no implique ejecución dentro de la demarcación territorial de este juzgado, por tanto, es evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda. En esa tesitura, de acuerdo con las reglas que sobre la competencia establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado sea el órgano jurisdiccional competente para conocer de este juicio, es menester, que el acto reclamado se haya ejecutado, se estuviera ejecutando o se tratare de ejecutar en esta ciudad, lo que en el caso no acontece, pues los actos reclamados se están ejecutando en el Estado de Jalisco. En consecuencia, se estima que debe conocer del presente juicio de garantías el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, que ejerce jurisdicción en aquélla entidad en términos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Tiene aplicación la tesis con número de registro 316005, publicada en la página 119, Quinta Época, tomo CXXX, materia administrativo, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia." Sin que en el caso sea aplicable lo establecido en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. [.] Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. [.]" Dado que si bien es cierto la demanda de amparo se presentó en la Ciudad de México y fue turnada a este órgano jurisdiccional, lo cierto es que, como quedó expuesto, no podrá existir ejecución alguna del acto reclamado en el territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, de ahí que el supuesto normativo contemplado en el dispositivo legal referido no opera en el caso concreto, tal como quedó precisado. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, este órgano de control constitucional SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para resolver este juicio de amparo y se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a quien deberá remitirse el presente expediente, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal. Solicítese al juez que corresponda conocer de la presente demanda, acuse recibo y comunique la determinación correspondiente. DE LA PARTE QUEJOSA: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por autorizada a la persona que refiere en los términos que indica, así como el correo electrónico y número telefónico que indica para, de ser el caso, entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente.

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