Jorge Osnier Ramírez Castro
Expediente 179/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/08/2022
Partes del expediente
- Ana Rosa Aragón Fernández
- Jorge Osnier Ramírez Castro
- Jorge Osnier Ramírez Castro y Otros.
- Secretario de Gobernación. Ciudad de México.
- Manuel Delgado Ferrer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa, se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se reservó el pronunciamiento respecto al archivo, hasta en tanto se contara con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios enviados a las autoridades responsables dentro del presente asunto. Ahora bien, toda vez que ya se cuenta con dichos acuses, se desprende que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo definitivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, toda vez que no existen documentos originales agregados al expediente, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 citado en el párrafo que precede. Por otra parte, ténganse por recibidos los sobres devueltos por el Administrador de Correos, con asiento en esta ciudad, relativos a los oficios 10015/2022, 7084/2022, 10016/2022, 7085/2022 y 10014, enviados a consignación de: a) el Delegado Local del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1, Puerta 10, b) el Delegado Local del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, Sala K, Salidas Internacionales, y c) la Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1, Puerta 10,; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese sin mayor proveído sustancial al respecto, en tanto que en esta propia fecha se acordó lo conducente a su archivo definitivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de junio de dos mil veintidós.********************Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera impugnado la sentencia definitiva dictada el uno de junio de dos mil veintidós, emitida por este órgano de control constitucional, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, así como de los menores de edad ******************** y ********************; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria.********************Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a las autoridades foráneas, toda vez que se carece de los acuses de recibo relativos a los oficios ******************** mediante los cuales se les mandó notificar la citada sentencia; habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de dicha resolución afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sobreseimiento decretado en el expediente en que se actúa y la naturaleza del acto reclamado.********************Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 648, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, visible en la página 434, del Apéndice 1995, Tomo VI, parte TCC, cuyo rubro y texto dicen:********************"AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación.********************Por otra parte, se ordena a la Secretaría esté pendiente de recabar los acuses de recibo correspondientes y hecho que sea lo anterior, se resuelva sobre el archivo definitivo.********************Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. ********************Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, primero de junio de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 179/2022-IV promovido por Jorge Osnier Ramírez Castro, Manuel Delgado Ferrer, Ana Rosa Aragón Fernández, Ernesto Alejandro Leyva Ybáñez, Regla Caridad Planes Arango, Yohania Montoya Romero, Ernesto Leyva Sánchez, así como de los menores de edad R. L. M. y C. G. M., contra actos del Representante Local del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintidós en este Juzgado Federal, Abraham Hernández Rincón, en representación de los directamente quejosos Jorge Osnier Ramírez Castro, Manuel Delgado Ferrer, Ana Rosa Aragón Fernández, Ernesto Alejandro Leyva Ybáñez, Regla Caridad Planes Arango, Yahania Montoya Romero, Ernesto Leyva Sánchez y de los menores de edad R. Y. M. y C. G. M., promovieron juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que enseguida se mencionan: Autoridades responsables: Ordenadoras: 1. Secretaría de Gobernación. 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Ambas con residencia en Ciudad de México 3. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo (en su denominación correcta). 4. Encargada de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Matamoros, Tamaulipas (en su denominación correcta). 5. Representante Local del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Matamoros, Tamaulipas. Ejecutoras: 6. Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Ciudad de México (en su denominación correcta). 7. Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 8. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1, Puerta 10. 9. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, Sala "k", Planta Alta Salidas Internacionales 10. Acto reclamado: "LA ORDEN Y EJECUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN DEL PAÍS Y LA ILEGAL PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y/O LA ILEGAL RETENCIÓN Y/O LA ILEGAL DETENCIÓN EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO. A) DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS 1. La Orden de Deportación y/o expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra de los hoy quejosos. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS 1. El cumplimiento de la orden de Deportación y/o Expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra de los hoy quejosos." (sic) Segundo. En auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 179/2022-IV; concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; la admitió a trámite el once siguiente; dio intervención legal al Fiscal Federal adscrito; solicitó a las responsables sus informes justificados; y señaló fecha para la audiencia constitucional, misma que, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías pues los quejosos señalan como acto reclamado la retención ilegal de su persona en la estación provisional migratoria ubicada en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial; ello en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Fijación del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que los actos que los quejosos Jorge Osnier Ramírez Castro, Manuel Delgado Ferrer, Ana Rosa Aragón Fernández, Ernesto Alejandro Leyva Ybáñez, Regla Caridad Planes Arango, Yohania Montoya Romero, Ernesto Leyva Sánchez, así como de los menores de edad R. L. M. y C. G. M., reclaman consisten en: La orden de deportación, así como la ilegal retención de su persona. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. En relación a la orden de deportación y retención de los impetrantes, las autoridades responsables denominadas 1. Secretaría de Gobernación; 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración; 3. Director de la Estación Migratoria, todos con sede en Ciudad de México y 4. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas; al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. De igual forma, en lo tocante a la orden de deportación el 5. y 6. Encargado de la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad, por sí y por el Representante Local de dicho instituto, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto. Los quejosos Jorge Osnier Ramírez Castro, Manuel Delgado Ferrer, Ana Rosa Aragón Fernández, Ernesto Alejandro Leyva Ybáñez, Regla Caridad Planes Arango, Yohania Montoya Romero, Ernesto Leyva Sánchez, así como de los menores de edad R. L. M. y C. G. M., no desvirtuaron esas negativas con pruebas en contrario; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del actos reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, pues aun cuando el Encargado de la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, por si y por el Representante Local de dicho instituto, negó su existencia al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que los quejosos Jorge Osnier Ramírez Castro, Manuel Delgado Ferrer, Ana Rosa Aragón Fernández, Ernesto Alejandro Leyva Ybáñez, Regla Caridad Planes Arango, Yohania Montoya Romero, Ernesto Leyva Sánchez, así como de los menores de edad R. L. M. y C. G. M., al momento de presentarse la demanda se encontraban retenidos por instrucciones de dicha responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Quinto. Causas de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ni los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causa de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, Jorge Osnier Ramírez Castro, Manuel Delgado Ferrer, Ana Rosa Aragón Fernández, Ernesto Alejandro Leyva Ybáñez, Regla Caridad Planes Arango, Yohania Montoya Romero, Ernesto Leyva Sánchez, así como de los menores de edad R. L. M. y C. G. M., en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada fueron puestos en libertad, circunstancia que por sí no genera la improcedencia del juicio, en la medida de que su finalidad es precisamente conservar la materia del amparo, pero, atento a lo asentado en autos y de las razones actuariales de veintisiete y treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se tiene que los quejosos en mención omitieron cumplir con las medidas de seguridad, sin que exista constancia de que la autoridad responsable haya tenido contacto nuevamente con ellos, pues se encuentran evadidos de su jurisdicción. Entonces, si Jorge Osnier Ramírez Castro, Manuel Delgado Ferrer, Ana Rosa Aragón Fernández, Ernesto Alejandro Leyva Ybáñez, Regla Caridad Planes Arango, Yohania Montoya Romero, Ernesto Leyva Sánchez, así como de los menores de edad R. L. M. y C. G. M., fueron puestos en libertad, y posteriormente dejaron de cumplir sin causa justificada con las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional, y además, no se tiene noticia de que se encuentren internos en la estación migratoria, es evidente que la privación de la libertad que les aquejaba, cesó en sus efectos; ello sin soslayar que el acto reclamado, aun cuando existiera formalmente, no se podría ejecutar materialmente. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta ciudad, reprochado al Encargado de la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Jorge Osnier Ramírez Castro, Manuel Delgado Ferrer, Ana Rosa Aragón Fernández, Ernesto Alejandro Leyva Ybáñez, Regla Caridad Planes Arango, Yohania Montoya Romero, Ernesto Leyva Sánchez, así como de los menores de edad R. L. M. y C. G. M.. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de mayo de dos mil veintidós.********************Visto el estado de autos, en específico de las constancias que allegó el Representante Local del Instituto Nacional de Migración, de la Oficina de Representación Local en Matamoros, Tamaulipas, mediante oficio INM/ORTAM/ORLMAT/DAJ/221/2022, informó los domicilios que ofrecieron los quejosos siendo:********************a) ********************, el ubicado en ********************.********************b) c) y d) ********************, el ubicado en ********************Todos con residencia en********************En atención a la información proporcionada, se comisiona a la actuaria de la adscripción para que se constituya en los domicilios antes señalados, en esta ciudad, y notifique de manera personal este auto a ********************, ********************, asimismo, la fedataria deberá constatar si los promoventes de este juicio radican en los inmuebles en cita.********************Notifíquese personalmente a ********************, ********************.********************Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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