Jorge Ortíz Merino
Expediente 334/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2016
Partes del expediente
- Jorge Ortíz Merino
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del: 1. Congreso del Estado de Querétaro. 2. Gobernador Constitucional de Querétaro. 3. Secretario de Finanzas del Municipio del Márques, en el Estado de Querétaro. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 334/2016-VII-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ? La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, específicamente los artículos 59, 63, fracción II, 65, 90, 91, referentes al impuesto sobre traslado de dominio y el impuesto para educación y obras públicas municipales, así como su aplicación, concretado en el pago efectuado el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Lo anterior por considerar que la presentación de la demanda es extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Lo anterior se afirma, por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, resulta conveniente precisar que respecto de la aplicación de los actos reclamados sintetizados líneas que anteceden, y en cuanto a los preceptos jurídicos aludidos, la parte quejosa anexó a su escrito de demanda el recibo de pago número ***, expedido a su favor por el municipio del Marques, en el Estado de Querétaro, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en los que se refleja el pago por el concepto del impuesto sobre traslado de dominio. Al comprobante de pago anotado se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los numerales 197 y 210-A ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documento proveniente de un medio electrónico que contiene los datos que corroboran su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, los cuales ponen en evidencia la existencia del recibo a que se ha hecho alusión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2471, del Tomo XXII, Octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 176863 y de rubro y texto siguientes: RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión. Además, es necesario destacar que la parte quejosa narra en sus antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad como así se lo obliga la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, conoció la causación de dicho impuesto, pues realizó el pago del mismo, obteniendo el recibo descrito anteriormente, y en el que sustenta el primer acto de aplicación de las porciones normativas destacadas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 263, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 171389 y de rubro y texto siguientes: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Establecido lo anterior, de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, los cuales de acuerdo con lo estipulado por el diverso artículo 18, serán contados a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. A propósito de ello, debe resaltarse que de lo manifestado por la parte promovente del amparo en su escrito de demanda, se colige que éste atribuye a los ordenamientos legales impugnados, el carácter de normas heteroaplicativas o de individualización condicionada, lo cual se constata en función al contenido de dichos preceptos. Para una mayor claridad, debe establecerse que la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, distingue entre leyes que por su sola vigencia causan perjuicio al quejoso y aquellas que para que irroguen dicho perjuicio se requiere de un acto posterior de aplicación. Las primeras se conocen como autoaplicativas, mientras que las segundas son las llamadas heteroaplicativas, estas últimas, se reitera, requieren de un acto concreto de aplicación que interfiera en la esfera jurídica de la parte quejosa. En este segundo supuesto, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece que para impugnar una ley en un juicio constitucional el interesado tiene la opción de ejercer la acción de amparo en su contra, ya a través de su primer acto de aplicación, ya en contra de la resolución correspondiente recaída al recurso o medio de defensa ordinario que, en su caso, se hubiese interpuesto en contra de dicho acto. Es de puntual aplicación la tesis establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Tesis P./J. 55/97, Página 5, que prescribe: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En esa tesitura, se trae a glosa que los ordenamientos legales reclamados por la parte quejosa y que se mencionaron en el apartado previo, son de naturaleza heteroaplicativa, cuya teología involucra una autoliquidación, esto es, que es el propio peticionario del amparo quien voluntariamente acude a realizar el pago de los conceptos que ahí se leen, por lo que a la luz de su narrativa expresada en la demanda, concatenada con las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se colige que no se está ante la premisa de oportunidad descrita en el inciso a) que precede, ya que no existe fecha de notificación de la resolución o acuerdo reclamado; no obstante se actualiza la condición inserta en el inciso b), dado que del comprobante de pago que el quejoso adjuntó a su demanda, data del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, actualizando también lo relatado en el inciso c) dado que bajo protesta de decir verdad la parte quejosa señala que tuvo conocimiento del acto reclamado el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, cuando acudió a realizar el pago del impuesto que impugna mediante esta vía constitucional; entonces la hipótesis en la que nos encontramos para el cómputo en la presentación de su demanda de amparo, es lo relatado en los incisos b) y c), a saber, el cómputo deberá verificarse a partir del momento en que el quejoso tuvo conocimiento de los referidos actos. En esa virtud, es a partir del momento en que el promovente se ostenta saber de los actos de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales, que se computa el plazo de quince días para que el agraviado interponga la demanda de amparo, cuyo inicio se verifica a partir del día siguiente a aquél en que aquello acontezca, tal y como lo preceptúa el numeral 18 de la Ley de Amparo. Así pues, con el propósito de poner de manifiesto que el juicio constitucional resulta extemporáneo, se puntualiza que bajo protesta de decir verdad, el quejoso refiere haber tenido conocimiento del recibo de pago descrito, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, por lo que atendiendo a la regla prevista en el ya transcrito ordinal 18 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cómputo para presentar su demanda empezó a partir del día siguiente, es decir, el uno de junio del año en curso, de manera que si la demanda se presentó hasta el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, tal y como se corrobora con la boleta respectiva emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es inconcuso que ejerció la acción constitucional fuera del plazo con que contaba para ello, debido a que los quince días abarcaron del uno al veintiuno de junio del año que cursa, descontándose los días cuatro, cinco, once y doce de dicho mes y anualidad por haber sido sábados y domingos. Así las cosas, se arriba a la conclusión que el término con que contaba la parte justiciable para la interposición de la demanda de amparo indirecto en contra de las normas legales a que se ha hecho mención, relacionadas con el pago del impuesto sobre traslado de dominio, transcurrió y por esa razón, su reclamo se considera extemporáneo, actualizándose, por tanto, la causa de improcedencia analizada. En este punto debe destacarse que los antecedentes que proporciona el quejoso bajo protesta de decir verdad, constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La afirmación anterior se sustenta en que si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones", no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. Al respecto, conviene mencionar que el citado ordenamiento adjetivo, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida ésta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. Dice así ese precepto: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." El texto del precepto transcrito permite distinguir los distintos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa cuando deriva de la absolución de posiciones, a la que se refiere exclusivamente la prohibición consignada en el artículo 119 de la ley de la materia. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Y si en el caso, es la parte quejosa quien de forma unilateral externa en su demanda inicial un hecho que es perjudicial para sus intereses en juicio (como lo es la fecha en que se ostentó sabedor de los actos de aplicación de las normas que reclama), a dicha confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena de conformidad con los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de sustento a lo expuesto, las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 30/94, que derivó en la Jurisprudencia P./J. 27/96, visible en la página 57 del Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 200094, de título y contenido que dicen: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del Tomo IX, Junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 219095, de título y contenido que establecen: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Así también, se cita la tesis I.15o.A.28 K, localizable en la página 2613, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 171389, de rubro y texto siguientes: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." No pasa por alto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2007, realizó la interpretación de lo dispuesto en la fracción I del artículo 76 bis de la anterior Ley de Amparo, relacionado con la suplencia de la queja, lo cual ahora se encuentra previsto en el ordinal 79 de la Ley de la Materia vigente; y en ese sentido, determinó que a fin de salvaguardar la eficacia de la institución denominada "jurisprudencia", así como el propio respeto al "Estado Constitucional y de Derecho", no puede existir tolerancia a la aplicación de normas que hubieren sido declaradas inconstitucionales por los órganos facultados para ello, es decir, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, como lo dispone el artículo 94 de la Constitución Federal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, como lo ordenaban los preceptos 192 y 193 de la abrogada Ley de Amparo (cuyo contenido subsiste en la actual en el numeral 217); incluso, la referida sala del Alto tribunal señaló que los actos de autoliquidación no podrían quedar al margen del análisis de constitucionalidad en torno a si ellos estuvieren basados en alguna norma declarada inconstitucional, tal y como así se advierte de la Jurisprudencia 2ª./J.11/2008, visible en la página 659 del tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 51, 71, 79, 92, 93, 95, 122, 148, 149 y 152 del Código Financiero del Distrito Federal, se advierte que el impuesto predial lo calcula y determina el propio contribuyente bimestralmente, lo que significa que autoliquida dicha contribución por imperativo legal, para lo cual aplica preceptos relacionados con la calificación del hecho imponible y las operaciones aritméticas a seguir, por lo que no se trata de un acto realizado a nombre de la administración tributaria ni puede considerarse como un acto administrativo, ya que nace sin la participación de los órganos estatales que tienen a su alcance la potestad de comprobación. En ese tenor, el juicio de amparo es el medio idóneo para impugnar esa autoliquidación definitiva a pesar de que no se trate de un acto de autoridad, si es que en ella se aplicaron normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia, con la finalidad de hacer eficaz, real, vinculativa y extensiva la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, a cualquier tipo de aplicación de la ley inconstitucional, aunque provenga de particulares, siempre que por imperativo legal exista la obligación de aplicarse, ya que de lo contrario el gobernado tendría que tolerar el acto de aplicación hasta que la autoridad fiscal emita al respecto una resolución administrativa, lo que en algunos casos nunca sucederá, ya sea porque fue correcto el cálculo o por no generar un acto administrativo fundado en una ley declarada contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el entendido de que en este tipo de juicios será necesario señalar como actos destacados a la propia liquidación del particular y su posible ejecución, y nombrar como autoridad responsable al órgano estatal que originalmente tiene esa atribución fiscal -que normalmente recae en la autoridad de recaudación-, para que en términos del artículo 149, párrafo segundo, de la ley de la materia, exponga las razones que impiden aplicar ese beneficio, sin que sea materia de la litis constitucional el correcto cumplimiento de la determinación del impuesto predial. Sin embargo, tal supuesto no implica transgredir las reglas procedimentales que rigen al juicio de amparo, entre las que se encuentra por supuesto el plazo de quince días para promoverlo aún contra actos concretos de aplicación de normas declaradas inconstitucionales, ante lo cual, se robustece lo improcedente del reclamo que propone el quejoso. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda presentada por ***, al surtirse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, dado que operó el consentimiento tácito tanto de las normas generales reclamadas como heteroaplicativas anteriormente precisadas, así como respecto de los señalados actos concretos de su aplicación. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de citas y notificaciones el ubicado en *** Ahora bien, toda vez que el domicilio que señala para oír y recibir citas y notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial para que notifique a la parte quejosa en forma personal el presente proveído y le requiera, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la misma, señale domicilio y persona en la residencia de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. El anterior requerimiento, se encuentra precisado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, de rubro y texto siguientes: PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 25 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que por "lugar del juzgado o tribunal" debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dichas autoridades y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentren. Por tanto, para que se actualice el mencionado requisito basta con que el promovente, al depositar su escrito correspondiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, se encuentre en una ciudad o Municipio distinto al del órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento. Se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a *** toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tienen por autorizados para oír y recibir toda clase de citas, y notificaciones, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que no acreditan estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ni tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado exhortado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del: 1. Congreso del Estado de Querétaro. 2. Gobernador Constitucional de Querétaro. 3. Secretario de Finanzas del Municipio del Márques, en el Estado de Querétaro. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 334/2016-VII-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ? La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, específicamente los artículos 59, 63, fracción II, 65, 90, 91, referentes al impuesto sobre traslado de dominio y el impuesto para educación y obras públicas municipales, así como su aplicación, concretado en el pago efectuado el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Lo anterior por considerar que la presentación de la demanda es extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Lo anterior se afirma, por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, resulta conveniente precisar que respecto de la aplicación de los actos reclamados sintetizados líneas que anteceden, y en cuanto a los preceptos jurídicos aludidos, la parte quejosa anexó a su escrito de demanda el recibo de pago número ***, expedido a su favor por el municipio del Marques, en el Estado de Querétaro, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en los que se refleja el pago por el concepto del impuesto sobre traslado de dominio. Al comprobante de pago anotado se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los numerales 197 y 210-A ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documento proveniente de un medio electrónico que contiene los datos que corroboran su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, los cuales ponen en evidencia la existencia del recibo a que se ha hecho alusión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2471, del Tomo XXII, Octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 176863 y de rubro y texto siguientes: RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión. Además, es necesario destacar que la parte quejosa narra en sus antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad como así se lo obliga la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, conoció la causación de dicho impuesto, pues realizó el pago del mismo, obteniendo el recibo descrito anteriormente, y en el que sustenta el primer acto de aplicación de las porciones normativas destacadas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 263, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 171389 y de rubro y texto siguientes: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Establecido lo anterior, de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, los cuales de acuerdo con lo estipulado por el diverso artículo 18, serán contados a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. A propósito de ello, debe resaltarse que de lo manifestado por la parte promovente del amparo en su escrito de demanda, se colige que éste atribuye a los ordenamientos legales impugnados, el carácter de normas heteroaplicativas o de individualización condicionada, lo cual se constata en función al contenido de dichos preceptos. Para una mayor claridad, debe establecerse que la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, distingue entre leyes que por su sola vigencia causan perjuicio al quejoso y aquellas que para que irroguen dicho perjuicio se requiere de un acto posterior de aplicación. Las primeras se conocen como autoaplicativas, mientras que las segundas son las llamadas heteroaplicativas, estas últimas, se reitera, requieren de un acto concreto de aplicación que interfiera en la esfera jurídica de la parte quejosa. En este segundo supuesto, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece que para impugnar una ley en un juicio constitucional el interesado tiene la opción de ejercer la acción de amparo en su contra, ya a través de su primer acto de aplicación, ya en contra de la resolución correspondiente recaída al recurso o medio de defensa ordinario que, en su caso, se hubiese interpuesto en contra de dicho acto. Es de puntual aplicación la tesis establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Tesis P./J. 55/97, Página 5, que prescribe: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En esa tesitura, se trae a glosa que los ordenamientos legales reclamados por la parte quejosa y que se mencionaron en el apartado previo, son de naturaleza heteroaplicativa, cuya teología involucra una autoliquidación, esto es, que es el propio peticionario del amparo quien voluntariamente acude a realizar el pago de los conceptos que ahí se leen, por lo que a la luz de su narrativa expresada en la demanda, concatenada con las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se colige que no se está ante la premisa de oportunidad descrita en el inciso a) que precede, ya que no existe fecha de notificación de la resolución o acuerdo reclamado; no obstante se actualiza la condición inserta en el inciso b), dado que del comprobante de pago que el quejoso adjuntó a su demanda, data del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, actualizando también lo relatado en el inciso c) dado que bajo protesta de decir verdad la parte quejosa señala que tuvo conocimiento del acto reclamado el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, cuando acudió a realizar el pago del impuesto que impugna mediante esta vía constitucional; entonces la hipótesis en la que nos encontramos para el cómputo en la presentación de su demanda de amparo, es lo relatado en los incisos b) y c), a saber, el cómputo deberá verificarse a partir del momento en que el quejoso tuvo conocimiento de los referidos actos. En esa virtud, es a partir del momento en que el promovente se ostenta saber de los actos de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales, que se computa el plazo de quince días para que el agraviado interponga la demanda de amparo, cuyo inicio se verifica a partir del día siguiente a aquél en que aquello acontezca, tal y como lo preceptúa el numeral 18 de la Ley de Amparo. Así pues, con el propósito de poner de manifiesto que el juicio constitucional resulta extemporáneo, se puntualiza que bajo protesta de decir verdad, el quejoso refiere haber tenido conocimiento del recibo de pago descrito, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, por lo que atendiendo a la regla prevista en el ya transcrito ordinal 18 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cómputo para presentar su demanda empezó a partir del día siguiente, es decir, el uno de junio del año en curso, de manera que si la demanda se presentó hasta el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, tal y como se corrobora con la boleta respectiva emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es inconcuso que ejerció la acción constitucional fuera del plazo con que contaba para ello, debido a que los quince días abarcaron del uno al veintiuno de junio del año que cursa, descontándose los días cuatro, cinco, once y doce de dicho mes y anualidad por haber sido sábados y domingos. Así las cosas, se arriba a la conclusión que el término con que contaba la parte justiciable para la interposición de la demanda de amparo indirecto en contra de las normas legales a que se ha hecho mención, relacionadas con el pago del impuesto sobre traslado de dominio, transcurrió y por esa razón, su reclamo se considera extemporáneo, actualizándose, por tanto, la causa de improcedencia analizada. En este punto debe destacarse que los antecedentes que proporciona el quejoso bajo protesta de decir verdad, constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La afirmación anterior se sustenta en que si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones", no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. Al respecto, conviene mencionar que el citado ordenamiento adjetivo, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida ésta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. Dice así ese precepto: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." El texto del precepto transcrito permite distinguir los distintos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa cuando deriva de la absolución de posiciones, a la que se refiere exclusivamente la prohibición consignada en el artículo 119 de la ley de la materia. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Y si en el caso, es la parte quejosa quien de forma unilateral externa en su demanda inicial un hecho que es perjudicial para sus intereses en juicio (como lo es la fecha en que se ostentó sabedor de los actos de aplicación de las normas que reclama), a dicha confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena de conformidad con los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de sustento a lo expuesto, las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 30/94, que derivó en la Jurisprudencia P./J. 27/96, visible en la página 57 del Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 200094, de título y contenido que dicen: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del Tomo IX, Junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 219095, de título y contenido que establecen: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Así también, se cita la tesis I.15o.A.28 K, localizable en la página 2613, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 171389, de rubro y texto siguientes: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." No pasa por alto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2007, realizó la interpretación de lo dispuesto en la fracción I del artículo 76 bis de la anterior Ley de Amparo, relacionado con la suplencia de la queja, lo cual ahora se encuentra previsto en el ordinal 79 de la Ley de la Materia vigente; y en ese sentido, determinó que a fin de salvaguardar la eficacia de la institución denominada "jurisprudencia", así como el propio respeto al "Estado Constitucional y de Derecho", no puede existir tolerancia a la aplicación de normas que hubieren sido declaradas inconstitucionales por los órganos facultados para ello, es decir, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, como lo dispone el artículo 94 de la Constitución Federal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, como lo ordenaban los preceptos 192 y 193 de la abrogada Ley de Amparo (cuyo contenido subsiste en la actual en el numeral 217); incluso, la referida sala del Alto tribunal señaló que los actos de autoliquidación no podrían quedar al margen del análisis de constitucionalidad en torno a si ellos estuvieren basados en alguna norma declarada inconstitucional, tal y como así se advierte de la Jurisprudencia 2ª./J.11/2008, visible en la página 659 del tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 51, 71, 79, 92, 93, 95, 122, 148, 149 y 152 del Código Financiero del Distrito Federal, se advierte que el impuesto predial lo calcula y determina el propio contribuyente bimestralmente, lo que significa que autoliquida dicha contribución por imperativo legal, para lo cual aplica preceptos relacionados con la calificación del hecho imponible y las operaciones aritméticas a seguir, por lo que no se trata de un acto realizado a nombre de la administración tributaria ni puede considerarse como un acto administrativo, ya que nace sin la participación de los órganos estatales que tienen a su alcance la potestad de comprobación. En ese tenor, el juicio de amparo es el medio idóneo para impugnar esa autoliquidación definitiva a pesar de que no se trate de un acto de autoridad, si es que en ella se aplicaron normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia, con la finalidad de hacer eficaz, real, vinculativa y extensiva la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, a cualquier tipo de aplicación de la ley inconstitucional, aunque provenga de particulares, siempre que por imperativo legal exista la obligación de aplicarse, ya que de lo contrario el gobernado tendría que tolerar el acto de aplicación hasta que la autoridad fiscal emita al respecto una resolución administrativa, lo que en algunos casos nunca sucederá, ya sea porque fue correcto el cálculo o por no generar un acto administrativo fundado en una ley declarada contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el entendido de que en este tipo de juicios será necesario señalar como actos destacados a la propia liquidación del particular y su posible ejecución, y nombrar como autoridad responsable al órgano estatal que originalmente tiene esa atribución fiscal -que normalmente recae en la autoridad de recaudación-, para que en términos del artículo 149, párrafo segundo, de la ley de la materia, exponga las razones que impiden aplicar ese beneficio, sin que sea materia de la litis constitucional el correcto cumplimiento de la determinación del impuesto predial. Sin embargo, tal supuesto no implica transgredir las reglas procedimentales que rigen al juicio de amparo, entre las que se encuentra por supuesto el plazo de quince días para promoverlo aún contra actos concretos de aplicación de normas declaradas inconstitucionales, ante lo cual, se robustece lo improcedente del reclamo que propone el quejoso. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda presentada por ***, al surtirse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, dado que operó el consentimiento tácito tanto de las normas generales reclamadas como heteroaplicativas anteriormente precisadas, así como respecto de los señalados actos concretos de su aplicación. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de citas y notificaciones el ubicado en *** Ahora bien, toda vez que el domicilio que señala para oír y recibir citas y notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial para que notifique a la parte quejosa en forma personal el presente proveído y le requiera, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la misma, señale domicilio y persona en la residencia de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. El anterior requerimiento, se encuentra precisado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, de rubro y texto siguientes: PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 25 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que por "lugar del juzgado o tribunal" debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dichas autoridades y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentren. Por tanto, para que se actualice el mencionado requisito basta con que el promovente, al depositar su escrito correspondiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, se encuentre en una ciudad o Municipio distinto al del órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento. Se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a *** toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tienen por autorizados para oír y recibir toda clase de citas, y notificaciones, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que no acreditan estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ni tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado exhortado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
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