Jorge Orozco Flores

Expediente 955/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
955/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Jorge Orozco Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación dictada con fecha diez de noviembre del presente año, en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al juicio en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por los artículos 12, 14 y el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó el juicio de amparo en que se actúa, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre?????????? otros, en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintidós de noviembre del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio CCJ/ST/4240/2021; y con apoyo en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa en legal y debida forma con del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por -, por medio del cual, cumple con la prevención realizada en autos, aclarando y precisando lo que le fuera requerido. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO: "El auto dictado dentro del juicio ordinario mercantil número - sobre acción de pago de pesos, mediante el cual desechó de plano por notoriamente improcedente mi incidente de cobro de honorarios." Luego, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, los artículos 1339 primer y quinto párrafo, 1340 y 1341 del Código de Comercio, establecen: "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,374.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.] Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,374.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Art. 1,341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." (Lo subrayado es de este juzgado) En el caso que nos ocupa, del escrito de demanda y aclaratorios se advierte que se trata de un juicio ordinario mercantil donde se condenó a la demandada Gobierno del Estado de Michoacán a pagar a la cantidad de $3,779,111.78 (tres millones setecientos setenta y nueve mil ciento once pesos 78/100 M/N). Como del artículo 1339 del Código de Comercio antes trascrito, nos dice que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,374.03 por concepto de suerte principal, y como se advierte del párrafo que antecede dicho monto excede lo dispuesto por artículo de referencia, de igual forma, el párrafo quinto del mismo numeral nos dice que, sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, lo que así aconteció dentro del juicio mercantil que dio origen al presente asunto, pues el auto aquí impugnado puso fin al incidente de cobro de honorarios interpuesto por el aquí quejoso, pues determinó desechar tal incidencia; . Ahora, el artículo 1340 del mismo ordenamiento legal, dice que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,374.03 por concepto de suerte principal, lo que en el caso concreto el monto excede tal cantidad; lo que se evidencía que la resolución de veintinueve de septiembre del año en curso dictada por el Juez responsable dentro del juicio ordinario mercantil -es recurrible mediante el recurso de apelación. Además, el numeral 1341 del Código antes citado, se desprende que un auto puede ser apelable cuando dirima un incidente, o si lo dispone textualmente la ley, o si su contenido causare un gravamen que no pudiera repararse en la resolución definitiva, lo que deja más en claro que contra la determinación de que se duele el quejoso procede el recurso ordinario referido. En tal virtud, haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, y de lo antes expuesto, se evidencia que procede desechar la presente demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; esto es, previo a instar este medio de defensa extraordinario, no planteó ante el Juez responsable el medio de impugnación previsto en el artículo 1336, 1339, 1340 y 1341 del Código de Comercio. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios y/o medios de defensa tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Es el caso, el acto reclamado por el quejoso, lo constituye el auto dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, dentro el juicio ordinario mercantil número-; mediante el cual, desechó de plano por notoriamente improcedente el incidente de cobro de honorarios ahí interpuesto, y como se precisó, contra dicho acto procede el medio de impugnación denominado recurso de apelación ante el Juez responsable previsto en el numeral 1336, 1339, 1340 y 1341 del Código de Comercio, antes de que el quejoso ejercite la acción de control constitucional del juicio de amparo, ya que de acuerdo a lo explicado con respecto a la porción normativa en que se prevé la improcedencia del juicio de amparo como quedó expuesto en párrafos precedentes, el legislador ponderó que antes de aperturar el juicio de amparo el gobernado debe agotar todo cuanto medio de defensa ordinario tenga a su alcance a fin de privilegiar el carácter extraordinario que debe tener el juicio de amparo, lo que en la especie no ocurre así porque el acto reclamado no constituye la resolución que hubiere recaído a dicho medio de impugnación, previsto en el citado artículo 1336, 1339, 1340 y 1341 del Código de Comercio, de ahí que se actualice la improcedencia del mismo conforme a lo establecido en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el accionante constitucional no agotó el medio de impugnación ordinario, es decir, inobservo el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 1336, 1339, 1340 y 1341 del Código de Comercio. Apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 128, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXIV, que a la letra reza: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, por propio derecho, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esa ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Dése conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal a la parte quejosa del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. Como según constancia secretarial que antecede se aprecia que en auto de veintiuno de octubre pasado, se requirió al perito oficial ... a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído, emitiera su dictamen pericial en los términos indicados en la ejecutoria de dos de julio de dos mil veinte, sin que a la fecha en que se actúa obre constancia de notificación; en consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se DIFIERE la celebración de la audiencia CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente la DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondiente ante la Oficialía de Partes Común hasta un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho; contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número I-955/2021-D; y previo a admitirla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Deberá precisar qué carácter ostenta dentro del juicio del que deriva el acto reclamado, debiendo en su caso, acreditar tal circunstancia. Toda vez que del inicio de su escrito de demanda, el quejoso refiere que el juicio de origen fue promovido por la vía ordinaria mercantil, sin embargo, del su capítulo de "Conceptos de violación", manifiesta haber promovido dicho juicio por la vía ejecutiva mercantil; en consecuencia, deberá aclarar la vía en que fuera promovido el juicio mercantil de referencia. Finalmente, tendrá que exhibir copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, debiendo tener en consideración que se necesitan, una para el juicio principal, una para la autoridad responsable y una más para el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado federal. Hecho lo anterior se proveerá al respecto. En la inteligencia que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 29 fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos?22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional,?se exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente,?transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Asimismo, ?se invita? a las partes para que?propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene a la parte quejosa señalado domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizando para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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