Jorge Omar Torres Pareja

Expediente 45/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
45/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Jorge Omar Torres Pareja

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios remitidos por las autoridades responsables Juez Décimo Noveno Civil y Juez Cuadragésimo de lo Civil, ambos con sede en la Ciudad de México, mediante los cuales informan que el diecisiete y diecinueve de enero del año en curso, recibieron los oficios 7808, así como del 7790 al 7958, respectivamente, derivado del auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, en el que se ordenó la reanudación del procedimiento en el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese el oficio 150 y acuerdo de veintisiete de enero del presente año, remitido por la autoridad responsable Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, a través del cual informa que no ha recibido los oficios 7790 a 7958, relativos al acuerdo en el que se ordenó la reanudación del procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, manifiesta que se da por enterado del auto de doce de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, resulta innecesario reexpedir el oficio 7861, dirigido a la citada autoridad, dado que ya tiene conocimiento del mencionado acuerdo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los que se advierte que mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, dicho auto se ordenó notificar por medio de lista al agente del Ministerio Público de la adscripción. En atención a lo anterior, túrnense los autos al Actuario de la adscripción a fin de que realice dicha notificación de manera personal. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/1822/2021, de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Nitzshia Coral Cruz Islas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, mediante el cual remite un disco compacto que contiene las audiencias de veintiocho de enero y quince de abril de este año. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 al ser documentales públicas; lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, visible a página 1014, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido que mediante proveído de veintiocho de los corrientes se tuvo por recibido el citado oficio, y del cual se reservó proveer con respecto a los discos versátiles digitales. Ahora, del escrito inicial de demanda se desprende que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la omisión de dar respuesta y resolver la solicitud del quejoso en relación con el beneficio de libertad anticipada. Luego, de las documentales que hoy se agregan, se advierte que el quejoso y su defensora desistieron de la petición de referencia y, en virtud de ello, la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, en la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia en la que se resolvería respecto de la petición del quejoso Jorge Omar Torres Pareja, determinó tener por desistido al quejoso de mérito de su petición de libertad anticipada; por tanto, se estima que al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente asunto. Para avalar la anterior postura, es preciso citar el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuanto los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, visible a página 38, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se obtiene que, después de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio (veintiséis de octubre de dos mil diecinueve), en la que el quejoso reclamó la omisión de proveer y resolver sobre su solicitud de libertad anticipada, el propio promovente desistió de tal solicitud, motivo por el cual la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, atendió la petición y resolvió sobre el desistimiento de referencia. De manera, es evidente que por una parte, -con motivo de la celebración de la audiencia para atender la petición consistente en el otorgamiento de la libertad anticipada- cesó la omisión de atender su petición; y, por otra parte, -con motivo de la abdicación del quejoso y la determinación conducente que le recayó- cesó la omisión de pronunciarse sobre la procedencia o no de la petición de libertad anticipada, cuya falta de resolución reclamó el solicitante de amparo. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que, como se anticipó, a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados que se atribuyó a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, pues -se reitera- al momento de celebrar la audiencia respectiva, dicha autoridad responsable atendió la petición del aquí quejoso, aunado a que con motivo de que el quejoso Jorge Omar Torres Pareja desistió de la petición de un beneficio preliberacional por él formulada, la autoridad responsable resolvió lo conducente sobre la dimisión de la solicitud correspondiente, concluyéndose su trámite. Consecuentemente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cuarenta minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno, debiéndose hacer la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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