Jorge Omar Luna Cisneros
Expediente 540/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Omar Luna Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a veinte de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y, en igual término es destruible el original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar solicitada, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero; por lo que, se ordena glosar a éstos autos el citado cuaderno. En razón de lo anterior, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora bien, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del juicio ejecutivo mercantil número 303/2014-1 y dado que la misma resulta innecesaria que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítase a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 540/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Jorge Omar Luna Cisneros, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras a) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. b) Juez Sexagésimo Primero Civil de la Ciudad de México, con domicilio en esa ciudad. Ejecutoras 1. Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. 3. Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexagésimo Primero Civil de la Ciudad de México, con domicilio en esa ciudad. 4. Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "a) De la Autoridad Ordenadora Responsable, el C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, orden de embargo, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Tercero Interesado BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de OMAR LUNA DOMINGUEZ, contenido en el expediente 303/2014-1, del índice de dicho juzgado, y a la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre el inmueble del que el suscrito soy poseedor y propietario del apartamento número 1403, Torre Norte, del Condominio las Torres Gemelas, ubicado en Costera Miguel Alemán número 1230, del Fraccionamiento Club Deportivo de esta Ciudad y Puerto de Acapulco. b) De la Autoridad Ordenadora Responsable, el C. Juez Sexagésimo Primero Civil de la Ciudad de México, reclamo todos los autos, decretos, orden de embrago y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Tercero Interesado BBVA BANCOMER S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA, en contra de OMAR LUNA DOMINGUEZ, contenido en el expediente 661/2012, del índice de dicho juzgado, y a lo orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre el inmueble del que el suscrito soy poseedor y propietario del apartamento número 1403, Torré Norte, del Condominio las Torres Gemelas, ubicado en Costera Miguel Alemán número 1230, del Fraccionamiento Club Deportivo de esta Ciudad y Puerto de Acapulco. b) De la Autoridad Ejecutora Responsable marcadas con los números 1 y 2, reclamo todo acto de fe, y de ilegalidad realizados dentro del juicio Ejecutivo Mercantil número 303/2014-1, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. c) De la Autoridad Ejecutora Responsable, señalada con el número 3, reclamo todo acto de fe y notificaciones realizadas dentro del juicio Ejecutivo Mercantil número 612,12012, del índice del Juzgado Sexagésimo Primero Civil de la Ciudad de México. d) Del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad y Puerto de Acapulco, reclamo todo acto de inscripción, traslado de dominio, en el folio de derechos reales número 12261." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 133 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. En proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, se radicó la demanda con el número de expediente 540/2019 y se decretó oficiosamente su separación al reclamarse actos que derivan de juicios ejecutivos mercantiles diversos que no estaban vinculados entre sí, por lo que se ordenó remitir oficio con copia certificada de la misma y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a efecto de que proveyera lo conducente a los actos reclamados que se derivan del juicio ejecutivo mercantil 661/2012 y que se atribuyen al Juez Sexagésimo Primero Civil de la Ciudad de México, al Secretario de Acuerdos adscrito a dicho órgano jurisdiccional y al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, asimismo, se desechó la demanda por lo que hace al Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, admitiéndose el presente asunto, únicamente por lo que hace a los actos que derivan del juicio ejecutivo mercantil 303/2014 que se reclaman al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, al Actuario Judicial adscrito a dicho órgano jurisdiccional, y al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, a quienes se les solicitó rindieran su informe justificado; además se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se ordenó notificar al tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos derivados de un juicio ejecutivo mercantil que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, respecto del cual el quejoso se ostenta tercero extraño. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. El quejoso bajo protesta de decir verdad refiere que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis (foja 6); en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del diecisiete de mayo al seis de junio del año en curso, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo, así como uno y dos de julio, por haber sido inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el veintinueve de mayo pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es preciso establecer que de un análisis integral de la demanda de amparo en relación con las demás constancias de autos se advierte que el quejoso reclama todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 303/2014 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, promovido por el aquí tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Omar Luna Domínguez, particularmente todas aquellas actuaciones por virtud de las cuales se afectó el inmueble identificado como apartamento número 1403, Torre Norte, del Condominio las Torres Gemelas, ubicado en Costera Miguel Alemán número 1230, del Fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad, como lo es el embargo y su inscripción en el folio de derechos reales número 167734, bien raíz que dice, es de su propiedad y tiene en posesión sin que hubiere sido emplazado al citado procedimiento. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, consistente en la inscripción en el folio registral electrónico número 167734, del embargo trabado sobre el inmueble identificado como apartamento número 1403, Torre Norte, del Condominio las Torres Gemelas, ubicado en Costera Miguel Alemán, número 1230, del Fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 303/2014, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 37); certeza que además se corrobora con la documental que en copia certificada anexó, la cual hace prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Asimismo, son ciertos los reclamados al Juez y a la Secretaria Actuaria, ambos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, no obstante que al rendir conjuntamente su informe justificado lo hayan negado (foja 71), ya que de las manifestaciones que hacen valer se aprecia la existencia del juicio ejecutivo mercantil número 303/2014 promovido por el aquí tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Omar Luna Domínguez; certeza que además se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el referido sumario que remitieron en apoyo a su informe (tomo I de prueba); documental pública que dada su naturaleza tienen valor probatorio pleno, en términos de los mencionados artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo civil federal de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgado de oficio advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la ley de la materia, misma que también hace valer el apoderado legal del tercero interesado, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)." De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del invocado dispositivo legal, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 5, fracción I de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." De la lectura del numeral transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo), ya que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Ahora bien, en relación con el interés jurídico, este consiste en la identidad de la persona que ejercita la acción de amparo, con el individuo en cuyo favor la ley protege un derecho, que se estima ha sido conculcado por la autoridad al realizar el acto o actos reclamados; porque de lo contrario, se infiere, que si un acto de autoridad no lesiona un derecho previsto o tutelado por la ley, contra él será improcedente la vía intentada por no afectar ningún interés jurídico de persona alguna, aun cuando tal acto pueda perjudicarlo material o económicamente. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo (público o privado) que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; la protección legal se materializa en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, es decir personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Lo antes expuesto se traduce, en que sólo existirá un derecho subjetivo si la norma aplicable fue dictada para garantizar en exclusiva situaciones jurídicas del particular, lo que tiene especial relevancia en el caso en que se reclaman actos provenientes de un tribunal judicial (Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares) porque para instar la acción constitucional debe acreditarse de manera plena que se cuenta con un interés jurídico tutelado por el derecho positivo que faculta a su titular a excitar al órgano de control constitucional en demanda del respeto de sus derechos; interés que desde luego debe estar plenamente demostrado. En este orden de ideas, es de señalarse que el quejoso basa la promoción del presente juicio de amparo, en el hecho de ostentarse propietario y poseedor del bien inmueble identificado como apartamento número 1403, Torre Norte, Condominio las Torres Gemelas, fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad, y que fue embargado dentro del juicio ejecutivo mercantil 303/2014 instado por el aquí tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Omar Luna Domínguez (sin que el impetrante figure como parte demandada en el juicio natural), exhibiendo para ese efecto copia certificada de la sentencia definitiva dictada el veinticinco de marzo de dos mil nueve en el juicio de divorcio voluntario número 210/2009 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, promovido por Omar Luna Domínguez y Susana Lorena Cisneros Silva, de la que se advierte que se aprobó en definitiva el convenio que éstos celebraron en el que en una de sus cláusulas se estableció que una vez que causara ejecutoria dicha resolución Omar Luna Domínguez, se comprometía a designar respecto del referido inmueble un fideicomiso a favor del entonces menor Jorge Omar Luna Cisneros, ahora quejoso, mismo que pasaría hacer de su exclusiva propiedad una vez que cumpliera la mayoría de edad; sin embargo, dicha documental no puede servir de título para justificar su interés jurídico, ya que el acto traslativo de dominio quedó sujeto a una condición (fideicomiso), sin que se hubiere demostrado que el hecho condicionante se hubiere realizado; por tanto, dicho documento no es idóneo para acreditar ni siquiera de manera indiciaria su interés jurídico; máxime que del original del certificado de libertad de gravamen número 5979/2019, que anexó a su escrito de demanda, se observa que el referido bien se encuentra a nombre de Omar Luna Domínguez. Por tanto, al no haber demostrado plenamente el quejoso el derecho del que se dice afectado con motivo de la circunstancia reseñada con antelación, lo que tampoco se puede deducir con base en presunciones por tratarse de una cuestión que atañe al interés jurídico, a efecto de establecer si el acto reclamado incidió en su esfera jurídica, es procedente concluir que en el caso queda plenamente evidenciada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, lo procedente es decretar su sobreseimiento. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la Secretaria Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares y al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero; dado que no fueron impugnados por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida a la autoridad ordenadora. Finalmente, debe aclararse que los criterios enunciados a pie de página en esta resolución, si bien fueron emitidos con base en la legislación de amparo abrogada, ello no impide que puedan aplicarse en este asunto tramitado con base en la legislación vigente, en tanto, el artículo sexto transitorio dispone que pueden ser utilizados siempre y cuando no se opongan a las disposiciones actuales, lo que desde luego no sucede en el caso. Por lo expuesto y fundado y con apoyo demás en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 540/2019, promovido por Jorge Omar Luna Cisneros, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma la licenciada Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, conforme al oficio número CCJ/ST/3312/2019, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado de Distrito, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de julio de dos mil diecinueve. Agréguese, a los autos el escrito signado por Elí Pineda Díaz, apoderado legal del tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte; en atención a su contenido, deberá de estarse a lo acordado en proveído inmediato anterior, en el que se difirió la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a dos de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de diecinueve de junio del año en curso, se tuvo por rendido de manera conjunta el informe justificado del Juez y de la Secretaria Actuaria, ambos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las ONCE HORAS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.
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