Jorge Omar Contreras San Gines
Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Omar Contreras San Gines
- Emmanuel López Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el sobre que devuelve el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio número 17406, librado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la Ciudad de México, para notificar el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se asentó una leyenda que indica lo siguiente: "NO SE ENCUENTRA EN ESTE DOMICILIO, REHUSADO POR OFICIALÍA DE PARTES CARTERO:". En mérito a lo anterior, de autos se advierte que obra una guía de estafeta, de la cual se advierte como domicilio de la citada autoridad, el ubicado en: Avenida Marina Nacional número 60, Piso 4, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11410, Ciudad de México. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena reexpedir vía estafeta oficio a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil veintitrés. Se requiere cumplimiento. Vista la certificación de cuenta se advierte, transcurrió el plazo de tres días que establece el artículo 210, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, para que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios cumpliera con la determinación de doce de julio del año en curso, que declaró fundada la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, sin que lo haya hecho. Por tanto, se procede en términos de los artículos 192 al 198 de la Ley de Amparo y se requiere a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que dentro del término de tres días, siguientes a su notificación, cumpla con la resolución citada, cuyos efectos fueron los siguientes: "1. Deje sin efecto el oficio ********************, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el que se resolvió la imposibilidad para otorgar la autorización solicitada por ********************. 2. Emita nueva contestación a la solicitud de ********************, en la que atienda a cabalidad la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno y otorgue la autorización solicitada, con los efectos precisados en la misma." Apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de hacer efectivo el apercibimiento, de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se ordena notificar este proveído al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con residencia en la Ciudad México, para que ordene a su subordinada, cumplir con la resolución de referencia, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá igual multa a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en las mismas responsabilidades de su subalterna. NOTIFÍQUESE.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
VISTOS para resolver los autos de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad radicada en este juzgado con el número 20/2023, promovida por********************, por derecho propio, en contra del acto de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la denuncia. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día,********************, por derecho propio, denunció el Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizado por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la denuncia. En proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se radicó la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad con el número de expediente 20/2023, y se admitió a trámite en sus términos, se dio vista a las autoridades denunciadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. TERCERO. Trámite de la denuncia. Seguido el trámite, mediante auto de diez de julio de dos mil veintitrés, se turnaron los autos para resolver lo conducente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 210 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 72, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 210, fracción I, de la Ley de Amparo; 57, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que si bien el acto por el que se estima se aplicó la norma general materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, se atribuye a autoridades con residencia en Ciudad de México, la denunciante presentó la misma en esta localidad donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto denunciado. De la lectura integral de la denuncia, se precisa que el promovente acudió a denunciar el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materializado en el acto siguiente: El oficio ********************, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el que se aplica el sistema de prohibiciones administrativas previsto en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, y determina no procedente la autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. TERCERO. Existencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. Del oficio ********************, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se advierte que fue emitido por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, por lo que se concluye que sí existe el acto denunciado a esa autoridad. CUARTO. Estudio de fondo de la denuncia. El denunciante aduce que en el oficio ********************, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con sede en la Ciudad de México, se le niega la autorización de consumo personal de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, que solicitó por escrito presentado a esa autoridad el doce de diciembre de dos mil veintidós, con base en lo determinado en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. Aduce que en esa determinación la autoridad denunciada reconoce la existencia y contenido de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018, de referencia; no obstante, niega contar con los elementos normativos para brindar la atención a ese tipo de peticiones, y derivado de ello refirió su imposibilidad para evaluar tal solicitud. Arguye el denunciante, que del oficio ********************, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con sede en la Ciudad de México, se desprende un incumplimiento explícito a los términos dictados en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 de referencia, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció obligaciones precisas a cargo de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para emitir autorizaciones de consumo personal de cannabis hasta en tanto el Congreso de la Unión legislara al respecto; y la autoridad denunciada al negar la autorización solicitada, argumentó la ausencia de marco regulatorio. Son fundados los argumentos del denunciante. En principio, es dable puntualizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad, tiene como finalidad superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas declaradas inconstitucionales en su jurisprudencia. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para apreciar e imponer las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad cumpla cabalmente su cometido. Así, la declaratoria general de inconstitucionalidad da lugar a la invalidez de la norma cuestionada con efectos generales o erga omnes -es decir, su expulsión del ordenamiento jurídico- siempre que al menos ocho ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación voten por su invalidez. Precisado lo anterior resulta conveniente transcribir, en lo conducente, las consideraciones que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo para declarar la invalidez de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018: "[.] 61. En efecto, este Tribunal Pleno considera importante destacar que en la jurisprudencia precisada se declaró, no la inconstitucionalidad de normas aisladas, sino la de un sistema de prohibiciones administrativas, previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, específicamente, el de aquellas porciones que prohíben absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 62. Lo anterior, porque la Primera Sala consideró que ese sistema provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 1 constitucional, pues existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero restringen en menor grado a ese derecho fundamental, y la prohibición absoluta ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. 63. Ahora bien, un conjunto de normas constituye un sistema normativo si dichas normas forman una unidad porque entablan entre sí relaciones sistemáticas, ya sea por remisión expresa o tácita, o por relaciones de jerarquía, contenido, temporalidad o generalidad, de manera que el sentido, alcance, validez u operatividad de las mismas dependa de su estrecha conexión o íntima relación de dependencia. Dicho con otras palabras, un conjunto de normas es un sistema normativo si es necesario integrar, interpretativamente, el conjunto de sus disposiciones para extraer de ellas el sentido normativo de las mismas, como podría ser el establecimiento de determinadas prohibiciones, derechos, facultades u obligaciones. 64. En el caso, las porciones normativas declaradas inconstitucionales, contenidas en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, constituyen un genuino sistema normativo porque la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos se genera a partir de la integración de diversas porciones de las mismas, que incluso contienen un sistema de remisiones expresas entre ellas. 65. En efecto, los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, cuyas porciones normativas se invalidaron, establecían lo siguiente: 'ARTÍCULO 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997). VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987). Los actos a que se refiere este artículo solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud. [.] ARTÍCULO 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. [.] (REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1987) ARTÍCULO 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: I.- Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: [.] Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. [...] ARTÍCULO 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987). II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997). VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987). Los actos a que se refiere este artículo solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de salud. (REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1987). ARTÍCULO 248.- Queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta Ley, con relación a las substancias incluidas en la fracción I del artículo 245.'. 66. Al respecto, cabe hacer dos precisiones. La primera, que la prohibición declarada inconstitucional está contenida no en la totalidad de esas disposiciones, sino solo en las porciones normativas resaltadas (con la salvedad del artículo 248, como se precisa en seguida), de cuya relación sistemática se extrae, interpretativamente, dicha prohibición. 67. La segunda, que la prohibición prevista en el artículo 248 tiene un alcance más amplio de la que fue declarada inconstitucional, pues se refiere a la prohibición de cualquier acto de los previstos en el artículo 247, en relación con todas las substancias clasificadas en la fracción I del artículo 245, y no solamente del THC y sus variantes estereoquímicas. 68. En este sentido, como se precisó en las ejecutorias de las que derivaron las jurisprudencias citadas, la Primera Sala no declaró la inconstitucionalidad de la totalidad de esas disposiciones, sino solamente de aquellas porciones de las mismas que prohíben absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 69. Dichas porciones coinciden con las partes que han sido resaltadas de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, y con la norma implícita en el artículo 248 que remite, específicamente, a la parte resaltada de la fracción I del artículo 245, que se refiere al THC y sus variantes estereoquímicas. 70. Ahora bien, el problema de inconstitucionalidad advertido no se superó con la reforma a los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud (reformado implícitamente, porque remite expresamente al 245 fracción I), publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (y actualmente vigente), porque dichas reformas no eliminaron la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 71. En efecto, las normas reformadas quedaron como sigue: "REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) ARTÍCULO 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. [...] (REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1987). ARTÍCULO 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: (REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: [.] 72. De las reformas mencionadas se advierte lo siguiente. 73. De la prohibición prevista en el artículo 237, se eliminó la referencia a la cannabis índica, sativa y americana. No obstante, esta eliminación tiene alcance solo en relación con la permisión del uso de la cannabis con fines médicos, pero no con fines recreativos, pues dicha prohibición subsiste en el último párrafo del artículo 235, que no se modificó, y prevé que el uso de esa substancia solo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo. 74. Por su parte, de la fracción I del artículo 245 se eliminó la referencia al THC y sus variantes estereoquímicas, pero dicha sustancia se reclasificó en las fracciones II y IV de dicho artículo, que prevén, respectivamente, las substancias con algún valor terapéutico que entrañan graves problemas de salud (en concentraciones superiores al 1%) y las consideradas con amplios usos terapéuticos a pesar de que constituyen un problema menor de salud (en concentraciones inferiores al 1%). 75. Esta reclasificación, si bien permitirá el uso del THC y sus variantes estereoquímicas para fines médicos, no elimina el problema de constitucionalidad, pues persiste la prohibición del uso de esa substancia con fines recreativos en el último párrafo del artículo 247, que no se modificó, y prevé que el uso de esa substancia solo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo. 76. Y, si bien el artículo 248 no se modificó, el hecho de que se haya eliminado el THC y sus variantes estereoquímicas de la fracción I del artículo 245, al que remite, no elimina la prohibición de autorizar su uso recreativo, que subsiste en el artículo 247, último párrafo. En todo caso, esa modificación implícita, a través de la autorización para fines médicos. 77. En consecuencia, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad advertido en la jurisprudencia de la Primera Sala, consistente en la prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, prevista en el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, no ha sido superado mediante las reformas a la Ley General de Salud publicadas el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Y, si bien es un hecho notorio para este Tribunal Pleno que el Congreso de la Unión está considerando una serie de cambios legales para superar el sistema de prohibiciones que dio lugar a la jurisprudencia precisada, hasta este momento no ha concluido el proceso legislativo. 78. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno), este Tribunal Pleno emite la declaratoria general de inconstitucionalidad, en los términos que se precisarán en el siguiente apartado. [.]" Lo hasta aquí transcrito pone de relieve que en dicha resolución el Máximo Tribunal del país, declara la inconstitucionalidad del sistema de prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, prevista en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud; porque ese sistema provoca afectación al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 1º. Constitucional, al existir medios alternativos a esa prohibición absoluta que resultan igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero restringen en menor grado a ese derecho fundamental, y la prohibición absoluta ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. Los efectos de esa sentencia, fueron los siguientes: "EFECTOS 79. Este Tribunal Pleno considera importante remarcar que el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno)(54) confiere a esta Suprema Corte amplias facultades para fijar los efectos que deban imprimirse a una declaratoria general de inconstitucionalidad, con la finalidad de que se supere eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas declaradas inconstitucionales en su jurisprudencia. En este sentido, debe entenderse que la Suprema Corte tiene vastas facultades para apreciar e imponer, caso por caso, las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad cumpla cabalmente su cometido. 80. Por su parte, el artículo 234 de la Ley de Amparo establece que: Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá: I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 81. Este Tribunal Pleno considera que, para precisar adecuadamente los efectos de esta declaratoria general, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia de la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, en su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.] 86. Luego, este Tribunal emite la declaratoria general, únicamente, de las porciones normativas que indican "solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, vigente, resaltadas a continuación: 'ARTÍCULO 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987). Los actos a que se refiere este artículo solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud. [... ] (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) ARTÍCULO 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. [...] (REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1987). ARTÍCULO 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: (REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: [...] [YA NO SE INCLUYE AL THC EN LA LISTA] Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. [...] ARTÍCULO 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.'. 87. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad surtirá efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y no podrá tener efectos retroactivos. 88. Es importante enfatizar, ante todo, que los alcances de esta declaratoria general de inconstitucionalidad se limitan a remover los personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: (6a (10a), (6a (7), (7, (8, (9, (10, (9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". 89. Por lo tanto, esta declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. 90. En efecto, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se estima necesario ordenar la notificación de la misma también a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS. 91. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones solo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: (6a (10a), (6a (7), (7, (8, (9, (10, (9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. 92. Así mismo, la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. 93. Además, al emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. 94. De esta manera, invalidando las porciones normativas precisadas y vinculando a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, este Tribunal Pleno considera que se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala. 95. Por último, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación exhorta al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente; a tomar las medidas que estime pertinentes para tratar esta cuestión como un problema de salud pública; y para brindar a las autoridades de Salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros, sin que corresponda a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dar mayores lineamientos respecto de las políticas que el legislador, en uso de su libertad política, decida tomar al respecto. 96. No pasa inadvertida la posibilidad de que subsistan negativas de la COFEPRIS a autorizar el consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC fundamentadas en las disposiciones de la Ley General de Salud en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que se encuentren reclamadas en juicios de amparo pendientes de resolver. Sin embargo, este Tribunal Pleno considera que, al respecto, los tribunales de amparo deberán resolver teniendo en cuenta las normas de la Ley General de Salud aplicadas en dicha negativa y la jurisprudencia de esta Suprema Corte al respecto." [Lo resaltado es propio de este órgano de control constitucional] Sobre estas bases del análisis de las consideraciones de la declaratoria de inconstitucionalidad citada, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sentado que la declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. La invalidez de esas porciones normativas, remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, estimó necesario ordenar la notificación de la misma también a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. En función de lo expuesto, acentuó que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud debería emitir esas autorizaciones solo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. De igual manera, subrayó que al emitirse las autorizaciones, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos y bajo ningún supuesto podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Con la inhabilidad de las porciones normativas precisadas se vinculó a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, en la inteligencia que se deben atender las limitaciones y restricciones precisadas. Finalmente, exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente; a tomar las medidas que estime pertinentes para tratar esta cuestión como un problema de salud pública; y para brindar a las autoridades de Salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros. Lo anterior cobra relevancia en la medida que si bien en el oficio ********************, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, no invoca los artículos invalidados, sí aplicó el sistema de prohibiciones administrativas de manera implícita o tácita, porque explicó que se encuentra imposibilitada para otorgar autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana. Con lo que desobedeció la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, en el oficio ********************, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con sede en la Ciudad de México, le niega a********************, la autorización de consumo personal de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, que solicitó por escrito presentado a esa autoridad el doce de diciembre de dos mil veintidós, con base en lo determinado en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. De la citada documental, a la que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; se advierte que: Está dirigido a********************. Se emite en atención a la solicitud presentada por él para obtener autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis con fines lúdicos o recreativos. Se argumenta su imposibilitada para evaluar su petición con el fin de obtener autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana; porque esa autoridad solo tiene facultades de ejecución y se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitario en materia de esos productos, sin que se pronuncie respecto a la creación del marco que las regula. Por tanto, asiste razón al denunciante cuando afirma que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, transgredió la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018, porque como se mencionó en párrafos precedentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recalcó que en lo sucesivo y mientras el Congreso de la Unión no legislara sobre el tema, la Secretaría de Salud debe emitir esas autorizaciones solo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Igualmente indicó que es la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, quien debe establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho ahí tutelado, habida cuenta de que en ningún caso se permita importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Y subrayó que al emitirse las autorizaciones la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, esto es, que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, debiendo, además, precisar que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Además, señaló que la Secretaría de Salud quedó vinculada, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones antes precisadas. Bajo esos parámetros, es menester señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 3, fracción I, inciso j); 4, fracción II, inciso c); 11, fracción VI; y 14, fracciones I y VII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, compete a esa Comisión expedir las autorizaciones al respecto, toda vez que aquella versa sobre sustancias consideradas como estupefacientes y psicotrópicos. De ahí que, no constituye obstáculo la circunstancia de que a la fecha en que se emitió el oficio no exista la regulación para emitir las autorizaciones para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, solo para personas adultas, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente del estupefaciente "cannabis sativa, índica, americana, su resina, preparados y semillas" y del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabidol) y sus variantes estereoquímicas conocidas como marihuana, en la medida que desde la ejecutoria misma se le vinculó a su observancia y cumplimiento es obligatoria. Máxime, que en la misma se refieren los alcances y condiciones que se deben velar al emitir la autorización para llevar a cabo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Ahora bien, en relación a las manifestaciones vertidas por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a través de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión citada, en suplencia de la Coordinadora General Jurídica Consultiva, y ésta en representación de la mencionada Directora Ejecutiva; no le asiste la razón cuando aduce, implícitamente, que como el denunciante no acreditó de manera fehaciente que ejercerá su derecho con las condiciones precisadas en la Declaratoria General de Salud, por ello no se le puede dar la autorización de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos, por afectarse a terceros. Ello no es acertado, porque en la citada Declaratoria de Inconstitucional, se indicó que al emitirse las autorizaciones la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, debía limitar el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos, a que se llevara a cabo sin afectar a terceros, esto es, que ese derecho no debe ser ejercido en ningún caso frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización; de donde se aprecia que dicha limitación debe ser motivo de la autorización que se expida, pero no un requisito sine qua non, para otorgar esa autorización. Respecto a la afirmación en el sentido que esa autoridad se encuentra realizando acciones para dar cumplimiento a lo pronunciado en la Declaratoria de referencia, ello tampoco cambia el sentido de esta determinación, habida cuenta que la autoridad se encuentra obligada a atender de inmediato la multicitada Declaratoria de Inconstitucionalidad, a fin de no vulnerar el derecho del denunciante al libre desarrollo de su personalidad reconocido por el artículo 1º de la Constitución General, por lo que respecta únicamente al autoconsumo exclusivamente de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. De igual forma, no se comparte el argumento de la autoridad, en el sentido que la Secretaria de Salud se encuentra imposibilitada para emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC), con fines recreativos, por no estar concluido el proceso legislativo a cargo del Congreso de la Unión; pues como se precisó, en la Declaratoria de Inconstitucionalidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud debe emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas. Así también, contrario a lo alegado, como se indicó, en el oficio ********************, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, sí se aplicó el sistema de prohibiciones administrativas de manera implícita o tácita, dado que se asentó que existía imposibilidad para otorgar autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana. Tampoco se desatiende el argumento relativo a que no se puede inobservar el objetivo de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con la emisión de un sin número de autorizaciones, sin entrar al análisis pormenorizado como lo establece la Declaratoria; pues si bien asiste razón a la autoridad; sin embargo, eso debe ser motivo de análisis en cada caso concreto, pero no limitarse, como lo hizo, a expresar que se encuentra imposibilitada para evaluar la petición, por no contar con un marco regulatorio, pues ello no justifica de modo alguno su negativa, pues se reitera, está obligada a tomar las medidas necesarias para dar respuesta al planteamiento formulado por el denunciante, como se indicó en la Declaratoria de Inconstitucionalidad que ahora nos ocupa. En consecuencia, ante lo fundado de la denuncia promovida, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 210, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que una vez que cause ejecutoria esta resolución, realice lo siguiente: 1. Deje sin efecto el oficio ********************, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el que se resolvió la imposibilidad para otorgar la autorización solicitada por********************. 2. Emita nueva contestación a la solicitud de********************, en la que atienda a cabalidad la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno y otorgue la autorización solicitada, con los efectos precisados en la misma. Para lo cual, debe tener presente que las autorizaciones solo se otorgan a personas adultas, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana. Esto es, la declaratoria no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a lo que se conocen como marihuana. De la misma forma, para emitir las autorizaciones deberá precisar que: i) El ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros. ii) Ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización. iii) No está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En el entendido que el total cumplimiento debe efectuarse dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que cause ejecutoria la presente resolución. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Es fundada la denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 20/2023, por los motivos expuestos en el considerando cuarto y para los efectos precisados en la parte final del mismo. Notifíquese, y personalmente a la parte denunciante.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. Se acuerda oficio. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de junio del año en curso, las cuales únicamente se ordenan glosar al presente asunto, en virtud de que tal como se advierte de la certificación de cuenta fueron realizadas fuera del término que se le concedió para tales efectos, máxime que en diez de julio de dos mil veintitrés, se ordenó dictar la sentencia correspondiente en la presente denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. No obstante, respecto a los delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones que menciona, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se toma nota para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
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