Jorge Olvera Contreras

Expediente 1112/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1112/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Olvera Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, que contiene inserto el auto del veintiocho de septiembre del año en curso, emitido en el recurso de queja 334/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, del que en la parte conducente se advierte que se acusa recibo del oficio por el cual se rindió el informe justificado respecto del citado medio de impugnación planteado en autos, y se remitieron digitalizadas las constancias de este juicio así como del escrito de agravios para la substanciación de éste, el cual se admitió a trámite, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el plazo concedido en auto del dieciocho de septiembre del año en curso al Agente del Ministerio Público adscrito, para que señalara las constancias que deben remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de queja interpuesto y no lo hizo. En términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto impugnado, pues este Juzgado dictó el auto del primero de septiembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, teniendo en cuenta el principio de expedites de Justicia que ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que rigen los sumarios constitucionales, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el oficio que contengan los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo que una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele vía interconexión las constancias que integran todo lo actuado en este juicio, así como el escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Se instruye al oficial judicial "A" para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el recurso de queja de mérito. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase al quejoso **********, interponiendo recurso de queja en contra del proveído del primero de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, en términos de lo previsto en el artículo 101 de la ley de la materia, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la interposición del recurso de queja aquí referido, para que en el plazo de tres días señale las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano colegiado que tenga que resolver el medio de impugnación. Una vez transcurrido el plazo que se concede, dese nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, por medio del cual se advierte el proveído de veintinueve de agosto de este año, en el cual se ordena se turne como nuevo asunto el conocimiento previo planteado el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México. En atención a lo ordenado, y vista la demanda de amparo promovida por *******************, por derecho propio, contra actos de la Encargada de Pensiones de la Subdelegación de Tlalnepantla de Baz y otra autoridad. Ahora bien, cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del análisis íntegro de la demanda, se advierte que el accionante del amparo señala como actos reclamados el oficio número ******************* de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente, Expedido por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del Estado de México Poniente Jefatura de Servicios Jurídicos Departamento Laboral Oficina de Asuntos Juicios Laborales, el diverso número ******************* de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, suscrito por la Encargada del Departamento de Pensiones Subdelegación Tlalnepantla de Baz, expedido por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente Jefatura de Prestaciones Económicas y Delegación Tlalnepantla de Baz Departamento de Pensiones, en los cuales se ordena suspender o embargar por completo la pensión otorgada al quejoso, acorde al "procedimiento para el manejo de pagos improcedentes en materia de pensiones y subsidios *******************", mismos que fueron emitidos en cumplimiento a le ejecutoria emitida en el diverso expediente ********* del índice de este Juzgado de Distrito. Ahora, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario: 1) Que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que lo pueda modificar, revocar o nulificar y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. Lo anterior es así pues el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, establece un recurso o medio de defensa legal ordinario, para combatir o impugnar algún acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo dicho recurso, el de inconformidad, en la forma y términos que establece el reglamento correspondiente. Por otra parte, el artículo 295 de la misma norma, substancialmente establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que dicha legislación otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, si bien el quejoso reclama que se haya suspendido el pago de la pensión, y como consecuencia la negativa a pagar dicha prestación; también lo es que dichos actos derivan de los oficios ******************* de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente, Expedido por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del Estado de México Poniente Jefatura de Servicios Jurídicos Departamento Laboral Oficina de Asuntos Juicios Laborales, y el diverso número ******************* de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, suscrito por la Encargada del Departamento de Pensiones Subdelegación Tlalnepantla de Baz, expedido por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente Jefatura de Prestaciones Económicas y Delegación Tlalnepantla de Baz Departamento de Pensiones, en los cuales se le comunicó que se suspendía el pago de la pensión. En esa virtud, se advierte que contra los oficios aludidos procede el recurso de inconformidad o el juicio correspondiente ante los Juzgados Federales en Materia Laboral y/o las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje; motivo por el cual el presente juicio es improcedente, pues en la especie tuvo que haber acudido a la instancia respectiva, por virtud del cual el acto aludido, pudo ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, contra dichos oficios procede el juicio ordinario laboral sin que se advierta ninguna excepción para que no se tuviera la obligación de agotar dicho medio de impugnación. Por otro lado, aun y cuando los oficios reclamados pueden causar daños de difícil reparación al quejoso, ello no lo exime de agotar recurso aludido, ya que el principio de definitividad es de observancia obligatoria en el juicio de amparo, lo cual implica que previamente a la presentación de la demanda, debió cumplir con esa carga procesal. No es inadvertido para quien aquí resuelve que existen excepciones al principio de definitividad; pero, en el presente caso no se encuentra en alguna de ellas, ya que no se reclamaron actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; además, tampoco se controvirtió alguna determinación que afecte la libertad personal del quejoso. Por lo tanto, al no surtirse alguna de las excepciones al principio de definitividad, no existe justificación alguna para que el solicitante de amparo no haya acudido a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentre adscrito el quejoso; máxime, que pudo obtener el remedio a las violaciones de las que se duele, ya que en dicho recurso hubiese sido factible que se anulara, revocara o modificara la parte conducente los oficios que reclaman. Sin que ello constituya un obstáculo para el debido respeto del derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución, en virtud de que de esta disposición suprema se desprende la facultad que el constituyente otorgó al legislador para establecer en las leyes los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar. Así, el propio constituyente estableció un límite claramente marcado al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", el cual no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento. En adición, la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. Con la salvedad de que no es factible evadir los presupuestos establecidos por el legislador para la procedencia del amparo indirecto, ya que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano, en cuanto al margen de protección a violaciones de los derechos humanos, sin embargo, ello no significa que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia y que tengan que resolver el fondo de cualquier cuestión planteada, sin que importe la verificación de los requisitos previstos en las leyes nacionales para la interposición de los medios de defensa, ya que precisamente las formalidades procesales son la vía que hacen posible arribar a una adecuada resolución, sin las cuales se provocaría un estado de incertidumbre jurídica entre las partes. Aunado a lo anterior, el hecho de que los órganos jurisdiccionales no son los únicos con deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados también deben hacerlo al momento de pretender ejercer su derecho a la jurisdicción, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse necesariamente a las formas que el legislador previó, siempre y cuando éstas tengan sustento constitucional. De esta forma, la existencia de formas y plazos concretos para acceder a la justicia, no corresponde a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél facultar al último para que pueda establecer mecanismos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y dentro de éstas, la de legalidad e igualdad en los procedimientos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número de registro digital 2011948, siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." De igual manera, complementa lo anterior, la Tesis VI.1o.A.54 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiado de Circuito, consultable bajo el número de registro digital 2021484, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO PROCEDE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A UNA SOLICITUD QUE SE LE FORMULÓ COMO ENTE ASEGURADOR, ES CONGRUENTE O NO CON LO SOLICITADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 66/2016 (10a.)]. El derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se conforma, a su vez, por diversos derechos que le dan contenido y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, las cuales consisten en: I. Dar respuesta por escrito; II. Que ésta sea congruente con lo solicitado; y, III. Que se dé a conocer al particular en breve término. Sin embargo, tratándose de juicios de amparo promovidos por violación a ese derecho, ante la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", determinó que su única finalidad es obligar a la autoridad responsable a dar respuesta. Por tanto, el contenido de ésta no puede ser materia del juicio y, en consecuencia, no procede analizar si es congruente o no con lo solicitado." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda presentada por *******************, por propio derecho, por notoriamente improcedente. En otro contexto, háganse la presente y subsecuentes notificaciones mediante lista electrónica que genera este juzgado, toda vez que, el que señala se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, por única ocasión notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señala. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Federal exhortado realice la notificación encomendada. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que de ser en términos amplios deberán contar con el registro correspondiente. Finalmente, resulta innecesario proveer sobre lo relativo a la publicación de datos personales, en virtud de que por auto veintitrés de agosto de este año, dictado en los autos del juicio de amparo 1041/2023, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México se acordó lo conducente respecto a dichos tópicos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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