Jorge Olimpo Lau Díaz
Expediente 1532/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1532/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2019
Partes del expediente
- Jorge Olimpo Lau Díaz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento al segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por ******, por derecho propio, contra actos de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de Tuxtla Gutiérrez y otros; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 4-B***. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese orden de ideas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 del citado ordenamiento legal, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Se afirma lo anterior, ya que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado en el presente sumario lo constituye el acto privativo de la libertad que el quejoso denomina orden de búsqueda, localización, presentación, aprehensión y detención. Ahora, para evidenciar la causa de improcedencia en estudio, es necesario invocar como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el aquí quejoso ********, por conducto de su apoderado para pleitos y cobranzas y actos de administración ******* (quien ahora fue señalado como autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo) el ocho de octubre de dos mil diecinueve, interpuso el diverso juicio de amparo ********, del índice de este juzgado. Es aplicable, la jurisprudencia VI.1o.P.J/25 aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, localizable en la foja 1119, del Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." De la demanda de mérito, que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que en dicho juicio de amparo, señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "ORDENADORAS: I. Al C. Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, con domicilio en el Centro de Reinserción Social Denominado el Ámate, mismo que tiene su domicilio ubicado en el Estado, con domicilio conocido en el Ejido Lázaro Cárdenas, Municipio de Cintalapa, Chiapas. II. Al C. Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, con domicilio en el Centro de Reinserción Social Denominado el Ámate III. Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Chiapas, ubicada en Libramiento Sur Poniente No. 2069, Col. Belén C.P. 29067 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas IV. Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de Tuxtla Gutiérrez, citado en Rancho San José-Ejido-Lázaro Cárdenas, carretera Internacional, Km. 1000, con residencia contigua al CERSS No. 14, "El Amate", Chiapas. V. Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de Chiapa de Corzo, citado en Carretera Chiapa de Corzo-Villa de Acala, Km. 6, Nucatili, Chiapa de Corzo Chiapas. VI. Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de San Cristóbal, citado en Carretera Sal Cristóbal-Ocosingo, Km. 20, a un costado del CERSS, No. 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. VII. Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de Villaflores, ubicado en Carretera Francisco Villa, "El Recreo", CERSS, No, 8, Villaflores, Chiapas. VIII.- Juez del Ramo Penal para la atención de delitos no Graves de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa y Chiapa de Corzo, ubicado en Carretera Chiapa de Corzo- Villa de Acala Km.6 Nucatili, código postal 29160. IX. Juez Penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ubicado en carretera San Cristóbal-Ocosingo kilómetro 20, a un costado del CERRS número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. X. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas con Residencia en Cintalapa ubicado en carretera Tapanatepec-Tuxtla Km 61 856.5 Lázaro Cárdenas Cintalapa de Figueroa, Chiapas. XI. Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas (Cintalapa) Cereso No. 14 "El Ámale" Lázaro Cárdenas, Cintalapa, Chiapas. XII. Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado Chiapas (Cintalapa) Cereso No 14" El Amate " Lázaro Cárdenas Cintalapa, Chiapas. EJECUTORAS: I. Al Comandante Regional de la Policía Especializada, Adscrito a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, con domicilio ubicado en la 52 Norte Poniente Número 1550, entre 14 catorce y 15 quince Poniente, de esta Ciudad. II. C. Director General de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Con domicilio bien conocido en, el edificio que ocupa la III. Procuraduría General de Justicia del Estado, mismo que se encuentra ubicado en el Libramiento Norte Oriente y Rosa del Oriente Numero 2010, Colonia el Bosque, de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. IV. El Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, delegado como comandante adscrito a la Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes, todos con domicilios ampliamente conocidos en el Libramiento Norte Oriente, Rosa del Oriente Numero 2010, Colonia el Bosque, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. V. Comandancia Regional Zona Indígena, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ubicado en Prolongación Insurgentes No. 125, Barrio de San Diego. VI. Fiscalía de Distrito Altos ubicada en Av. Prolongación Insurgentes, Palacio de Justicia de los Altos S/N, Barrios San Diego, San Cristóbal de las Casas Chiapas. VII. Fiscalía de Distrito Centro, ubicada en Plaza Ángel Albino Corzo S/N, Frente al Parque, Centro Chiapa de Corzo, Chiapas. VIII. Fiscalía de Procedimientos Penales, ubicada en Libramiento Norte y Rosa del Oriente Núm. 2010, El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. IX. Dirección del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en ubicada en Libramiento Norte y Rosa del Oriente Núm. 2010, Edificio Adjunto 4°. Piso, El Bosque, Tuxtla Gutiérrez Chiapas. X. Subdelegado de Procedimientos Penales A de la Procuraduría General de la Republica (PGR), ubicado en Lib. Sur Pte. No. 2069, Col. Belén, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. XI. Subdirector de Averiguaciones Previas, adscrito a la fiscalía de distrito centro, ubicado en Plaza Ángel Albino Corzo No. 219, Colonia Centro Chiapa de Corzo, Chiapas. XII. Subdelegación del Ministerio Público de la Federación de San Cristóbal de las Casas ubicado en Periférico Sur Lote 1, San José Betania San Cristóbal de las Casas, Chiapas. XIII. Fiscalía del Ministerio Adscrita a la Primera Secretaría del Juzgado Penal de Pichucalco, Fiscal del Ministerio Público, ubicada en Carretera Pichucalco-Teapa kilómetro 11, Instalaciones del CERSS número 11. XIV. Fiscalía de Distrito Fraylesca, Ubicada en 28. Norte esquina 28. Oriente, Plaza gardenias, Villaflores, Chiapas. XV. Subdirector de la Unidad Integral de investigación y justicia restaurativa de la región Fraylesca, ubicada en 28. Norte esquina 28. Oriente, Plaza gardenias, Villaflores, Chiapas. XVI. Comandancia región Fraylesca, ubicada en Calzada al panteón S/N, colonia magisterial, Villaflores, Chiapas. XVII.- Fiscalía Combate al Abigeato. Ubicada en Palma Areca número 119, Fraccionamiento Las Palmas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, LA ORDEN APREHENSIÓN Y/O DETENCION Y/o BUSQUEDA O LOCALIZACION Y/O ORDEN DE PRESENTACION, que se haya girado en contra de mi representado para privarlo de su libertad y ser detenido fuera de todo procedimiento, teniendo el temor fundado que mi representado sea incomunicado y que se violen sus garantías individuales, con la finalidad de declamarlo confeso de algún delito, que bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber cometido, llegándose al extremo de que con tales actos, se ponga en peligro su integridad física, así como su vida. De las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, reclama la ejecución de dichas órdenes y sus consecuencias, a través de los agentes a su mando, sin que dicha orden se encuentre debidamente fundadas y motivadas." Por tanto, es evidente que el quejoso, tuvo conocimiento de los actos que aquí vuelve a reclamar, al menos desde el ocho de octubre de dos mil diecinueve, data en que presentó su escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, de ahí que el plazo de quince días para promover la demanda, conforme a lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve al veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas, de conformidad con los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, si la demanda se promueve fuera de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con ello. Como se aprecia del artículo 17 de la Ley de Amparo, únicamente contra actos que afectan la libertad personal dictados fuera de procedimiento, puede promoverse el juicio en cualquier tiempo. En ese sentido, toda vez que, el acto reclamado tratándose de amparo indirecto en materia penal, no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso, que de acuerdo con los alcances y contenido de dicho precepto 17 la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. Consecuentemente, al presentarse la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, hasta el once de noviembre de dos mil diecinueve, como se observa del sello de recibido de aquella oficina (foja 2), es claro, que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo precluyó, resultando extemporánea su presentación. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". De igual manera, es aplicable, por las razones que informa, la tesis XXX.1o.8 P(10a), del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en la página 1583, del tomo II, Marzo de 2014, libro 4, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, también localizable con el número de registro 2006040, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE PROMOVERSE EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS. Antes de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, se establecía que los actos que afectan a la libertad personal quedaban exceptuados del término de quince días, previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, para promover el juicio de amparo, por lo que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, conforme a su artículo 22, fracción II; sin embargo, este tipo de determinaciones queda excluida de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17, fracciones II y IV, de la actual ley, que prevén, la primera, que contra las sentencias definitivas de condena que impongan pena de prisión, el juicio de amparo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años; en tanto que la segunda, si bien se refiere a actos que atacan a ese derecho fundamental, éstos deben ocurrir fuera de procedimiento para que puedan impugnarse en cualquier tiempo; de ahí que ambas fracciones excluyan al auto de formal prisión; por tanto, el juicio en su contra debe promoverse en el término de quince días". En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. No es óbice que en el juicio de amparo *****, del índice de este juzgado, la parte quejosa haya mencionado diversas autoridades responsables, pues se observa que desde la fecha de presentación de dicha demanda ya se ostentaba conocedor del acto que reclama en el presente asunto, consistente en el acto privativo de libertad que denomina orden de búsqueda, localización, presentación, aprehensión y detención, aunado a que en ambos asuntos señaló como responsables ordenadoras a los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de Tuxtla Gutiérrez y Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de Villaflores, Chiapas. Asimismo, no es obstáculo que el quejoso haya promovido la anterior demanda de amparo por conducto de su apoderado para pleitos y cobranzas y actos de administración, pues el conocimiento de los actos reclamados por su apoderado entraña el conocimiento del quejoso, máxime que en el presente asunto el peticionario del amparo señaló como su autorizado a la misma persona que promovió como su apoderado, por lo que, es obvio que tenía conocimiento de los actos reclamados al menos desde la fecha en que se presentó la demanda mencionada. Tiene aplicación, por analogía, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Mayo de 1992, página 395, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE UN MANDATARIO CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. Si en el juicio original aparece que el apoderado general para pleitos y cobranzas del quejoso, compareció a dicho proceso en su nombre y representación, es claro que a partir de tal comparecencia, tuvo conocimiento, el aludido quejoso, del referido juicio, en el cual se ostenta como extraño y, por ello, a partir del día siguiente le empezó a correr el término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de garantías." Sin que la anterior determinación implique una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia invocada; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo. ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. Ahora, no pasa desapercibido para este Juzgado que el quejoso en su demanda haya manifestado que tiene el temor que de que sea incomunicado y que se ponga en peligro su integridad física, así como su vida; sin embargo, no ha lugar a conceder la suspensión de plano respecto a dichos actos, puesto que no se actualiza ninguno de los supuestos a que alude el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los actos que refiere el solicitante del amparo y precisados en este párrafo son actos futuros de realización incierta. Tiene aplicación a esta consideración en lo conducente y por analogía, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 569, Tomo II Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA, NO INMINENTES." NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, y en términos restringidos del referido numeral a *******, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como, en los términos que refiere a las diversas que menciona. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En otro contexto, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
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