Jorge Octavio Rojas Ortega
Expediente 385/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/09/2015
Partes del expediente
- Jorge Octavio Rojas Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ensenada, Baja California, quince de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Jorge Octavio Rojas Ortega recurriera el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil quince, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se sobreseyó, que no obran documentos originales; así también, que con motivo de la petición formulada por la quejosa se abrió por duplicado un incidente, en el que se concedió la suspensión provisional, así como se negó y concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, es que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. El original del incidente de suspensión es DEPURABLE, según lo dispone el punto vigésimo primero, fracción III del acuerdo en cita, debiéndose conservar la determinación que otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa, así como la resolución que negó y concedió la suspensión definitiva; glósese el indicado cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil quince. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que no se ha notificado a las partes el proveído de cuatro de agosto del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario; por tanto, túrnense nuevamente los autos a la Actuaria Judicial para que dé cumplimiento a lo ordenado en el mencionado auto de cuatro de los corrientes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a cuatro de agosto de dos mil quince. Visto el oficio 1714-III que remite el JUEZ TERCERO DE LO PENAL POR MINISTERIO DE LEY, en esta ciudad y constancias que acompaña al mismo; agréguese a los autos para que obre como corresponda. De las copias certificadas que anexa el referido Juzgador, se advierte que el tres de agosto de dos mil quince, dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso JORGE OCTAVIO ROJAS ORTEGA, en la causa penal 253/2015, por el delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO POR EMPLEADO. Ahora bien, tomando en consideración que el mencionado impetrante de garantías, el veintisiete de julio del año en curso, presentó demanda de garantías en contra de los actos emitidos por diversas autoridades, incluyendo al Juez Tercero de lo Penal, en esta ciudad, en la que señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, presentación, detención por urgencia administrativa o cualquier acto tendiente a privarlo de su libertad personal dictada en su contra, demanda de amparo que fue admitida a trámite por acuerdo de veintiocho de julio del año en curso; auto en el que se ordenó dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias que anexó a su informe justificado, el Juez oficiante, se aprecia que dentro del proceso penal 253/2015, el tres de agosto de dos mil quince, emitió auto de formal prisión en contra del quejoso dentro de la causa penal antes indicada, como probable responsable del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO POR EMPLEADO. Entonces, si el Juez Tercero de lo Penal, en esta ciudad, mediante una determinación posterior, dictó auto de formal prisión, resulta indudable que en el caso particular, existe un cambio de situación jurídica, en tal virtud deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal proceso sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que se actualiza en el caso de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es de apoyo, por analogía, la jurisprudencia I.20.P.J/11 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, pagina 666, que establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999".- La modificación del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la ley de la materia, que entró en vigor en la fecha señalada, pone de manifiesto la existencia de una excepción orientada a que en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad personal relacionadas únicamente con los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se limite la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se consideran irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; modificación que excluyó lo relativo a la orden de aprehensión regulada por el artículo 16 constitucional; por lo tanto, el auto de formal prisión sí da lugar a la improcedencia del amparo que con antelación se hubiera hecho valer en contra de la orden de aprehensión, al existir cambio de situación jurídica por cuanto hace a la libertad personal del quejoso, ya que inicialmente la afectación a la libertad, era el motivo de la orden de aprehensión y en la actualidad es por la formal prisión decretada en contra del quejoso, lo que trae como consecuencia también la cesación de efectos del mandato de captura; por consiguiente la orden de aprehensión deja de tener vida jurídica al haber sido sustituida jurídica y procesalmente por la jurisprudencia número 55/96 y 56/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son "ORDEN DE APREHENSIÓN. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA Y ANÁLISIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO ).¨ y ¨ ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994." En las relatadas circunstancias debe arribarse a la conclusión de que en el caso nos encontramos ante una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de suerte que con ningún elemento de prueba se podría desvirtuar esa situación, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento del juicio de garantías sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la citada causal de improcedencia. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61 fracción XVII y 63 fracción V ambos de la Ley de Amparo, al actualizarse en el caso una causal de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable, es que SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE NOS OCUPA, ello con el propósito de cumplir con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, en materia Común de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la Jurisprudencia I.7o.P. J/3 en materia Común de la Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1600, que determina: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Finalmente y atendiendo a las consideraciones vertidas resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que corresponda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA... POR AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO MDE DOS MIL QUINCE... SE ORDENA NORIFICAR A LA PARTE QUEJOSA ELO AUTO DE CUATRO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO...
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