Jorge Octavio Monrreal Gallardo
Expediente 219/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Jorge Octavio Monrreal Gallardo
- José Antonio Monrreal
Actuaciones
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo número 219/2018-VI, promovido por ********************, y la certificación de cuenta de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto dictado por este tribunal el tres de mayo de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de garantías, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de mérito; en tales circunstancias, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de garantías, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de destrucción. Hágase las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del presente cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, procédase a la destrucción de este expediente. .....
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a tres de mayo de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, relativo a la demanda promovida por********************, personalidad que acredita con copia del poder notariado de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del Notario Público Número 1, con ejercicio en la Demarcación Notarial que comprende los municipios de Dios, Poanas, Vicente Guerrero y Súchil del Estado de Durango, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Número Tres Especializada en Delitos Patrimoniales No Violentos en Monterrey, Nuevo León; presentada por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la cual cuenta con firma electrónica certificada (FIREL), por lo que, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 219/2018-VI que le corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: .....Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ...... De lo antes expuesto, debe decirse que, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto del citado acto reclamado existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria del artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Del primero de los numerales transcritos deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando así lo establezca la Constitución Federal o la propia Ley de Amparo. Por su parte, en el apartado que interesa del numeral 20 de la Ley Fundamental, se establece claramente que la víctima u ofendido tiene derecho de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Como puede observarse, este último dispositivo concede a la autoridad jurisdiccional la facultad para subsanar la violación al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 de la Ley Suprema, al prever el derecho de la víctima u ofendido de acudir ante la autoridad judicial para impugnar, entre otras cosas, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues éstas se dan en la etapa de investigación. En congruencia con lo anotado, es pertinente señalar que la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un procedimiento con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. En este orden de ideas, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo al sistema acusatorio, destacándose la etapa de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con control judicial garantizado por el Juez de Control. Sobre este aspecto, los ordinales 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; (.)" "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:(.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" Los preceptos transcritos, revelan que el Juez de Control tiene competencia para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de inicio a juicio. Asimismo, se aprecia que toda víctima u ofendido tiene derecho a impugnar por sí, o por medio de su representante, ante la autoridad judicial, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De igual forma, los artículos 244, 245, 247 y 252 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León disponen: "Artículo 244. Finalidad. La etapa de investigación tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella y determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los elementos que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. Estará a cargo del Ministerio Público, quien actuará con el apoyo de sus auxiliares, de la policía y de los servicios periciales. En todas las investigaciones la policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, salvo en los casos de delitos de acción privada, que lo hará con orden expresa de los jueces y tribunales. "Artículo 245. Deber de investigar. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, lo investigará, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar la investigación, salvo en los casos previstos en la Ley. El denunciante, querellante, o el imputado, podrán acudir en queja contra el agente del Ministerio Público, en los términos que indique su Ley Orgánica, por su inactividad injustificada durante la investigación o cuando omita tomar una determinación respecto de la misma, a pesar de que cuente con los antecedentes necesarios para ello. Tratándose de delitos perseguibles por querella, no podrá procederse sin que, por lo menos, se haya denunciado el hecho por quien esté legitimado, salvo para realizar los actos urgentes de investigación o los necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito." "Artículo 247. Actuación judicial. Corresponderá al Juez competente en esta etapa: I. Autorizar la anticipación de la prueba; II. Decidir sobre la aplicación de medidas cautelares y providencias precautorias; III. Otorgar órdenes de aprehensión y de cateo; y IV. Controlar el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales que le asisten al imputado y la víctima en esta etapa. "Artículo 252. Control judicial. Las decisiones del Ministerio Público sobre la queja interpuesta en contra de la negativa de reabrir la investigación una vez decretado el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la Acción Penal, así como la inactividad injustificada de la investigación, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el Juez de Control siempre que este insatisfecha la reparación del daño ocasionado, dentro de los diez días siguientes de que el interesado tenga conocimiento de ellas. Al momento de impugnar la resolución del Ministerio Público, la víctima deberá anexar a su promoción copia de la misma y deberá expresar los motivos de inconformidad." De los anteriores dispositivos, se obtiene que en el Código Adjetivo Penal del Estado se prevé la obligación del Juez de Control de resolver en la etapa de investigación, sobre los derechos de la víctima u ofendido, y controlar las facultades del fiscal investigador, exigiéndole el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. En este orden de ideas, del análisis en su conjunto de las disposiciones tanto constitucional como federales y locales antes citadas, las cuales prevén la legitimación de la víctima del delito para impugnar el actuar del ministerio público en la fase de investigación, por los efectos negativos que produce, sobre todo si se tiene presente que se establece como un derecho fundamental a su favor dentro de la Carta Magna, máxime que dicho sujeto es el que se ve afectado en sus intereses con la negación o paralización de sus pretensiones. En atención a lo anterior, la parte quejosa tiene la obligación de impugnar ante el Juez de control competente, la abstención del Fiscal responsable de investigar sobre los hechos posiblemente delictuosos, las omisiones o negligencias que cometa en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, de acuerdo a lo establecido tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI), como en el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León (numeral 252) según sea el caso, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión de la aquí parte quejosa; en consecuencia, el acto reclamado se traduce en un acto jurídico-administrativo de una autoridad, toda vez que este tipo de actuación tiene prevista reglamentación al respecto y por ello la parte quejosa queda constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Por tanto, en contra del acto del que se duele la parte quejosa consistente en la omisión de judicializar o no la carpeta de investigación 63/2017, es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de la misma tendrá que acudir ante el Juez de Control competente para agotar el procedimiento correspondiente, según sea el caso, es decir lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI), o lo previsto en el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León (numeral 252), en estricta observancia al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ....... .....Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que promueve********************, por notoriamente improcedente. En diverso aspecto, en cuanto a la petición del promovente, respecto a que le sea autorizada la consulta del presente expediente en forma electrónica; por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración del expediente impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a Jorge Octavio Monreal Gallardo, el acceso de forma electrónica al expediente en que se actúa, en la página http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/, en la que deberá ingresar su número de usuario ABOGADOCORPORATIVO16 y contraseña que le fue asignada por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que proceda a dar de alta al referido usuario, con efectos de autorización en el sistema mencionado. En relación con la diversa petición del promovente, en el sentido de que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, es por lo que se accede a la misma, ello, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, desde este momento todas las notificaciones deberán realizarse vía electrónica al antes nombrado. De igual modo, se tiene como autorizados para el solo efecto de oír y recibir notificaciones, a las personas que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, acorde al actual contenido del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, el promovente insta le sea autorizado el uso de medios electrónicos durante las consultas que realicen respecto de los acuerdos o autos que integren el presente juicio; dígasele que, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta el uso de dichos aparatos electrónicos, así como a sus autorizados. Lo anterior, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de Acuerdos correspondiente, asimismo, hágasele saber que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento de este órgano jurisdiccional, al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un servidor público en las labores que esencialmente debe prestar. ......Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público en general para su consulta, cuando así lo solicite, así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes de que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto en la fracción IV, del artículo 13 de la citada Ley, será cuando ponga en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes. .....
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