Jorge Octavio Holder Cruz

Expediente 135/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
135/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Jorge Octavio Holder Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; como no se interpuso recurso de inconformidad dentro del plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra la determinación de treinta de mayo de dos mil veintidós, que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado Federal; y, toda vez que a la fecha no se ha recibido promoción alguna, con relación a dicha determinación; por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA FIRME DICHA DETERMINACIÓN. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 18 fracción I, inciso b) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que en la sentencia dictada en el presente juicio, se amparó y protegió a la parte quejosa; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional y definitiva; por tanto el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en mención, es susceptible de depuración. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración del presente expediente de amparo y del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 18 del Acuerdo General de mérito. Por otra parte, respecto del duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Dedúzcase copia autorizada de la presente determinación y agréguese la misma a los cuadernos incidentales. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuaria de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente asunto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días para que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; sin que hubiere realizado señalamiento alguno al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida, sin exceso, ni defecto. Efectos de fallo concesorio. Así, se tiene que el trece de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; sin embargo, la tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, quien por ejecutoria pronunciada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 142/2021, declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Ahora bien, en los efectos de la concesión del amparo de la sentencia, menciona lo siguiente: "Deje insubsistente el acto aquí reclamado, emitido contra la aquí parte quejosa, en la causa penal *** de su índice; debiendo de reiterar lo que no es materia de la presente concesión, esto es, lo relativo a que los hechos materia del estudio dejaron de tener el carácter de delito , y, Una vez hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en donde subsane el yerro destacado, haciendo prevalecer el principio constitucional contemplado en el artículo 14 Constitucional, al tenor de lo aquí analizado". Luego, mediante auto de once de enero de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los autos originales de este juicio de amparo; y se requirió el cumplimiento de la sentencia a las autoridades responsables. Diligencias de cumplimiento de la autoridad responsable. Así, en acatamiento a lo anterior, se recibió el oficio 69/2022, del Juez Segundo de lo Penal, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, con anexo, consistente en copia certificada de la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal ***, de su índice; en la cual negó la orden de aprehensión solicitada contra el aquí quejoso Jorge ***, por el delito de abuso de autoridad, que se dijo cometido en perjuicio de la sociedad; en razón que el hecho atribuido dejó de tener el carácter de delito. Constancias a las que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2. Estudio de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, a fin de establecer si la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, o bien si existe imposibilidad para cumplirla, debe realizarse el estudio integral bajo los principios de congruencia y exactitud, los cuales obligan a dirimir todo tipo de cuestiones, tomando en consideración las que fueron materia del juicio de amparo, así como las que quedaron intocadas por la propia sentencia ejecutoriada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, registro 2010987, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." En el caso, se estima que al realizar una confrontación entre los efectos de la sentencia amparadora con las constancias remitidas por la responsable -antes detallada-, se arriba a la conclusión de que ésta se encuentra debidamente cumplida, pues es evidente que a la parte quejosa se le restituyó en el goce del derecho humano violado, restableciéndose las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional; porque: Dejó insubsistente la resolución de cinco de diciembre de dos mil diecinueve y autorizada el trece de enero de dos mil veinte, emitida en la causa penal 47/2017 del índice del Juzgado responsable. Señaló que cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad, entrare en vigor una nueva ley, se estaría a lo dispuesto a la más favorable al inculpado o sentenciado y que la autoridad que conociera del asunto, aplicaría la ley más favorable al justiciable. Agregó que al haber entrado en vigor una ley, la cual la conducta considerada por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter, el individuo tiene derecho constitucionalmente protegido, a que se le aplique retroactivamente la nueva ley, y por ende, se le ponga en libertad. Concluyó que la conducta tipificada en el artículo 208 y sancionada en el artículo 209 del Código Penal del Estado de Oaxaca, relativa a que el funcionario público, agente del Gobierno o su comisionado, cometieran el hecho por acción u omisión, de forma dolosa o culposa, dejó de tener el carácter de delito, pues en la reforma de quince de diciembre de dos mil diecisiete, no continúo contemplándola dentro de la hipótesis de dicho antisocial ni la ubicó en otra alguna hipótesis, por lo que, aplicó retroactivamente la ley penal vigente en beneficio del aquí quejoso Jorge Octavio Holder Cruz, en términos de los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indicó, que no se reunían los extremos del artículo 16 Constitucional, para librar la orden de aprehensión, en razón a que el hecho atribuido dejó de tener el carácter de delito de abuso de autoridad, por lo que, estimó que no se puede incoar el procedimiento penal. Finalmente, resolvió negar librar la orden de aprehensión en contra del quejoso Jorge Octavio Holder Cruz, como probable responsable de la comisión del delito de abuso de autoridad, que se dijo cometido en perjuicio de la sociedad. En tales condiciones, resulta patente para este órgano de control constitucional, que se ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo en estudio, sin exceso, ni defecto, conforme lo establecido en el párrafo tercero del normativo 196 de la ley de la materia. En tal virtud, gírese oficio a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifieste lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Adscripción de titular del órgano jurisdiccional. Por otra parte, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Se autoriza a la Secretaria Judicial de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós. Se tiene recibido el oficio 69/2022, del Juez Segundo de lo Penal, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de constancias relativas a la causa penal 47/2017, de su índice, en relación al cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que existen en autos. Sirve de apoyo, la tesis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 832, Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA.". Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que queden legalmente notificadas, justifiquen haber dado cumplimiento al fallo protector, en su defecto comuniquen las medidas que adopten con tal finalidad, o el impedimento legal que tengan para hacerlo.

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