Jorge Octavio González Macías
Expediente 355/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jorge Octavio González Macías
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia, en la que se sobreseyó en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, hágase devolución de los cinco tomos de pruebas documentales relativas al juicio ordinario civil de divorcio 1661/2017, de su índice, a la autoridad Juez Tercero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad; toda vez que la retención de dichos documentos es innecesaria en el presente juicio de amparo dado lo determinado en el presente auto. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 355/2018-4A, promovido por JORGE OCTAVIO GONZÁLEZ MACÍAS, contra actos que reclamó a la Juez Tercero de lo Familiar de Mexicali, Baja California; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, remitido el día siguiente por razón de turno, a este Juzgado Federal, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y acto reclamado que expresó en su libelo constitucional. SEGUNDO. Derechos fundamentales cuya vulneración se alega. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y consideró infringidas en su perjuicio las garantías individuales contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123, apartado B, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, admitió la demanda de amparo de que se trata, la que quedó registrada bajo el número 355/2018-4A; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin que haya formulado pedimento; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que el presente juicio de amparo indirecto se promueve en contra de actos de una autoridad cuya ubicación está inmersa en la circunscripción territorial en la que este Órgano de Control Constitucional ejerce su jurisdicción y competencia. SEGUNDO. Aclaración. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo y con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Conforme a lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que el impetrante de amparo señala como acto reclamado: La omisión de dar trámite a la excepción de incompetencia por declinatoria para su resolución, dentro del expediente ordinario civil 1661/2017; y La negativa de permitir el acceso al citado expediente. Especificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Respecto el acto reclamado indicado con el inciso b), la autoridad señalada como responsable Juez Tercero de lo Familiar de Mexicali, Baja California, al rendir su informe con justificación negó el acto reclamado sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción alguno en el cuaderno en que se actúa, tendente a desvirtuar el sentido negativo de dicho informe. En lo conducente es aplicable, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que es del título siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. Por consiguiente, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado a la citada Juez, respecto del acto señalado en el inciso b) en el considerando que precede. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Por otra parte, respecto del acto reclamado, relativo al inciso a), atribuido a la Juez Tercero de lo Familiar de Mexicali, Baja California, al rendir su informe con justificación negó la existencia de los actos que le atribuyen; empero, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones que posteriormente realizó la citada autoridad responsable, por lo cual deben tenerse por ciertos los actos que se le combaten. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado de este Sexto Circuito, del siguiente rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además los medios de convicción que remitió la autoridad en apoyo a su informe justificado, es posible conferirles valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2º, aunado a que así lo ha conceptualizado Nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 226, bajo el siguiente rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." SEXTO. Improcedencia. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si actualiza alguna causal de improcedencia que determine el sobreseimiento en el juicio. En relación con lo anterior, el suscrito Juzgador advierte oficiosamente la actualización de la hipótesis de inejercibilidad que prevé la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, pues han cesado los efectos del acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando tercero, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se revela que la parte quejosa reclama la omisión de dar trámite a la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por el quejoso. Sin embargo, la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en veintidós de junio del año en curso, pronunció un proveído cuyos efectos producen el resultado que un fallo protector asignaría, conforme al artículo 77, de la Ley de Amparo; por ende, es axiomático que se actualiza la causal de improcedencia aludida, en atención a que las documentales remitidas por la responsable en apoyo a su informe con justificación, revelan que en el auto de referencia, la Juez responsable, expidió el oficio 2528/2018, mediante el cual ordenó la remisión de los autos originales del expediente 1661/2017, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California (foja 44), con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por JORGE OCTAVIO GONZÁLEZ MACÍAS, en su carácter de demandado en la controversia familiar. De esta manera, si el quejoso JORGE OCTAVIO GONZÁLEZ MACÍAS, reclama la omisión de tramitar la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por éste, en su carácter de demandado en la controversia familiar, y que conforme el trámite que la rige, ya fue remitida al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, tal como se advierte del 2528/2018 de veintidós de junio en curso; en consecuencia, es claro que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada desapareció con el dictado del auto de referencia, de manera que la abstención impugnada dejó de producir sus efectos, y no se muestra vestigio de afectación en la esfera jurídica del particular que amerite ser suprimida. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el mismo tenor, por las razones que contiene, se invoca la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." En relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por ello, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en el precepto 63 fracción IV y V de la propia ley, máxime que en el caso no se está en algún supuesto de excepción previsto por alguna de las fracciones del numeral 17 de la ley de la materia. SÉPTIMO. Publicidad de la resolución. En otro aspecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, 77 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JORGE OCTAVIO GONZÁLEZ MACÍAS, contra los actos reclamados a la autoridad que quedó precisada en el cuerpo de esta resolución y por lo expuesto en los considerandos cuarto y sexto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Roberto Pérez de Gante, que autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, presentado por Lorena Fernanda Jiménez, en su carácter de tercero interesada, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo; en relación con su petición, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, expídasele las copias que solicita, previa identificación, toma de razón y recibo que se deje en autos, autorizando para recibirlas a las personas que indica en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad; en consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, como nueva fecha para su celebración.
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