Jorge Ocadio Cabada López
Expediente 972/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jorge Ocadio Cabada López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archivese el presente juicio como asunto definitvamnete concluido, se procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo.
- Principal
Se ordena notificar al peticionario de garantías el acuerdo de mérito, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; en atención a lo anterior, se transcribe lo siguiente: Mazatlán, Sinaloa, tres de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, Jorge Ocadio Cabada López solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos del juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, residente en esta localidad y otras autoridades, del cual por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa con residencia en Mazatlán, donde se registró con el número de expediente 600/2017, y en proveído de veinticuatro de noviembre de la propia anualidad, la titular de dicho órgano jurisdiccional determinó que no le correspondía conocer del mencionado asunto, con motivo de que el acto reclamado por esa vía, se emitió en cumplimiento al fallo protector dictado en el diverso juicio de amparo 400/2016 de la estadística interna de este propio Juzgado Federal, y por tener conocimiento previo lo remitió mediante oficio 32903-I. Mediante acuerdo de cuatro de diciembre del citado año, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en el Puerto de Mazatlán, aceptó conocer del presente asunto por conocimiento previo, para lo cual se radicó con el número de expediente 972/2017, y admitió a trámite la demanda de garantías promovida por Jorge Ocadio Cabada López, contra los actos del juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, residente en esta localidad y otras autoridades, que hizo consistir en los siguientes: "IV. ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN. a) De las Ordenadoras. 1. Del juez Militar Teniente Coronel de Justicia Militar y licenciado, que inclusive de forma contraria a lo previsto por los artículos 24, 25 y 24, del código de justicia Militar, anticonstitucionalmente e inconvencionalmente se desempeña como juez adscrito a la Tercera Región Militar; se reclama, la expedición y/o la ejecución del auto de formal prisión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, además de la posible orden de traslado a diversa prisión, o centro de reclusión federal en contra del suscrito. 2. Director de la Prisión Militar de la Tercera Región Militar, se reclama, la ejecución de la resolución que se impugna consistente en el auto de formal prisión de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, además de la posible orden de traslado a una prisión f3ederal en contra del suscrito. 3. Director General de Justicia Militar, se reclama, la posible orden de traslado a diversa prisión, o centro de reclusión federal en contra del suscrito. b). De las ejecutoras. 3. EL DIRECTOR DE LA PRISIÓN MILITAR DE LA TERCERA REGIÓN MILITAR, Se reclama, la ejecución del Auto de Formal Prisión de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete." Ahora bien, del análisis de las constancias de autos, se desprende la materialización de una causal de improcedencia, razón por la cual debe considerarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, por los motivos que a continuación se precisarán. En efecto, en el caso, quien esto resuelve advierte que en el presente caso se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, en su fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, que por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" La causa de improcedencia prevista en la fracción anteriormente transcrita, denominada como cesación de efectos, consiste en que una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que se reclama en él, hayan dejado de existir y que con motivo de ello -el acto- ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso, ello como consecuencia de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo haya emitido. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, que aún cuando subsista el mismo no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se estima oportuno establecer que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, para quien esto provee resulta un hecho notorio la tramitación del diverso juicio de amparo número 400/2016, y sus acumulados 420/2016 y 426/2016, del índice de este órgano jurisdiccional promovidos respectivamente, por el aquí quejoso Jorge Ocadio Cabada López, Hugo Alberto Sánchez Martínez y Gilberto Carlos Herrera Morales, contra actos del juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, residente en esta localidad y otras autoridades, por lo que en este momento se tiene a la vista, y de cuyos autos destaca que, el anotado procedimiento guarda identidad con el diverso en que se actúa en cuanto al acto que constituye la materia del reclamo y los sujetos de la relación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199, que a la letra señala: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." En efecto de las constancias que integran el sumario 400/2016, y sus acumulados 420/2016 y 426/2016 del control interno de este juzgado, se desprende que en sentencia terminada de engrosar el catorce de julio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Jorge Ocadio Cabada López, Hugo Alberto Sánchez Martínez y Gilberto Carlos Herrera Morales, para los siguientes efectos: "a) La autoridad judicial castrense responsable, una vez que quede firme esta sentencia, deberá declarar insubsistente el auto de término constitucional reclamado y, con plenitud de jurisdicción, emitir uno nuevo, en el que subsane las violaciones cometidas, apegándose a lo establecido por el invocado artículo 16 del Pacto Federal; es decir, funde y motive en debida forma su determinación, para lo cual habrá de: b) En lo que atiende a los antisociales [1] contra la salud en su modalidad de colaboración en el fomento para posibilitar cualquier conducta en materia de narcóticos y [2] traición a las fuerzas armadas mexicanas, habrá de prescindir de las declaraciones rendidas por el aquí quejoso Jorge Ocadio Cabada López, así como por el coindiciado Antonio Gallegos Rosario. Y en lo que respecta a las vertidas ante la representación social por Ricardo Flores Simental, José Ángel Orona Santillán, Armando Hernández Saavedra, Javier Cano Apolinar, Alfredo Salas Hurtado, Manuel Zeferino Martínez, Julio Cesar Pacheco Vargas, Jacinto Hernández Cervantes, Iván Hernández Enríquez, Víctor Manuel Flores Ramirez y Alfredo Salcido Saavedra deberá valorar, con plenitud de jurisdicción, si éstas fueron rendidas conforme a derecho ante la instancia ministerial, es decir, si se trata de deposesiones autoincriminatorias o en las que se desplegaron los mecanismos que prevé la ley para quienes tienen la calidad de indiciados. c) Atendiendo lo establecido en esta resolución y dadas las incongruencias y violaciones detectadas en el considerando séptimo de este fallo, deberá también, con plenitud de jurisdicción, determinar si en el caso se actualizan los antijurídicos contra la salud en la modalidad de fomento para posibilitar la producción de narcóticos, agravado, previsto por el artículo 194, concatenado con el ordinal 196, fracción I del Código Penal Federal, y traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas, previsto y sancionado en el artículo 275 Ter, fracciones II y IX, del Código de Justicia Militar, atribuidos a título probable a los quejosos. d) Así también, aplicará el Protocolo de Estambul y dará vista al agente del Ministerio Público Militar de su adscripción con las manifestaciones formuladas por el quejoso Jorge Ocadio Cabada López en vía de conceptos de violación en la demanda de amparo con la que se le corrió traslado y con las constancias del proceso, en las que sostiene que sufrió actos de tortura durante la indagatoria que precedió a la causa de origen, a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que en derecho corresponda sobre el particular. e) Hecho lo anterior, deberá resolver en igualdad de condición, tomando en cuenta las pruebas que obran en autos, lo que conforme a derecho corresponda respecto a la probable responsabilidad de los encausados en la comisión de los antisociales que se les atribuye a título probable, indicando los medios de convicción que para tal efecto sirvan de sustento y el valor jurídico en que se hubiese apoyado para tenerla por comprobada; ya que sólo así, podrá dictar, si no encuentra irreprochables motivos legales para dejar de hacerlo, un nuevo auto de formal prisión, como el reclamado." Luego, en acatamiento al anotado fallo protector la responsable ordenadora dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado, esto es, el de treinta de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 139/2016 de su índice administrativo y, en su lugar emitió el diverso de ocho de agosto del presente año, que ahora constituye materia de reclamo en el presente juicio de amparo 972/2017. Sin embargo, en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la suscrita emitió proveído en el sentido de que la autoridad castrense con la resolución de plazo constitucional de ocho de agosto de dos mil diecisiete, no colmaba los efectos para los que fue otorgado el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, razón por la cual, en la propia data se requirió por segunda ocasión al juez Militar de la Tercera Región Militar, con sede en esta ciudad, a fin de que subsanara las inconsistencias ahí advertidas. En consecuencia, el juez de origen dejó insubsistente dicho auto de bien preso (ocho de agosto de dos mil diecisiete), para en su lugar dictar la resolución de cuatro de noviembre de la anualidad en curso, a fin de dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo de referencia, en la que resolvió dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de los tenientes de infantería, Jorge Ocadio Cabada López, Gilberto Carlos Herrera González y Hugo Alberto Sánchez Martínez, por la comisión del delito contra la salud en su modalidad de colaboración en fomento para posibilitar cualquier conducta en materia de narcóticos, agravado; por consiguiente, dentro del juicio de amparo 400/2016, y sus acumulados 420/2016 y 426/2016, se determinó que el fallo protector quedó sin materia, dada la imposibilidad legal que existía para su cumplimiento, con motivo del cambio de situación jurídica del que se dio noticia. Entonces si en el caso particular, la materia de reclamo se constituye por el acto que se atribuye al juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, con sede en esta ciudad, consistente en el auto de formal prisión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado entre otros, al ahora quejoso Jorge Ocadio Cabada López, por la comisión del delito contra la salud en su modalidad de colaboración en fomento para posibilitar cualquier conducta en materia de narcóticos agravado, así como el diverso atribuido al director General de Justicia Militar referente al traslado a diversa prisión o centro de reclusión federal, deriva inconcuso que han cesado los efectos de los indicados actos reclamados, puesto que dejó de existir el motivo por el cual el solicitante del amparo acudió en busca de la protección constitucional. Con lo hasta aquí expuesto se pone de manifiesto la cesación de efectos del justiciable, que torna improcedente el análisis del auto de formal prisión que inicialmente fue reclamado por el anotado peticionario de la tutela constitucional, toda vez que dicha determinación se dejó insubsistente por el juez militar responsable en acatamiento al auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, al no haber colmado los efectos para los que fue otorgado el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. La misma suerte corre el restante motivo de reclamo relativo al traslado a diversa prisión o centro de reclusión federal, en tanto que, como ya se dijo, el ahora quejoso fue puesto en libertad por falta de elementos para procesar en resolución de cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que, resulta claro que ceso en sus efectos por tal virtud; aunado al hecho de que las posibles violaciones (en caso de que hubieran existido) deben considerarse irreparablemente consumadas, puesto que esta última decisión jurisdiccional es la que actualmente rige el procedimiento natural. Razón por la cual se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, que dispone que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como acontece en la especie; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación en la especie la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en funciones de juez, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de octubre de dos mil diecisiete, hasta en tanto la preindicada Comisión lo determine o el Pleno del referido Consejo adscriba titular en este juzgado, ante el licenciado Mario Eduardo Gamero Reyes, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos del juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, residente en esta localidad y otras autoridades, del cual por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa con residencia en Mazatlán, donde se registró con el número de expediente, y en proveído de veinticuatro de noviembre de la propia anualidad, la titular de dicho órgano jurisdiccional determinó que no le correspondía conocer del mencionado asunto, con motivo de que el acto reclamado por esa vía, se emitió en cumplimiento al fallo protector dictado en el diverso juicio de amparo de la estadística interna de este propio Juzgado Federal, y por tener conocimiento previo lo remitió mediante oficio.
- Principal
SE HACE DEL CONOCIMIENTO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EL AUTO DE TRES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos del juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, residente en esta localidad y otras autoridades, del cual por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa con residencia en Mazatlán, donde se registró con el número de expediente, y en proveído de veinticuatro de noviembre de la propia anualidad, la titular de dicho órgano jurisdiccional determinó que no le correspondía conocer del mencionado asunto, con motivo de que el acto reclamado por esa vía, se emitió en cumplimiento al fallo protector dictado en el diverso juicio de amparo de la estadística interna de este propio Juzgado Federal, y por tener conocimiento previo lo remitió mediante oficio.
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