Jorge Nogueron Garcia
Expediente 100/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 31/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Nogueron Garcia
- JORGE NOGUERON GARCIA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
[...] En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martin Texmelucan, Puebla, así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LA DIVERSA TERCERA INTERESADA.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Agréguese a los autos el oficio del Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martin Texmelucan, Puebla, así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LA DIVERSA TERCERA INTERESADA.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martin Texmelucan, Puebla, con su anexo; visto su contenido, téngasele informando que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitió el acuerdo de cuatro de mayo del año en curso en el proceso 77/2015 de su índice, donde realizó lo siguiente: Dejó insubsistente el proveído reclamado de seis de enero de dos mil diecisiete. En su lugar, fijó los montos relativos a la libertad provisional bajo caución solicitada por el inconforme. Finalmente, determinó lo correspondiente a la designación de defensores particulares del inculpado en favor de ****. Sin que haya lugar a tener por satisfechos los lineamientos dados en la misma, por los motivos que se exponen más adelante. En el caso es necesario señalar que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y que la juez responsable debió cumplir son los siguientes: I. Deje insubsistente el acto reclamado de seis de enero de dos mil diecisiete. II. En su lugar, emita otro en el que de manera fundada y motivada: a) Establezca el monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. b) Establezca el monto de la posible sanción pecuniaria atendiendo al delito de que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. c) Determine lo correspondiente a la designación de defensores particulares del inculpado en favor de ****. De lo anterior se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa la referida responsable incumple con los lineamientos establecidos en ella, por los motivos siguientes: En el acto reclamado, el juez de origen, con relación al monto de las obligaciones procesales, fijó $21,900.00 (veintiún mil novecientos pesos, cero centavos, moneda nacional) y en la determinación a través de la cual pretendió acatar el fallo la diversa de $46,333.10 (cuarenta y seis mil trescientos treinta y tres pesos, diez centavos), lo cual, agrava la situación jurídica del inconforme, resultando contrario a la finalidad que buscó el quejoso al promover el presente juicio de amparo que fue el obtener mayores beneficios, bajo el principio non reformatio in peius, conforme al cual no es posible privar a quien se le resuelve su situación jurídica de los beneficios adquiridos en el fallo impugnado. No obstante lo anterior, con relación a dicho monto, el juez de origen indicó que lo realiza a partir de un análisis de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social; sin embargo, su conclusión se torna dogmática dado que lo sustenta en apreciaciones subjetivas carentes de sustento jurídico. Para corroborar dicha conclusión se tiene que el juez de origen nuevamente incurre en las mismas deficiencias contenidas en el auto reclamado, puesto que si estima carecer de elementos o datos para resolver, soslayó requerir al quejoso a efecto de que en el término de veinticuatro horas le proporcionara información relacionada con su situación económica, sus dependientes económicos, su salario, el lugar donde tiene su residencia o sus antecedentes penales, al ser dichos datos pertinentes para la fijación de su libertad personal, con los apercibimientos de ley, debidamente notificado y así cumplir con el mandato constitucional previsto en el párrafo primero del artículo 16, en el que se establece que todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, para que el gobernado se encuentre en aptitud de conocer las causas y motivos que implican una afectación a sus derechos. En tal virtud, la autoridad responsable nuevamente omitió establecer las circunstancias que tomó en cuenta para el cálculo de ese monto, pues respecto a las antecedentes del acusado, la circunstancia de que tenga tres defensores particulares y que haya promovido este juicio de amparo, no genera presunción de su capacidad económica, pues como se adelantó, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, esto es, sus aseveraciones deben estar apoyadas con las constancias que obren en autos para así cumplir con el mandato constitucional. De ahí que la conclusión de tomar como base el salario mínimo vigente en la época de los hechos se torna dogmática. Aunado que el monto fijado debe ser atendiendo a todos y cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, lo que no aconteció, pues concluyó con una operación aritmética, lo que sí debió realizar al final el concepto de multa. Bajo esa tesitura, atendiendo al criterio establecido para el procedimiento de ejecución de sentencias relativo a que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición. En consecuencia, resulta procedente requerir mediante telegrama oficial urgente a la Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martin Texmelucan, Puebla, para que dé debido cumplimiento de la sentencia dictada en este auto en los términos siguientes: Emita una nueva resolución en la que deje insubsistente el auto reclamado de seis de enero de este año y el diverso de cuatro de mayo siguiente, a través del cual pretendió acatar el fallo. Siguiendo con los lineamientos de la ejecutoria y lo destacado en este acuerdo, con lo medios que tiene a su alcance y haciendo uso de las medidas de apremito que prevé la ley para hacer cumplir sus determinaciones, se allegue de la información relacionada con su situación económica, sus dependientes económicos, su salario, el lugar donde tiene su residencia o sus antecedentes penales; hecho lo anterior, fije el monto relativo a las obligaciones procesales, de manera fundada y motivada. En la inteligencia de que al dar cumplimiento a este acuerdo, no puede agravar la situación del quejoso atendiendo a lo presenciado en el presente proveído. Reitere lo relativo al monto de la posible multa a imponer. Con relación a la reparación del daño, remita copia certificada de las constancias relativas al perdón otorgado por el agraviado. Reitere lo atinente a la designación de los defensores. Lo anterior, deberá realizarlo dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, apercibido el juez responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; así como de que en caso de que este juzgado determine que no se encuentra cumplida totalmente o correctamente la misma, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda como establece el diverso 193 de la ley de la materia, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar.
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