Jorge Moreno Salazar
Expediente 498/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Moreno Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fueron concedidas las medidas cautelares provisional y definitiva, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción. Al resultar innecesaria la conservación de los anexos remitidos por la autoridad responsable, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita a este juzgado para notificar al quejoso ... la resolución de veintidós de los actuales, en el domicilio procesal señalado. No obstante lo anterior, dado lo relevante de la determinación que se pretende notificar y a efecto de no dejar en estado de indefensión al justiciable, se ordena notificarle la citada sentencia en el lugar donde el quejoso se encuentra privado de su libertad. Notifíquese; y personalmente al justiciable
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 498/2021; y, RESULTANDO: ÚNICO. El quince de junio de dos mil veintiuno ..., por propio derecho, presentó oportunamente demanda de amparo, que por acuerdo de dieciocho de ese mes y año se admitió; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictada de forma unitaria por el magistrado, por ministerio de ley, integrante de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca SA-7/2021, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil veinte, emitido en la carpeta judicial 008/2191/2020 por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, lo que acreditó con la copia certificada que anexó de diversas constancias, entre ellas, la resolución de mérito, documentales todas que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por lo que se tiene por probado. TERCERO. Las partes no alegaron causas de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna. CUARTO. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, esencialmente, son los siguientes: El trece de noviembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dos horas con treinta minutos los policías auxiliares Julio César García Islas y Jorge Flores Díaz, al circular a bordo de la patrulla MX444R2 sobre la avenida del Campo, casi esquina con la calle 10 de junio, colonia Pueblo de Santa Cruz Alcapixca, alcaldía Xochimilco, se percataron que se encontraban ... y ..., y al seguir avanzando observaron que el primero de los nombrados entregó al segundo, dos bolsas de plástico transparente que a simple vista parecían contener vegetal verde a granel, quien la recibió sin entregar dinero a cambio. En ese momento, frente a los imputados los elementos policiales detienen su marcha, descienden de su unidad y se dirigen hacia estos, quienes intentan darse a la fuga con dirección a la calle 10 de junio, siendo alcanzados, momento en el que se percatan que ambos imputados cuentan con lesiones externas visibles, razón por el cual el policía Julio César García Islas les preguntó el motivo de estas, respondiendo que horas antes se habían peleado con otras personas del pueblo sin dar mayores datos. A continuación, el policía Julio César García Islas le preguntó al aquí quejoso qué era lo que le había entregado momentos antes a Bernardino Núñez Solano, sin obtener respuesta, por lo que les indica que le permitieran hacer una revisión preventiva en su persona y posesiones, momento en el que Bernardino Núñez Solano de manera voluntaria le entrega las dos bolsas de plástico transparente con vegetal verde a granel, con características propias de la marihuana, que a la postre se confirmó ser cannabis sativa, con un peso neto de dos mil ocho punto cinco gramos, sin encontrarles mayores indicios. En esos momentos el ahora quejoso les dijo a ambos policías que no los pusieran a disposición del Ministerio Público y les entregaría la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a lo que Bernardino Núñez Solano señaló que una vez que vendiera el narcótico les entregaría $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), para no ser puestos a disposición del Ministerio Público, pero al no aceptar los policías aprehensores, fueron amenazados de muerte. Acto seguido, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dándose inicio a la carpeta de investigación CI-FIDN/ACD/UI-1 C/D/00514/11-2020. Judicializada la indagatoria, se formó la carpeta 008/2191/2020, de la estadística de la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En la audiencia inicial de quince de noviembre de dos mil veinte, se resolvió la vinculación a proceso del aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro gratuito de narcóticos. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, formándose el toca SA-7/2021, que el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno fue resuelto de manera unitaria en el sentido de confirmar la determinación impugnada. (Acto reclamado). QUINTO. En sus conceptos de violación, el quejoso sustancialmente expone que el acto combatido violenta sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que se realizó una indebida valoración de los datos de prueba aportados. Es infundado lo alegado por el quejoso, atento a las siguientes consideraciones: El magistrado, por ministerio de ley, responsable al emitir el acto reclamado, esencialmente consideró que los agravios formulados por el recurrente resultaban infundados e inoperantes, ya que contario a lo aseverado, el juez de control, de manera acertada, estimó colmado el estándar probatorio exigido para la etapa procesal correspondiente (etapa inicial), señalando que los indicios eran razonables para afirmar que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro gratuito de narcóticos, y la probabilidad de que el imputado ... lo cometió; respetando la presunción de inocencia, de ahí que tuvo por satisfecha la exigencia constitucional y legal para sujetarlo a una investigación. Señaló que si bien el recurrente se duele de que el juez de control fue omiso en observar los datos de prueba, en virtud de que dejó de advertir que el imputado ...no se encontraba en el lugar en el que supuestamente ocurrieron los hechos, señalando que contaba con estos, lo cierto es que la defensa del aquí quejoso fue omisa en incorporar su contenido, es decir, que hiciera del conocimiento del juzgador sobre que versaban, de ahí que su dicho no encontró sustento. Destacó que la representación social aportó en la audiencia inicial los datos de prueba idóneos y pertinentes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado ...lo cometió o participó en su comisión. Refirió que contrario a lo esgrimido por el aquí quejoso, en el sentido de que el juez de control no atendió lo señalado en la audiencia inicial, relacionado con que fue víctima de actos de tortura al momento de su detención, el a quo, en tutela de los derechos humanos que le son reconocidos a toda persona, apercibió a la Representación Social, para que en caso de que no realizará las diligencias respectivas para atender lo referido por el imputado, se le impondría una multa consistente en veinte unidades de medida y actualización; de ahí que el juzgador no hizo caso omiso a lo manifestado por el imputado, sin dejar de reconocer que dicho señalamiento tiene un doble efecto: como delito, que atendió el a quo al darle vista al Ministerio Público para activar los protocolos de actuación y, como violación de los derechos humanos en el propio proceso; y al respecto, el juez de control verificó que derivados de ellos, no existe confesión del imputado pues niega los hechos y no hay prueba que derive de dichos actos que deban excluirse. Señaló que ni el Ministerio Público ni la defensa concatenaron la serie de lesiones que refirió el imputado, con las apreciadas objetivamente en sus certificados médicos, para evidenciar congruencia en sus manifestaciones que las hicieran creíbles, razón por la cual el juzgador no pudo establecer mayores medidas en protección al imputado. Por otra parte, estableció que el auto combatido es acorde con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 19 constitucional, en relación con los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que determinó confirmar el auto recurrido. En ese tenor, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable cumplió con la regularidad constitucional que le exigen los artículos 14, 16 y 19 constitucionales, toda vez que fundó y motivó adecuadamente el acto reclamado, pues ajustó su actuación a disposiciones normativas de carácter general, como lo son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, y precisó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración, para confirmar el auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil veinte, emitido en la citada carpeta judicial por el citado juez de control. Aseveraciones que este juzgado de Distrito considera ajustadas al texto legal, sin contravención a disposición constitucional alguna, pues contrario a lo afirmado por el quejoso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; 2) La ley señale como delito ese hecho; y, 3) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, ha destacado que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. Así, en la etapa procesal inicial, resulta incorrecto que el juzgador valore los datos de prueba ofrecidos por las partes, pues al hacerlo rebasa las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, aun en el caso en que se hubiese incorporado a la carpeta de investigación, lo que en la especie no aconteció por parte del aquí quejoso, ya que las pruebas en esta etapa solo sirven para integrar datos. Máxime que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo exige como requisito, por lo que solo debe sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la representación social y en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Cierto, en el sistema procesal penal, para vincular a proceso a una persona y someterlo a una investigación formalizada, se debe "establecer", a partir de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. En este punto es importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la norma lleva a distinguir dos momentos relevantes en el dictado de dicho auto: Cumplir con la exigencia que la disposición constitucional refiere para determinar que un hecho puede encuadrar en una hipótesis delictiva, que se podría definir como la identificación de la norma penal relevante; y, Una vez definido el hecho materia de la imputación y el tipo penal en que se estima encuadra, se continúa con la ponderación de datos de prueba a partir de los cuales se puede establecer que se ha cometido un hecho, esto es, suponer la realización de un acontecimiento específico, momento en el que habrá de definirse sobre el estándar probatorio que debe cumplirse al realizar ese ejercicio. En el actual sistema penal, el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal, cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a una investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada intermedia, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con lo cual, se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio oral, en virtud del principio que implica desformalizar el procedimiento. Debe decirse que la etapa de investigación es un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso, de ahí que respecto del contenido de la carpeta de investigación deba considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza de que se ha cometido un delito y que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el juez de control, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 constitucional, para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución del juzgador, para satisfacer el mandato constitucional. En este orden de ideas, el juez de control, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no está legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delito. Derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, deberá expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta. De igual forma, deberá fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, donde tendrá que exponer las razones y fundamentos que le llevan a considerarlos idóneos y pertinentes con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito y cumplir con el requisito de fondo; de manera que exigir la precisión y estudio dogmático de los elementos del delito, iría más allá de la directriz constitucional. De otra guisa, debe decirse que en los delitos que requieran para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público su comprobación en observancia al principio de presunción de inocencia, pero dicho elemento subjetivo deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado la representación social. Así, resulta evidente que la autoridad responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones torales en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. De igual forma, resolvió sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir en confirma el auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil veinte, emitido en la mencionada carpeta judicial por el citado juez de control. Finalmente, es menester señalar que en el presente caso no hay una violación a los artículos 1° y 133 constitucional, los cuales establecen que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, así como que estos serán la Ley Suprema de la Unión, toda vez que dicha circunstancia no significa que, al ejercer la función jurisdiccional, se dejen de observar los diversos principios constitucionales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la propia norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; lo que en la especie acontece, pues, como ya ha sido analizado, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. SEXTO. El quejoso no se opuso a la publicación de datos sensibles, por tal motivo deberán suprimirse sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guarda el sumario en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que el tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito a la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se imponga de autos; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose en su lugar, las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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