Jorge Moreno Coronel
Expediente 828/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Moreno Coronel
- Diadermina Gómez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la determinación que decretó por una parte SOBRESEER y por otra NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, en el presente juicio, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso de revisión por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que antecede, se decretó el sobreseimiento y se negó el amparo en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la determinación que decretó por una parte SOBRESEER y por otra NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, en el presente juicio, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso de revisión por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que antecede, se decretó el sobreseimiento y se negó el amparo en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas.
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treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 828/2020, promovido por ********************por propio derecho******************** en cuanto apoderado jurídico de ********************por alegada violación de los artículos 1°, 16 y 20 inciso c), fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: 1. SOBRESEER EN EL JUICIO. 2. NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que los quejosos reclaman los actos que se precisan a las siguientes autoridades: 1) Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Emitir el acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación con número de expediente ZIT/050/00080/2020, número de caso único 1006-2020-11697, iniciada en contra de Luis Daniel Moreno Guzmán, por el hecho con apariencia de delito que la legislación penal del estado señala como daño en las cosas doloso, cometido en agravio de ********************que decreta el no ejercicio de la acción penal únicamente respecto de Moreno Guzmán; así como el archivo temporal. 2) Titular de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Autorizar y ratificar el acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, emitido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos. 3) Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro. La resolución emitida en la audiencia de tutela de derechos efectuada el seis de noviembre de dos mil veinte, relativa al cuaderno de antecedentes 00041/2020, derivado de la carpeta de investigación con número único de caso 1006-2020-11697; que confirmó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y archivo temporal de seis de octubre de dos mil veinte. 4) Fiscal General, 5) Coordinador General de la Policía de Investigación y 6) Coordinador General de Servicios Periciales, todos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; así como 7) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata e Investigación II, de Maravatío, Michoacán. Las consecuencias que de hecho o derecho deriven en su calidad de víctimas de tortura emocional y psicológica por parte de Luis Daniel Moreno Guzmán, elemento de la Policía Ministerial. Éste último acto, también atribuido a las autoridades precisadas en los números 1), 2) y 3). TERCERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 51, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente en la fecha de presentación de la demanda, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de reclamarse actos dictados por una autoridad judicial y diversas administrativas, residentes en Morelia y Maravatío, Michoacán, en que este órgano ejerce jurisdicción. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. No son ciertos los actos reclamados al 1) Fiscal General, 2) Coordinador General de la Policía de Investigación y 3) Coordinador General de Servicios Periciales, todos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; así como 4) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata e Investigación II, de Maravatío, Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Tampoco es cierto el acto reclamado al 1) agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, 2) titular de dicha Fiscalía y 3) jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, consistente en las consecuencias que de hecho o derecho deriven en su calidad de víctimas de tortura emocional y psicológica por parte de Luis Daniel Moreno Guzmán, elemento de la Policía Ministerial. Ahora bien, los artículos 1°, 22 de la Constitución Federal, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, proscriben la tortura y cualquier trato cruel, inhumano y degradante por constituir violaciones al derecho humano a la integridad personal; estos últimos numerales han sido materia de pronunciamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que dicha prerrogativa está directamente vinculada con la dignidad humana y su violación adquiere diversas formas y entidades cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros). En esa tesitura, se actualiza la tortura cuando en el maltrato en conjunto se actualizan las siguientes hipótesis: a) Es intencional; b) Causa severos sufrimientos físicos o mentales; y, c) Se comete con determinados fines o propósitos. Ahora bien, el primer supuesto (es intencional), no se actualiza, pues los actos de tortura que refiere la quejosa atribuida a las responsables, las condiciona a razón de que Luis Daniel Moreno Guzmán, realice o no dicho acto, lo cual no está sujeto a la potestad de las autoridades, pues en todo caso, de actualizarse dicha conducta, derivaría de un tercero. Por tanto, no se procede al estudio de los demás elementos, pues como se adelantó, los señalados en los tres incisos deben coexistir, esto es, si uno de ellos no se actualiza, tampoco el posible acto violatorio de derechos. Entonces, no obstante que dichas autoridades no se pronunciaron en su informe justificado sobre su certeza o inexistencia, al atribuírseles respecto de una conducta que no esta sujeta a su control y voluntad, debe tenerse por inexistente. Pues en todo caso, los impetrantes tienen expedito su derecho para acudir ante la representación social, para hacer valer sus derechos. En suma, los quejosos no aportaron pruebas para desvirtuar las negativas en este considerando referidas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, respecto de los actos que se atribuyen a las citadas autoridades. QUINTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El 1) agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; 2) el titular de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; y, 3) la jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro; al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclamaron, los cuales quedaron precisados en el considerando primero. Lo que se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación con número de expediente ZIT/050/00080/2020, número de caso único 1006-2020-11697; así como del cuaderno de antecedentes 00041/2020; aportadas por las autoridades responsables. Las cuales adquieren valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. SEXTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Dicha hipótesis refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Hipótesis que se surte por: 1) Revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, 2) Sustitución procesal, tiene múltiples vertientes, verbigracia, cuando el acto reclamado es impugnado por algún recurso idóneo ordinario de defensa y éste es resuelto con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, sustituyendo procesalmente la determinación de origen, al haber quedado firme. A propósito, dicha hipótesis de sustitución procesal quedó confeccionada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), de rubro "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS". Donde estableció que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que resuelve un recurso idóneo, esto es, el que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada. Lo anterior, pues señaló que, una resolución de esa naturaleza hace que la que se pretende recurrir quede firme. Po lo que, consideró que, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la nueva determinación, deja de tener efectos legales propios y, por ende, al reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia -ahora 61, fracción XXI-, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que puede ser materia de análisis a través del juicio de amparo. Dicho lo anterior, es menester precisar que los quejosos reclaman del 1) agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y 2) titular de dicha Fiscalía de control interno, residentes en la ciudad, la emisión, así como aprobación y ratificación, respectivamente, del acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación con número de expediente ZIT/050/00080/2020, número de caso único 1006-2020-11697. Sin embargo, de las constancias que aportaron las responsables, previamente descritas y valoradas en el considerando tercero, se desprende que contra dicha determinación los quejosos interpusieron el recurso innominado que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales; el cual, contempla un medio de impugnación idóneo contra diversas determinaciones del agente del Ministerio Público, entre ellas, el no ejercicio de la acción penal, pues su finalidad es resolver sobre su legalidad, para en su caso, revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. Recurso que fue tramitado con el número de cuaderno de antecedentes 00041/2020 y resuelto por la jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, en la audiencia de tutela de derechos efectuada el seis de noviembre de dos mil veinte, en la cual confirmó el acuerdo impugnado, siendo este el que, puede causar una afectación jurídica a la parte quejosa. Sirve de aplicación, por analogía de criterio la tesis de registro digital 199560, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de epígrafe "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, se sobresee en el juicio, respecto de los actos en este considerando indicados atribuidos a las autoridades indicadas. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación, aún suplida su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en virtud de que los quejosos tienen reconocida su calidad de víctimas en la carpeta de investigación número único de caso 1006-2020-11697. Las impetrantes en sus conceptos de violación aducen que la determinación reclamada viola los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18 y 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; así como los diversos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 26 y 42, de la ley General de Víctimas. Lo cuales transcriben; sin embargo, no expusieron los razonamientos o motivos por lo que estiman su transgresión. No obstante, se realizará un estudio integral del acto reclamado, respecto de su legalidad y constitucionalidad, lo que implica que la determinación reclamada debe colmar lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, esto es, debida motivación y fundamentación; asimismo, que la jueza responsable se haya ocupado de todos los motivos de agravio hechos valer en la audiencia. Del precepto constitucional supracitado se colige que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado; así pues, que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ello por cualquier medio que dé certeza de su contenido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales ha establecido que por fundamentación debe entenderse la obligación de expresar con precisión el precepto legal aplicable al acto de autoridad y, por motivación, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de registro digital 176546, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE" . Ahora bien, de conformidad con el numeral 20, de la Constitución Federal, en el proceso penal acusatorio y oral, las audiencias efectuadas se rigen por el principio de oralidad, por tal motivo, la videograbación de la audiencia dota a los justiciables de seguridad jurídica, por tanto, su contenido basta para estimarse cumplido el requisito que prevé el referido dispositivo 16 constitucional, para que las partes del proceso conozcan los razonamientos y fundamentos en que el juez se apoyó para emitir su determinación, sin que posteriormente, deba emitirla por escrito. Robustece lo anterior la tesis de registro digital 2019617, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUEL ACTO DE MOLESTIA". Ahora bien, los numerales 211, 212, 213 y 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen que el sistema procesal penal acusatorio y oral, consta de tres etapas, a saber: I. De investigación; II. Intermedia o de preparación del juicio; y, III. De juicio. Nos ocuparemos de la primera, en la etapa de investigación, el protagonista es el agente del Ministerio Público, quien tiene la encomienda de recibir la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control a fin de formular la imputación. Para desarrollar adecuadamente esta etapa, el agente del Ministerio Público tiene el deber de investigación penal, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, procediendo a dirigir la investigación, en la que reunirá los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos, así como los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, cuando así proceda. Lo anterior, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos expresamente autorizados en ella. En ese sentido, la etapa de investigación inicial puede legalmente culminar o determinarse, entre otras hipótesis, con un no ejercicio de la acción penal, bajo un criterio de oportunidad, reserva o archivo temporal o por medio de una abstención de investigar, entre otras. Cuando ello acontezca y la víctima u ofendido no esté conforme con la determinación, los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; así como 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ponen a su alcance el derecho de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, archivo temporal, entre otras, que tengan como efecto paralizar, suspender o dar por concluida una investigación. Una vez interpuesto el recurso innominado ante el juez de control, convocará a una audiencia para decidir en definitiva. En esta diligencia estará presente el Ministerio Público, en su caso el imputado y su defensor, así como la víctima u ofendido o sus representantes legales. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 252/2018, emitió la jurisprudencia de registro digital 2019954 y rubro "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN". En la que determinó que, para emitir su resolución, el juez de control evaluará la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, con base en las argumentaciones que formulen las partes, esto es, la exposición de agravios de forma oral, lo que incluye a la víctima u ofendido o su asesor jurídico, quien deberá destacar las omisiones en que haya incurrido el Ministerio Público en la investigación de los delitos y que hayan trascendido para resolver en tal sentido dicha abstención; sin que sea viable que lo hagan por escrito. Por tanto, el juez está imposibilitado para consultar la carpeta de investigación, aunque excepcionalmente puede consultar sus registros si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Ello es así, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones y con ello resolver en la audiencia. Lo que es armónico con el principio de contradicción previsto en el artículo 6° del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige que las partes puedan conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; tal principio, funge como pieza clave para el correcto desarrollo del proceso, pues por un lado, garantiza el derecho de las partes a concurrir al proceso en igualdad de armas y, por otra, permite al juzgador apreciar de forma clara los elementos de prueba y los argumentos que oralmente exponen las partes. Así pues, las facultades del juez de control al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, se limitan a validar o no las razones del fiscal emitidas en su resolución de no ejercicio de la acción penal, sin que ello implique una revisión oficiosa pues, por una parte, está acotado por los agravios que exponga la víctima u ofendido y, por otra, está impedido para revisar la carpeta de investigación e indagar si se actualiza una causa diversa para sustentar un no ejercicio de la acción penal, y variar aquella en que se apoyó el Ministerio Público. Lo que guarda congruencia con el hecho de que al juez de control no le corresponde llevar ni dirigir la investigación, ya que esa facultad es propia de aquél. De lo que se colige, que la resolución del órgano jurisdiccional se encuentra acotada a las razones que la representación social hubiese expuesto para decretar el no ejercicio de la acción y a los agravios de la víctima u ofendido, sin extenderse más allá, pues ello implicaría invadir las facultades procesales del Ministerio Público. Ahora bien, la jueza de control responsable anexó a su informe justificado un disco versátil digital que contiene un archivo electrónico relativo a la audiencia de seis de noviembre de dos mil veinte, relativa al cuaderno de antecedentes 00041/2020. El cual adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición en su artículo 2°, segundo párrafo. Así como con la jurisprudencia de registro digital 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". De la cual se desprende: Argumentos expuestos por el asesor de la víctima durante la audiencia. Comenzó refiriendo los antecedentes del caso, desde que presentó la denuncia, hasta que se dictó el auto de seis de octubre de dos mil veinte, relativo al no ejercicio de la acción penal y archivo temporal, dijo impugnar únicamente el no ejercicio de la acción penal, el cual viola el artículo 131, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el diverso 20 de la Constitución Federal. Refirió además que el agente del Ministerio Público actuaba favoreciendo al inculpado Luis Daniel Moreno Guzmán. Sin destacar las omisiones, tampoco expresó agravios tendientes a controvertir las consideraciones, fundamentos y pruebas en que se apoyó el agente del Ministerio Público para emitir su determinación. En uso de la palabra el Ministerio Público investigador; argumentó. Que una vez que tomó conocimiento de los antecedentes ordenó a los policías y peritos actuaran bajo su mando y conducción, para que, de forma inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, libre de estereotipos y discriminación, encaminados a explorar todas las líneas de investigación, procedieran a reunir cuantos actos de investigación fueran pertinentes y necesarios con motivo de los hechos denunciados. Dijo que una vez agotada la investigación con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 131 fracción VIII, 254, 255 y 227, fracción III y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó 1) el no ejercicio de la acción penal únicamente en lo que respecta a Luis Daniel Moreno Guzmán y 2) archivo temporal, tomando en consideración lo siguiente: Denuncia por comparecencia de veintitrés de marzo de dos mil veinte, presentada por Jorge Moreno Coronel. Actas de entrevista a los testigos Diadermina Gómez Ruíz, Diadermina Moreno Gómez y José Enrique Moreno Pérez. Ampliación de denuncia efectuada el veintisiete de mayo de dos mil veinte por Jorge Moreno Coronel y Diadermina Gómez Ruíz. Oficio DL2206/2020, suscrito por el encargado del departamento legal de la dirección de Seguridad Pública de Maravatío, Michoacán, por medio del cual rinde informe sobre el actuar de los policías adscritos. Y exhibe entrevistas de dos de junio de dos mil vente, recabadas a los testigos María Guadalupe Ávila Granados, Manuel Hernández Zamudio y Miguel Ángel Bautista López, elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Maravatío, Michoacán. Oficio DRH/0636/2020, signado por la directora de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado. Oficio SSA/045/2020, emitido el doce de junio de dos mil vente, por el subdirector de Control y Armamento de la Fiscalía General del Estado. Informe de investigación realizado por los agentes de investigación a Diadermina Gómez Ruíz, y Alejandro Moreno Coronel. Dijo que de las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatadas en el acta de entrevista realizada a Diadermina Gómez Ruíz, única persona que se presume como testigo presencial de los hechos, refiere que el veintidós de marzo de dos mil veinte a las veintidós horas con treinta minutos, se encontraba pernoctando en su habitación que es la principal y al salir al balcón observó que se encontraba Luis Daniel Moreno Guzmán. Que ello no coincide con la ampliación de hechos con apariencia de delito que Gómez Ruíz aportó, pues refirió que el día de los hechos con apariencia de delito, se encontraba en una alcoba del fondo y por temor se negaba a salir. Que de las entrevistas recabadas a los elementos de policía, se advierte que el veintidós de marzo de dos mil veinte, recibieron un llamado telefónico, en el que les hacen del conocimiento que en la calle Constituyentes, esquina con Álvaro, colonia San Miguel, en Maravatío, se encontraban personas haciendo detonaciones con arma de fuego; que al llegar al lugar, a las veintitrés horas con seis minutos, varias personas estaban corriendo, posiblemente porque llegaron con los códigos encendidos y presuntamente salieron de un bar aunque sus puertas ya estaban cerradas. Que en el lugar permanencia Luis Daniel Moreno Guzmán, en estado de ebriedad y traía en las manos latas cerveza, a quien le efectuaron una revisión y preguntaron si estaba armando, respondiendo que era policía ministerial y tenía un arma asignada, la cual se encontraba en su vehículo, que del interior de éste sacó una mochila la cual contenía un arma de fuego Prieto Beretta, calibre .9 milímetros, matrícula H77648Z, la cual les entregó a los policías municipales. Que no encontraron otro indicio en el vehículo, ni cartucho percutido en ese momento y que, si bien no lo "encontraron" en flagrancia, lo ingresaron a barandilla por estar ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que se comprueba con 1) bitácora llamadas telefónicas de la Secretaría de Seguridad Pública de Maravatío; 2) boleta ingreso de Luis Daniel Moreno Guzmán; y 3) acta de pertenencias entre las cuales se encuentra el arma de fuego descrita. Asimismo, que de la planta baja de número ciento treinta y cinco de la calle Constituyentes, salió Diadermina Gómez Ruíz, quien les manifestó a los policías que el inmueble presentaba daños y que la persona que se encontraba abajo era su sobrino. Que, en efecto, en la fecha que acontecieron los hechos con apariencia de delito Luis Daniel Moreno Guzmán, se encontraba laborando como policía ministerial y que tenía a su cargo dos armas de fuego, una marca Heckler & Koch, calibre 5.56 milímetros, matrícula 84020265 y una marca Prieto Beretta, calibre .9 milímetros, matrícula H77648Z. Que requirió el arma de fuego marca Prieto Beretta, al subdirector de armamento y ordenó se emitiera dictamen en materia de balística, por lo que se emitieron testigos del arma, para ser comparados con los casquillos aportados por Diadermina Gómez Ruíz y Alejandro Moreno Coronel, la primera dijo haberlos recabado del interior de su domicilio y el segundo refirió localizarlos fuera del bar. Que se realizó comparativa de las ojivas y cartuchos recogidos del lugar de los hechos, los cuales fueron emitidos por un arma calibre .9 milímetros y una vez que se realizó la comparativa sobre rayado de cañón y percutido de cartuchos, los indicios del inmueble marcado con el número ciento treinta y cinco de la calle Constituyentes, no corresponden a los testigos que emitió el arma de fuego matrícula H77648Z. Así pues, una vez realizadas inspecciones, solicitó al perito en materia de criminalística, detallara los daños en el lugar y trazabilidad de cada impacto realizado en dicho inmueble. El perito encontró que los orificios uno y tres contaban con direccionalidad de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de norte a sur, sin coincidir con los impactos dos y cuatro que se encontraban en el lugar. Que los cinco y seis contaban con dirección de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, esto es de norte a sur. Concluyendo que los orificios uno y tres que dan del exterior al interior, no tienen incidencia con los impactos dos y cuatro de los respectivos lugares. Que los uno y tres no cuentan con incidencia y no corresponden con los indicios encontrados en el interior del inmueble. Que con dichos elementos no se puede concluir si los disparos de arma de fuego accionados fueron hechos desde el interior, pues la direccionalidad y trazabilidad no corresponden, solo se presume por dicho de la victima que el arma de fuego fue accionada desde la calle (planta baja), lo cual no concuerda con el hecho de que los impactos estén en planta alta. Por lo que determinó el no ejercicio de la acción penal, únicamente en lo que respecta a Luis Daniel Moreno Guzmán, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Federal; así como 131, fracción VIII, 255, 327 fracción III, en relación con el diverso 329, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no haber participación directa de ese ciudadano en la comisión de los hechos con apariencia de delito. Finalmente dijo que, a fin de no vulnerar un derecho hacia el esclarecimiento de los mismos, dictó archivo temporal en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, así como 131 y 254 del Código Nacional multicitado. En uso de la voz, el asesor de la víctima agregó. Que es contradictorio lo descrito en el parte informativo, relativo a que a las veintidós horas del veintidós de marzo de dos mil veinte, elementos de policía acudieron a un llamado de emergencia en el que indicaban que entre las calles Constituyentes y Álvaro obregón de la colonia San Miguel Puruarán, se encuentran varios masculinos escandalizando la vía pública y al escuchar algunas detonaciones de arma de fuego, emitieron un llamado de emergencia. Que a las veintitrés horas con treinta minutos, arribó la unidad 05-707, la cual tripulaban Manuel Hernández Zamudio, Jesús Marcelo Maya y Miguel Ángel Bautista López, quienes observaron que dos masculinos estaban escandalizando e hicieron detonaciones con arma de fuego en el domicilio marcado con el numero ciento treinta y cinco de la calle Constituyentes, de la colonia San Miguel Puruarán, que en el acto detuvieron a Luis Daniel Moreno Guzmán y otro masculino, de los cuales el primero les dijo que era agente ministerial y se lo llevaron con su arma Prieto Beretta calibre .9 milímetros, que en el acto se localizaba Diadermina Gómez Ruíz. Finalizó diciendo que la representación social violó con ello el principio de contradicción e igualdad y solicitó a la jueza lo conminara a no favorecer a funcionarios. Posteriormente, el fiscal agregó. No se viola el principio de contradicción, pues en todo momento el asesor jurídico tuvo reconocido su carácter, máxime que en todo momento tuvo a su alcance los registros y datos de investigación del expediente, por tanto, tuvo oportunidad de coadyuvar con la investigación y ofertar medios de prueba, sin que haya presentado propuesta para realizar actos de investigación. Por tanto, la investigación es apegada al artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en ningún momento encubre algún hecho con apariencia de delito. Uso de la voz a la víctima Diadermina Gómez Ruíz. Dijo que no obra en la investigación, pero el día de los hechos únicamente estaba el policía y él disparó el arma. La jueza, señaló que contaba con elementos para resolver, y expuso. El acuerdo combatido contiene dos determinaciones, que únicamente estudiará la relativa al no ejercicio de la acción penal por lo que ve a la participación de una persona determinada Luis Daniel Moreno Guzmán, quedando incólume lo relativo al archivo temporal por no haberse impugnado, pues así lo expresó al inicio de la audiencia el asesor de la víctima. Fijó su competencia acorde al numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; conforme al diverso 265, valoró en conjunto los datos de prueba y dijo que la determinación de no ejercicio de la acción penal es correcta. Lo anterior pues Luis Daniel Moreno Guzmán, fue detenido el día de los hechos y se le asegró un arma. Que Diadermina Gómez Ruíz proporcionó indicios balísticos calibre .9 milímetros, los cuales fueron comparados con elementos testigo del arma de cargo de Moreno Guzmán, los cuales si bien son del mismo calibre, al realizarse un comparativo entre la huella que dejó esa arma y las que propiciaron los casquillos otorgados por Gómez Ruíz, lo que se hizo por conducto de una prueba pericial efectuada por perito docto en la materia de balística acorde a los parámetros y metodología establecidos para tal efecto, el resultado fue que no hay coincidencia entre ambos. Continuó diciendo que esos indicios se encuentran resguardados por la representación social y si en su momento la víctima quiere realizar un peritaje adicional, puede señalar a un profesional en la materia para ello, pues puede volverse a efectuar dicha prueba. Que tampoco corresponde la trazabilidad que se realizó por un perito en criminalística, quién analizó los orificios realizados por el proyectil de arma de fuego, sus impactos y la posible trayectoria, a eso se refiere la trazabilidad, lo que es discordante con la denuncia de Diadermina Gómez Ruíz, donde refirió que los disparos se realizaron desde la calle. Pues al momento de inspeccionar el lugar de los hechos no corresponden los orificios con los impactos; asimismo, se desconoce si pudieron efectuarse desde el interior. No obstante, si aún están los orificios en la vivienda, se pueden analizar nuevamente, si la víctima no comparte la opinión del dictamen ya emitido por el perito oficial, por los que puede ofrecer un peritaje diverso, señalando otro perito para tal efecto. Dijo que, si los indicios balísticos encontrados en la vivienda con los que arroja el arma de cargo del imputado y los orificios de la vivienda tampoco encuadran con los impactos ahí ubicados y con el relato desde donde pudo haber disparado Luis Daniel Moreno Guzmán, no pueden tenerse colmados elementos para ejercitar acción penal. Explicó que, si el representante social con esos elementos judicializa el asunto, al valorarse la información, se hubiera decretado la no vinculación a proceso, por tanto, no hay elementos suficientes. También adujo que el agente del Ministerio Público ponderó contradicciones en sus declaraciones, respecto de que al inicio dijo que se encontraba en una habitación y luego en una diversa. Finalmente dijo que acorde al numeral 255 del Código Nacional relativo, su asesor particular puede coadyuvar con el agente del Ministerio Público, para aportar nuevas pruebas o información novedosa que reactive la investigación y también puede ejercer su derecho contra las autoridades que estime pertinentes en la vía administrativa. En esas condiciones, como se apuntó, son infundados los conceptos de violación, pues el acto reclamado se encuentra fundado y motivado y la jueza de Control se ocupó de los razonamientos expuestos como agravios, por parte del asesor de la víctima, así como de los argumentos de las partes. Consecuentemente, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado por ********************por propio derecho******************** en cuanto apoderado jurídico de ********************. Sin que pase inadvertido el alegato formulado por la representación social; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; mayormente, que tienden a rebatir la fundamentación y motivación del mismo, es evidente que no es materia de este juicio, como se puso de manifiesto. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************por propio derecho******************** en cuanto apoderado jurídico de ********************respecto de los actor reclamados a las autoridades precisadas en los considerandos cuarto y sexto, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************por propio derecho******************** en cuanto apoderado jurídico de ********************contra el acto reclamado a la jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, precisado en el considerando octavo, por los motivos ahí establecidos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que concluyó la emisión del fallo; y da fe la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, quien da fe. Citlali Linda Fraga Salcedo 828/2020 OFICIO(S) 26795, 26796, 26797, 26798, 26799, 26800, 26801 y 26802.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 828/2020, promovido por ********************por propio derecho******************** en cuanto apoderado jurídico de ********************por alegada violación de los artículos 1°, 16 y 20 inciso c), fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: 1. SOBRESEER EN EL JUICIO. 2. NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que los quejosos reclaman los actos que se precisan a las siguientes autoridades: 1) Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Emitir el acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación con número de expediente ZIT/050/00080/2020, número de caso único 1006-2020-11697, iniciada en contra de Luis Daniel Moreno Guzmán, por el hecho con apariencia de delito que la legislación penal del estado señala como daño en las cosas doloso, cometido en agravio de ********************que decreta el no ejercicio de la acción penal únicamente respecto de Moreno Guzmán; así como el archivo temporal. 2) Titular de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Autorizar y ratificar el acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, emitido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos. 3) Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro. La resolución emitida en la audiencia de tutela de derechos efectuada el seis de noviembre de dos mil veinte, relativa al cuaderno de antecedentes 00041/2020, derivado de la carpeta de investigación con número único de caso 1006-2020-11697; que confirmó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y archivo temporal de seis de octubre de dos mil veinte. 4) Fiscal General, 5) Coordinador General de la Policía de Investigación y 6) Coordinador General de Servicios Periciales, todos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; así como 7) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata e Investigación II, de Maravatío, Michoacán. Las consecuencias que de hecho o derecho deriven en su calidad de víctimas de tortura emocional y psicológica por parte de Luis Daniel Moreno Guzmán, elemento de la Policía Ministerial. Éste último acto, también atribuido a las autoridades precisadas en los números 1), 2) y 3). TERCERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 51, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente en la fecha de presentación de la demanda, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de reclamarse actos dictados por una autoridad judicial y diversas administrativas, residentes en Morelia y Maravatío, Michoacán, en que este órgano ejerce jurisdicción. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. No son ciertos los actos reclamados al 1) Fiscal General, 2) Coordinador General de la Policía de Investigación y 3) Coordinador General de Servicios Periciales, todos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; así como 4) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata e Investigación II, de Maravatío, Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Tampoco es cierto el acto reclamado al 1) agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, 2) titular de dicha Fiscalía y 3) jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, consistente en las consecuencias que de hecho o derecho deriven en su calidad de víctimas de tortura emocional y psicológica por parte de Luis Daniel Moreno Guzmán, elemento de la Policía Ministerial. Ahora bien, los artículos 1°, 22 de la Constitución Federal, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, proscriben la tortura y cualquier trato cruel, inhumano y degradante por constituir violaciones al derecho humano a la integridad personal; estos últimos numerales han sido materia de pronunciamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que dicha prerrogativa está directamente vinculada con la dignidad humana y su violación adquiere diversas formas y entidades cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros). En esa tesitura, se actualiza la tortura cuando en el maltrato en conjunto se actualizan las siguientes hipótesis: a) Es intencional; b) Causa severos sufrimientos físicos o mentales; y, c) Se comete con determinados fines o propósitos. Ahora bien, el primer supuesto (es intencional), no se actualiza, pues los actos de tortura que refiere la quejosa atribuida a las responsables, las condiciona a razón de que Luis Daniel Moreno Guzmán, realice o no dicho acto, lo cual no está sujeto a la potestad de las autoridades, pues en todo caso, de actualizarse dicha conducta, derivaría de un tercero. Por tanto, no se procede al estudio de los demás elementos, pues como se adelantó, los señalados en los tres incisos deben coexistir, esto es, si uno de ellos no se actualiza, tampoco el posible acto violatorio de derechos. Entonces, no obstante que dichas autoridades no se pronunciaron en su informe justificado sobre su certeza o inexistencia, al atribuírseles respecto de una conducta que no esta sujeta a su control y voluntad, debe tenerse por inexistente. Pues en todo caso, los impetrantes tienen expedito su derecho para acudir ante la representación social, para hacer valer sus derechos. En suma, los quejosos no aportaron pruebas para desvirtuar las negativas en este considerando referidas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, respecto de los actos que se atribuyen a las citadas autoridades. QUINTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El 1) agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; 2) el titular de la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; y, 3) la jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro; al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclamaron, los cuales quedaron precisados en el considerando primero. Lo que se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación con número de expediente ZIT/050/00080/2020, número de caso único 1006-2020-11697; así como del cuaderno de antecedentes 00041/2020; aportadas por las autoridades responsables. Las cuales adquieren valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. SEXTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Dicha hipótesis refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Hipótesis que se surte por: 1) Revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, 2) Sustitución procesal, tiene múltiples vertientes, verbigracia, cuando el acto reclamado es impugnado por algún recurso idóneo ordinario de defensa y éste es resuelto con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, sustituyendo procesalmente la determinación de origen, al haber quedado firme. A propósito, dicha hipótesis de sustitución procesal quedó confeccionada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), de rubro "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS". Donde estableció que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que resuelve un recurso idóneo, esto es, el que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada. Lo anterior, pues señaló que, una resolución de esa naturaleza hace que la que se pretende recurrir quede firme. Po lo que, consideró que, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la nueva determinación, deja de tener efectos legales propios y, por ende, al reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia -ahora 61, fracción XXI-, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que puede ser materia de análisis a través del juicio de amparo. Dicho lo anterior, es menester precisar que los quejosos reclaman del 1) agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y 2) titular de dicha Fiscalía de control interno, residentes en la ciudad, la emisión, así como aprobación y ratificación, respectivamente, del acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación con número de expediente ZIT/050/00080/2020, número de caso único 1006-2020-11697. Sin embargo, de las constancias que aportaron las responsables, previamente descritas y valoradas en el considerando tercero, se desprende que contra dicha determinación los quejosos interpusieron el recurso innominado que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales; el cual, contempla un medio de impugnación idóneo contra diversas determinaciones del agente del Ministerio Público, entre ellas, el no ejercicio de la acción penal, pues su finalidad es resolver sobre su legalidad, para en su caso, revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. Recurso que fue tramitado con el número de cuaderno de antecedentes 00041/2020 y resuelto por la jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, en la audiencia de tutela de derechos efectuada el seis de noviembre de dos mil veinte, en la cual confirmó el acuerdo impugnado, siendo este el que, puede causar una afectación jurídica a la parte quejosa. Sirve de aplicación, por analogía de criterio la tesis de registro digital 199560, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de epígrafe "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, se sobresee en el juicio, respecto de los actos en este considerando indicados atribuidos a las autoridades indicadas. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación, aún suplida su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en virtud de que los quejosos tienen reconocida su calidad de víctimas en la carpeta de investigación número único de caso 1006-2020-11697. Las impetrantes en sus conceptos de violación aducen que la determinación reclamada viola los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18 y 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; así como los diversos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 26 y 42, de la ley General de Víctimas. Lo cuales transcriben; sin embargo, no expusieron los razonamientos o motivos por lo que estiman su transgresión. No obstante, se realizará un estudio integral del acto reclamado, respecto de su legalidad y constitucionalidad, lo que implica que la determinación reclamada debe colmar lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, esto es, debida motivación y fundamentación; asimismo, que la jueza responsable se haya ocupado de todos los motivos de agravio hechos valer en la audiencia. Del precepto constitucional supracitado se colige que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado; así pues, que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ello por cualquier medio que dé certeza de su contenido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales ha establecido que por fundamentación debe entenderse la obligación de expresar con precisión el precepto legal aplicable al acto de autoridad y, por motivación, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de registro digital 176546, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE" . Ahora bien, de conformidad con el numeral 20, de la Constitución Federal, en el proceso penal acusatorio y oral, las audiencias efectuadas se rigen por el principio de oralidad, por tal motivo, la videograbación de la audiencia dota a los justiciables de seguridad jurídica, por tanto, su contenido basta para estimarse cumplido el requisito que prevé el referido dispositivo 16 constitucional, para que las partes del proceso conozcan los razonamientos y fundamentos en que el juez se apoyó para emitir su determinación, sin que posteriormente, deba emitirla por escrito. Robustece lo anterior la tesis de registro digital 2019617, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUEL ACTO DE MOLESTIA". Ahora bien, los numerales 211, 212, 213 y 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen que el sistema procesal penal acusatorio y oral, consta de tres etapas, a saber: I. De investigación; II. Intermedia o de preparación del juicio; y, III. De juicio. Nos ocuparemos de la primera, en la etapa de investigación, el protagonista es el agente del Ministerio Público, quien tiene la encomienda de recibir la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control a fin de formular la imputación. Para desarrollar adecuadamente esta etapa, el agente del Ministerio Público tiene el deber de investigación penal, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, procediendo a dirigir la investigación, en la que reunirá los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos, así como los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, cuando así proceda. Lo anterior, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos expresamente autorizados en ella. En ese sentido, la etapa de investigación inicial puede legalmente culminar o determinarse, entre otras hipótesis, con un no ejercicio de la acción penal, bajo un criterio de oportunidad, reserva o archivo temporal o por medio de una abstención de investigar, entre otras. Cuando ello acontezca y la víctima u ofendido no esté conforme con la determinación, los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; así como 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ponen a su alcance el derecho de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, archivo temporal, entre otras, que tengan como efecto paralizar, suspender o dar por concluida una investigación. Una vez interpuesto el recurso innominado ante el juez de control, convocará a una audiencia para decidir en definitiva. En esta diligencia estará presente el Ministerio Público, en su caso el imputado y su defensor, así como la víctima u ofendido o sus representantes legales. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 252/2018, emitió la jurisprudencia de registro digital 2019954 y rubro "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN". En la que determinó que, para emitir su resolución, el juez de control evaluará la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, con base en las argumentaciones que formulen las partes, esto es, la exposición de agravios de forma oral, lo que incluye a la víctima u ofendido o su asesor jurídico, quien deberá destacar las omisiones en que haya incurrido el Ministerio Público en la investigación de los delitos y que hayan trascendido para resolver en tal sentido dicha abstención; sin que sea viable que lo hagan por escrito. Por tanto, el juez está imposibilitado para consultar la carpeta de investigación, aunque excepcionalmente puede consultar sus registros si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Ello es así, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones y con ello resolver en la audiencia. Lo que es armónico con el principio de contradicción previsto en el artículo 6° del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige que las partes puedan conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; tal principio, funge como pieza clave para el correcto desarrollo del proceso, pues por un lado, garantiza el derecho de las partes a concurrir al proceso en igualdad de armas y, por otra, permite al juzgador apreciar de forma clara los elementos de prueba y los argumentos que oralmente exponen las partes. Así pues, las facultades del juez de control al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, se limitan a validar o no las razones del fiscal emitidas en su resolución de no ejercicio de la acción penal, sin que ello implique una revisión oficiosa pues, por una parte, está acotado por los agravios que exponga la víctima u ofendido y, por otra, está impedido para revisar la carpeta de investigación e indagar si se actualiza una causa diversa para sustentar un no ejercicio de la acción penal, y variar aquella en que se apoyó el Ministerio Público. Lo que guarda congruencia con el hecho de que al juez de control no le corresponde llevar ni dirigir la investigación, ya que esa facultad es propia de aquél. De lo que se colige, que la resolución del órgano jurisdiccional se encuentra acotada a las razones que la representación social hubiese expuesto para decretar el no ejercicio de la acción y a los agravios de la víctima u ofendido, sin extenderse más allá, pues ello implicaría invadir las facultades procesales del Ministerio Público. Ahora bien, la jueza de control responsable anexó a su informe justificado un disco versátil digital que contiene un archivo electrónico relativo a la audiencia de seis de noviembre de dos mil veinte, relativa al cuaderno de antecedentes 00041/2020. El cual adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición en su artículo 2°, segundo párrafo. Así como con la jurisprudencia de registro digital 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". De la cual se desprende: Argumentos expuestos por el asesor de la víctima durante la audiencia. Comenzó refiriendo los antecedentes del caso, desde que presentó la denuncia, hasta que se dictó el auto de seis de octubre de dos mil veinte, relativo al no ejercicio de la acción penal y archivo temporal, dijo impugnar únicamente el no ejercicio de la acción penal, el cual viola el artículo 131, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el diverso 20 de la Constitución Federal. Refirió además que el agente del Ministerio Público actuaba favoreciendo al inculpado Luis Daniel Moreno Guzmán. Sin destacar las omisiones, tampoco expresó agravios tendientes a controvertir las consideraciones, fundamentos y pruebas en que se apoyó el agente del Ministerio Público para emitir su determinación. En uso de la palabra el Ministerio Público investigador; argumentó. Que una vez que tomó conocimiento de los antecedentes ordenó a los policías y peritos actuaran bajo su mando y conducción, para que, de forma inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, libre de estereotipos y discriminación, encaminados a explorar todas las líneas de investigación, procedieran a reunir cuantos actos de investigación fueran pertinentes y necesarios con motivo de los hechos denunciados. Dijo que una vez agotada la investigación con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 131 fracción VIII, 254, 255 y 227, fracción III y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó 1) el no ejercicio de la acción penal únicamente en lo que respecta a Luis Daniel Moreno Guzmán y 2) archivo temporal, tomando en consideración lo siguiente: Denuncia por comparecencia de veintitrés de marzo de dos mil veinte, presentada por Jorge Moreno Coronel. Actas de entrevista a los testigos Diadermina Gómez Ruíz, Diadermina Moreno Gómez y José Enrique Moreno Pérez. Ampliación de denuncia efectuada el veintisiete de mayo de dos mil veinte por Jorge Moreno Coronel y Diadermina Gómez Ruíz. Oficio DL2206/2020, suscrito por el encargado del departamento legal de la dirección de Seguridad Pública de Maravatío, Michoacán, por medio del cual rinde informe sobre el actuar de los policías adscritos. Y exhibe entrevistas de dos de junio de dos mil vente, recabadas a los testigos María Guadalupe Ávila Granados, Manuel Hernández Zamudio y Miguel Ángel Bautista López, elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Maravatío, Michoacán. Oficio DRH/0636/2020, signado por la directora de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado. Oficio SSA/045/2020, emitido el doce de junio de dos mil vente, por el subdirector de Control y Armamento de la Fiscalía General del Estado. Informe de investigación realizado por los agentes de investigación a Diadermina Gómez Ruíz, y Alejandro Moreno Coronel. Dijo que de las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatadas en el acta de entrevista realizada a Diadermina Gómez Ruíz, única persona que se presume como testigo presencial de los hechos, refiere que el veintidós de marzo de dos mil veinte a las veintidós horas con treinta minutos, se encontraba pernoctando en su habitación que es la principal y al salir al balcón observó que se encontraba Luis Daniel Moreno Guzmán. Que ello no coincide con la ampliación de hechos con apariencia de delito que Gómez Ruíz aportó, pues refirió que el día de los hechos con apariencia de delito, se encontraba en una alcoba del fondo y por temor se negaba a salir. Que de las entrevistas recabadas a los elementos de policía, se advierte que el veintidós de marzo de dos mil veinte, recibieron un llamado telefónico, en el que les hacen del conocimiento que en la calle Constituyentes, esquina con Álvaro, colonia San Miguel, en Maravatío, se encontraban personas haciendo detonaciones con arma de fuego; que al llegar al lugar, a las veintitrés horas con seis minutos, varias personas estaban corriendo, posiblemente porque llegaron con los códigos encendidos y presuntamente salieron de un bar aunque sus puertas ya estaban cerradas. Que en el lugar permanencia Luis Daniel Moreno Guzmán, en estado de ebriedad y traía en las manos latas cerveza, a quien le efectuaron una revisión y preguntaron si estaba armando, respondiendo que era policía ministerial y tenía un arma asignada, la cual se encontraba en su vehículo, que del interior de éste sacó una mochila la cual contenía un arma de fuego Prieto Beretta, calibre .9 milímetros, matrícula H77648Z, la cual les entregó a los policías municipales. Que no encontraron otro indicio en el vehículo, ni cartucho percutido en ese momento y que, si bien no lo "encontraron" en flagrancia, lo ingresaron a barandilla por estar ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que se comprueba con 1) bitácora llamadas telefónicas de la Secretaría de Seguridad Pública de Maravatío; 2) boleta ingreso de Luis Daniel Moreno Guzmán; y 3) acta de pertenencias entre las cuales se encuentra el arma de fuego descrita. Asimismo, que de la planta baja de número ciento treinta y cinco de la calle Constituyentes, salió Diadermina Gómez Ruíz, quien les manifestó a los policías que el inmueble presentaba daños y que la persona que se encontraba abajo era su sobrino. Que, en efecto, en la fecha que acontecieron los hechos con apariencia de delito Luis Daniel Moreno Guzmán, se encontraba laborando como policía ministerial y que tenía a su cargo dos armas de fuego, una marca Heckler & Koch, calibre 5.56 milímetros, matrícula 84020265 y una marca Prieto Beretta, calibre .9 milímetros, matrícula H77648Z. Que requirió el arma de fuego marca Prieto Beretta, al subdirector de armamento y ordenó se emitiera dictamen en materia de balística, por lo que se emitieron testigos del arma, para ser comparados con los casquillos aportados por Diadermina Gómez Ruíz y Alejandro Moreno Coronel, la primera dijo haberlos recabado del interior de su domicilio y el segundo refirió localizarlos fuera del bar. Que se realizó comparativa de las ojivas y cartuchos recogidos del lugar de los hechos, los cuales fueron emitidos por un arma calibre .9 milímetros y una vez que se realizó la comparativa sobre rayado de cañón y percutido de cartuchos, los indicios del inmueble marcado con el número ciento treinta y cinco de la calle Constituyentes, no corresponden a los testigos que emitió el arma de fuego matrícula H77648Z. Así pues, una vez realizadas inspecciones, solicitó al perito en materia de criminalística, detallara los daños en el lugar y trazabilidad de cada impacto realizado en dicho inmueble. El perito encontró que los orificios uno y tres contaban con direccionalidad de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de norte a sur, sin coincidir con los impactos dos y cuatro que se encontraban en el lugar. Que los cinco y seis contaban con dirección de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, esto es de norte a sur. Concluyendo que los orificios uno y tres que dan del exterior al interior, no tienen incidencia con los impactos dos y cuatro de los respectivos lugares. Que los uno y tres no cuentan con incidencia y no corresponden con los indicios encontrados en el interior del inmueble. Que con dichos elementos no se puede concluir si los disparos de arma de fuego accionados fueron hechos desde el interior, pues la direccionalidad y trazabilidad no corresponden, solo se presume por dicho de la victima que el arma de fuego fue accionada desde la calle (planta baja), lo cual no concuerda con el hecho de que los impactos estén en planta alta. Por lo que determinó el no ejercicio de la acción penal, únicamente en lo que respecta a Luis Daniel Moreno Guzmán, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Federal; así como 131, fracción VIII, 255, 327 fracción III, en relación con el diverso 329, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no haber participación directa de ese ciudadano en la comisión de los hechos con apariencia de delito. Finalmente dijo que, a fin de no vulnerar un derecho hacia el esclarecimiento de los mismos, dictó archivo temporal en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, así como 131 y 254 del Código Nacional multicitado. En uso de la voz, el asesor de la víctima agregó. Que es contradictorio lo descrito en el parte informativo, relativo a que a las veintidós horas del veintidós de marzo de dos mil veinte, elementos de policía acudieron a un llamado de emergencia en el que indicaban que entre las calles Constituyentes y Álvaro obregón de la colonia San Miguel Puruarán, se encuentran varios masculinos escandalizando la vía pública y al escuchar algunas detonaciones de arma de fuego, emitieron un llamado de emergencia. Que a las veintitrés horas con treinta minutos, arribó la unidad 05-707, la cual tripulaban Manuel Hernández Zamudio, Jesús Marcelo Maya y Miguel Ángel Bautista López, quienes observaron que dos masculinos estaban escandalizando e hicieron detonaciones con arma de fuego en el domicilio marcado con el numero ciento treinta y cinco de la calle Constituyentes, de la colonia San Miguel Puruarán, que en el acto detuvieron a Luis Daniel Moreno Guzmán y otro masculino, de los cuales el primero les dijo que era agente ministerial y se lo llevaron con su arma Prieto Beretta calibre .9 milímetros, que en el acto se localizaba Diadermina Gómez Ruíz. Finalizó diciendo que la representación social violó con ello el principio de contradicción e igualdad y solicitó a la jueza lo conminara a no favorecer a funcionarios. Posteriormente, el fiscal agregó. No se viola el principio de contradicción, pues en todo momento el asesor jurídico tuvo reconocido su carácter, máxime que en todo momento tuvo a su alcance los registros y datos de investigación del expediente, por tanto, tuvo oportunidad de coadyuvar con la investigación y ofertar medios de prueba, sin que haya presentado propuesta para realizar actos de investigación. Por tanto, la investigación es apegada al artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en ningún momento encubre algún hecho con apariencia de delito. Uso de la voz a la víctima Diadermina Gómez Ruíz. Dijo que no obra en la investigación, pero el día de los hechos únicamente estaba el policía y él disparó el arma. La jueza, señaló que contaba con elementos para resolver, y expuso. El acuerdo combatido contiene dos determinaciones, que únicamente estudiará la relativa al no ejercicio de la acción penal por lo que ve a la participación de una persona determinada Luis Daniel Moreno Guzmán, quedando incólume lo relativo al archivo temporal por no haberse impugnado, pues así lo expresó al inicio de la audiencia el asesor de la víctima. Fijó su competencia acorde al numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; conforme al diverso 265, valoró en conjunto los datos de prueba y dijo que la determinación de no ejercicio de la acción penal es correcta. Lo anterior pues Luis Daniel Moreno Guzmán, fue detenido el día de los hechos y se le asegró un arma. Que Diadermina Gómez Ruíz proporcionó indicios balísticos calibre .9 milímetros, los cuales fueron comparados con elementos testigo del arma de cargo de Moreno Guzmán, los cuales si bien son del mismo calibre, al realizarse un comparativo entre la huella que dejó esa arma y las que propiciaron los casquillos otorgados por Gómez Ruíz, lo que se hizo por conducto de una prueba pericial efectuada por perito docto en la materia de balística acorde a los parámetros y metodología establecidos para tal efecto, el resultado fue que no hay coincidencia entre ambos. Continuó diciendo que esos indicios se encuentran resguardados por la representación social y si en su momento la víctima quiere realizar un peritaje adicional, puede señalar a un profesional en la materia para ello, pues puede volverse a efectuar dicha prueba. Que tampoco corresponde la trazabilidad que se realizó por un perito en criminalística, quién analizó los orificios realizados por el proyectil de arma de fuego, sus impactos y la posible trayectoria, a eso se refiere la trazabilidad, lo que es discordante con la denuncia de Diadermina Gómez Ruíz, donde refirió que los disparos se realizaron desde la calle. Pues al momento de inspeccionar el lugar de los hechos no corresponden los orificios con los impactos; asimismo, se desconoce si pudieron efectuarse desde el interior. No obstante, si aún están los orificios en la vivienda, se pueden analizar nuevamente, si la víctima no comparte la opinión del dictamen ya emitido por el perito oficial, por los que puede ofrecer un peritaje diverso, señalando otro perito para tal efecto. Dijo que, si los indicios balísticos encontrados en la vivienda con los que arroja el arma de cargo del imputado y los orificios de la vivienda tampoco encuadran con los impactos ahí ubicados y con el relato desde donde pudo haber disparado Luis Daniel Moreno Guzmán, no pueden tenerse colmados elementos para ejercitar acción penal. Explicó que, si el representante social con esos elementos judicializa el asunto, al valorarse la información, se hubiera decretado la no vinculación a proceso, por tanto, no hay elementos suficientes. También adujo que el agente del Ministerio Público ponderó contradicciones en sus declaraciones, respecto de que al inicio dijo que se encontraba en una habitación y luego en una diversa. Finalmente dijo que acorde al numeral 255 del Código Nacional relativo, su asesor particular puede coadyuvar con el agente del Ministerio Público, para aportar nuevas pruebas o información novedosa que reactive la investigación y también puede ejercer su derecho contra las autoridades que estime pertinentes en la vía administrativa. En esas condiciones, como se apuntó, son infundados los conceptos de violación, pues el acto reclamado se encuentra fundado y motivado y la jueza de Control se ocupó de los razonamientos expuestos como agravios, por parte del asesor de la víctima, así como de los argumentos de las partes. Consecuentemente, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado por ********************por propio derecho******************** en cuanto apoderado jurídico de ********************. Sin que pase inadvertido el alegato formulado por la representación social; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; mayormente, que tienden a rebatir la fundamentación y motivación del mismo, es evidente que no es materia de este juicio, como se puso de manifiesto. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************por propio derecho******************** en cuanto apoderado jurídico de ********************respecto de los actor reclamados a las autoridades precisadas en los considerandos cuarto y sexto, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************por propio derecho******************** en cuanto apoderado jurídico de ********************contra el acto reclamado a la jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, precisado en el considerando octavo, por los motivos ahí establecidos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que concluyó la emisión del fallo; y da fe la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, quien da fe. Citlali Linda Fraga Salcedo 828/2020 OFICIO(S) 26795, 26796, 26797, 26798, 26799, 26800, 26801 y 26802.
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