Jorge Morales López

Expediente 1056/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1056/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2020

Partes del expediente

  • Jorge Morales López

Actuaciones

  1. Principal

    II.- Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo otorgado al quejoso en proveído de once de septiembre de dos mil veinte, siendo que la parte quejosa no realizó manifestación alguna; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los actos que reclamó a las autoridades responsables (fojas 41 a 46), fue el siguiente: ".Efectos del amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del plazo de tres días, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, declare cerrada la instrucción y turne el expediente DI-227/2016, al secretario proyectista para que formule resolución en forma de laudo, lo que deberá suceder diez días después a la notificación realizada respecto al cierre de instrucción y, de inmediato sea notificado a las partes." Por otra parte, por acuerdo de cinco de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (fojas 52 y 53). Por acuerdo de diecisiete de marzo del presente año, se tuvo informando a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con domicilio en esta ciudad, que por acuerdos de dos y seis del mismo mes y año, certificó que no habían pruebas por desahogar, declaró el cierre de instrucción y turnó los autos para el proyecto de resolución en forma de laudo (fojas 59 y 60). Finalmente, por auto de once de septiembre del presente año, la autoridad responsable remitió la resolución en forma de laudo y su notificación de nueve del mismo mes y año (fojas 80 a 95). Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada debidamente signados por el funcionario autorizado para ello, por lo que constituye un documento oficial, que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Por ende, es inconcuso que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, cumplieron cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria federal de mérito, ya que entre las constancias relacionadas, se advierte que dictaron la resolución en forma de laudo y la notificaron a la parte quejosa, respectivamente. En este contexto, es inconcuso que las autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo; de ahí que pueda concluirse válidamente que la parte quejosa fue restituida plenamente en el goce de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con sustento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el nueve de septiembre de dos mil veinte. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    II. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por la Presidenta y el Actuario adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia esta ciudad; ténganse por rendidos los informes de las autoridades responsables señaladas, dese vista a las partes. Se tiene a las aludidas autoridades responsables, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que mencionan en sus respectivos oficios. Se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales que exhibe la primera autoridad oficiante, las cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional.

  3. Principal

    II. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene al quejoso, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otra. En consecuencia, SE ADMITE la demanda de que se trata; se ordena formar expediente, registrándolo en el Libro de Gobierno y se ordena dar la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito. Pídase su informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir por escrito o por medios magnéticos dentro del término de QUINCE DÍAS, según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Se determina que no habrá necesidad de emitir el oficio correspondiente a la autoridad responsable, para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, en virtud de que tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet señalada. De igual manera, se reserva el emplazamiento de a quienes les pueda corresponder el carácter de terceros interesados hasta en tanto se reciban los informes justificados de las autoridades responsables y se pueda apreciar que les reviste dicho carácter. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la profesionista que señala y a las diversas personas que menciona, únicamente para los fines que fueron señalados en el citado escrito, en virtud de que la presente demanda versa en materia laboral y es promovida por la parte trabajadora, y así fue solicitado expresamente.

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