Jorge Morales López y Otros.
Expediente 200/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Morales López y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio recibido vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que signa el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, hágase de su conocimiento que mediante oficio 5734/2023, de dos de marzo del año en curso, recepcionado por la oficialía de partes de dicho Tribunal Colegiado el trece de abril del año en curso, este Juzgado acusó recibo de su misiva 114/2023, mediante la cual ese Tribunal Colegiado remitió por incompetencia el juicio de amparo directo 664/2022, así como el original del toca familiar 369/2022, como se advierte de la constancia que obra agregada en autos.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo directo 664/2022, en la que ese órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Jorge Morales López y Rosa Morales López, contra actos de los Magistrados integrantes de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, y al efecto remite el juicio de amparo directo 664/2022, así como los autos originales del toca familiar ********************. Con fundamento en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República y el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero del indicado año, se acepta la competencia planteada y se AVOCA al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal declinante, para los efectos legales procedentes. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como juicio de amparo indirecto 200/2023-V, fórmese expediente impreso y electrónico. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, permite a este juzgador federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: a).- La Resolución de fecha 19 de Agosto del Año Dos Mi Veintidós, dictada en el Toca Familiar ********************, por la Autoridad Responsable Sala Familiar, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo Guerrero, con motivo del "Recurso de Queja" interpuesto por los ahora quejosos Rosa Morales López y Jorge Morales López, en contra del auto de fecha 28 de Marzo del Año Dos Mil Veintidós por denegada apelación, dictado por la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, en el expediente ********************, relativo al Juicio de Violencia Familiar, promovido por los ahora quejosos Rosa Morales López y Jorge Morales López, en contra de Edith Yolanda Morales López. Ahora bien, se tiene que el acto que reclaman los impetrantes del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que pueda considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fue dictado dentro de un juicio, éste no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, requisito indispensable que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado consiste en la resolución diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en el Toca Familiar ******************** en la que se declaró improcedente el recurso de queja, interpuesto por los quejosos incidentistas y se confirmó el auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, que negó la admisión del recurso de apelación, dictado por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, en el expediente ********************, relativo al Juicio de Violencia Familiar. Ahora, debe señalarse que la parte quejosa refiere en el apartado de antecedentes de su escrito de demanda, en forma concreta en los marcados con números del seis al nueve, que los aquí quejosos por escrito de veintinueve de febrero de dos mil veintidós, interpusieron recurso de apelación en contra de la audiencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, y que en acuerdo de veintiocho de marzo del mismo año, el juez primario negó tener interpuesto el aludido recurso de apelación, lo que motivó que interpusieran recurso de queja en contra del señalado auto de veintiocho de marzo, el cual, mediante resolución de diecinueve de agosto del dos mil veintidós, fue declarado como improcedente y se confirmó el proveído de veintiocho de marzo del mismo año, que negó la admisión del recurso de apelación. Además señala la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que se cometió una violación de carácter procesal debido a la mala interpretación que realizó la autoridad responsable en el fallo impugnado. De lo antes señalado, se advierte que la determinación reclamada no puede considerarse de aquéllas que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 172, fracciones IX y XII, de la Ley de Amparo, pues tal evento, puede, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. Y toda vez que no le irroga por ahora un perjuicio irreparable, dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo de la parte impetrante del amparo, y en caso de que dicha violación procesal trascienda al resultado del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarla al promover el amparo directo en contra de la sentencia por encontrarse expresamente prevista en la fracciones IX y XII, del artículo 172 de la Ley de la Materia. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de los derechos individuales, y por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues debe considerarse que en aquellos casos, no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tales hipótesis el afectado no podría esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es |del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También es aplicable al caso particular la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Al igual encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Luego si la resolución impugnada trasciende al resultado del juicio puede alegarse como concepto de violación en el amparo directo, más no hace factible la procedibilidad del juicio de amparo indirecto, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales no de las cuestiones procedimentales surgidas en la contienda, como en el caso acontece pues como ya se señaló, la parte quejosa impugnó una resolución en la que se declaró improcedente o infundado un recurso de queja en contra de un auto que denegó la admisión de un recurso de apelación lo que, como ya se dijo, no vulnera derechos sustantivos sino que, se trata de violaciones intraprocesales que no hacen procedente el juicio de amparo indirecto, de ahí que, esa determinación no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no deparan perjuicio alguno al impetrante del amparo que no pueda llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Aunado a que, dicha resolución no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional sin esperar que se promueva el amparo directo contra la sentencia que se decida sobre el fondo del juicio natural, pues precisamente, de resultar contrario a sus intereses dicha resolución dictada, la solicitante del amparo estaría en aptitud de combatirla mediante el juicio de amparo uninstancial, ello, porque del punto de antecedente marcado con el número cinco del escrito de demanda se observa que dice, que en la audiencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, denominada "audiencia y Valoración de pruebas", el abogado de la demanda rindió declaración en lugar de la mencionada reo civil, además que tomó la declaración de ********************; hechos que motivaron que recurrieran dicha audiencia; circunstancia de la que se advierte que la pretensión final de la parte quejosa, tiene que ver con actos asimilados a la contestación de demanda y al desahogo de pruebas, lo cual, se reitera, se traduce en una violación de carácter procesal . Aplica a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, Materias Civil, página 393, registro 224832, que dice: "PRUEBAS DE LA CONTRARIA. ADMISION DE LAS QUE SE RECIBIRIAN ILEGALMENTE, ES VIOLACION DE PROCEDIMIENTO ANALOGA A LAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 159, FRACCIONES III Y VII, DE LA LEY DE AMPARO. Si lo que reclamó en la demanda de amparo, fue el proveído por el cual se admitieron pruebas a la contraria, porque según la quejosa no se recibirían conforme a la ley, es evidente que se está en presencia de una pretendida violación de procedimiento que a juicio de este tribunal, tiene indiscutible analogía con las que señalan las fracciones III y VII, del artículo 159 de la Ley de Amparo y que por lo mismo debe quedar comprendida dentro de las que señala la diversa fracción XI del mismo precepto. En tal situación, es aplicable a la violación procesal que señala la recurrente, lo dispuesto en el artículo 161 del mismo ordenamiento (no reformado), que determina que las violaciones a que se refiere el artículo 159 sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, previa su preparación. En consecuencia la demanda de amparo indirecto fue improcedente en términos de la fracción XII del artículo 73 de la citada Ley." También resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539, Décima Época, Materias Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Registro digital, 2006338, del rubro y texto siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 55, Julio de 1992, página 11, Octava Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Y también resulta aplicable la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 772, Décima Época, Materias Común, Registro 160910, que establece: DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto. En esa condiciones es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 172, fracción IX y XII, de la Ley de amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por estar acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************; por no contar con el anterior requisito AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; en el entendido que la utilidad que le dé a esos documentos, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad, contra el auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el que este Juzgado, declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo haya hecho, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos; por tanto, SE TIENE CONSENTIDO DICHO AUTO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y del conocimiento de las partes procesales para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos se aprecia que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se advierta documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico; lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. En tal virtud, y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser DEPURADO, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, resoluciones recurridas, sentencia definitiva y del presente auto. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del ya mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la Secretaria licenciada Yuvidalia Pineda Torres, con quien actúa y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.
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