Jorge Mora Velázquez
Expediente 774/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Mora Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito del quejoso Jorge ..., mediante el cual revoca a los profesionistas autorizados con anterioridad; asimismo, señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo y solicita el acceso al expediente electrónico. Como lo solicita el promovente, se tienen por revocados a los profesionistas nombrados con anterioridad; y téngase como nuevos autorizados a las personas que refiere en su escrito de cuenta, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Ahora, por cuanto hace al domicilio que señala, dígasele al quejoso que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que el domicilio proporcionado en su escrito de cuenta se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), o en su zona conurbada (Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Tlalnepantla), por tanto, una vez que señale algún domicilio dentro de los municipios señalados, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente para entablar comunicaciones no procesales en caso de que este juzgado lo estime necesario. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "647627-FF09F9", el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó la negativa del amparo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable, ya que se negó el amparo en este asunto. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General citado se considera que el original del incidente de suspensión es de destrucción, ya que se negó la medida cautelar, por ende, glósese al presente. Asimismo, de conformidad con el citado Acuerdo General, una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvanse a la Jueza Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, México, las constancias que adjuntó como apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas del expediente 458/2020. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. V I S T O para resolver el juicio de amparo 774/2021-IV; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el seis de agosto del año en curso, Jorge Mora Velásquez, por propio derecho promovió demanda de amparo en contra de la autoridad y por el acto que se precisarán en el considerando segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, la suscrita advierte que la parte quejosa reclama: La resolución interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de diez de junio del año en curso, dictado en el expediente 458/2020, relativo a la Controversia Familiar sobre Pérdida de Patria Potestad, Guarda y Custodia, Pensión Alimenticia y Aseguramiento de la Pensión, promovido por Ana Laura Ruiz Osuna en contra de Jorge Mora Velázquez, a través de la cual se declararon fundados los agravios expresados por Ana Laura Ruiz Osuna, y se revocó el acuerdo de diez de junio del presente año. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, al rendir su informe justificado acepta el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como complemento a su informe con justificación consistentes en copias certificadas del expediente 458/2020, relativo a la Controversia Familiar sobre Pérdida de Patria Potestad, Guarda y Custodia, Pensión Alimenticia y Aseguramiento de la Pensión, promovido por Ana Laura Ruiz Osuna en contra de Jorge Mora Velázquez, a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado precisamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y no abona a la claridad que debe revestir a toda resolución jurisdiccional. SEXTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. De las copias certificadas del expediente 458/2020, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, Ana Laura Ruiz Osuna, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales S.M.R. y S.M.R., en la vía de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, demandó de Jorge Mora Velázquez, el cumplimiento de las siguientes prestaciones: A.- Se decrete la pérdida de la patria potestad que ejerce el hoy demandado el C. Jorge Mora Velázquez sobre mis menores hijos de nombres Sebastián y Santiago, ambos de apellidos Mora Ruiz, en virtud de que se actualizan las siguientes causales: (i) violencia familiar en su modalidad de violencia económica, (ii) abandono de los deberes alimentarios por más de dos meses y, (iii) abandono de guarda y custodia por más de dos meses, por parte del demandado en favor de nuestros menores hijos; causales contempladas en la fracción II del artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de México. B.- Se decrete a favor de la suscrita la Guarda y Custodia definitiva, de mis menores hijos de nombres Sebastián y Santiago, ambos de apellidos Mora Ruiz. C.- Se decrete una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, a favor de mis menores hijos de nombres Sebastián y Santiago, ambos de apellidos Mora Ruiz, y a cargo del hoy demandado Jorge Mora Velázquez, pensión alimenticia que deberá ser basta y suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias, así como para la manutención de nuestro hogar, misma que no deberá de disminuir el nivel de vida que hemos venido teniendo. D.- Se decrete el aseguramiento de la pensión alimenticia que se fije en el presente juicio, en favor de mis menores hijos de nombres Sebastián y Santiago, ambos de apellidos Mora Ruiz, y a cargo del hoy demandado Jorge Mora Velázquez. E.- El pago de las pensiones caídas, a partir del mes de mayo de 2020 y hasta el mes de septiembre de 2020, mismas que serán cuantificadas en ejecución de sentencia, más las que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio. F.- El pago de gastos y costas que se generen con motivo de la tramitación del presente juicio.". 2. Por razón de distribución de asuntos, la demanda fue turnada al Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, la cual quedó radicada con el número 458/2020 y se admitió en proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que el titular del citado órgano jurisdiccional fijó diversas medidas provisionales y con respecto a la pensión alimenticia que se solicitó a favor de los menores de iniciales S.M.R. y S.M.R., previno a Ana Laura Ruiz Osuna para que en el plazo de tres días manifestará bajo protesta de decir verdad y acreditara con documento fehaciente el monto de los ingresos de su contraparte, la periodicidad de los mismos e indicara la actividad que desempeñaba Jorge Mora Velázquez, apercibiéndole que no hacerlo se procedería a fijar días de salario. 3. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, Ana Laura Ruiz Osuna, dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló el auto de cinco de noviembre del año próximo pasado, por lo que el Juez responsable dictó diversas providencias con la finalidad de allegarse de la información que le permitiera conocer con certeza el monto de los ingresos de Jorge Mora Velázquez y fijar la pensión alimenticia provisional a favor de sus acreedores alimentarios. 4. Luego, a petición de Ana Laura Ruiz Osuna, en diverso acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, el Juez Familiar requirió a Jorge Mora Velázquez, para que en el plazo de tres días manifestará bajo protesta de decir verdad la fuente de sus ingresos y acreditara con documento fehaciente su monto, así como su periodicidad e indicara la actividad que desempeñaba con la finalidad de contar con elementos para establecer el quantum de la pensión alimenticia. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.130 y 4.138 del Código Civil del Estado de México, fijó como pensión alimenticia provisional a cargo de Jorge Mora Velázquez en favor de sus menores hijos de iniciales S.M.R. y S.M.R., la cantidad que resultara de multiplicar veinticinco veces el salario mínimo diario por los días del mes y la cantidad resultante debería ser entregada dentro de los tres primero días de cada mes en la cuenta bancaria de Ana Laura Ruiz Osuna y le apercibió que de no dar cumplimiento se haría acreedor a las medidas de apremio que marca la ley, y podría ser inscrito en el Registro de Deudores Morosos que establece el artículo 4.136 del Código sustantivo de la materia. 5. Por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, Jorge Mora Velázquez dio contestación a la demanda instaurada en su contra. 6. En auto de dos de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las once horas del doce de agosto de la anualidad para que tuviera verificativo la audiencia inicial y requirió a Jorge Mora Velázquez, para que en el plazo de tres días acreditara encontrarse al corriente con el pago de la pensión alimenticia decretada por auto de once de noviembre de dos mil veinte y le apercibió que de no hacerlo quedaría expedito el derecho de Ana Laura Ruiz Osuna para que promoviera el incidente de liquidación correspondiente. 7. Mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, tuvo por desahogada la vista que le formuló a Jorge Mora Velázquez, en acuerdo de dos de junio del año en curso. 8. Inconforme con dicha determinación Ana Laura Ruiz Osuna interpuso recurso de revocación. 9. En sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Familiar resolvió el recurso de revocación hecho valer por Ana Laura Ruiz Osuna declarando fundados los agravios que formuló en contra del proveído dictado el diez de junio del presente año para quedar de la siguiente manera: ". Auto. Huixquilucan, Estado de México, diez de junio de dos mil veintiuno. Con el escrito de cuenta presentado vía electrónica por JORGE MORA VELÁZQUEZ, con fundamento en el artículo 1.164 del Código de Procedimientos Civiles, se tienen por exhibidas las impresiones de los depósitos de abril, mayo y junio de dos mil veintiuno, y por hechas las manifestaciones que vierte en el ocurso que se provee en relación a la pensión alimenticia decretada. Sin embargo, toda vez que no acredita encontrarse al corriente en el pago de la pensión alimenticia decretada por auto de once de noviembre del año dos mil veinte, queda expedito el derecho de ANA LAURA RUIZ OSUNA, para que promueva el incidente de liquidación correspondiente, como se estableció en el citado auto de dos de junio del año en curso.". Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, los conceptos de violación que hace valer el quejoso Jorge Mora Velázquez se resumen en que la Jueza responsable en la interlocutoria de veintinueve de junio del presente año, de manera ilegal revocó el acuerdo de diez de junio del año en curso, determinando que no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en diverso acuerdo de dos de junio del año en curso, en el sentido de acreditar encontrarse al corriente en el pago de la pensión alimenticia que le fue fijada en acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, a favor de los menores de iniciales S.M.R y S.M.R., cuando contrariamente a lo señalado por la responsable él dio cumplimiento a lo que le fue requerido con las documentales que exhibió y acreditó proporcionar a los infantes los medios económicos para su subsistencia. Sin embargo, debe señalarse que la resolución interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, fue dictada conforme a derecho, está debidamente fundada y motivada y por tanto no infringe en perjuicio de la parte quejosa sus derechos fundamentales. Lo anterior porque de manera correcta el Juez responsable al momento de resolver el recurso de revocación, advirtió que jurídicamente debía revocarse el acuerdo de diez de junio del año en curso, al acreditarse que Jorge Mora Velázquez no desahogó la vista que se le formuló en proveído de dos de junio del año en curso y no acreditó estar al corriente en el pago de la pensión alimenticia que le fue fijada en auto de once de noviembre de dos mil veinte. Pues como bien lo refirió la autoridad responsable el quejoso Jorge Mora Velázquez, mediante escrito registrado con el número 5150/2021, no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de dos de junio de la anualidad, en el sentido de acreditar de manera indubitable encontrarse al corriente en el pago de la pensión alimenticia provisional decretada a su cargo en acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, y en favor de sus menores hijos de iniciales S.M.R. y S.M.R., por la cantidad que resultara de multiplicar veinticinco veces el salario mínimo diario por los días del mes y que esas cantidades hubiesen sido depositadas dentro de los tres primeros días de cada mes en la cuenta bancaria de Ana Laura Ruiz Osuna. En ese orden de ideas, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la Jueza atendiendo al principio de igualdad de las partes en la controversia sujeta a su conocimiento, de manera acertada en la resolución de veintinueve de junio del año en curso, modificó el acuerdo de fecha diez de ese mismo mes y año, subsanando la irregularidad en que incurrió, al quedar evidenciado que Jorge Mora Velázquez no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló, pues si bien éste proporcionó diversa información y se limitó a manifestar que desde que abandonó el hogar conyugal de acuerdo a sus posibilidades debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, ha cumplido con su obligación de proporcionar los medios económicos para la subsistencia de sus menores hijos para lo cual exhibió unos comprobantes bancarios de los que se advierte el depósito de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de pago de alimentos para los niños, lo anterior no acreditaba que el aquí quejoso estuviera al corriente en el pago de la pensión alimenticia provisional como fue decretada en acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte. Pues de acuerdo con lo expuesto, la Jueza como rector del proceso cuenta con facultades para dictar las determinaciones para la debida marcha de éste y tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y, en su caso, sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, así como para darle a ambas partes la oportunidad de hacer valer sus derechos y pretensiones en igualdad de circunstancias, como sucedió en el caso. Al respecto, resulta indispensable destacar que en el caso, la legislación aplicable es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el cual establece en sus numerales 1.134 y 1.138, que los jueces harán guardar con la mayor exactitud los trámites y plazos marcados por la ley y que éste debe tomar las medidas necesarias para prevenir y sancionar cualquier acto y omisión que permita el fraude procesal, la colusión y conductas ilícitas o dilatorias. Asimismo, el artículo 5.16 prevé que el juez podrá dictar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el numeral 1.124 señala que para hacer cumplir sus determinaciones, los Jueces pueden emplear indistintamente medios de apremio como lo son, entre otros, multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, uso de la fuerza pública, rompimiento de cerraduras, cateo por orden escrita y arresto hasta de treinta y seis horas. Sustenta a lo anterior, el criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito contenido en la jurisprudencia I.6o.C. J/18, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo X, Agosto de 1999, página 687, de registro 193425, que dice: "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe destacarse que los medios de apremio que regula dicho numeral, tienen como finalidad conseguir el cumplimiento de las determinaciones que dicten los Jueces, obligando a las personas a través de tales medios a que los acaten; pero para ello se requiere en primer lugar que se dé la existencia previa del apercibimiento respectivo; en segundo término que conste en forma indubitable que a quien se pretenda imponer la medida correspondiente, conozca a qué se expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se trate y no persona distinta." Más aún que la determinación reclamada tiene el propósito de velar el cumplimiento de la obligación alimentaria ordenada por el juez natural a favor de los menores de identidad reservada S.M.R. y S.M.R., protegiendo así el derecho que les asiste a éstos de contar con los medios para su subsistencia a fin de lograr su sano desarrollo, atendiendo a los principios fundamentales del interés superior de la niñez. Por lo que al advertirse que la Jueza responsable emitió la resolución con estricto apego a las disposiciones legales, es dable concluir que dicho acto es constitucional y no infringe en perjuicio de la parte quejosa sus derechos humanos como lo sostiene. Es ilustrativa por las razones que la informan la tesis I.4o.C.323 C, del Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2399, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, de la Novena Época, cuyo rubro y texto es: "REVOCACIÓN. ESTE RECURSO NO EXCLUYE LA FACULTAD DEL JUEZ PARA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OFICIO (Interpretación del artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). El artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé dos situaciones generales, en las que el Juez se encuentra autorizado para revocar los autos que no son apelables y los decretos: a) por la interposición del recurso de revocación, y b) para regularizar el procedimiento, mediante la subsanación de omisiones o para apegarse al procedimiento legal conducente, en dos modalidades, b.1) de oficio o b.2) a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días. La interpretación gramatical y funcional del enunciado legal, permite establecer que no se trata de dos situaciones excluyentes entre sí, de modo que en el recurso conducente, el Juez no pueda decretar la revocación del auto o decreto impugnado, por motivos distintos a los expuestos en los agravios del recurrente, si esto se requiere para la regularización del procedimiento, y antes bien, se estima que esta actitud constituye un deber del juzgador en su calidad de director del proceso, cuyo incumplimiento puede ser combatido a la postre en el juicio de garantías, o corregido mediante la suplencia de la queja, si se encuentra en alguno de los supuestos legales previstos para ese efecto". En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Mora Velázquez, por propio derecho contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisados en el considerando segundo y tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por lista a la tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por Ana Laura Ruiz Osuna, en su carácter de tercera interesada, mediante el cual se apersona al presente juicio, señala domicilio, designa autorizados para recibir notificaciones y realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al presente juicio de amparo. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este juzgado y consultable en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por autorizadas a las personas que refiere, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. En atención a su petición de acceso al expediente electrónico, se autoriza a los usuarios "Fernando2003 la consulta, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos que vierte; sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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