Jorge Montiel Molina

Expediente 354/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
354/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Jorge Montiel Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de mayode dos mil diecisiete (foja 30), se ordenó el archivo de este asunto; sin embargo, se estableció que el cuaderno de antecedentes en que se actúa era destruible una vez transcurridos cinco años posteriores a la notificación del auto citado. No obstante, toda vez que se está en la hipótesis a que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la aclaración que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción una vez transcurridos seis meses posteriores a la notificación del auto que ordenó su archivo; en consecuencia, toda vez que a la fecha ya transcurrió en exceso dicho plazo, procédase a su inmediata destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, a través del cual informa el contenido del acuerdo de veintidós de mayo del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo 622/2017 de su índice, mediante el cual la Superioridad informa que se aceptó la competencia planteada por este juzgado, y proveyó respecto de la demanda de amparo, cuyo único punto resolutivo es el siguiente: "Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por Jorge Montiel Molina, por propio derecho, en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el entonces Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, con residencia en Chiautempan, actualmente Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Santa Anita Huiloac, Apizaco, ambos del Estado de Tlaxcala, en el expediente 419/2011. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno de incompetencia como totalmente concluido. En ese orden, del estado de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción del cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 354/2017-VI, toda vez que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Tlaxcala, por el cual informa que la Superioridad recibió el oficio 14011/2017-VI al que se le adjuntó el juicio de amparo 354/2017-VI del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, que fue registrado con el número de juicio de amparo directo 622/2017 de su estadística. De igual forma, que requirió al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, para que le remitiera el expediente 419/2011 del índice de ésta autoridad, a fin de que este en aptitud de determinar lo procedente conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo, en relación con la demanda de amparo que se le remitió; en tales condiciones, este Juzgado Federal toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JORGE MONTIEL MOLINA, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 354/2017-VI, QUE ESTABLECE: "Agréguese a los autos el escrito signado por Jorge Montiel Molina por su propio derecho, mediante el cual da cumplimiento a la prevención decretada en proveído del diecinueve de abril del año en curso. Ahora, vista la demanda de amparo presentada por Jorge Montiel Molina contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, anteriormente Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, previamente a proveer sobre la admisión de la misma, se toma en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. En el caso este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por Jorge Montiel Molina, por razón de la vía. Lo anterior en virtud que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 419/2011 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, anteriormente Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento Forzoso de firma de contrato de arrendamiento, mediante el cual se decretó la caducidad de la instancia en dicho juicio. Lo anterior revela que la determinación reclamada constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; de ahí que la misma sea materia de análisis en el juicio de amparo directo en términos de los artículos 47 y 170 de la ley de la materia, que dicen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." En efecto, de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo directo procede, entre otras resoluciones, contra aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; de ahí que si el acuerdo reclamado dio por concluido el juicio natural, constituye materia de estudio en el juicio de amparo en la vía directa. Lo anterior es así, porque de la narrativa de antecedentes que realiza el promovente "bajo protesta de decir verdad", así como, de la constancias que fueron remitidas por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, anteriormente Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, a petición de este Juzgado Federal, se desprende que el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis se dictó el acuerdo por el que se decretó la caducidad de la instancia, dentro del expediente 419/2011 del índice de la citada autoridad. En este sentido, es claro que el acuerdo reclamado que decretó la caducidad de la instancia dentro del expediente de origen, puso fin al juicio, ya que a pesar de que no lo decidió en lo principal, lo dio por concluido. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, tomo XVI, diciembre de 2002, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente, que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo ; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." No se omite mencionar que el auto reclamado no fue impugnado a través del recurso procedente, tal como se advierte de las copias certificadas del expediente de origen remitidas por la autoridad responsable. Desde esta perspectiva, en términos del artículo 47 de la ley de la materia, se estima que corresponde conocer de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, por ser el órgano que se considera tiene competencia para ese efecto, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tales condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo promovido por Máximo Montiel Molina y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase el original de la demanda, copias de la misma y escrito aclaratorio, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, para los efectos legales conducentes, previa notificación que se haga a la parte quejosa. Con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes debidamente identificado."

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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