Jorge Miguel Ramírez
Expediente 1195/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/08/2023
Partes del expediente
- Jorge Miguel Ramírez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el estado de autos del que se advierte que: a) En acuerdo de diez de agosto de este año, se tuvo por recepcionado el oficio emitido por la Jueza Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, a través del cual remitió la constancia de notificación del acuerdo de tres de agosto de este año, a la parte actora Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, en su carácter de única y exclusivamente de fiduciario del fideicomiso empresarial irrevocable de administración y garantía identificado con el número F/3443, en su carácter de nuevo concesionario de los derechos litigiosos en dicho expediente, que celebró con el Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, relativo al expediente 404/2016, de su índice, por el que le requirió a efecto que exhibiera la publicación de los edictos respectivos. b) El juez responsable no ha informado si la parte actora exhibió los edictos y si fueron publicados por tres veces consecutivas en el periódico oficial del Estado, así como de un periódico local de amplia circulación en esta Entidad, con la finalidad de emplazar a juicio a la parte demandada. Al efecto se acuerda: Por lo anterior, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído comunique si la parte actora Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, en su carácter de única y exclusivamente de fiduciario del fideicomiso empresarial irrevocable de administración y garantía identificado con el número F/3443, en su carácter de nuevo concesionario de los derechos litigiosos en dicho expediente, que celebró con el Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, publicó los edictos en el expediente 404/2016, de su estadística. De ser el caso, que no lo haya realizado, deberá acordar lo que en derecho corresponda, para estar en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en el amparo en revisión 249/2022. Con el apercibimiento que, en caso contrario, o de no manifestar el impedimento que tiene para hacerlo, se le impondrá la medida de apremio decretada en auto de trece de febrero de este año, consistente en multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y respectivas consignaciones. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el ocurso signado por el quejoso Jorge Miguel Ramírez, mediante el cual ocurre a desahogar la prevención efectuada en auto de nueve de agosto de esta anualidad. Al efecto, se acuerda DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el ocurso de cuenta; y en atención a su contenido se tiene por desahogada la prevención formulada en la actuación de referencia. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de esta juzgadora realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el que se ordenó la ejecución de la sentencia definitiva de nueve de febrero de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil de revocación de donación 116/2019, sin haber sido oído ni vencido en dicho procedimiento. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa pretende promover el presente juicio como tercero extraño, en virtud de que en esencia reclama el proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el que se ordenó la ejecución de la sentencia definitiva de nueve de febrero de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil de revocación de donación 116/2019, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, procedimiento al cual refiere no fue llamado, ni oído ni vencido. Ahora, respecto al carácter de tercero extraño que se advierte aduce tener, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVlll, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Lo anterior ya que no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación; en virtud de que sí fue emplazado, así como oído y vencido en el expediente civil 116/2019, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, como enseguida se expondrá. Primeramente, es menester precisar lo que se ha definido como emplazamiento, así como la figura jurídica denominada tercero extraño a juicio. Así, el emplazamiento es el acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional, mediante el cual se hace saber a una o más personas que existe una demanda en su contra y que deben comparecer a deducir sus derechos dentro de un determinado plazo; es por ello, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 247, publicada en la página ciento sesenta y ocho Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro número 392374, sustenta que la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dado que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, razón por la cual consagra el criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y en caso afirmativo, si se observaron las leyes respectivas. El criterio citado con antelación, es el que textualmente establece: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.". Por otra parte, persona extraña a juicio es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; también queda incluido en este concepto, por equiparación, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Consecuentemente, el tercero extraño en sentido estricto es la persona que no figuró en el juicio natural por no ser parte procesal en el mismo, pero se ventilaron bienes o derechos de los cuales cuenta con algún derecho; y, el tercero extraño equiparado es parte procesal en el juicio natural, pero no fue llamado al procedimiento porque bien no se hizo, o bien, fue en contravención a las normas adjetivas que rigen el adjetivo correspondiente. Cobra aplicación a lo ante expuesto, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, de la Novena Época, con número de registro 177771, del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 21/90, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterio en el sentido de que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados. También, argumentó que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. Además, expuso, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores; en consecuencia, es el amparo en la vía indirecta la procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio por la falta o ilegalidad del emplazamiento. Consideraciones que se encuentran inmersas en la jurisprudencia P./J. 18/94, del Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 78, Junio de 1994, con número de registro 205455, de título, subtítulo y texto: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que en la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio.Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equiparse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Ahora bien, de los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, refiere que promovió apelación contra la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil veintidós el juicio ordinario civil de revocación de donación 116/2019, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, el cual fue radicado con el toca 37-A/2022, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, Chiapas, quien mediante sentencia de seis de abril de dos mil veintidós confirmó el fallo emitido por el juez de primera instancia, inconformó con tal resolución, manifiesta que promovió el juicio de amparo directo 437/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito. En ese contexto, de una búsqueda efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISIE), se obtiene que efectivamente existe el juicio de amparo directo 437/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, promovido por el hoy quejoso, del que se advierte reclamó la sentencia de seis de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca 37-A/2022, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco, Chiapas, la cual confirmó la sentencia recaída en el juicio ordinario civil de revocación de donación 116/2019, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua; expediente en el que se negó el amparo al aquí quejoso. Sentencia que se tiene a la vista y constituye un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2, así como atento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Décima Época, con número de registro 2017123, intitulada: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por tanto, es evidente que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento del juicio ordinario civil de revocación de donación 116/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas; por lo que es inconcuso que carece del carácter de tercera extraño a juicio por equiparación. Es aplicable por sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Laboral, de la Novena Época, con número de registro 168011, intitulada: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la "acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 "de la Ley Federal del Trabajo." Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el que se ordenó la ejecución de la sentencia definitiva de nueve de febrero de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil de revocación de donación 116/2019, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, y como consecuencia la restitución, devolución y entrega de los bienes inmuebles denominados predio rústico denominado "La Unión", ubicado en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, con una superficie de 100-77- 13 hectáreas; predio urbano con una superficie 160.00 ciento sesenta metros cuadrados, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza, de Salto de Agua Chiapas; predio rustico denominado "San José", ubicado en el mismo municipio constante de 11-50-00 hectáreas; y predio urbano contante de 72.00 setenta y dos metros cuadrados, ubicado también en la calle Ignacio Zaragoza, colonia centro, de Salto de Agua, Chiapas, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se explican. En ese sentido, para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese tenor, del contenido de los preceptos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, en cita, se colige que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal, la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; o, actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Apoya lo anterior, el criterio I.11o.C. J/7 K (11a.), con número de registro 2024100, sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro texto disponen: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. [...]" En ese orden de ideas, debe afirmarse que si el acto reclamado lo constituye el auto de cuatro de julio de este año en el cual se ordenó la ejecución de la sentencia definitiva de nueve de febrero de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil de revocación de donación 116/2019, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, y como consecuencia la restitución, devolución y entrega de los bienes inmuebles denominados predio rústico denominado "La Unión", ubicado en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, con una superficie de 100-77- 13 hectáreas; predio urbano con una superficie 160.00 ciento sesenta metros cuadrados, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza, de Salto de Agua Chiapas; predio rustico denominado "San José", ubicado en el mismo municipio constante de 11-50-00 hectáreas; y predio urbano contante de 72.00 setenta y dos metros cuadrados, ubicado también en la calle Ignacio Zaragoza, colonia centro, de Salto de Agua, Chiapas, es patente que aún existe cuestión pendiente por resolver; ello no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución en ese juicio, como lo sería aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; de tal manera que lo anterior torna improcedente la acción constitucional intentada; máxime que, como se refirió en la parte inicial del presente punto, el impetrante de amparo es parte en el juicio natural, y lo que reclama es una consecuencia directa e inmediata de la sentencia emitida en ese juicio. Máxime que, de la lectura de sus conceptos de violación se advierte que la parte quejosa se duele directamente una afectación a su derecho de propiedad, derivado de la revocación de donación de los bienes inmuebles precisados con antelación. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113, de la normativa en mención, lo procedente es desechar la demanda de amparo indirecto intentada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de agosto de dos mil veintitrés. Vista; la razón actuarial de dos de agosto de dos mil veintitrés, suscrita por el actuario judicial adscrito, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el proveído de uno de agosto del año en curso, a la parte quejosa ***, en el domicilio ubicado en esta ciudad, por las razones que expone. Al efecto, se acuerda. En ese tenor, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, notifíquesele el proveído de referencia dos de agosto de dos mil veintitrés, el presente, así como los subsecuentes aun los de carácter personal por lista, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas y otras autoridades. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1195/2023-V. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones, etcétera) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al secretario de Jugado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. PREVENCIÓN. A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, en el sentido de señalar con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: ÚNICO: Antecedentes. Deberá narrar de manera pormenorizada los antecedentes del acto reclamado, toda vez que únicamente refiere que se inició un juicio de nulidad y por otra parte menciona que el actuario adscrito al Juzgado responsable le notificó una orden de desalojo; además deberá de señalar cuando tuvo conocimiento del acto de que se duele y el expediente del que derivan los actos motivo de disenso. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo, y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "********************. Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, misma que lo acredita como licenciado en derecho. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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