Jorge Miguel Pedro Rosado
Expediente 2238/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2238/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Miguel Pedro Rosado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se realizó a las partes por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día tres de noviembre siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente sumario coincide en su totalidad con el expediente electrónico. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 2238/2021-V-B, promovido por JORGE MIGUEL PEDRO ROSADO, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el trece siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció el nombrado quejoso, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Plazo de ocho días por vista del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la vista otorgada a las partes mediante proveído de diecisiete de octubre del año en curso, respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable y la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que del oficio de mérito se desprende que únicamente fue remitido en alcance al informe justificado rendido en autos, del cual se advierte la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, por parte de este Juzgador al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La fecha lejana (diecisiete de noviembre dos mil veintidós), señalada para la reanudación de la audiencia incidental de competencia, en autos del juicio laboral 831/2021 de su índice. TERCERA. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; lo que se corrobora en el contenido del mismo. CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso, se surte la hipótesis prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario sensu. Circunstancia que desde luego, hace innecesario el análisis del concepto de violación esgrimido por el peticionario del amparo en su escrito de demanda, con base a las razones que a continuación se exponen. En efecto, es menester señalar que el artículo antes invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La causal transcrita, alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando esos derechos quebrantados en perjuicio de la parte quejosa. En efecto, conforme al artículo 77 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exige. En el presente caso, de las constancias remitidas, se advierte que en audiencia de seis de septiembre de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado fijó como data para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Ahora bien, es preciso dejar establecido que el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: "Artículo 17.- [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" Precepto que garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Además, debe considerarse que la reserva de ley, en virtud de la cual la justicia debe administrarse en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional, sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines. En este contexto, como se dijo, se estima que en el caso se actualiza la citada causal de improcedencia, ya que el efecto de una posible concesión del amparo sería para que la autoridad responsable dejara sin efecto la fecha reclamada y señalara una nueva respetando los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se está resolviendo el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, de concederse la protección constitucional solicitada, no se podrían concretar los efectos del fallo protector que en su momento se le concediera, pues habría que esperar a que transcurriera el término de diez días que tienen las partes para recurrir la presente determinación, el cual concluiría un día después de la fecha programada para la celebración de la referida audiencia de conciliación, esto es, el dieciocho de noviembre del año en curso. Ello evidencia que, de concederse el amparo, no tendría finalidad práctica alguna, ya que no podría restituirse a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, en la medida en que sería física y jurídicamente imposible para la responsable señalar una fecha más próxima para la celebración de la referida diligencia. Por tanto, debe concluirse que resulta improcedente el análisis del concepto de violación planteado en la demanda, pues aunque pudiera resultar fundado, se estaría en imposibilidad de concretar a favor de la parte quejosa los efectos de la concesión del amparo; pues no sería factible restituirla en el goce del derecho violado (impartición de justicia pronta y expedita). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven"; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En las condiciones indicadas, al quedar manifiesto que en la especie, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, del ordenamiento legal invocado, este último aplicado en sentido contrario, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia. QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por JORGE MIGUEL PEDRO ROSADO, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de seis de octubre del actual año, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa el diez de octubre del año actual, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa Yamile Andrea Araiza Díaz el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las responsables Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, y Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México, realizaran lo siguiente: - Dentro del ámbito de sus facultades realizaran las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluyera el procedimiento relativo a la solicitud 31210000444, y en breve término, fuera puesto a disposición de la quejosa el documento correspondiente a la parcela 810 Z-3 P-3, del ejido de Umán, Municipio de Umán, Yucatán, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado. Dicha determinación causó ejecutoria el veintiséis de julio del presente año, por lo que se requirió su cumplimiento a las responsables. Seguidos los trámites de ejecución de sentencia, mediante el oficio número RAN/YUC/SR/DJ/2787/2022, la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, comunicó que la ejecutoria de amparo se encontraba en vías de cumplimiento, pues procedió a solicitar a la Dirección General del Registro y Control Documental, residente en la Ciudad de México, que girara las instrucciones correspondientes para que se liberara la clave de acceso informático correspondiente a la indicada solicitud 31210000444. Asimismo, en su diversa misiva RAN/YUC/SR/DJ/3755/2022, informó que se expidió el título de propiedad número 1005845, relativo a la parcela 810 Z-3 P-3, del ejido de Umán, Municipio de Umán, Yucatán; y que se encontraba disponible para su entrega a la parte quejosa. Lo anterior, conllevó a que se le requiera en el sentido de que sin mayores dilaciones procediera a entregar a la parte quejosa el título de propiedad de que se trata, informándolo a este órgano jurisdiccional. Circunstancia que se hizo del conocimiento del peticionario del amparo, a través de notificación personal ordenada por este Juzgado. Siendo que por oficio RAN/YUC/SR/DJ/3978/2022, la referida responsable comunicó que el título de propiedad de referencia fue entregado a la parte quejosa, acreditándolo con las constancias respectivas. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha respetado el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que a ello se oponga el que las diversas responsables Director en Jefe, y Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, a la fecha no se tenga noticia que se hayan ceñido a los lineamientos de la sentencia ejecutoria, pues la última noticia que comunicaron a través de su telegrama recepcionado el ocho de septiembre del presente año (fojas 116 y 117), era que se había requerido a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, que procediera a dar cumplimiento a la misma o bien informara la imposibilidad que al efecto tuviere, y que una vez que ello aconteciera, lo informaría de inmediato. Pues como antes se dijo, la desconcentrada en esta ciudad de dicha institución registral, acreditó a este Juzgado que el fin protector del amparo había sido debidamente acatado y cumplido cabalmente, y por ello se dio vista a la parte quejosa de conformidad con el numeral 196 de la ley de la materia, realizándose en consecuencia este pronunciamiento. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
NOT ELECT Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del recurso de revisión interpuesto por Josbel Felipe Antonio García Gómez, representante legal de ATSA DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo; medio de impugnación que se admitió bajo el número de toca 396/2022, del índice de la Superioridad. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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