Jorge Miguel Cadena Medina

Expediente 254/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
254/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Miguel Cadena Medina
  • Juez Cuarto de lo Civil de Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta presentado por el quejoso ********************, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Distribución de copias entre las partes En tales condiciones, con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y demás relativos a la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios, en tanto que a la responsable, remítasele mediante oficio. Y en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, una vez que se encuentren notificadas la totalidad de las partes de este proveído, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en turno para la substanciación del recurso hecho valer, los autos originales del presente juicio, el escrito de expresión de agravios y su copia correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Y AL TERCERO INTERESADO.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AUTO A LA PARTE TERCERO INTERESADA...

  3. Principal

    Sentencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés-..se RESUELVE: Único. Se sobresee el presente juicio de amparo 254/2023, promovido por ****, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Civil de esta ciudad, en los términos del último considerando. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado vía electrónica por el autorizado del tercero interesado ********************, mediante el cual solicita se le fije cantidad como contragarantía, a efecto de que la suspensión otorgada al quejoso, quede sin efecto y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan, en el caso de que se le conceda el amparo, en términos del artículo 133 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que, sin paralizar el juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Estado de Baja California, por ser de orden público, una vez seguido el trámite del mismo, no se dicte sentencia de primera instancia, con el objeto de que no quede consumado de modo irreparable el acto reclamado; en la inteligencia de que si dicho fallo ya fue dictado, no se ejecute, lo anterior hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables la ejecutoria cause el juicio principal. Cuestión previa A manera de preámbulo, se destaca que, por regla general, el objetivo de la suspensión en el amparo consiste en que, en tanto se desarrolla el juicio, los actos reclamados y, en su caso, las consecuencias producidas por éstos (lo que constituye la materia de la suspensión), puedan ser paralizados, con el objetivo de conservar la materia del juicio constitucional hasta su terminación, para que en sentencia se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad de los referidos actos. Actualmente, dicha medida también tiene como finalidad evitar que, mientras ello ocurre (se dicte sentencia), la parte quejosa sufra afectaciones o daños irreparables en su esfera jurídica, por lo que, en ese caso, la suspensión puede tener efectos "restitutorios" o de tutela anticipada, siempre y cuando de una ponderación entre la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora contra el interés social, se determine que aquélla deba concederse. Como se ve, salvo la excepción apuntada en el párrafo anterior (en la que puede tener efectos de tutela anticipada), el objeto de la medida suspensional es impedir que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución de los actos reclamados; es decir, tiene fines conservativos y, por ello, no compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo del juicio principal, al contrario, la suspensión con efectos de detención (de la actuación de la responsable) asegura que el juicio constitucional continúe su curso natural hasta su culminación, para que en sentencia se analice si, efectivamente, los actos reclamados (no sus consecuencias ni sus efectos) se ajustan a derecho. En ese sentido, es importante distinguir entre los efectos y consecuencias que producen los actos reclamados, y la materia de la litis constitucional, consistente en dilucidar si dichos actos reclamados violan o no los derechos humanos y garantías que la parte quejosa en su demanda estima fueron transgredidos; ello, pues, aun cuando se lleven a cabo los primeros (efectos y consecuencias de los actos), por regla general, es factible conservar la materia del juicio de amparo. En otro aspecto, pero relacionado con lo anterior, se destaca que, una vez verificada la audiencia incidental, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de emitir la interlocutoria que resuelva el incidente de suspensión, ya sea en el sentido de conceder la medida cautelar definitiva solicitada, o bien, negarla (en casos excepcionales, es jurídicamente factible declarar sin materia el referido incidente). Cuando sea procedente la suspensión y el acto reclamado derive de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo, aquélla se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que su continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Asimismo, se precisa que en los casos en que la concesión de la medida cautelar pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, la parte quejosa deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable; dicha garantía podrá fijarse de manera discrecional, conforme a lo previsto en el artículo 132 de la ley de la materia. No obstante lo anterior, el tercero interesado tiene la posibilidad de solicitar que se deje sin efectos el otorgamiento de la suspensión para que, en esa medida, la responsables estén en aptitud de ejecutar el acto reclamado o sus consecuencias, siempre que aquél exhiba una contragarantía suficiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." Ciertamente, el aludido precepto legal, en su primer párrafo, prevé que la suspensión del acto reclamado quedará sin efecto si el tercero interesado otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan a la parte quejosa, para el supuesto en que se le conceda la protección constitucional. El párrafo segundo del propio precepto dispone que no se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En tanto que, el párrafo tercero, estatuye que cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Así, como puede observarse, el legislador federal estableció dos supuestos de excepción en los que no se admite contragarantía, a saber: a) cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo; o, b) cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. La primera prohibición -que es la que aquí interesa-, se refiere al supuesto en que, de ejecutarse el acto reclamado, o bien, sus consecuencias, quede sin materia el juicio constitucional; lo que obedece a que, como se precisó con anterioridad, la suspensión tiene por objeto, por regla general, mantener viva la materia del amparo. Es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente los actos reclamados, para que, de ese modo, no llegue a resultar inútil para el quejoso la sentencia protectora que, en su caso, se dicte; pero, también busca asegurar que el juicio de amparo continúe su curso natural hasta su culminación, para que en sentencia se analice si, efectivamente, los actos (no sus consecuencias ni sus efectos) se ajustan a derecho. En ese sentido, se estima que un supuesto en que queda sin materia el juicio constitucional y, por tanto, no procede fijar contrafianza, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 133 de la Ley de Amparo, se actualiza cuando, derivado de la ejecución del acto reclamado o sus consecuencias, se genera un cambio de situación jurídica que da lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio conforme al numeral 61, fracción XVII, del citado ordenamiento jurídico. Esto es, cuando a virtud del cambio de situación jurídica ocurrido en el juicio de origen, deban considerarse consumadas irreversiblemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en relación con tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica que ahora impera, como acontece, cuando con motivo del levantamiento de la suspensión otorgada, se dicta sentencia definitiva en el natural, pero en el amparo se reclamó una actuación intermedia. Lo anterior, porque en esa hipótesis ya no podrá analizarse el acto inicialmente reclamado -que dio lugar al trámite del juicio constitucional-, ante la existencia de una actuación posterior en el procedimiento de origen que impide su estudio; la cual, en su caso, es la que tendría que ser materia de análisis en un eventual amparo que promoviera la parte quejosa. Ciertamente, la emisión de la sentencia definitiva en el juicio natural implica que ya no podrá decidirse sobre la constitucionalidad o no de una determinación reclamada, que dio origen al presente juicio de amparo, por lo que éste debe sobreseerse, pues, de lo contrario, se afectaría -y desconocería- la nueva situación jurídica existente. Caso concreto Como se adelantó, en el presente caso, la suspensión definitiva fue concedida para que sin paralizar el juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Estado de Baja California, por ser de orden público, una vez seguido el trámite del mismo, no se dicte sentencia de primera instancia, con el objeto de que no quede consumado de modo irreparable el acto reclamado; en la inteligencia de que si dicho fallo ya se hubiese dictado, no se ejecutara, lo anterior hasta en tanto, se notificara a las autoridades responsables la ejecutoria que cause el juicio principal. Así, como se ve, el dictado de la sentencia definitiva en el procedimiento de origen, como consecuencia de dejar sin efectos la suspensión otorgada, impediría analizar el acto reclamado, y, por ende, no habría materia sobre la cual poder resolver válidamente en el amparo. Decisión De ahí, que se estime no acordar de conformidad la solicitud del promovente, toda vez que, de hacerlo, se quedaría sin materia el juicio constitucional, ante el cambio de situación jurídica que acontecería con motivo de la emisión de la sentencia definitiva en el juicio de origen. NOTIFÍQUESE.

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