Jorge Michel Luna

Expediente 746/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
746/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Bermudez Pureco
  • Jorge Michel Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 746/2023 y acumulado 756/2023, promovido por Jorge Michel Luna, Carlos Alberto Bermúdez Pureco, Salvador Méndez Medina,********************, ********************y********************, por propio derecho, contra el acto que reclaman del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, por considerarlo violatorio de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de las demandas de amparo. Mediante escritos presentados el uno y dos de junio de dos mil veintitrés (fojas 2 a 33 y 73 a 120 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, turnados al día siguiente y al siguiente hábil a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Jorge Michel Luna, Carlos Alberto Bermúdez Pureco, Salvador Méndez Medina,********************, ********************y********************, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: (JUICIO DE AMPARO 746/2023). AUTORIDAD RESPONSABLE: "Ordenadora. Juez especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos.". ACTO RECLAMADO: "La ILEGAL resolución emitida por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Atlacholoaya, Licenciado ISIDORO EDIE SANDOVAL LOME, el catorce de mayo de dos mil veintitrés, en la que decidió vincularnos a los hoy quejosos.". (JUICIO DE AMPARO 756/2023) AUTORIDAD RESPONSABLE: ".JUEZ ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS." ACTO RECLAMADO: "LA RESOLUCIÓN DE 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, mediante la cual DECRETÓ AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en nuestra contra, dentro de los autos de la carpeta judicial ********************". Admisión, trámite de las demandas y audiencia constitucional. Por auto de cinco y seis de junio de dos mil veintitrés (consultables en el expediente electrónico), este órgano jurisdiccional tuvo por recibidas las demandas de amparo, formó los expedientes 746/2023 y 756/2023, respectivamente, admitió a trámite dichas demandas, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, señaló hora y fecha para la celebración de las audiencias constitucionales. Asimismo, se emplazó al agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal de origen, así como a la parte ofendida en el procedimiento penal respectivo (fojas 39 y 40 del juicio de amparo). Por otra parte, en auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés (consultable en el expediente electrónico), este órgano jurisdiccional ordenó acumular el juicio de amparo 756/2023 al diverso 746/2023, al estar encaminadas a combatir el mismo acto reclamado y atribuido a la misma autoridad responsable. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El acto que se analizará en el presente juicio de amparo es: El auto de vinculación a proceso dictado el catorce de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************. Lo cual, es atribuido al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec. TERCERO. Acto existente. Al rendir sus informes justificados el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec (fojas 46 del juicio de amparo), aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se robustece con las copias certificadas y el disco compacto remitidos, en las cuales se advierte el audio y video de la resolución reclamada (fojas 49 a 64 y 70 ídem, respectivamente). A las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que, además, haya sido objetada su autenticidad. En esa tesitura, resulta cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a dicho principio y analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la responsable a su informe con justificación, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia. En consecuencia, procede el estudio de la constitucionalidad de los mismos. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Los quejosos ********************y******************** hace valer, esencialmente, los siguientes argumentos: Argumentan que la agente del Ministerio Público que participó en la audiencia inicial, así como la de formulación de imputación y vinculación a proceso leyó el noventa por ciento de los datos de prueba y antecedentes que sirvieron de sustento para la formulación de imputación correspondiente, con lo cual transgreden los principios de oralidad y contradicción que rigen el sistema de justicia penal. Señalan que el Juez responsable transgrede lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que aun cuando le solicitaron que les diera copia de la resolución escrita emitida en la causa penal ********************, fue omiso en expedirles dichas copias. Indican que la autoridad responsable los deja en estado de indefensión al establecer que se tuvieran por reproducidas las diversas cantidades que expuso la agente del Ministerio Público como datos de prueba ya que al momento de resolver el auto de vinculación a proceso señaló otras cantidades, infringiendo con ello lo establecido en el numeral 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Refieren que el Juez responsable no se pronunció respecto de una de sus argumentaciones en el sentido de que se esclarecieran diversas cantidades. Arguyen que la autoridad responsable reclasificó los hechos imputados por la Agente del Ministerio Público encaminados a establecer el delito de ejercicio ilícito del servicio público y los vinculo a proceso por el diverso de peculado agravado, por lo que los deja en estado de indefensión. Análisis de los conceptos de violación. Los quejosos ********************y******************** hace valer, esencialmente, los siguientes argumentos: Aducen que el responsable emitió el auto de vinculación a proceso fuera del plazo que la ley señala para tal efecto ya que solicitaron que su situación jurídica fuera resuelta dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas y el Juez excedió dicho término. Manifiestan que el Juez responsable reclasificó los hechos imputados por la Agente del Ministerio Público encaminados a establecer el delito de ejercicio ilícito del servicio público y los vinculo a proceso por el diverso de peculado agravado, por lo que transgrede el derecho fundamental de debido proceso y la garantía de defensa adecuada, pues previo a resolver la situación jurídica, debió hacer de nuestro conocimiento dicha reclasificación para garantizar el correcto y oportuno ejercicio de nuestros derechos. Mencionan que contrario a lo indicado por el responsable, sí controvirtieron que se tuvieron por establecidos los pagos realizados a favor de la empresa ********************, sin que se diera el valor probatorio correspondiente. Dicen que la resolución reclamada esta indebidamente fundada y motivada, pues la misma se sustenta en meras apreciaciones subjetivas y carentes de sustento lógico jurídico y sin precisar la hipótesis concreta que se tuvo para establecer el hecho que la ley señala como delito de peculado agravado, vulnerando con ello lo establecido en los artículos 16, párrafo primero, 17 párrafo segundo y 19 párrafo primero, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los principios de presunción de inocencia, congruencia, exhaustividad, imparcialidad, objetividad y debida diligencia. Alegan que no se cumplieron los requisitos exigidos en el artículo 19 Constitucional, en relación con los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se logró establecer con ningún dato de prueba la calidad de Tesorero General del Estado, respecto de aquí quejoso ******************** y tampoco se delimitaron las circunstancias de modo, tiempo y ejecución en que actúo a título de coautor material por el ilícito de delito de peculado agravado. Es fundado el primero de los conceptos de violación, ya que, durante la audiencia inicial y de formulación de imputación a los aquí quejosos, la agente del Ministerio Público que participó, dio lectura integra tanto a los hechos materia de la imputación como a los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, lo cual constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento (principio de oralidad) que trasciende sobre el derecho humano de defensa adecuada de los quejosos. Además, dicha violación amerita estudio preferente respecto de los restantes conceptos de violación atinentes al fondo del asunto. Veamos. Los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un Juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. (...)" "Artículo 4o. Características y principios rectores El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado". De dichos artículos se desprende que el sistema penal será de corte acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, de los cuales es advertible que su observancia se desarrolla precisamente bajo una oralidad, esto es, un instrumento de expresión verbal en el que se basan dichos principios. En lo que atañe a la oralidad como norma de comunicación para el nuevo sistema penal acusatorio, en conjunto con los principios que prevé el numeral constitucional de referencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 412/2010, analizó dicho principio. Estableció que de la redacción del transcrito precepto constitucional se deriva que uno de los principales objetivos de la citada reforma, consiste en lograr que la decisión de un procedimiento penal sea imparcial y completamente informada, partiendo en principio de que el encargado de tomar tales decisiones sea neutral y pasivo, al tener solamente la responsabilidad de considerar los argumentos en que se sustente la hipótesis a demostrar y los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los datos que ofrezca el imputado y su defensor, con los que pretendan hacerlo; y con base en ello, resolver el caso; dejando a las partes contendientes en el proceso el desarrollo de un papel más activo, al ser éstos los encargados de explicar y sacar las conclusiones de sus posturas, apoyados en los elementos en los que se va a basar la teoría del caso; ello a través de un procedimiento concentrado, ininterrumpido y diseñado para poner énfasis en los argumentos y en el choque de pruebas contrarias presentados por las partes en la audiencia respectiva, por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo) y exista la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. Además, que se privilegia la preferencia de los argumentos orales y datos de investigación "inmediatos", en vez de argumentos escritos y pruebas "mediatos", pues el hecho de que las partes tengan la responsabilidad de presentar y examinar la evidencia, también aumenta la inmediatez del choque de puntos de vista opuestos. El nuevo procedimiento penal delega la carga de la investigación y la presentación de los datos en que se apoye la imputación o acusación y la defensa, en las partes procesales, restableciendo la imparcialidad del juzgador. El principio constitucional de la inmediación que consagra la fracción II del artículo 20, apartado A, de la Carta Magna, exige que toda audiencia se desarrolle en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; esto es, el juzgador debe tener conocimiento directo del desarrollo de las audiencias y en consecuencia formar su convicción, tanto de la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, en relación con los datos de la investigación o en su caso, de los datos que se reproduzcan en la audiencia. En este aspecto, el Alto Tribunal, estableció que la oralidad se constituye en un instrumento de relevancia primordial que obliga a todas las partes procesales a estar presentes en las audiencias, pues el juzgador debe escuchar en forma directa, sin delegación y sin solución de continuidad, todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener la imputación o la defensa, así como recibir los datos ofrecidos y cuyo desahogo sea aceptado; es decir, el Juez tendrá conocimiento simultáneamente y con igual fuerza, de teorías de un caso, que podrán ser completamente contradictorias, cuyo debate permitirá el acceso directo a los medios de convicción; es de precisar que la oralidad no se limita únicamente a la argumentación y contra-argumentación que se realiza en torno a los datos en que aquéllos se sustenten, pues de igual forma se celebran en audiencia pública diversas diligencias y actuaciones procesales, en las que las partes tienen la misma oportunidad de intervención. Esto es, el nuevo sistema procesal penal garantiza a través del principio de contradicción, la igualdad procesal de las partes que consagra la fracción V del artículo 20, apartado A, en la medida en que a las partes procesales se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria, para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Esto es, tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos, con base en los datos que cada uno de ellos aporte a fin de lograr convencerlo de su versión, la cual ha sido denominada en la literatura comparada como "teoría del caso", definida en el libro Trial Techniques de Mauet Thomas A; Aspen Law & Business, Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, New York 5a. edición 2000, página 24, como una clara y simple historia sobre lo que "realmente sucedió" desde su propio punto de vista. Debe ser consistente con la evidencia no controvertida y con su propia versión de la evidencia controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. No sólo debe demostrar qué ocurrió, sino que además debe explicar por qué las personas en la historia actuaron de la manera como lo hicieron; es decir, debe ser una historia persuasiva que será la base de su evidencia y argumentos durante el juicio. La teoría del caso se constituye así, en la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte a fin de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa, para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del juzgador, la cual tendrá que vincularse con los datos que se aporten para desvirtuar aquellos en que se apoyen las afirmaciones de su contraparte; esta intervención de las partes procesales puede resumirse de la siguiente manera: presentación, argumentación y demostración. La teoría del caso precisamente se basa en la capacidad narrativa de las partes para dar contexto a su teoría jurídica, ya sea ésta la de acreditar un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, o bien, alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realice en contra del imputado, desvirtuando las evidencias en que ésta se apoya. Todo lo anterior, estableció la Suprema Corte, que tendrá que persuadir al Juez -quien actúa como un tercero imparcial-, al analizar las teorías del caso y que constituyen lo que realmente sucedió -de acuerdo al punto de vista de quien las planteó- y los datos en que se apoya cada una de éstas, con el objeto de establecer la verdad formal o procesal, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, cobrando con ello plena vigencia el principio de legalidad en materia penal. De igual forma, de acuerdo al principio de contradicción el ofrecimiento, presentación y desahogo de los datos de investigación o los datos ofrecidos por el imputado y su defensor, según sea el caso, queda bajo el control de todos los sujetos procesales (Ministerio Público, imputado y su defensor, ofendido o víctima del delito y demás partes intervinientes), con el fin de que tengan la oportunidad de intervenir en la audiencia donde se lleve a cabo la recepción de aquéllos, verificando la forma en que se introducen al proceso; haciendo toda clase de preguntas y observaciones, siempre y cuando sean pertinentes y conducentes con el fin que se pretende con tal intervención, de modo tal que tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor, pueden participar activamente, inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso (peritos, testigos, etcétera); solicitando y realizando aclaraciones y apreciando la manera en que su contraparte realiza esa misma labor, pudiendo controvertirlas para apoyar su teoría del caso. Dichas consideraciones dieron lugar a la tesis asilada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo I, página 292, Registro 160184, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo". En ese orden, se tiene que la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, que estrictamente se refiere a una norma de comunicación -referencia verbal-, dando consecución a los principios que constitucional y legalmente se prevén como rectores del novedoso sistema penal, al caso, de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, igualdad de las partes e inmediación. Así, dicha oralidad debe entenderse entonces, como la obligación de que las partes procesales estén presentes en las audiencias para que de forma hablada (no escrita) se comuniquen, de manera tal que el juzgador escuche en forma directa todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener la imputación o la defensa, así como recibir los datos que se ofrezcan. Conforme tales consideraciones, debe precisarse que, la eventual infracción a la oralidad como norma de comunicación del sistema penal acusatorio, no viola de modo directo e inmediato derechos fundamentales sustantivos, lo que sí, derechos adjetivos o procesales que en conjunto con el cumplimiento de los principios rectores de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, constituyen la forma en que debe regirse dicho sistema, cuyo incumplimiento deben repararse para otorgar al gobernado, un debido proceso con la oportunidad de defensa previamente al acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, registro 200234, cuyo rubro y texto son los siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Ahora bien, en el presente caso, se advierte que en la carpeta judicial ********************, que conoció la aquí autoridad responsable, se formuló imputación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en contra los quejosos Jorge Michel Luna, Carlos Alberto Bermúdez Pureco, Salvador Méndez Medina,********************, ********************y********************, por su probable participación en la comisión de hechos ilícitos. En ese sentido, una vez observada la videograbación que contienen el desarrollo de dicha audiencia, se aprecia que durante la comunicación a los imputados del hecho que se les imputa (audiencia de ocho de mayo de dos mil veintitrés), así como en la exposición de los antecedentes de la investigación y durante los argumentos para solicitar la vinculación, la agente del Ministerio Público que conoció del procedimiento, dio lectura integra a sus registros y documentos con los que contaban durante dichos momentos, se destaca que únicamente levantaban la mirada de forma esporádica y rápida, para continuar leyendo los mismos. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que se vulneró en perjuicio de los quejosos el debido proceso al no respetarse el principio de oralidad por la Ministerio Público durante la formulación de imputación, el cual se encuentra estrechamente vinculado con la contradicción, pues no permite a los imputados una confronta adecuada de los que se está exponiendo en su contra; en ese sentido, dicha afectación procesal trasciende sobre el derecho humano a la defensa adecuada. En ese sentido, lo procedente es otorgar a Jorge Michel Luna, Carlos Alberto Bermúdez Pureco, Salvador Méndez Medina,********************, ********************y********************, el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEXTO. Efectos. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación, se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que la autoridad debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce de los derechos humanos que se consideraron infringidos en el considerando quinto. En esa tesitura, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que, una vez que quede firme la presente determinación, el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, cumpla con lo siguiente: Deje insubsistente el auto de vinculación de proceso dictado el catorce de mayo de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta judicial ******************** y ordene la reposición del procedimiento hasta antes de la etapa de formulación de imputación. Dentro de los tres días siguientes, señale fecha y hora a fin de que se realice la formulación de imputación a los quejosos y el órgano acusador subsane la irregularidad destacada en el fondo de esta sentencia, sin que se permita a la agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación. Seguidas las etapas procesales, emita una nueva determinación en la que, con libertad de jurisdicción y dentro del plazo constitucional, se resuelva la situación jurídica de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Decimoctavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, página 1571, registro 2011698, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONCEDE, POR CONSIDERAR QUE CON LA LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL FORMULAR LA IMPUTACIÓN, SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD. Si un órgano de justicia federal, al resolver un juicio de amparo indirecto, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y con libertad de jurisdicción, considera que se infringe el principio de oralidad cuando el Ministerio Público expone los antecedentes del caso con la lectura de las constancias de la carpeta de investigación, al formular la imputación, debe otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el auto de vinculación a proceso y se reponga el procedimiento hasta la audiencia de imputación a fin de que el órgano acusador subsane tal irregularidad; sin que con la reposición ordenada se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes". SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************Y********************, respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el diverso quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio las determinaciones emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales consultables en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia de los siguientes juicios de amparo: ( 1335/2022 y 1412/2022, ambos del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. De los anteriores juicios de amparo, se advierten que los mismos pueden tener relación con el presente asunto. En consecuencia, a efecto de evitar sentencias contradictorias, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese atentamente al órgano jurisdiccional antes citado, para que de no tener inconveniente alguno autorice la consulta de los referidos expedientes, a fin de tener acceso a diversa información, tal como la boleta de turno, demanda, auto admisorio, informes justificados, sentencia y ejecutoria en su caso. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo, Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por Natanael Subdias Aguilar, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, mediante el cual remite el índice cronológico de la audiencia de ocho de mayo del presente año, emitida en la causa penal JC/332/2020, en la que se advierte el orden de intervención de cada una de las partes; por tanto, dese vista a la partes a fin de que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. De la misma manera, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 del cuerpo normativo en cita, se tienen por admitidas las pruebas documentales, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. En consecuencia, se le tiene dando cumplimiento a los requerimientos formulados en autos de de diecinueve y veintinueve del presente mes y año, por lo que se deja sin efecto los apercibimientos ahí decretados. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que Natanael Subdias Aguilar, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, no ha dado cumplimiento al requerimiento de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, remita el índice cronológico de la audiencia de ocho de mayo del presente año, emitida en el proceso penal en cita. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

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