Jorge Meyer Hernández
Expediente 304/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jorge Meyer Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio y no existen documentos originales; por tanto, de conformidad con los artículos 21, inciso a), se determina que es susceptible de destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por se negó la suspensión definitiva. Luego, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses.
- Principal
::. En diecisiete de junio de dos mil veintidós, la secretaria Lourdes Cuevas Santiago, certifica: que obra el informe justificado de la autoridad responsable, no hay pruebas por preparar y ninguna de las partes solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional, en términos del artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Doy fe. La secretaria En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 304/2022-V, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, a lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, aportaron pruebas documentales; y las demás partes no aportaron algún medio de prueba; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, la cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no realizaron manifestaciones a manera de alegatos; luego, el Juez acuerda: se da por concluida esta etapa de la audiencia constitucional. Enseguida, el juez certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 304/2022-V, promovido por Jorge Meyer Hernández, por propio derecho, contra un acto de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el veintiocho siguiente a este juzgado de distrito, Jorge Meyer Hernández, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una omisión de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, por considerarla violatoria de los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye la negativa a inscribir unos avisos preventivos en relación con los folios electrónicos números 185206, 185207, 185208 y 200941; así como expedir los certificados de gravamen que le solicité respecto a los inmuebles de mi propiedad registrados bajo los números de folio antes mencionados." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, en auto de veintinueve siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 304/2022-V; se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de una autoridad administrativa que carecen de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hace consistir en: a) La omisión de inscribir los avisos preventivos solicitados mediante boleta de entrada con número 1128119 de nueve de febrero de dos mil veintidós, respecto de los inmuebles con folios electrónicos 185206, 185207, 185208 y 200941. b) La omisión de expedir los certificados de gravamen, solicitados mediante boleta de entrada con número 1128120 de nueve de febrero de dos mil veintidós, respecto de los inmuebles con folios electrónicos 185206, 185207, 185208 y 200941. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se ha precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le atribuyen. Sin embargo, su negativa se desvirtúa con las documentales aportadas por la parte quejosa consistentes en: I. Boleta de entrada con número 1128119 de nueve de febrero de dos mil veintidós, respecto al trámite de inscripción de los avisos preventivos en los folios electrónicos 185206, 200941, 185207 y 185208, con sello original de recibido en la misma fecha en la oficialía de partes de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Delegación en Cancún. II. Boleta de entrada con número 1128120 nueve de febrero de dos mil veintidós, correspondiente al trámite de solicitud de expedición de certificados de gravamen de los folios electrónicos 185206, 200941, 185207 y 185208, con sello original de recibido en la misma fecha en la oficialía de partes de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Delegación en Cancún. Documentales descritas en los puntos I y II, a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, al contar con sellos oficiales de recepción, de las que se desprende la existencia de la solicitud realizada por el aquí quejoso para que se realice la inscripción de los avisos preventivos y se le expida los certificados de gravamen, solicitados mediante boletas de entrada de nueve de febrero de dos mil veintidós. Además, la existencia de los actos reclamados se encuentra corroborada con las documentales aportadas por la autoridad responsable, que a continuación se describen: III. Certificados de historial registral con números 1903 al 1906 emitidas el uno de junio de dos mil veintidós, respecto de cada uno de los folios electrónicos 185206, 200941, 185207 y 185208, a los que se otorga pleno valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, de los que se aprecia que fue hasta el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, que se llevó a cabo la inscripción de los avisos preventivos solicitados mediante boleta de entrada 1128119 de nueve de febrero de dos mil veintidós, los cuales quedaron registrados bajo el movimiento número siete. IV. Fotocopia sin certificar de la constancia de registro de salida con número de control interno 1128120, la cual cuenta con valor indiciario en términos del numeral 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, misma que se adminicula con las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable en su informe justificado, con el que acredita que hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, le fueron entregados al solicitante los certificados de gravamen de los folios en mención. Por tanto, son ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese orden, respecto de las omisiones atribuidas a la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, precisada en el considerando tercero de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativos, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, la parte quejosa reclama de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, los actos que se indican a continuación: a) La omisión de inscribir los avisos preventivos solicitados mediante boleta de entrada con número 1128119 de nueve de febrero de dos mil veintidós, respecto de los inmuebles con folios electrónicos 185206, 185207, 185208 y 200941. b) La omisión de expedir los certificados de gravamen, solicitados mediante boleta de entrada con número 1128120 de nueve de febrero de dos mil veintidós, respecto de los inmuebles con folios electrónicos 185206, 185207, 185208 y 200941. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable consistentes en i) los certificados de historial registral con números 1903 al 1906 emitidas el uno de junio de dos mil veintidós, respecto de cada uno de los folios electrónicos 185206, 200941, 185207 y 185208 y ii) la constancia de registro de salida con número de control interno 1128120, a las que les fue otorgado valor probatorio en el considerando cuarto de la presente sentencia, se advierte que han cesado las omisiones de las que se duele la parte impetrante. Se afirma lo anterior, debido a que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de marzo de dos mil veintidós), no se habían inscrito en los folios electrónicos 185206, 185207, 185208 y 200941 los avisos preventivos solicitados por la parte quejosa mediante boleta de entrada 1128119 de nueve de febrero de dos mil veintidós, situación que aconteció hasta el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, ya que dichos avisos preventivos quedaron registrado bajo el movimiento número siete, tal y como se advierte de los certificados de historial registral con números 1903 al 1906 emitidas el uno de junio de dos mil veintidós. De igual manera, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de marzo de dos mil veintidós), no se habían entregado al quejoso los certificados de gravamen, solicitados mediante boleta de entrada con número 1128120 de nueve de febrero de dos mil veintidós, respecto de los inmuebles con folios electrónicos 185206, 185207, 185208 y 200941; situación que aconteció hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, tal y como se advierte de la constancia de registro de salida con número de control interno 1128120. Por ello, claramente se desprende que han cesado los efectos de manera total e incondicional de los actos reclamados, consistente en la omisión de inscribir los avisos preventivos y de expedir los certificados de gravamen, solicitados mediante boletas de entrada con número 1128119 y 1128120 de nueve de febrero de dos mil veintidós, respecto de los inmuebles con folios electrónicos 185206, 185207, 185208 y 200941. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de las omisiones reclamadas de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, precisadas en el considerando tercero de este fallo. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jorge Meyer Hernández, por propio derecho, contra las omisiones reclamadas de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, precisadas en el considerando tercero en términos de lo expuesto en el quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
::. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, en atención al requerimiento formulado el doce de mayo de dos mil veintidós, remite los certificados de historia registral emitidas el uno de junio de dos mil veintidós, respecto de cada uno de los folios electrónicos 185206, 200941, 185207 y 185208, de las que se aprecia que se llevó a cabo la inscripción de los avisos preventivos en dichos folios los cuales quedaron registrados bajo el movimiento número siete; de igual manera, adjunta fotocopia sin certificar de la constancia de registro de salida con número de control interno 1128120, con el que pretende acreditar que le fueron entregados al solicitante los certificados de gravamen de los folios en mención. En consecuencia, se tiene por cumplido el aludido requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. En esas condiciones, con apoyo en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes, y ténganse por anunciadas las documentales exhibidas por la autoridad en mención; y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
::.Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obran las constancias que fueron requeridas en acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, a la autoridad responsable Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, consistentes en fotocopia certificada de los movimientos registrales de los folios electrónicos 185206, 185207, 185208 y 200941 relativos a la inscripción de los avisos preventivos, así como de la constancia de entrega de los certificados de gravamen; ni el acuse del oficio mediante el cual se le requirió tal información. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós.
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