Jorge Mendoza Guzmán
Expediente 1253/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1253/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/09/2018
Partes del expediente
- Jorge Mendoza Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
IX.- Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
vi.- agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica en representación de la Dirección Local Estado de México de la Comisión Nacional del Agua, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintidós de agosto pasado (foja 934), informa que no localizó la dicha de depósito de fondos comunes que le fue solicitada; además, informa que después de la consulta en línea del Padrón e Historial de Núcleo Agrarios (PHINA), Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional, de donde obtuvo que el decreto agrario no fue ejecutado. Luego, atento a lo anterior, y en virtud de que el acto reclamado en el presente sumario constitucional es la desposesión del régimen ejidal, así como la falta de emplazamiento del procedimiento de expropiación publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco y la indemnización correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75 y 115 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Registro Agrario Nacional, para que dentro del término de tres días, informen a éste órgano constitucional si el decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, relativo a los bienes Ejido Benito Juárez, la Purísima, del Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México fue ejecutado, asimismo, en caso de haber sido ejecutada tal expropiación remitan copia certificada de la ficha de depósito de fondos comunes, por un monto de $271,613.25 (doscientos setenta y un mil seiscientos trece pesos 25/100 moneda nacional) en favor del Ejido Benito Juárez, la Purísima, del Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México de la cual se desprende la leyenda "indemnizaciones que corresponden al núcleo por Expropiación de terrenos ejidales "Benito Juárez" (antes la Purísima). Apercibidas. la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de septiembre del año en curso, para que tenga verificativo su desahogo. Notifíquese.
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IV.- Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de diez de agosto de dos mil dieciocho (foja 341), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Gregorio Sauceda Gamboa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. Autoridades responsables.-: Para los efectos de este amparo, señalo como tales a las siguientes: a).-ORDENADORA C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. b).- EJECUTORAS: 1. C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2. C. SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 3. C. TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora, esto es, del C. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, con sede en Toluca, reclamo la inconstitucional y como consecuencia injusta ORDEN DE APREHENSIÓN, dictada en contra del suscrito quejoso el día 30 de abril de 2007, dentro de los autos de la causa penal 30/2007, por considerarme probable responsable en la comisión de los delitos de: a).- DELINCUENCIA ORGANIZADA, (hipótesis CONTRA LA SALUD), previsto y sancionado por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en sus artículos 2°, párrafo primero, (hipótesis contra la salud) y fracción I, en relación con el 4°, fracción I, inciso a). b).- POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado por los artículos 11, incisos b) y c), 83 ter, fracciones II y IlI, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. También debo hacer mención, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que desconozco los puntos resolutivos de dicha orden de captura, así como los demás antecedentes, hechos y nombres de personas que me acusan y de quienes deponen en mi contra; toda vez que, no se me ha dado acceso a la causa, argumentando cuestiones de sigilo; motivo por el que, desde ahora y con apoyo en el artículo 17 constitucional, me reservo el derecho de adicionar complementar esta demanda de garantías en cuanto a las autoridades responsables actos reclamados y conceptos de violación ara el momento de conocer a cabalidad los informes justificados que rindan las autoridades responsables. 2. De las autoridades responsables, tanto ordenadora como ejecutoras, señalo como acto reclamado LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA INCONSTITUCIONAL Y COMO CONSECUENCIA INJUSTA ORDEN DE APREHENSIÓN YA REFERIDA, dictada en mi contra por la responsable ordenadora. 3. De las autoridades responsables ejecutoras, menciono como acto reclamado, todos los efectos y consecuencias que se deriven del cumplimiento y ejecución de la inconstitucional orden de captura librada en mi contra." Mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 148 a 183), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gregorio Sauceda Gamboa, contra la orden de aprehensión dictada el treinta de abril de dos mil siete, que reclamó del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, dictada en la causa penal 30/2007, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.." Inconforme con tal determinación, el Agente del Ministerio Público Adscrito a este órgano de control constitucional, interpuso recurso de revisión, correspondiendo conocer del mismo, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien mediante ejecutoria emitida el veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 290 a 307), resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a GREGORIO SAUCEDA GAMBOA contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efecto señalados en la sentencia recurrida". Por lo que se requirió a las responsables; para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, dieran cumplimiento a la ejecutoria y remitieran copias certificadas de las constancias que así lo acreditaran. Los efectos de la sentencia de amparo fueron para que el juez responsable: "1. Deje insubsistente la orden de aprehensión que libró el treinta de abril de dos mil siete, en la causa 30/2017, en el que se estimó a Gregorio Sauceda Gamboa y otros, probables responsables en la comisión de los delitos de delincuencia organizada (hipótesis contra la salud), y 2. En su lugar emita una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos de este fallo, pero con libertad de jurisdicción: 2.1. Al analizar las pruebas para verificar si se acredita el delito de delincuencia organizada (hipótesis contra la salud) y la probable responsabilidad del quejoso Gregorio Sauceda Gamboa en su comisión, al ocuparse de la copia certificada de las declaraciones rendidas por el ateste con clave "Karen", emitidos el veintisiete de septiembre de dos mil cinco, tres de febrero de dos mil siete, quince de abril de dos mil siete; del testigo con clave "Yeraldin" emitida el veintidós de noviembre de dos mil uno; del ateste con clave "Rufino" rendida el once de mayo de dos mil seis; del testigo con clave Gabriel rendida el catorce de abril de dos mil siete; así como de los testigos Juan Carlos Alcaraz Meza, ateste con clave "Edgar" rendidas el dieciséis de abril de dos mil siete, y Mateo Díaz López alias "El comandante", emitida el diecisiete de julio de dos mil dieciséis; tome en cuenta que se trata de documentos públicos con pleno valor probatorio; pero su contenido no debe valorarse como prueba testimonial, por lo que el mismo debe quedar a la prudente valoración de la autoridad responsable; en el entendido de que los indicios que obtenga deben guardar relación directa con los hechos materia de la consignación. 2.2. Al estudiar el cuerpo de los delitos de posesión de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 ter, fracciones II y III en concordancia con los artículos 11 inciso b) y c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de Cartucho de arma de fuego cuya portación o posesión requieren licencia, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción 1,en relación con el artículo 11 incisos a) y b), de la ley invocada; y, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el 83 Quat, fracción 11,en relación con el artículo 11, incisos c), d) y f), de la ley especial ya citada, así como la responsabilidad de Gregorio Sauceda Gamboa, tome en cuenta que las copias certificadas de las declaraciones de Juan Carlos Alcaraz Meza, emitida el dieciséis de abril de dos mil siete, ante el fiscal federal; así como las declaraciones del testigo con clave "Edgar" emitida el dieciséis de abril de dos mil siete y del testigo protegido identificado como "Karen", tienen valor pleno en cuanto a su continente por ser documentos públicos; pero su contenido no debe valorarse como prueba testimonial, por lo que el mismo debe quedar a la prudente valoración de la autoridad responsable; en el entendido de que los indicios que obtenga deben guardar relación directa con los hechos materia de la consignación. 2.3. Hecho lo anterior, emita la determinación que en derecho corresponda." En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 333 y 334), se tuvo por recibido el oficio por el cual el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 15860 (foja 317), al cual adjuntó copia certificada de la resolución dictada el seis de agosto de dos mil dieciocho en la causa penal 30/2007, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa a su artículo 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Con el referido oficio y anexos, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, en específico de la resolución dictada el seis de agosto de dos mil dieciocho en la causa penal 30/2007, se desprende que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos, en virtud de que dejó insubsistente la orden de aprehensión que libró el treinta de abril de dos mil siete, en la causa 30/2017, en el que se estimó a Gregorio Sauceda Gamboa y otros, como probables responsables en la comisión de los delitos de delincuencia organizada (hipótesis contra la salud), y el seis de agosto de dos mil dieciocho, emitió una nueva resolución en la que resolvió negar la orden de aprehensión solicitada en contra del quejoso, respecto de los delitos de delincuencia organizada (hipótesis contra la salud), posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, ello previo análisis de las pruebas relativas a la copia certificada de las declaraciones rendidas por el ateste con clave "Karen", emitidos el veintisiete de septiembre de dos mil cinco, tres de febrero de dos mil siete, quince de abril de dos mil siete; del testigo con clave "Yeraldin" emitida el veintidós de noviembre de dos mil uno; del ateste con clave "Rufino" rendida el once de mayo de dos mil seis; del testigo con clave Gabriel rendida el catorce de abril de dos mil siete; así como de los testigos Juan Carlos Alcaraz Meza, ateste con clave "Edgar" rendidas el dieciséis de abril de dos mil siete, y Mateo Díaz López alias "El comandante", emitida el diecisiete de julio de dos mil dieciséis, así como las copias certificadas de las declaraciones de Juan Carlos Alcaraz Meza, emitida el dieciséis de abril de dos mil siete, ante el fiscal federal; las declaraciones del testigo con clave "Edgar" emitida el dieciséis de abril de dos mil siete y del testigo protegido identificado como "Karen", mismas que valoró como documentos públicos con pleno valor probatorio En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos, las autoridades, y ante los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de este fallo constitucional. SEGUNDO. Resulta innecesario pronunciarse respecto del incidente de falsedad de firma relativo al escrito de ampliación de demanda supuestamente signada por la quejosa María Leonor Roa Jiménez, en atención a los razonamientos jurídicos vertidos en el considerando último de esta sentencia.
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