Jorge Medina Guzmán
Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2021
Partes del expediente
- Jorge Medina Guzmán
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja en contra del proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el veintiuno de septiembre de dos mil veinticuatro. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, quien cumple con el requerimiento formulado y remite la información solicitada. Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley. En la especie, se considera que tal motivo de improcedencia se encuentra actualizado, pues el quejoso fue omiso en instar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual una persona privada de su libertad, puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En tal tenor, el promovente en su demanda de amparo, manifestó que formuló controversia ante el juez de ejecución, sin embargo, para corroborar su dicho, se requirió al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, quien informó que el impetrante no realizó petición en relación con sus condiciones de internamiento -traslado-; por lo que se considera que si el interno promovió la acción constitucional respecto de cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin agotar previamente el citado mecanismo de control, se acredita la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Asimismo, se invoca la tesis III.2º.P.135 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 3318, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se desecha la demanda promovida por Jorge Medina Guzmán. Finalmente, intégrense al expediente los oficios allegados por las autoridades responsables, mediante los cuales informan el acato de la suspensión de plano. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Luis Daniel Tapia Torres, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/LDTT/lmh
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Jorge Medina Guzmán, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 6°, 8°, 14, 16, 17, 18, 20, 103, 107 y 133 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 560/2021-E. Suspensión de plano Considerando que en la demanda que se atiende se precisa como acto reclamado destacado la orden de traslado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto siguiente: Cese de manera inmediata cualquier acto tendente a trasladar al quejoso Jorge Medina Guzmán a un centro penitenciario diverso al en que guarda reclusión. Asimismo, debe precisarse que si el traslado reclamado es con el objeto de dejar al impetrante a disposición del juez de la causa que, en su caso, se le siga, la suspensión tendrá como efecto que quede a disposición de este juzgado federal por cuanto a su libertad personal se refiere, debiendo suspenderse el traslado a un lugar diverso al de su reclusión, y a disposición del juez de la causa por cuanto a la continuación del procedimiento, el cual es de orden público y por tanto insuspendible. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10A) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 865, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, legalmente computado, rindan su informe en acato a la suspensión de plano; hágase de su conocimiento, que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el artículo 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse, daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Requerimiento previo Ahora bien, no obstante que el quejoso manifestó haber formulado controversia respecto del traslado que refiere, previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda, requiérase al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe a este tribunal si Jorge Medina Guzmán, expuso ante él controversia alguna en relación con el acto reclamado; en su caso, deberá allegar las constancias respectivas. Apercibido que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento legal que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Notificación Con motivo de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Tijuana, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación del presente proveído se realice personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Luis Daniel Tapia Torres, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, encargado del despacho por ministerio de ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme al oficio CCJ/ST/2200/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, virtud que el titular se encuentra gozando de su periodo vacacional, asistido del licenciado José Luis Núñez Sola, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/JLNS/lmh
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