Jorge Medina Guzman

Expediente 80/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
80/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Jorge Medina Guzman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Imposibilidad. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción para notificar personalmente al quejoso el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en razón de que fue informado que éste se encontraba en observación en el área de enfermería. En consecuencia, se requiere al Director del Centro de Reinserción Social en Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días legalmente computado, informe a este juzgado los motivos por los cuales el quejoso Jorge Medina Guzmán, se encuentra en observación en el área de enfermería de ese centro de reclusión y, en su caso, cuando se encontrará en posibilidades de recibir las notificaciones derivadas de este juicio. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo indicado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Manifestaciones. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso Jorge Medina Guzmán manifestó que no se le ha notificado el "por qué se le está negando el amparo". En consecuencia, dígasele que mediante constancia de notificación de doce de febrero de dos mil veintiuno, se le notificó el proveído de nueve del mismo mes y año, a través del cual se desechó la demanda de amparo que promovió, al estimarse que la misma era improcedente. Notifíquese; y personalmente a Jorge Medina Guzmán.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa o sus defensores interpusieran recurso de queja en contra del proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. En atención a que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, ya que se desechó la demanda de amparo promovida en este asunto. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  4. Principal

    Certificación. En Tijuana, Baja California, quince de abril de dos mil veintiuno, Tania Aguilar Herrera, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, certifica: - Que el oficio registrado con folio 3964, se recibió en el correo electrónico institucional. Lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. Cuenta. El quince de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación que antecede y el oficio registrado con el número 3964. Conste.Tijuana, Baja California, quince de abril de dos mil veintiuno. Designa asesor jurídico. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Coordinadora Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Jorge Medina Guzmán. Atento a lo anterior, se tienen como asesores públicos del quejoso a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J. 43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto la funcionaria oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Notifíquese y personalmente al quejoso, así como a sus defensores públicos.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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