Jorge Mauricio Espinoza Gallardo
Expediente 678/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Mauricio Espinoza Gallardo
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notificación por lista a la parte quejosa De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de NOVENTA DÍAS, a recoger los discos compactos y documentos originales que anexó a su demanda, y se le apercibe que si no lo hace, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, o con las constancias que de éste se depuren, de conformidad con lo que establece el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.
- Principal
Notificación por lista a la parte quejosa. Vista la demanda de amparo de cuenta, se acuerda: Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 678/2019-III y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se reconoce a Elton Armando Torres Cornejo y Luis Eduardo Martínez Martínez, el carácter de apoderados legales de Jorge Mauricio Espinoza Gallardo, pues acredita dicha personalidad con la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número trece mil setecientos uno, de tres de junio de dos mil diecinueve, tirada ante la fe del licenciado Carlos Ontiveros Romo, Notario Público 03 en León, Guanajuato. El juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia Pues bien, quien esto resuelve estima que en el presente caso, en relación con los actos reclamados de la Jueza de Oralidad Mercantil de este Partido Judicial, que la parte quejosa hizo consistir en la determinación dictada en la audiencia preliminar dentro del expediente SOM 851/2019, en la parte relativa a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, a través de la cual decidió desechar las pruebas ofertadas por la parte actora (aquí quejosa), consistentes en informes a cargo de la parte demandada, por no haber justificado su solicitud, así como la pericial en informática, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. De estas normas, se extrae que para determinar la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un juicio, debe analizarse si sus efectos son de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en caso contrario, dicha vía constitucional será improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la resolución definitiva que ponga fin al juicio. En la segunda de las normas reproducidas se define que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos emanados de un juicio cuyos efectos son irreparables, para efectos de la procedencia del procedimiento constitucional en la vía indirecta, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable. Las normas en estudio están íntimamente relacionadas con el principio de definitividad de los actos que rige el juicio de amparo, en el sentido de que este proceso constitucional es un medio de defensa extraordinario, que por su naturaleza sólo procede contra actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades que produzcan plenos y definitivos efectos, porque la razón de ser de los medios de defensa extraordinarios es que constituyan la última posibilidad que tiene el interesado para defenderse de los actos de las autoridades y, por esto, el acto que se pretenda impugnar a través de estos medios de impugnación no debe estar sujeto a acontecimientos futuros, ni a otro tipo de condiciones para tener plena validez, ni debe existir la posibilidad de que sean revocados o modificados, ya sea a través de un medio ordinario de defensa, oficiosamente por la autoridad que los emitió o una diversa, o como consecuencia de un posterior acto que necesariamente deba ocurrir. De esta forma, tomando en consideración que los procedimientos judiciales se componen de etapas sucesivas dirigidas a preparar la resolución por la que el órgano jurisdiccional resuelve la controversia planteada y que dentro de estas etapas se emiten acuerdos o resoluciones o se ejecutan actos de diversa índole; para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario distinguir los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, de los actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, porque en contra de éstos no procede el juicio de derechos fundamentales ante los Juzgados de Distrito, ya que sus efectos no son de imposible reparación, dado que su eficacia se da hasta que se resuelva el asunto y, por ello, su estudio se reserva para cuando son reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En esta línea de pensamiento, resulta que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían los derechos sustantivos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo. Así, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son ejemplos de actos que violan derechos procesales o adjetivos. En estos casos, si se dictara una sentencia favorable al afectado, todas esas violaciones procesales quedarían reparadas, porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. Dicho lo que precede, tenemos que en el presente caso, en relación con el acto reclamado, que ya fue descrito con antelación, no es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues no afecta materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. La afirmación de que sólo se afectan derechos adjetivos y no sustantivos con la emisión de esta determinación, tiene sustento en la circunstancia de que, el mismo sólo está referido al desechamiento de pruebas, y no se trata de un derecho que figure dentro de su esfera jurídica con independencia del referido juicio. Así es, los efectos de una resolución como la reclamada solamente son procesales y, por ende, podrían repercutir en perjuicio de la quejosa, si la sentencia que se pronuncie en el juicio de origen le fuera adversa, siendo éste el momento en el cual las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado habrían trascendido al resultado del fallo, en cuyo caso, estará en aptitud de reclamarlas al promover amparo directo en contra de la resolución final que le resultara desfavorable, alegando tales irregularidades cometidas durante el procedimiento para obtener su reparación. De ahí que no se puede concluir que el acto reclamado tenga efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si el peticionario del amparo logra una sentencia favorable, las violaciones de que ahora se queja se extinguirán sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Es decir, resulta factible que desaparezcan las violaciones de que se duele, ante la posibilidad de que la sentencia que se dicte en el juicio del que emana la resolución que se tilda de inconstitucional resulte favorable a sus intereses y, en caso contrario, tendrá expedito el derecho de reclamar tales violaciones a través de los conceptos de violación que formule en el juicio de amparo directo que promueva en caso de que le sea desfavorable tal decisión, o bien, en el amparo directo adhesivo que intente, en caso de que la sentencia resulte favorable a sus pretensiones, pero su contraparte sea la que ejercite la acción constitucional en la vía directa. En mérito de lo anterior es que se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario y, por ello, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de cuenta, promovida contra los actos de la Juez de Oralidad Mercantil de este Partido Judicial, consistentes, en la determinación dictada durante la audiencia preliminar en el expediente SMO 851/2019, a través del cual en la parte relativa a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas determinó no admitir los medios de prueba ofrecidos por la parte quejosa en ese juicio mercantil de origen, consistentes en informes a cargo de la parte demandada, por no haber justificado su solicitud, así como la pericial en informática Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en esta ciudad.
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