Jorge Martinez Visval

Expediente 5/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Jorge Martinez Visval
  • Jaime Osvaldo Flores Ochoa
  • Fiscalia General del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos de la presente denuncia, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte denunciante para que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que la parte denunciante está notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, relacionado con el diverso 210, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si se dejó o no sin efectos el acto denunciado: Por resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se declaró fundada la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por Jorge Martínez Bisbal. En el entendido de que la resolución se concedió para los efectos siguientes: "(.) Al resultar fundada la presente denuncia, con fundamento en el artículo 210 de la Ley de Amparo, lo procedente es ordenar a las autoridades denunciadas en el ámbito de su atribuciones que, dentro de un plazo de tres días, dejen sin efectos el oficio 213301EL351082 de veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Asimismo, en términos de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 y con la finalidad de hacer efectiva tal declaratoria en la esfera jurídica de la parte denunciante y otorgarle un efecto material a la denuncia aquí planteada, se ordena a las autoridades denunciadas que, dentro del plazo de tres días, siempre que se compruebe la mayoría de edad de la denunciante, le otorguen una autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de Cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo se estará a lo que disponen los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. (.)" En consecuencia, en la propia resolución se requirió a la autoridad denunciada el cumplimiento del fallo protector. En atención a ello, mediante oficio con evidencia criptográfica, recibido en este juzgado el ocho de agosto de dos mil veintitrés (promoción con folio 13491), la autoridad denunciada exhibió copia certificada del oficio terminación 591-2023, de diez de enero de dos mil veintitrés; de cuyo contenido se advierte que dejó insubsistente el diverso oficio 213301EL351262 de veintinueve de julio de dos mil veintiuno y otorgó al denunciante la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, la responsable cumplió con los efectos del fallo protector, ya que dejó sin efectos el misiva 213301EL351082 de veintinueve de julio de dos mil veintiuno; en su lugar emitió el diverso oficio con terminación 591-2023, de diez de enero de dos mil veintitrés, por medio del cual otorgó al denunciante la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo196, relacionado con el diverso 210, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Supervisión de registro diario Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese y electrónicamente a la parte denunciante. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, mediante el cual realiza diversas manifestaciones y adjunta anexo con el que pretende acreditar el cumplimiento a la ejecutoria. En atención al contenido del oficio de cuenta, se destaca que del análisis del anexo que se adjunta (foja tres, relativo a la emisión del oficio ********************con el cual informa el cumplimiento dado a la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós), se aprecia que dicha documental es ilegible, pues la baja intensidad de impresión la distorsiona resultando incomprensible para su lectura. En consecuencia, requiérase el cumplimiento respectivo y con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento que tiene un plazo de cinco días hábiles computados legalmente, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que remita copia certificada, completa y legible del citado oficio y de la notificación personal hecha a la parte promoverte. En el entendido de que en caso de que remita de forma electrónica el citado oficio, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad en el ocurso que en su caso allegue, así como el documento digitalizado que acompañe a éste, es copia íntegra e inalterada de los impresos, por lo que dicho anexo electrónico, deberá estar completo, legible y de buena resolución; a efecto de que se pueda constatar el correcto cumplimiento de la sentencia; ello de conformidad con el artículo 3, fracciones V y VI, del Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; asimismo, que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se realice la manifestación de marras. Además se reitera que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: ". Cuarto. Efectos. Al resultar fundada la presente denuncia, con fundamento en el artículo 210 de la Ley de Amparo, lo procedente es ordenar a las autoridades denunciadas en el ámbito de su atribuciones que, dentro de un plazo de tres días, dejen sin efectos el oficio ********************de veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Asimismo, en términos de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 y con la finalidad de hacer efectiva tal declaratoria en la esfera jurídica de la parte denunciante y otorgarle un efecto material a la denuncia aquí planteada, se ordena a las autoridades denunciadas que, dentro del plazo de tres días, siempre que se compruebe la mayoría de edad de la denunciante, le otorguen una autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de Cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se estará a lo que disponen los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que la propia ejecutoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que la eventual autorización emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, bajo ningún caso deberá incluir permiso de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Los efectos de esta resolución tampoco suponen una autorización para que la denunciante siembre las semillas de marihuana, cultive y coseche su producto en lugares públicos, realice actos de comercio, suministro, transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias ni para que ejerza tal derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa. Debe destacarse además que las conductas que la parte denunciante realice en el contexto del consumo producidas cuando se encuentre bajo los efectos de la sustancia autorizada, que afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de alteración del orden público, violencia frente a terceros o cometer delitos, entre otros), se encuentran fuera de la protección de la presente resolución y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables. Al respecto, esta juzgadora estima que los efectos concedidos a esta denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad no contravienen lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley de Amparo que establece que en la resolución respectiva se ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado, puesto que (i) tal artículo contiene una hipótesis normativa enunciativa y no limitativa y (ii) este debe interpretarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, de manera más benéfica a la persona, esto es, con la posibilidad de que el órgano jurisdiccional dicte las medidas necesarias para materializar los efectos de la declaratoria respectiva en la esfera jurídica de la persona denunciante." En la inteligencia que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/3965/20223 de tres de julio de dos mil veintitrés, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, tres de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante determinación de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se recibió la promoción electrónica presentada por la Subdirectora Ejecutiva de la Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, mediante el realiza diversas manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria, asimismo adjunta diverso anexo con el que pretende acreditar el cumplimiento. Sin embargo, dicho anexo era de difícil lectura pues al ser baja la resolución del texto, era poco legible y atendible. En este orden de ideas, de autos se aprecia que en diversas ocasiones sea, requerido al Director Ejecutivo De Regulación De Estupefacientes Psicotrópicos Y Sustancias Químicas De La Comisión Federal Para La Protección Contra Riesgos Sanitarios (autoridad denunciada), para el efecto de que remita de nueva cuenta el oficio número COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-591-2023, con el que atiende el cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, requiérase el cumplimiento respectivo, por tanto, emítase el respectivo oficio de requerimiento vía estafeta, y con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento que tiene un plazo improrrogable de diez días hábiles computados legalmente, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que remita copia certificada, completa y legible del citado oficio de diez de enero pasado, por el cual pretendió dar cumplimiento a la citada resolución; así como de la respectiva constancia notificación personal hecha a la parte promoverte, del citado oficio número COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-591-2023. En el entendido de que en caso de que remita de forma electrónica el citado oficio, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad en el ocurso que en su caso allegue, así como el documento digitalizado que acompañe a éste, es copia íntegra e inalterada de los impresos, por lo que dicho anexo electrónico, deberá estar completo y legible, y de buena resolución; a efecto de que se pueda constatar el correcto cumplimiento de la sentencia, así como de la respectiva constancia notificación personal hecha a la parte promoverte, del citado oficio número COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-591-2023; ello de conformidad con el artículo 3, fracciones V y VI, del Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; asimismo, que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se realice la manifestación de marras. Además se reitera que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: ".Cuarto. Efectos. Al resultar fundada la presente denuncia, con fundamento en el artículo 210 de la Ley de Amparo, lo procedente es ordenar a la autoridad Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de un plazo de tres días, deje sin efectos el oficio 213301EL351262 de veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Asimismo, en términos de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 y con la finalidad de hacer efectiva tal declaratoria en la esfera jurídica de la parte denunciante y otorgarle un efecto material a la denuncia aquí planteada, se ordena a las autoridades denunciadas que, dentro del plazo de tres días, siempre que se compruebe la mayoría de edad de la denunciante, le otorguen una autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de Cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se estará a lo que disponen los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que la propia ejecutoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que la eventual autorización emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, bajo ningún caso deberá incluir permiso de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Los efectos de esta resolución tampoco suponen una autorización para que la denunciante siembre las semillas de marihuana, cultive y coseche su producto en lugares públicos, realice actos de comercio, suministro, transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias ni para que ejerza tal derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa. Debe destacarse además que las conductas que la parte denunciante realice en el contexto del consumo producidas cuando se encuentre bajo los efectos de la sustancia autorizada, que afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de alteración del orden público, violencia frente a terceros o cometer delitos, entre otros), se encuentran fuera de la protección de la presente resolución y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables. Al respecto, esta juzgadora estima que los efectos concedidos a esta denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad no contravienen lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley de Amparo que establece que en la resolución respectiva se ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado, puesto que (i) tal artículo contiene una hipótesis normativa enunciativa y no limitativa y (ii) este debe interpretarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, de manera más benéfica a la persona, esto es, con la posibilidad de que el órgano jurisdiccional dicte las medidas necesarias para materializar los efectos de la declaratoria respectiva en la esfera jurídica de la persona denunciante. ." En la inteligencia que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido electrónicamente con evidencia criptográfica, por la Subdirectora Ejecutiva de la Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, mediante el realiza diversas manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria, asimismo adjunta diverso anexo con el que pretende acreditar el cumplimiento en mención. En atención al contenido del oficio se cuenta, se destaca que mediante determinación de veintitrés de febrero pasado, se proveyó lo conducente, respecto de idéntica promoción, en consecuencia, estese a lo ordenado en dicha determinación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

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