Jorge Martínez Villa

Expediente 193/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
193/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Jorge Martínez Villa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público adscrita no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado en la cual se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 18, fracción I, inciso b) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias, debiendo certificarse una vez que se cuente con los medios electrónicos, hecho lo cual, transcurridos TRES AÑOS, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que este expediente es susceptible de depuración. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Devolución de documentales. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que la autoridad responsable Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, remitió diversas documentales relacionadas con el acto, las cuales se ordenó llevar por separado y abrir dos anexos y un disco compacto; por tanto, al tratarse este juicio de un asunto concluido, se ordena remitir tales anexos a dicha autoridad, para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que el sello de recepción del oficio respectivo, con la anotación de recibido de las constancias mencionadas, harán las veces de acuse de recibo. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiocho de julio de la presente anualidad, remite la constancia de notificación practicada a la tercera interesada ********, de la sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno; al respecto téngase por cumplimentado el requerimiento de mérito y por notificada a la referida parte respecto de la sentencia emitida en este asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vistas, las razones actuariales que anteceden, de la cuales se advierte la imposibilidad para notificar personalmente a la parte tercera interesada ***********, la sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, por los motivos expuestos. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales por conducto de la autoridad responsable Magistrados de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, notifíquese la presente sentencia a la referida parte, debiendo remitir en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento a lo requerido, con el apercibimiento de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Se comisiona a la actuaria. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentre gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 193/2021, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante oficio recibido el once de marzo de dos mil veintiuno, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, remitió a este juzgado el juicio de amparo directo 208/2020, así como copia certificada de la ejecutoria dictada el once de febrero dos mil veintiuno, en la que se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por *********, por conducto de su defensor particular, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tienen tal carácter los Magistrados que integran la Segunda Sala del Circuito Único del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Morelos (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la resolución emitida por los Magistrados de la Segunda Sala del Circuito Único del H. Tribunal Superior de Justicia de Morelos de fecha 17 de Marzo del 2020 dentro del toca penal *********la cual me fue notificada el 27 de agosto del 2020..". Actos que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de garantías de que se trata, registrándose con el número de expediente 193/2021, misma que en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; previo ocurso aclaratorio; se ordenó dar vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, los actos reclamados, son atribuidos a autoridades que tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son estos, atendiendo por lineamiento jurisprudencial, al análisis integral de la demanda de garantías. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que en esencia se reclama: La resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal ********formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de prescripción relativa al pago de la reparación del daño derivado de la causa penal ***********, del índice de la Jueza de Ejecución de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia y, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. En ese sentido, es cierto el acto reclamado, toda vez que así lo manifestó la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, por tanto, se tiene como existente el mismo para efectos de resolver en esta instancia de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Certeza que, además, se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el toca penal******* del índice de la Sala responsable, así como el disco compacto remitido, mismas que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de las que se advierte la existencia del acto reclamado. En relación al valor de las referidas constancias, es aplicable la Jurisprudencia publicada con el número 226, sostenida por el otrora Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de antigua integración, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Toda vez que en el caso particular este órgano jurisdiccional federal no advierte de oficio alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la Ley de Amparo y tampoco las hicieron valer las partes, lo procedente es que se examine la materia de fondo de este juicio, a la luz de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, los que no habrá necesidad de transcribir, pues no hay en la Ley de Amparo, precepto legal alguno que así lo ordene. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número VI.2º. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 599, del Tomo: VII, Abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS". QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar los conceptos de violación, es necesario para una mejor comprensión del asunto, precisar los antecedentes relacionados con el acto reclamado que se advierten de las documentales que fueron remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe con justificación: 1. Mediante sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil doce, dentro de la causa penal ***********, se condenó al imputado, aquí quejoso, *******, por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 106 y 108, este último en términos del artículo 126, fracción II, inciso d) del Código Penal en vigor, a dieciocho años de prisión, al pago de una multa por la cantidad de $59,080.00 (cincuenta y nueve mil ochenta pesos 00/100 m.n.) así como al pago de la reparación del daño por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), resolución que fue confirmada el veinticuatro de enero de dos mil trece, por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 2. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil diecinueve, el sentenciado aquí quejoso promovió incidente no especificado de prescripción de la multa que le fue impuesta, así como del pago de la reparación del daño, al que fue condenado en la sentencia de la causa penal *******. 3.- Por auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, se dio trámite a la incidencia planteada. 4.- Mediante resolución interlocutoria dictada el doce de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró la prescripción de la potestad de ejecutar la sanción relativa a la multa a la que fue condenado en sentencia de veintiséis de octubre de dos mil doce; así como que no había lugar a declarar la prescripción de la potestad de ejecutar la sanción relativa al pago por concepto de reparación del daño. 5.- Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil diecinueve, el cual fue tramitado mediante auto de nueve de octubre siguiente. 6.- Mediante resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se determinó confirmar la interlocutoria de doce de septiembre de dos mil diecinueve;determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Agotado el estudio de las causas de improcedencia, lo procedente es examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, a la luz de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, para lo cual se considera innecesaria la transcripción de los mismos sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión al quejoso, pues el hecho de que no se realice la transcripción de los mismos no significa que el juez de amparo este impedido para el estudio integral de ellos. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con el rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte impetrante aduce que se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la resolución reclamada viola los principios pro persona, legalidad y seguridad jurídica, asimismo, no está defidamente fundada ni motivada y se dejaron de atender los artículos 97, 103, 104 y 105 del Código Penal del Estado de Morelos , siendo lo correcto declarar que el pago de la reparación del daño al cual había sido condenado prescribió por haber transcurrido en exceso más de tres años, sin que se haya hecho efectivo dicho pago. Asimismo, adujo que la resolución reclamada le causa perjuicio toda vez que la autoridad responsable debió limitarse a estudiar y analizar si la resolución de primera instancia se encontraba fundada y motivada, sin embargo la sala responsable suple las deficiencias de la Juez y confirma la resolución reclamada (esto derivado del estudio de los agravios primero, segundo y tercero, que declara fundados pero inoperantes); reconociendo que existe un desajuste entre la aplicación de las normas y los razonamientos del juez De igual forma, refiere que le causa agravio el hecho de que se sustente que la reparación del daño es de naturaleza civil y que por tanto deban aplicarse la reglas en dicha materia, cuando el asunto de origen deriva de una sentencia en materia penal -lo cual está fuera de toda lógica-, por lo que se debe aplicar la legislación penal que estipula adecuadamente lo relacionado a la prescripción de la reparación del daño en los artículos 83, 97, 103 y 104 del Código Penal del Estado de Morelos, ya que es una pena pública que no está sujeta a reglas externas al sistema penal. Asimismo, agrega que debe estarse a la jurisprudencia del Máximo Tribunal de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)", que es similar la legislación de Morelos y que por el contrario, los criterios que cita la autoridad no son obligatorios. Por otra parte, el impetrante indica que se debió aplicar el principio pro persona en el sentido de aplicar la ley que más beneficia al gobernado, por lo que en el presente caso se debió determinar que el término para la prescripción de la reparación de daño era de tres años como establece la legislación penal y no el de diez años que establece la legislación civil del estado; por lo que la aplicación del artículo 37 del Código Penal de la entidad es inadecuado, pues debe estarse a los diversos preceptos referidos. También que la autoridad sostuvo que a la sanción no le son aplicables ciertas reglas de penal, citando una tesis, pero las resoluciones deben ser claras, fundadas y motivadas, por lo que aquello no se justificó Dichos motivos de disenso, resultan infundados y se estudiarán en su conjunto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. . Para arribar a lo anterior, se estima pertinente aclarar el punto a dilucidar: - Si el término de tres años que establece el artículo 103 del Código Penal del Estado para prescribir la potestad de ejecutar sanciones sin temporalidad ¿es aplicable al caso de la reparación del daño? Al respecto, en primer término se abordará lo relativo a la naturaleza de la reparación del daño establecida en materia penal, en el entendido de que la responsable sostuvo que era civil; para posteriormente, dar respuesta al punto debatido relativo a la normatividad que debe atenderse para efecto del cómputo de la prescripción de la reparación del daño. 1. Naturaleza de la reparación del daño La Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que la reparación del daño en la vía penal tiene una función dual, ya que por un lado, cumple con una función social, en su carácter de pena y, por otro, satisface una función privada, al reconocer una responsabilidad civil extracontractual de carácter subjetivo a cargo del delincuente en relación con la víctima. Así lo sostuvo la Primera Sala de nuestro tribunal constitucional, durante la Décima Época Judicial, en la tesis 1a. CCXVI/2016 (10a.), con registro 2012445, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 512, que establece: "REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. SU NATURALEZA JURÍDICA CONFORME AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. La reparación del daño en materia penal es una sanción pecuniaria que el juzgador debe imponer al individualizar la pena al sujeto activo del delito, de conformidad con el artículo 30 del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé el catálogo de penas, entre las que se encuentran las sanciones pecuniarias. A su vez, de los numerales 37, 42 a 45 y 47 del código citado, se advierte que entre las sanciones pecuniarias se ubica la reparación del daño, así como su naturaleza jurídica y la forma en que el juez de proceso debe fijarla al individualizar la pena. Así, la reparación del daño en materia penal constituye una "pena" o "sanción pública" impuesta al gobernado o imputado mediante una sentencia y, por ende, al incluirse dicha figura dentro del derecho penal, su determinación y cuantificación deben regirse por los principios de integralidad, efectividad y proporcionalidad aplicables a la materia. En efecto, la reparación del daño en la vía penal tiene una comprensión dual pues, por un lado, satisface una función social, en su carácter de pena y, por otro, satisface una función privada, al contribuir a resarcir la afectación ocasionada a la víctima u ofendido del delito, con motivo de su comisión, lo que trae, a su vez, para el agente del delito, una responsabilidad civil extracontractual de carácter subjetivo que, por imperativo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, necesariamente debe dar lugar a una reparación del daño en el proceso penal. Lo anterior, independientemente de si la víctima u ofendido decide ejercer una acción particular, en virtud de que ambas reparaciones (aun con un mismo origen) son autónomas y pueden subsistir una y otra, pues la responsabilidad civil (objetiva y subjetiva) nacida de la comisión de un ilícito penal no cesa porque dicha conducta se haya sancionado mediante la aplicación del derecho punitivo, antes bien, subsiste con sujeción a las reglas del derecho civil, ya que aun cuando ambas pudieron tener el mismo origen, su naturaleza es distinta." En efecto, a pesar de que la reparación del daño implica una pena o sanción, ello no elimina su finalidad primordial, ya que en su génesis la reparación del daño, se trata de una institución de naturaleza civil, la cual tiene un punto de contacto con la materia penal, en la circunstancia de que el hecho que la genera, también constituye un delito. Así por ejemplo la misma Sala, lo plasmó en la tesis 1a. CXIX/2016 (10a.), Décima Época, registro 2011482, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1141, del siguiente contenido: "REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. SU NATURALEZA CIVIL. Existe una postura casi unánime sobre la naturaleza civil de la reparación del daño derivada de la comisión de un delito prevista en los códigos penales, de acuerdo con la cual, su fundamento sería el mismo que el de la responsabilidad aquiliana. Ahora bien, la reparación del daño en materia penal satisface tanto una función social, en su carácter de pena o sanción pública, como una privada, en la medida en que también contribuye a resarcir los intereses de la persona afectada por la acción delictiva. En ese sentido, la reparación del daño implica una sanción pública o una pena, al cumplir una función social que es exigible de oficio por el Ministerio Público; sin embargo, ello no elimina su finalidad primordial, consistente en resarcir a las víctimas u ofendidos de un delito de las afectaciones a sus bienes jurídicos. Así, la denominada responsabilidad civil ex delicto constituye una parte de la responsabilidad civil extracontractual, la cual se caracteriza porque el hecho ilícito que la genera es también constitutivo de delito." Es así que aun cuando la reparación del daño cumple una función de sanción, ello no involucra que se trate de una pena igual a las establecidas por el código punitivo sustantivo aplicable, tales como la sanción corporal o la multa, ya que conserva su naturaleza eminentemente civil, por lo que no le son aplicables ciertas reglas del derecho penal, mientras que su interpretación puede partir de las normas relativas a la normativa civil. Así se deriva de la tesis 1a. CXXII/2016 (10a.), de la misma Primera Sala, Décima Época, registro 2011483, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1142, que establece: "REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DEL DELITO. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU NATURALEZA CIVIL. A pesar del carácter de sanción pública que tiene la reparación del daño en materia penal, es importante no caracterizarla como una pena, esencialmente porque no le son aplicables los principios del derecho penal, como son el principio de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxatividad. Ello lleva a deslindar la imposición de las penas corporales de la cuantificación de la reparación y a que el juez resuelva atendiendo a la naturaleza civil de los daños. Así, mientras que la fijación de la pena debe realizarse atendiendo al grado de culpabilidad del sujeto, la cuantía de la reparación, por el contrario, debe venir determinada por la entidad del daño. Otra consecuencia relevante que deriva de la naturaleza civil de la reparación del daño, es que la misma debe ser justa e integral, dado que estos principios constitucionales aplican a la figura con independencia del código o legislación en la que se encuentre regulada. Asimismo, en tanto su naturaleza es eminentemente civil, puede acudirse a la legislación en la materia para interpretar el contenido y alcance de dicha reparación." Lo referido en párrafos anteriores, fue acertamente expresado por la responsable en la resolución reclamada motivo de estudio, pues además de que la naturaleza jurídica de la reparación del daño la calificó como civil, también se sustentó en diversos criterios de nuestro más Alto Tribunal. Ahora, la razón por la que la reparación del daño se contiene en el derecho punitivo, no es porque se trate de una institución penal, tal como lo explicó el intérprete constitucional en el amparo directo en revisión 4646/2014, donde refirió que dicha circunstancia acontecía a merced de que el legislador pretendía evitarle a la víctima la necesidad de instaurar un juicio civil por daños, por lo que instituía a su favor la vía penal, a fin de reparar de manera simultánea a la sentencia, los daños y perjuicios que se hubieren generado con el hecho delictuoso, sin que ello implique que su naturaleza deje de ser civil. Es así que se puede acudir a la normativa civil a fin de definir el alcance de la reparación del daño dentro de un juicio penal lo cual tiene lógica, pues incluso, como lo ha establecido el hermeneuta constitucional de referencia, si no se reparan los daños conforme a los parámetros establecidos en materia civil, se puede acudir a esta vía a reclamarla, tal como se ve en la jurisprudencia 1a./J. 43/2014 (10a.), sustentada durante la Décima Época Judicial, registro 2007292, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 478, que señala: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO. Una vez que en un proceso penal se ha condenado a la reparación del daño, por regla general no se puede demandar posteriormente en un proceso civil desvinculado del proceso penal la responsabilidad objetiva del propio inculpado o de un tercero, toda vez que en ambos casos la responsabilidad civil que se reclama en ese segundo proceso es con motivo de la misma acción y el mismo daño. En este sentido, debe señalarse que la responsabilidad civil subjetiva derivada de un delito no tiene una "naturaleza distinta" a la responsabilidad civil objetiva. No obstante, en el supuesto antes señalado, excepcionalmente podrá acudirse a la vía civil cuando pueda apreciarse claramente que la legislación civil permite una mayor amplitud indemnizatoria en comparación con la legislación penal, de tal manera que la acción de reparación de daño en la vía civil pueda dar lugar a un mayor beneficio económico como resultado de una regulación más favorable para la víctima de la cuantificación del daño. Desde luego, dicha excepción no implica que en este supuesto el ofendido pueda hacer exigible la reparación del daño en la vía civil de manera completamente autónoma. La cantidad que eventualmente se conceda por concepto de reparación del daño en el proceso civil deberá descontar la indemnización que se haya cubierto con motivo de la condena decretada en el proceso penal. Definido lo anterior, se procede a analizar lo relativo al plazo de la prescripción para el pago de la reparación del daño, por cuanto a la normatividad aplicable. . Al respecto, se estiman correctas las consideraciones que la responsable expuso en la resolución impugnada y que aquí se plasman, pues derivan precisamente de lo que ha venido sosteniendo nuestro Máximo Tribunal, por cuanto a que debe estarse, de manera preponderante, que la reparación del daño tiene como punto de referencia su naturaleza civil. De manera particular, en el Código Penal para el Estado sigue tal lineamiento; ya que en su exposición de motivos se precisó lo siguiente: "En materia de reparación del daño, se introducen cambios de la mayor importancia, y se aparta de la solución tradicional y corrientemente adoptada por el Derecho mexicano desde 1931. Este ha considerado que la reparación exigible al inculpado es pena pública, y por lo mismo sólo puede ser reclamada por el órgano acusador oficial en ejercicio de la acción penal. Esta consideración, que quiso servir a los intereses del ofendido, en realidad ha desprotegido a la víctima, minimizando la intervención de ésta en el proceso y relativizando la exigencia de resarcimiento. Así los resultados alcanzados han contradicho frontalmente las buenas intenciones de los creadores del régimen prevaleciente. Por lo anterior, tanto el presente ordenamiento como el Código de Procedimientos Penales reconocen la verdadera naturaleza de la reparación del daño como consecuencia civil de un ilícito penal, y en tal virtud permiten al ofendido acceder directamente a la jurisdicción en demanda de resarcimiento. Para fortalecer la posición real de la víctima con respecto a la tutela de sus derechos, se previene que el Ministerio Público intervendrá en forma subsidiaria (artículo 39). De esta manera se obtienen todas las ventajas que naturalmente pueden derivar de la actuación del ofendido, por una parte, y del Ministerio Público, en su caso, por la otra." Es así, que tal y como lo sostuvo la responsable, debe estarse a que toda interpretación del ordenamiento penal citado, tratándose de la reparación del daño, debe buscar aquella hermenéutica que reconozca su naturaleza civil. Por ende, ha lugar a sostener y a calificase de correcto el proceder de la responsable, al haber referido que el artículo 103 del Código Penal para el Estado, que establece la prescripción de las sanciones que no tengan temporalidad, no es aplicable al caso de la reparación del daño. Esto, a pesar de que el artículo 26, fracción VIII, de dicha legislación , establece que la reparación de daños y perjuicios se trata de una sanción, ello únicamente atiende a la función que tiene esta figura, como una pena pública, la cual no la desvirtúa de su naturaleza civil. Ahora, resulta inexacto que el impetrante refiera que de una interpretación de los artículos 83, 97, 103 y 104 del Código Penal del Estado de Morelos , debe concluirse que la reparación del daño es una pena pública que no está sujeta a reglas externas al sistema penal. Esto, puestal y como se sostuvo en la resolución impugnada, el artículo 83 de la misma normatividad , establece que la extinción prevista en este título no afecta la reparación de daños y perjuicios, salvo cuando la extinción de ésta, sea consecuencia necesaria de la causa extintiva correspondiente; en el entendido de que dicho precepto debe atenderse desde una interpretación sistemática a rubrica , en tanto que esa norma se encuentra contenida dentro del Título Sexto, el cual se titula "Extinción de la pretensión punitiva y de la potestad ejecutiva", es decir, que aquella disposición al mencionar que la extinción de ese título no afecta la reparación del daño, hace referencia a que las causas que extinguen tanto la pretensión punitiva como la potestad ejecutiva, en su conjunto, no son aplicables a la reparación del daño, más aun, porque al encontrarse en el capítulo I "reglas generales", se trata de un parámetro aplicable a todo el título; además, de que los demás preceptos invocados por el impetrante no disponen de manera expresa que tratándose de la reparación del daño debe estarse al plazo de tres años. En el entendido de que ya se dejó claro que el artículo 103 de la normatividad mencionada, debe interpretarse atendiendo a la naturaleza civil de la figura de que se trata. Y también tomando en consideración que el artículo 81, fracción X, del Código Penal para el Estado de Morelos, establece como uno de los casos de extinción de la potestad tanto punitiva como ejecutiva, a la prescripción; y el diverso 83 señala que no afecta la reparación del daño, pues si bien en la parte final del citado artículo se establece "salvo cuando la extinción de ésta sea consecuencia necesaria de la causa extintiva correspondiente", lo que debe entenderse que se trata de una remisión expresa que hace el legislador a la legislación civil, a contrario sensu. Lo anterior, atendiendo de manera trascendente a lo que señala el artículo 37 del Código Penal del Estado, que dice: "Artículo 37.- Para determinar el alcance de los daños y perjuicios, las personas que tengan derecho al resarcimiento o deber de reparación, y las causas por las que se extingue esta obligación, se estará a lo previsto en la legislación civil del Estado. Cuando el delito hubiere sido cometido por varias personas, la obligación de reparar el daño tendrá carácter solidario entre ellas." Por ende, resulta correcta la interpretación sistemática de los artículos en cuestión, que ha sido adoptada por la responsable al emitir su determinación; llegando a la conclusión de que la prescripción establecida en el Código Penal para el Estado, en su artículo 103, no es aplicable para la reparación del daño, mientras que la ley que regula su extinción se trata del Código Civil para el Estado. En tales términos, el plazo para prescribir la acción para reclamar la reparación del daño, corresponde a diez años, según lo contemplado en el artículo 1244, del Código Civil para el Estado, pues al no establecerse de forma específica en esa legislación, debe acudirse a la regla genérica que se estipula para la prescripción negativa de las obligaciones contenidas en dicha normatividad; siendo que el artículo 1246, que establece supuestos específicos de prescripción, donde ocurre en dos años, menciona expresamente la responsabilidad civil provenientes de actos ilícitos que no constituyen delitos, y excluye así el caso de aquella que es ocasionada por la comisión de delitos, para dar pauta a que estos últimos por exclusión, sean contenidos en la regla genérica de prescripción referida. Por tanto, el término para prescribir la potestad ejecutiva de la reparación del daño, es de diez años, conforme al numeral 1244 del Código Civil para el Estado . Por ello, quien esto resuelve, estima acertado el criterio de la Sala responsable y califica la resolución reclamada como apegada a derecho, pues además de que se encuentra debidamente fundada y motivada porque se expresaron de manera esencial las consideraciones y sustento legal que aquí ya aquí referidos; resulta legal su actuar por cuanto a que debe estarse al término de diez años para efecto de la prescripción de que se trata. Ahora bien, por lo que ve a la manifestación del quejoso de que debe aplicarse la jurisprudencia del Máximo Tribunal de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)", ya que estima que es similar la legislación de Morelos, es infundada toda vez que en el referido criterio jurisprudencial se analizó la temporalidad para la prescripción atendiendo al artículo 116 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual sí establece el término para la prescripción de la reparación del daño moral e incluso el tema materia de análisis en dicho asunto fue a partir de cuándo iniciaba el término para el computo del plazo respectivo, por lo que contrario a lo expuesto por el impetrante no es aplicable al caso concreto, ya que se determinó que los plazos establecidos para la prescripción en la legislación penal del Estado no son aplicables para la reparación del daño moral, por no estar previsto de esa manera, por lo que se indicó que para determinar el plazo para la prescripción de la reparación del daño, se debe atender a la naturaleza civil del mismo, y el plazo para la prescripción relativo es de diez años, como quedó precisado. Ahora bien, por lo que respecta al planteamiento del impetrante en el sentido de que la sala responsable debió limitarse a estudiar y analizar si la resolución de primera instancia se encontraba fundada y motivada, pero que suplió las deficiencias de la Juez y confirma la resolución reclamada, la misma resulta infundada; esto, pues si bien la Sala indicó que había una indebida fundamentación y motivación en la resolución primaria, lo cierto es que refirió que esto no era motivo suficiente para revocarla, pues argumentó que el criterio sustentado por la Juez de origen era correcto al determinar que la reparación del daño es de naturaleza civil y que debía estarse al plazo de diez años para la prescripción. Lo anterior, apoyado en el ejercicio de sus facultades por cuanto a que atendiendo a su jurisdicción estaba en condiciones de calificar los agravios de fundados pero inoperantes, esto es, por cuanto a que si bien el apelante tenía razón en una parte de sus argumentaciones resultaban insuficientes para variar el sentido de la decisión del juez, lo cual es conforme a derecho atendiendo a la naturaleza del recurso de apelación. De ahí que resulte incorrecto lo manifestado en el sentido de que la sala únicamente debió analizar si la resolución se encontraba fundada y motivada pues como se dijo tiene el carácter de órgano revisor y al encontrar los agravios fundados pero inoperantes para variar el sentido es que determinó confirma la resolución impugnada. Apoya lo anterior, por similitud jurídica, la jurisprudencia emitida por la entonces tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen 187, cuarta parte, página 81, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión, esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable y en su caso la Corte, por la vía de un nuevo amparo, que en su caso y oportunidad se promoviera, tendrían que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar el amparo. Por tanto, no resultaba conducente declarar procedente la apelación referida y ordenar a la juez de origen que llevara a cabo la fundamentación y motivación debidamente, ya que el órgano revisor consideró que era correcto el criterio sustentado y debía prevalecer, indicando los fundamento y motivos para tal efecto, los cuales, como se vio en la presente resolución se consideraron correctos. Finalmente por lo que respecta al motivo de queja consistente en que se debió observar el principio pro persona en el sentido de aplicar la ley que más beneficia al gobernado, el mismo resulta infundado, en virtud de que el principio pro homine o pro persona que consagra el precepto constitucional citado, no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones, como en el caso a examen, no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes; sin que pase desapercibido que en contraposición a los derechos del sentenciado se encuentran los de la víctima conforme al artículo 20, fracción IV constitucional. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 104/2013 (10a.), publicada en la página 906, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por lo anteriormente expuesto, la resolución combatida, se encuentra ajustada a derecho y no vulnera ningún derecho humano del impetrante de amparo, razón por la cual, los conceptos de violación que hizo valer, resultan infundados, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja; lo que conlleva a negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia Federal NO AMPARA ni protege a ******, respecto del acto reclamado precisado en el segundo considerando de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el penúltimo considerativo de la misma. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas.

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