Jorge Martínez Prieto

Expediente 1229/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1229/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Martínez Prieto

Actuaciones

  1. Principal

    ...ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación de cuenta, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja, del mismo ordenamiento, en contra del auto de treinta de agosto del año en curso, en el cual se desechó la demanda de garantías promovida por ******************** A lo anterior se acuerda. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes y archivar el expediente como asunto concluido. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. En atención al presente proveído, este Órgano Jurisdiccional procede a realizar la valoración del presente asunto, en los términos siguientes: En razón de que se desechó la demanda de amparo, se considera que este asunto destruible, en el plazo de tres años, contados a partir del presente proveído. RESGUARDO DE EXPEDIENTE Y DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por tanto, se ordena la transferencia del expediente íntegro a la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda, para lo cual todas las constancias y documentos del expediente físico deberá encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. FIRMA ELECTRÓNICA. Notifíquese.

  2. Principal

    SE ORDENA REMITIR CONSTANCIAS. Como lo pide la autoridad oficiante, se ordena remitir las constancias que solicita mediante oficio enviado al correo electrónico que se desprende de su misiva de cuenta, para los efectos legales correspondientes.- REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. No obstante lo anterior, se ordena requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable, PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído al efecto se le haga, continúe con el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, ello en razón de que falta ordenar a las autoridades ejecutoras que tuvieron intervención a restituir el bien.-

  3. Principal

    (Se ordena NOTIFICACIÓN por VÍA ELECTRÓNICA).- [Con efectos de NOTIFICACIÓN PERSONAL para la PARTE QUEJOSA, se NOTIFICA la resolución DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, POR VÍA ELECTRÓNICA FIREL bajo los datos que precisó el promovente en su demanda. Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente.] ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa en proveído de seis de septiembre del año en curso; sin que haya hecho manifestación alguna. A lo anterior se acuerda: SE PROCEDE A DETERMINAR SOBRE CUMPLIMIENTO. Este tribunal procede a determinar con base en los elementos que obran dentro del presente juicio y los aportados por las responsables si la resolución emitida en el presente asunto se encuentra o no cumplida. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Mediante ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia pronunciada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad capital, en la que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección al quejoso ********************, por conducto de su apoderada legal, para el efecto de que la autoridad responsable, Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, diera cumplimiento, en los términos siguientes: "...". REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Mediante oficio recibido en este juzgado federal el cinco de septiembre del año actual, el Consejero Propietario Presidente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, en acatamiento al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informó que dejó insubsistente y sin efectos el oficio ******************** de fecha catorce de agosto del año dos mil veinte, relativo a la contestación con número de folio ******************** y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115, fracción lll, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 02, primer párrafo 117, fracción l y lll, inciso a) y 121 inciso c) de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, determinó que el peticionario no cumplió con las condicionantes de factibilidad, en razón de que no fue formalizado en el convenio correspondiente, además de que feneció la vigencia sin que fuera renovada, motivo por el cual al no ser titular de derechos de explotación, uso y aprovechamiento de aguas subterráneas correspondientes al pozo, ubicado y localizado en el desarrollo Residencial Campestre "********************", ya que no cuenta con infraestructura y/o redes hidráulicas y sanitarias cerca del desarrollo, al localizarse fuera de la mancha urbana y fuera de un centro de población, la autoridad responsable determinó encontrarse imposibilitado para realizar el suministro de agua potable y alcantarillado. SE TIENE POR CUMPLIDA EJECUTORIA. En consecuencia, analizadas las constancias antes referidas se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales resultan aptas para acreditar que la sentencia dictada en el presente asunto, fue acatada en sus términos, en razón de que la responsable dejó insubsistente y sin efectos el oficio ******************** de fecha catorce de agosto del año dos mil veinte, relativo a la contestación con número de folio ******************** y, emitió una nueva determinación fundada y motivada, en la que se dio contestación al oficio ingresado por la parte quejosa al SAPASMA, con número de folio ******************** de fecha diez de agosto de dos mil veinte. Ello, pues en el oficio a través del cual dio cumplimiento con el fallo protector dio contestación a las peticiones realizadas por el peticionario del amparo, en tanto que para la factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado y autorización de fosas Sépticas para el desarrollo residencial campestre "********************", conforme lo establecido en el artículo 240 del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, resulta factible la petición siempre y cuando se cumpliera con las condicionantes relativas, consistentes en: Del título original de concesión cambiar de uso agrícola a uso público urbano. Acondicionar el pozo existente de manera que el fraccionamiento tenga tren de válvulas adecuado con macromedidor, caseta de coloración, caseta de arrancador, sello sanitario, así como una malla ciclónica perimetral. Construir un tanque de regulación de presión dentro de los terrenos del fraccionamiento para dotar del servicio a los treinta y cinco lotes, el cual debía realizarse por el propio desarrollador y bajo la supervisión de SAPASMA, ello una vez que se hubiesen sido presentados y aprobados los proyectos por la parte la dirección de esa dependencia. Encontrarse terminadas las condicionantes antes de concluir el trámite de fraccionamiento ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de aquel municipio. Conforme con ello, la propietaria del residencial de mérito no había realizado dichas condicionantes, pues no había cambiado el título de concesión de uso agrícola a uso público urbano; tampoco el acondicionamiento del pozo existente, no realizó la construcción del tanque de regulación de presión dentro de los terrenos del fraccionamiento, y no fueron presentados ni aprobados ante SAPASMA los proyectos para la construcción del tanque de regulación de presión. Motivo por el cual determinó que no se habían cumplido con las condicionantes de la factibilidad, además de que de que no surtió efectos la factibilidad porque no fue formalizada en el convenio correspondiente y además porque feneció la vigencia sin que hubiese sido renovada. De ahí que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, pues dio contestación a la petición que se le realizó, así como señaló los preceptos legales aplicables al caso en concreto, con base en los cuales hizo el señalamiento de las condiciones que debía cumplir para efecto de acceder a lo solicitado y finalmente, al no haberlos cumplido determinó se encontraba imposibilitado para realizar el suministro de agua potable y alcantarillado. En esas condiciones, con apoyo en los artículos 77, 192 y 196, se declara cumplido el fallo protector y restituida en el goce de sus garantías a la parte quejosa. ... Por tanto, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, este juzgado ordenara el archivo del expediente. FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese y de manera personal a la parte quejosa.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE ESCRITO. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra un acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, el que considera violatorio de los derechos humanos contenidos en el artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Se ordena formar el expediente respectivo y hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1229/2023-D. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo dentro del expediente **********. DESECHAMIENTO. Lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al advertirse la causa de improcedencia relativa a cuando los efectos que genera el acto reclamado, no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así es, en el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: ... En acatamiento a lo establecido en los numerales antes transcritos, quien resuelve considera que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: ... De lo recién transcrito se advierte que en el artículo 107 fracción V se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando dentro del juicio se emitan actos cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. ... Ahora, nuestro Máximo Tribunal considera que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En la jurisprudencia en mención se considera, que tal interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso, para la promoción del juicio de amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Toda vez que en aquella jurisprudencia 4/2001, expresamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa o inmediata a un derecho sustantivo"; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste, reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables, es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica, es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva, con la que el Tribunal en Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Luego, al consistir los actos reclamados en el presente asunto, en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral **********, deriva que los efectos de tal acto reclamado, no son de los que conlleven una ejecución de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que por sí mismo no vulnera, en agravio del quejoso, de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que sus efectos son meramente procesales. Lo anterior, así ha sido sostenido en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, salvo que se advierta que existe abierta dilación del procedimiento o su paralización total, evento en el cual el juicio será procedente. ... Por su parte, también la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 33/2019 que, por lo que hace a la materia laboral, a fin de proporcionar estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. ... Como se observa, para establecer el plazo de los cuarenta y cinco días naturales (que deben transcurrir para la procedencia del juicio de amparo indirecto en tratándose de omisiones a cargo de autoridades laborales), el citado criterio jurisprudencial se basó en el artículo 772 de la Ley Federal de Trabajo, en el cual se indica el plazo que debe transcurrir para que opere la caducidad, disposición normativa que, en lo que interesa, señala: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. ." Empero, el criterio jurisprudencial precedente, si bien resulta obligatorio para este juzgador, también lo es que debe modularse en cuanto al plazo (de los cuarenta y cinco días), toda vez que en el particular el procedimiento del cual emerge los actos que aquí se reclaman derivan de un juicio burocrático local, el cual se rige, en tratándose de la caducidad, no por lo dispuesto por el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo sino por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios (legislación aplicable al caso en concreto), en cuyo arábigo 141 dispone: ... Por tanto, en el caso, cuando para continuar el trámite del juicio laboral sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de seis meses, sin embargo, no operará dicha caducidad en las excepciones precisadas. Atento a lo anterior, como ya se indicó, y en observancia de la jurisprudencia antes transcrita, al tratarse de trasgresiones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, en el caso en estudio (un procedimiento laboral burocrático local), el juicio de amparo será improcedente cuando no hayan transcurrido más de seis meses contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Conclusión precedente que fue sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito al resolver los recursos de queja 13/2022, 60/2022 y 2/2023, mediante sesiones de veintiocho de abril de dos mil veintidós, veintisiete de enero de dos mil veintitrés y nueve de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente. Incluso, en tratándose de procedimientos laborales de orden burocrático estatal la doctrina nacional ha sostenido que el plazo de cuarenta y cinco días que prevé la jurisprudencia 33/2019, no aplica sino que debe de ajustarse el previsto para la caducidad en la ley burocrática estatal de que se trata según se evidencia en la tesis 16 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, abril de 2022, tomo IV, página 2652, registro 2024517, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SI TRANSCURREN MÁS DE 22 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIÓ PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE EL ACTO PROCESAL NECESARIO PARA CONTINUAR EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, AL CONCRETARSE UNA DILACIÓN EXCESIVA [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.)]. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se desechó la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al considerar el Juez de Distrito que se surtía de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley aludida, ya que el acto reclamado no era de imposible reparación, al consistir en la dilación procesal materializada al omitir acordar una promoción formulada en un juicio laboral burocrático sustanciado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, porque entre su presentación y aquella en que se promovió el juicio de amparo no habían transcurrido los 45 días a que se refiere el plazo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para considerar que existe abierta dilación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es procedente si transcurren más de 22 días hábiles desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal necesario para continuar el juicio laboral burocrático en el Estado de Jalisco y sus Municipios. Justificación: Lo anterior es así, pues conforme al artículo 135, párrafo tercero, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios no es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto cuando transcurren más de 22 días hábiles desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal necesario para continuar el procedimiento, ya que una vez transcurrido ese plazo se concreta una dilación excesiva, que se traduce en una paralización del procedimiento, por corresponder al periodo máximo que la referida ley burocrática tolera para que el juicio permanezca inmóvil, por corresponder al periodo que el tribunal tiene para dictar el laudo, por lo que es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, el juicio será procedente cuando han transcurrido al menos 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; al considerar como periodo máximo que se tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando se requiere promoción de la parte trabajadora, el previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para que no opere la caducidad regulada en el diverso 773 de la propia ley; sin embargo, el lapso de 45 días a que se refiere la citada jurisprudencia es inaplicable para determinar si se ha o no configurado una dilación excesiva cuando se trata de juicios laborales sustanciados conforme a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, respecto de la cual no es factible aplicar supletoriamente el artículo 772 aludido, ya que la figura de la caducidad no se encuentra así prevista para ese tipo de asuntos. Resulta oportuno destacar que el numeral 135 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios (legislación aplicable al caso en concreto), señala: ... Del artículo transcrito se advierte que una vez terminada la etapa de ofrecimiento de pruebas, el tribunal deberá señalar día y hora para la audiencia de recepción de pruebas y alegatos, dentro de los diez días hábiles siguientes. En el caso, como se ha visto, se reclama la omisión de dictar laudo en el juicio laboral **********. Empero, se insiste que dichos actos no son de imposible reparación; ello, pues en su escrito de demanda la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que en proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, se turnaron los autos para la elaboración del proyecto de laudo. De ahí que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -quince de agosto del año en curso- no han transcurrido el plazo de más de seis meses que resulta necesario de conformidad con el criterio jurisprudencial citado con antelación. Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia multicitada, para considerar que existe una abierta dilación o paralización del procedimiento, deben haber transcurrido los seis meses que resultan de observancia de acuerdo a la ley que rige el procedimiento en el caso en estudio y que refiere la temática analizada en el criterio en comento, por lo que, tomando en consideración que el uno de junio del año en curso, fueron turnados los autos para la elaboración del proyecto del laudo respectivo. Sin que, en atención al principio pro persona, resulte más favorable para el trabajador la observancia y aplicación de los plazos referidos, en cuanto al tema de caducidad, en la Ley Federal de Trabajo, pues ésta es inaplicable al procedimiento de origen, en tratándose de la figura de la caducidad, dado que al respecto no es factible la aplicación supletoria por existir en la ley especial que lo rige (Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios) y disposición expresa al respecto (numeral 141). Por tanto, tampoco se estaría en el caso de excepción consistente en que haya abierta dilación en el juicio laboral, ni en presencia de una paralización del procedimiento, pues de las manifestaciones expresadas por la parte quejosa revelan que el procedimiento del juicio laboral ha tenido actividad, como es, precisamente, la vista para que formule alegatos, por ello no se actualiza la particularidad señalada en la última parte de la jurisprudencia 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 1086, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.". En virtud de lo anterior, se desecha de plano la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, y 62, en relación con en el diverso numeral 107, fracción V, interpretada ésta en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en razón de que los efectos que genera el acto reclamado no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino que sus consecuencias son meramente procesales. Finalmente, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo presentada por la aquí parte quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. ... AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados para recibir notificaciones en términos restringidos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para tales efectos en su escrito de cuenta, por así haberlo solicitado de forma expresa. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. De acuerdo a lo establecido por el artículo 27 fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, toda vez que el que señala en su escrito de cuenta, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, ello, hasta en tanto señale domicilio procesal en esta ciudad capital para tales efectos. No obstante por única ocasión dada la determinación que se adopta, se ordena girar exhorto a Celaya. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE EXHORTO. Ahora, a efecto de notificar personalmente el presente acuerdo a la parte quejosa **********, en el domicilio ubicado en ********** colonia **********, Celaya, Guanajuato, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal; en consecuencia, en términos de la fracción II, del artículo 27 de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno con residencia en Celaya, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído a la parte quejosa. REQUERIMIENTO DE DOMICILIO. Asimismo, requiera a la parte quejosa para que, en el acto de la diligencia o bien, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, designe domicilio para oír notificaciones en esta ciudad capital; apercibida que en caso de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; ello sin necesidad de previo acuerdo Con apoyo en lo establecido por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica, con la firma de la suscrito y de la secretaria que autoriza y da fe, independientemente de que los documentos escaneados tengan o no las firmas autógrafas, lo que otorga certeza y validez a las actuaciones judiciales. ... AUTORIZACIÓN A LA PERSONA JUZGADORA EXHORTADA PARA EFECTO DE QUE HABILITE DÍAS Y HORAS PARA REALIZAR LA DILIGENCIA. Se autoriza a la persona Juzgadora exhortada, para efecto de que habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL TRÁMITE DEL ASUNTO "EN LÍNEA" EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA, PROVOCADA POR LA EPIDEMIA DENOMINADA VIRUS SARSCOV2 (COVID- 19). ... CONSTANCIAS OBTENIDAS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. ... SE AUTORIZAN COPIAS. Desde este momento, se autorizan copias certificadas. Ahora bien, para la obtención de las copias que se solicitan, al no contar este órgano jurisdiccional con centro de fotocopiado para que puedan ser obtenidas de manera física por las partes, la autorización precedente se ajusta a las eventualidades siguientes: ... COPIAS SIMPLES. Y que, para el supuesto de que las partes requieran se les realice la entrega física de las constancias que obren dentro del presente juicio y no cuenten con acceso al expediente electrónico, deberán solicitarlo por escrito, en el que deberán proporcionar un correo electrónico con la finalidad de remitir por esa vía copias simples; y de ser el supuesto de que las requiera certificadas, deberá imprimirlas y presentarlas ante este Juzgado, a efecto que se realice la certificación correspondiente. SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de los medios electrónicos en términos de lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ... DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE. Se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. ... FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese.

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