Jorge Martínez Mora

Expediente 144/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
144/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Jorge Martínez Mora

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 38-41), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, este expediente transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental jurídica e histórica. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas de la carpeta de investigación ******************** del índice de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, Especializada en Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad (en un tomo de pruebas); por tanto, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en el acuse respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo.

  2. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 38-41), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, este expediente transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental jurídica e histórica. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas de la carpeta de investigación ******************** del índice de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, Especializada en Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad (en un tomo de pruebas); por tanto, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en el acuse respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo.

  3. Principal

    Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a éste Juzgado, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de la Materia, expídanse una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas que refiere. En otro aspecto, atendiendo el oficio y anexo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la Agente Auxiliar adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Constancias que se encuentran debidamente escaneadas a fin de ir acorde con el expediente electrónico, sin embargo en razón de su volumen y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado el legajo uno de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado, para su consulta. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, Jorge Martínez Mora, reclamó: La incomunicación y/o retención. En ese sentido, del informe justificado, y su anexo que acompaña, mismo que se agrega en esta fecha se advierte que la Coordinadora de la Policía Ministerial adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, recibió los oficios 373 y 381, a través de los cuales se le solicitó la cumplimentación de la orden de aprehensión librada en contra del ahora quejoso, por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a las doce horas y dieciséis horas con treinta minutos del día uno de febrero de dos mil diecinueve, respectivamente (fojas 14 y 15), esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diez horas con un minuto del uno de febrero de dos mil diecinueve), sin que pase inadvertido que del anexo que acompañó en apoyo al informe justificado, se advierte que el citado oficio 373, fue recibido el dos de febrero de dos mil diecinueve, un día después de la presentación de la demanda de amparo (uno de febrero de dos mil diecinueve) (foja 71, del legajo de pruebas). También, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diez horas con un minuto del uno de febrero de dos mil diecinueve), es decir, a las trece horas con veinticinco minutos del uno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 17, y 72, del legajo de pruebas), el quejoso fue detenido con motivo de la referida orden de aprehensión, quien fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, en turno; por lo que en esa misma fecha tuvo verificativo en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, la celebración de la audiencia inicial en la carpeta número C-11/2019, y se dictó prisión preventiva al aquí quejoso (fojas 36 a 37) Entonces, al ser la aprehensión ejecutada, el acto que por esta vía se reclama y en atención a que el quejoso Jorge Martínez Mora, fue consignado ante el Juez de Control correspondiente, se concluye que ha quedado resuelta la situación jurídica del quejoso, pues en la especie ha operado un cambio de situación jurídica respecto al acto inicial reclamado. Sin que pase inadvertido, que el quejoso haya señalado como acto reclamado la incomunicación y/o retención, pues del informe justificado se desprende la existencia de la ejecución de una orden de aprehensión, dado que esa circunstancia no es obstáculo para examinar la constitucionalidad de esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Por analogía, apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, del tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." Lo anterior es así, ya que de la constancia de notificación personal del proveído de uno de febrero del año en curso (foja 11), levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, no se advierte que el quejoso haya manifestado que se encontraba incomunicado y que éste no había tenido comunicación con sus familiares. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en tales condiciones, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 892, del tomo LXXXIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO (DETENCIÓN REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS). Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción X del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamante, por parte de las autoridades administrativas." Se aplica al caso la tesis de jurisprudencia número I.7o.P. J/3, consultable en la página 1600, tomo XX, septiembre 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el texto y rubor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Y la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, publicada en la página 386, tomo XVIII, marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En el entendido que las tesis que se citan en el presente asunto, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Vista la razón levantada por el actuario judicial de la adscripción, de fecha uno de febrero del año en curso, por medio de la cual hace constar que una vez constituido en las instalaciones de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, se entrevistó con el Agente del Ministerio Público Juan Carlos Cisneros Solano, y una vez que le hizo saber el motivo de su visita, le requirió la presencia del directo quejoso **, y concedido que fue procedió a notificarle el proveído de uno de febrero del año en curso, relativo a la suspensión de plano otorgada por este órgano jurisdiccional; asimismo, hace constar que el citado quejoso se encuentra bien, no se le aprecian golpes o moretones en su cuerpo; hecho lo anterior lo requirió para que manifestara si era su deseo ratificar la demanda de amparo promovida por Honorato Martínez Mora, manifestando que sí ratificaba la demanda promovida a su favor; por tanto, provéase sobre la admisión de la demanda de amparo propuesta. ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente y en razón que por auto de uno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 5 a 7) se pronunció respecto a la suspensión de plano. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. En orden. Completas y legibles. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no hacerlo así y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 de la Ley de Amparo. De igual manera, solicítese a las autoridades responsables informen si tienen conocimiento de algún juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Se hace saber a las partes que se encuentran obligados a manifestar cuando cesen los efectos del acto reclamado o cuando se actualicen causas notorias de sobreseimiento, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, acompañando, en su caso, las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Finalmente, en atención al oficio y anexo de cuenta, con fundamento en los artículos 15 y 126, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de la Agente Titular del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, solicitado a través de auto de uno de febrero de dos mil diecinueve, en relación a la suspensión de plano decretada en el presente juicio a Jorge Martínez Mora, por tanto, con su contenido dese vista a la parte quejosa para su conocimiento y efectos legales. Notifíquese; personalmente al quejoso.

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