Jorge Martínez Elías

Expediente 1023/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1023/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Jueza de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, licenciada Jennifer García Reyes
  • Jorge Martínez Elías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la(s) promoción(es) presentada(s) con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que en esta data se dictó la sentencia correspondiente. Cúmplase.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1023/2022, promovido por*** contra un acto de la Licenciada Verónica Portilla Suazo, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoquinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos*** TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, Licenciada Verónica Portilla Suazo, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoquinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, así lo manifestó al rendir su informe justificado.8 La certeza de la resolución combatida, se corrobora con el disco versátil digital que contiene copia de la audiencia inicial y de vinculación a proceso, remitido por la juzgadora responsable en apoyo a su informe justificado. El contenido de dicho disco versátil digital tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que cuenta con valor probatorio pleno. CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque la resolución reclamada le fue notificada personalmente a la parte quejosa el treinta de julio de dos mil veintidós, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el uno de agosto, de modo que el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, transcurrió del dos al veintidós de agosto del referido año. Ello, sin contar en dicho lapso los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de este último mes, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós; entonces, resulta oportuna. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. No obstante lo anterior, se estima pertinente precisar que si bien de las constancias que integran el juicio de amparo*** del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, se advierte, en lo que trasciende, que el veintinueve de julio de dos mil veintitrés, la juez responsable emitió resolución con motivo de la revisión de la medida cautelar de que se trata en la que decretó la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el término de un año; tal circunstancia no actualiza de modo alguno la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo*** Se afirma lo anterior, dado que para estimar que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es requisito sine qua non que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de manera que se reponga al quejoso en el goce del derecho violado, es decir, es necesario que se destruyan todos sus efectos total e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, para que ya no agravie al quejoso y disfrute del derecho afectado por el acto de autoridad, lo que no ocurre en el caso, pues si se atiende a que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta continúa vigente, es evidente que la afectación a la esfera jurídica del quejoso no ha cesado. En ese entendido, se reitera, al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse, de oficio, que se actualice alguna, lo procedente es efectuar el análisis de constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** SÉPTIMO. CUESTIÓN PREVIA. En el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado deriva de un proceso penal en el que el quejoso tiene el carácter de imputado. Asimismo, es pertinente indicar que el análisis de constitucionalidad del acto que se impugna debe realizarse de conformidad con los artículos 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en razón de que aquél fue dictado aplicando el sistema penal de corte acusatorio, instrumentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Suplida la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional advierte la existencia de una violación de fondo que amerita la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Es así, pues la determinación reclamada tiene su basamento en una figura jurídica prisión preventiva oficiosa que ha sido declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se explica. En principio, es pertinente destacar que los órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano, se encuentran obligados a garantizar la prevalencia de los derechos humanos, y a atender la jurisprudencia que la proteja, tanto nacional como internacional, sin importar el origen de la misma. Por otro lado, cabe señalar que al resolverse el expediente varios*** el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el artículo 1° constitucional debe leerse e interpretarse de manera conjunta con lo que dispone el artículo 133 de la Carta Magna, de forma que los Jueces prefieran "los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior". En tal contexto, los criterios emanados de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos resultan vinculantes para los órganos jurisdiccionales del país, cuenta habida que México es Estado parte de la Convención Americana desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y reconoció competencia contenciosa de la Corte el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, lo cual dota de contenido a los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, al resolver la Corte Interamericana el caso*** en relación con la prisión preventiva oficiosa, se consideró y determinó en lo que trasciende lo siguiente*** Esto es, en dicho criterio la Corte Interamericana de Derechos Humanos*** estableció, que en la legislación mexicana se ordena de manera oficiosa la prisión preventiva para determinados delitos, lo cual limita el rol del juez afectando su independencia*** supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Asimismo, señaló que en algunos procesos penales se priva de la libertad al procesado sin una condena previa, pues basta únicamente la concurrencia de los presupuestos materiales, es decir, el hecho punible, la participación del imputado y la gravedad del delito que se le está atribuyendo, sin hacer referencia a las finalidades de la prisión preventiva ni a los peligros procesales que buscaría precaver, y tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada; y que por ende, dicha medida no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada. En ese tenor, la citada Corte Interamericana consideró que la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa no es compatible con la Convención Americana, pues su imposición resulta contraria a varios derechos establecidos en la misma, como lo son el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente*** control judicial de la privación de la libertad*** presunción de inocencia*** igualdad y no discriminación*** Además, puntualizó que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos Jueces y Juezas, están sometidos a aquél, y deben ejercer un adecuado control de convecionalidad al aplicar figuras como la de prisión preventiva, para que ésta no afecte los derechos, contenidos en dicha Convención. En el caso, del análisis de la resolución reclamada se advierte que la responsable determinó imponer al impetrante la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, al estimar actualizados los supuestos previstos en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 de la Código Nacional Procedimientos Penales, en la medida que dijo de los hechos materia de la imputación se obtiene que el ilícito que se endilga a aquél, esto es, el de robo específico, en su modalidad de robo de mercancía, previsto y sancionado en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Veracruz, se cometió utilizando medios violentos, como son armas de fuego. Sin embargo, se estima que ante la declaratoria de inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Constitución Federal, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos*** es inconcuso que las consideraciones vertidas por la responsable en la resolución reclamada, resultan también contrarias a la referida Convención Americana, pues, como se expuso, tienen su basamento únicamente en dicha figura jurídica, esto es, la automaticidad de la prisión preventiva derivada en el caso únicamente del hecho de que el delito que se atribuye al imputado se cometió con medios violentos. Sin embargo, respecto del citado criterio, en la citada sentencia relativa al caso*** la Corte Interamericana de Derechos Humanos*** expuso lo siguiente*** Esto es, el Tribunal internacional fue categórico en establecer que ninguna norma de derecho interno, como las jurisprudencias o resoluciones de un tribunal*** puede hacer nugatorios los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni los alcances que respecto de éstos realice a través de su interpretación contenida en las sentencias que emite. Incluso, dicha Corte Interamericana estableció expresamente que con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenida en la contradicción de tesis*** antes referida, el Estado Mexicano podría estar incumpliendo las obligaciones internacionales que se comprometió acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales, como la Convención Americana y las decisiones de la Corte Interamericana, que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. Por tanto, se reitera, si conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana la prisión preventiva oficiosa resulta inconvencional, su aplicación, como en el caso concreto, tiene el mismo resultado. Es pertinente indicar además que esta decisión se toma después de una nueva reflexión del problema jurídico planteado, por ello este órgano de control constitucional abandona el criterio que en contrario ha sostenido; aunado a que en similares términos se han pronunciado el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al resolver, entre otros, los amparos en revisión*** de sus respectivos índices administrativos. Ante ello, es innecesario emprender el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues cualquiera que fuera el resultado de dicho estudio, no alcanzaría un mayor beneficio que el obtenido con la concesión del amparo. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por la parte quejosa, para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable, Licenciada Verónica Portilla Suazo, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoquinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz*** Asimismo, se precisa que la presente determinación no tiene como consecuencia que, de manera automática, el quejoso quede en libertad absoluta, pues esta decisión dependerá de la nueva decisión que la juez responsable emita en cumplimiento al presente fallo. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a*** contra el acto reclamado de la autoridad responsable, Licenciada Verónica Portilla Suazo, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoquinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando octavo de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa, por lista de acuerdos al tercero interesado*** por oficio a las autoridades con el carácter de terceros interesados, y a la autoridad responsable

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se desprende que en el presente juicio de amparo 1023/2022, el tres de agosto de dos mil veintitrés, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional; por tanto, fórmese cuadernillo. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que feneció el término concedido al tercero interesado*** para que señalara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir toda clase de notificaciones, sin que hiciera manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, practíquensele la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano